Un país en venta

 

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Puerto de Pireo, Grecia (2012) | © Ilya U. Topper / M’Sur

Atenas | Junio 2017

“Quien sea insolvente – es decir, no tiene dinero para pagar lo que debe – tiene que vender todo lo que posee para pagar a sus acreedores”. Esta frase intimidatoria se le podría haber escapado de los labios de un extorsionador profesional, pero en realidad son las palabras con las que dos políticos alemanes se referían a las deudas que tenía Grecia en el año 2010, meses antes de que la república fuese rescatada por primera vez.

Siete años después, la máxima de los dirigentes del partido democristiano alemán se ha convertido en ley. El país, que sigue teniendo una deuda colosal, impagable a ojos del FMI, ha puesto a la venta sus infraestructuras básicas – en el ámbito marítimo, terrestre y aéreo – para hacer frente a sus pagos.

Los griegos están hartos de suspirar ante cada nuevo ajuste de cinturón que dicta el Parlamento, intervenido de forma permamente por los acreedores. Pese al poco aliento que les queda tras tanto ajuste – que ha dejado al 35 por ciento de la población viviendo en la pobreza y a un 22 por ciento sin las necesidades básicas cubiertas -, las instituciones europeas y el FMI continúan descubriendo bienes y derechos que se pueden confiscar en nombre de los tres acuerdos de rescate que ha suscrito Grecia.

Superfondos

La noche de la capitulación de Syriza, en julio de 2015, se selló un pacto que permitió a la contraparte europea hacer y deshacer a su antojo en lo referente a las propiedades del pueblo griego. El acuerdo se firmó en el marco de las últimas negociaciones sobre el tercer rescate, si bien fue rechazado en las urnas.

“Era evidente que los acreedores aprovecharían para exigir todo: ya no tenían oposición”

“Hasta entonces, el Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (HRDAF), un fondo de privatización creado en 2011, podía absorber tierras y bienes inmuebles públicos. El nuevo fondo amplía las competencias y puede adquirir casi todo”, explica Andreas Karitzis, miembro del Comité Central de Syriza hasta agosto de 2015, momento en el que presentó su dimisión. Después de que la formación política, que había prometido poner freno al proceso de subasta de activos públicos a gran escala, tirara la toalla, “era evidente que los acreedores aprovecharían el momento para exigir todo: ya no tenían oposición”, añade.

Ya en aquellos momentos se había intentado transferir una larga lista de bienes a inversores privados, de acuerdo con el plan de privatización impuesto por la Troika en 2011: puertos, centenares de bienes inmuebles, hectáreas de playas, autopistas, aeropuertos, monumentos, carreteras nacionales, instalaciones militares, pantanos e infraestructuras ferroviarias.

La nueva Sociedad Helénica de Activos y Participaciones (SEDA), conocido entre los griegos como “el súperfondo”, absorbió el antiguo fondo de privatización y se convirtió en un ambicioso conglomerado empresarial, una sociedad matriz que reclamaba la propiedad de empresas del sector de la energía, las infraestructuras esenciales y las corporaciones públicas. Entre otras se lanzaron al mercado las acciones de las compañías de agua de las principales ciudades de Grecia, de la empresa de telecomunicaciones griega (OTE), de la gestora del transporte de electricidad (ADMIE), de la empresa nacional de electricidad (PPC) y de la compañía pública de gas (DEPA).

Desde 2016 ya no hay marcha atrás: la vida del superfondo quedó fijada en 99 años

El proceso quedó formalmente incorporado a la legislación griega en mayo de 2016, dentro de una ley ómnibus ininteligible de más de 7.500 páginas. Y a partir de ahí ya no había marcha atrás, al menos no en el plan legal: la vida del superfondo quedó fijada en 99 años. Por lo tanto, todos los activos que pasaron a manos de esta institución privada quedarán durante muchas décadas fuera del control público. La dirección del fondo, conformada por empresarios de éxito escogidos por los mandatarios europeos, con la colaboración del gobierno de Tsipras y su ministro de Finanzas, toman las decisiones sobre cómo y cuándo transferir los bienes y a quién.

Del acuerdo, cerrado hace ya dos años, Syriza solo puede celebrar dos detalles: el fondo tiene su sede en Atenas – y no en Luxemburgo, como deseaban los acreedores – y el 25 por ciento de los beneficios se destina a programas de inversión en economía griega, y no únicamente a satisfacer la deuda y a recapitalizar a los bancos. Pero según explica Andreas Karitzis, “estos son detalles menores, ya que lo que importa es la composición del fondo, la estrategia global neoliberal que hay detrás”.

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Helena Vázquez

@_Helenadetroia

Periodista (Sabadell, 1991). Tiene formación de jurista. Desde 2015 vive en Atenas,...

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