El violento rastro del Ejército (II)

 

Además, las entidades estatales están protegidas de cualquier tipo de interrogatorio o responsabilidad legal debido a la ley antiterrorista, la cual no sólo protege a los organismos de seguridad sino que les permite perseguir a la oposición bajo el pretexto de lo que se conoce como ‘la guerra contra el terrorismo’.

Este contexto es uno donde nadie en Egipto, ni quizás en el mundo, está dispuesto a exigir responsabilidades a un oficial o soldado egipcio por cualquier transgresión. Por el contrario, continúa el apoyo internacional a una mayor brutalidad a través del suministro diplomático de armas.

El precio que pagamos

Hay un precio que todos pagamos como nación por las ineficiencias de las políticas de seguridad: soldados con una conciencia muerta, radicales con una conciencia muerta y un público que anima a cualquiera de los dos bandos y justifica la violencia. Están muriendo tanto soldados como ciudadanos, pero lo que es peor a la larga es que la conciencia de toda una nación está muriendo.
Numerosos activistas laicos y gente inocente languidecen en prisión. Aya Hijazi, una activista laica, pasó tres años entre rejas por haber intentado ayudar a niños de la calle, hasta que fue finalmente absuelta.

Sin embargo, Aya es un caso excepcional, una ciudadana de doble nacionalidad cuyo caso se proyectó internacionalmente y a la que absolvieron sólo después de la presión del presidente estadounidense, Donald Trump.

Innumerables personas como Aya están en la cárcel, sin un presidente, sin presión, sin un crimen.
Otros que han ayudado a crear un espacio pacífico para la oposición como Alaa Abdel Fattah también están en la cárcel. Hay más de sesenta mil presos políticos en Egipto.

A medida que aumentan los ataques terroristas, algunos centran su atención en los extremistas sectarios que sueltan insultos e incitan al asesinato de aquellos con los que no están de acuerdo. Algunos analistas pueden señalar la naturaleza de dichos grupos extremistas y debilitar el papel del Estado.

Mientas que la violencia sectaria directa del país palidece en comparación con lo que evidencian estos ataques terroristas, las prácticas del Estado, tanto manifiestas como encubiertas, ofrecen a los extremistas mayor apoyo y condiciones para operar.

El Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al-Hussein expresó que “… un estado de emergencia, el número masivo de detenciones, los informes de tortura y las detenciones arbitrarias continuas; todo esto, creemos que facilita la radicalización en las cárceles”.

No son sólo las cárceles las que ofrecen a los extremistas una reserva cada vez mayor de reclutas, fue el Consejo Supremo de la Fuerzas Armadas más que Mohamed Morsi, el que liberó a muchos yihadistas, permitiendo que un mayor número de ellos volvieran a Egipto tras la revolución de 2011.
También fue el Estado el que liberó a los perpetradores que habían despojado a una anciana copta de su ropa y la hicieron desfilar por todo el pueblo, y fue el Estado el que liberó al torturador y al asesino de Magdy Makeen, quien le gritó al agente de policía “voy a morir”, a lo que el agente que lo mató respondió: “Muere, Magdy”, y murió.

Oportunamente se ha olvidado que el espacio para la oposición pacífica ayuda a contrarrestar el extremismo. Este espacio para el activismo pacífico se ha reducido de modo que ahora cualquier tipo de disentimiento es criminalizado, considerado ilegal o, si no, punible por el régimen.
En sus esfuerzos por ganar seguridad, muchos egipcios se han rebelado contra la responsabilidad legal y los derechos humanos, aunque no han conseguido la seguridad por la que luchan.

El Egipto que vemos hoy está radicalizado en todos los sentidos, desde los soldados hasta los extremistas y los testigos. Atacar a inocentes no perjudica sólo a aquellos que han sido atacados, sino a la sociedad en su conjunto. Incluso aquellos que aborrecen el extremismo y buscan combatir el terrorismo han terminado secundándolo al apoyar esos métodos fallidos de la lucha contra el terrorismo.

El régimen egipcio ha encarcelado a ciudadanos con fines políticos, la tortura está generalizada en las cárceles, su poder judicial ha sido absorbido y la criminalidad está extendida en sus instituciones.

Sin embargo, nadie en el mundo quiere desafiar a Egipto por su presunta ‘guerra contra el terrorismo’ que muchos desean. Lo irónico es que apoyar la manera particular de Egipto de luchar contra el terrorismo es equivalente a apoyar un clima de rápida radicalización.

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Acerca del autor

Wael Eskandar

@weskandar

Periodista (El Cairo). Bloguero y analista, Wael Eskandar ha colaborado con diarios egipcios...

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