Opinión

Militares, policías y votos

Issandr El Amrani
Issandr El Amrani
· 6 minutos

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Esa es la pregunta que ha irritado a Egipto durante la pasada semana, al tiempo que el Tribunal Constitucional Supremo, en su último episodio de jiu jitsu judicial, ha decretado que, de acuerdo con la nueva constitución, la anterior prohibición que impedía a los servicios uniformados votar debe eliminarse, ya que se supone que el sufragio electoral debe ser universal.

Esto ha desatado oleadas de ira por parte de los islamistas, que ven un equivalente al fraude electoral en el hecho de que el poder judicial esté otorgando a la policía y al ejército el derecho a voto. Sin embargo, sus oponentes han acogido con agrado la noticia (eso sí, en varios grados y de forma no totalmente unánime).

La recomendación llegó como parte de la revisión que hizo el tribunal de la nueva ley electoral y la ley sobre el Parlamento (una revisión que estaba prevista en la nueva Constitución). La resolución del Tribunal Supremo parece correcta: como la nueva Constitución garantiza la igualdad de derecho para todos los ciudadanos y no se menciona ninguna excepción referida a empleados, reclutas, oficiales y/o policías, no existe ninguna razón por la que se le debería denegar el derecho a voto.

Los islamistas creen que otorgar el derecho a voto a policía y ejército es un fraude

Por supuesto, en la anterior Constitución tampoco hubo cláusulas que impidieran a los militares y la policía acudir a las urnas, por lo que el Tribunal parece haber hecho, en este caso, una recomendación en contra de una práctica muy asentada. O puede que simplemente nunca tuvo la ocasión de tratar este asunto antes, ya que no pudo revisar la legislación bajo la anterior Constitución.

En primer lugar, esta decisión muestra de nuevo lo insensatos que fueron los Hermanos Musulmanes y otros islamistas en precipitarse con una Constitución que ya se ha vuelto contra ellos en muchos aspectos. Y su reacción prueba ser aún más insensata, notablemente en la forma en que piden la abolición total del Tribunal Constitucional Supremo (a pesar de que se hayan eliminado con la nueva Constitución muchos de sus miembros antiislamistas) porque se ve que la crisis entre el gobierno y el poder judicial está aumentando. Incluso los jueces están amenazando con realizar una huelga nacional en respuesta a un borrador de la reforma de la ley judicial.

En segundo lugar se alza la pregunta de si, incluso en elecciones libres y justas, el hecho de darle a los policías y a los soldados el derecho a voto puede cambiar algo. Su número, incluyendo a los reclutas, llega a los casi dos millones, cifra suficiente como para marcar la diferencia en las últimas elecciones presidenciales, cuando muchos habrían querido votar por el candidato Ahmed Shafiq, según se cree.

Hay miedo a que el hiperpartidismo, carácterístico de Egipto, penetre en el ámbito militar

Sin embargo, cualquiera que fueran sus preferencias, la pregunta puede ser si estas instituciones dirigirían a sus miembros a votar de cierta forma, o si podría incluso llevar a que el hiperpartidismo, que caracteriza la política egipcia, penetrara en el ámbito militar. Hasta ahora, la institución castrense ha preferido mantener su coherencia interna, su cadena de mando y valor permanecer por encima de toda división política. De ahí la destacada cita de un general retirado en un artículo del Washington Post:

“Esta es una amenaza contra la seguridad nacional. Las divisiones en las calles se reflejarán en el poder militar: el sectarismo, el partidismo”, dice Hossam Sweilam, un general retirado que formó parte del Ejército durante más de 30 años. “Somos diferentes de otros países. Tenemos problemas políticos. Esta resolución sería del interés de los Hermanos Musulmanes y podría ser un problema para la cohesión del poder militar”.

Las objeciones de los Hermanos y de otros islamistas no han sido particularmente razonables, ya que sostienen que esto llevará la política a los cuarteles. Preguntan si se dará la lista de reclutas, soldados y oficiales a los partidos políticos o si las personas que vigilan los lugares de voto escogerán luego a este o a aquel candidato.

Todo esto es ridículo, ya que los cuarteles pueden continuar libres de política: la única lista a la que los partidos políticos deberían tener acceso es el registro nacional y es lo suficientemente fácil para soldados y policías ir a votar cuando están fuera de servicio y sin el uniforme. Después de todo, como apunta Mohamen ElBaradei, muchas democracias otorgan un derecho universal a voto.

Los militares consideran que están apartados de la sociedad ordinaria, o encima de ella

En principio existen pocas razones para denegar a los militares y a los policías el derecho a voto que sí tienen los ciudadanos normales. Esta es la lógica de un estado pretoriano, donde, de alguna forma, estos están a un lado (o, en realidad, por encima) de la sociedad ordinaria, que considera a este sector algo “especial”.

El mejor argumento contra el derecho a voto universal es que estas instituciones no están listas para implementar las defensas contra el abuso que existe en todas las democracias. La policía está claramente aún muy hostil a muchos partidos revolucionarios en general y a los Hermanos en particular. El Ejército, con el respaldo de los islamistas, se ha colocado por encima de la supervisión de la nueva Constitución. Por ahora hay muy poca confianza entre los actores políticos y entre estas instituciones y la clase política.

No es el momento de experimentar con un gran cambio en la regulación. Sería mejor organizar realmente las elecciones basándose en una fórmula que sea políticamente consensuada. Mientras Egipto continúa pagando por los errores de la transición dirigida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y por el estilo político de los Hermanos, aficionados a ir por libre (y su pobremente escrita Constitución, casi cómica), seguirá cojeando de crisis en crisis sin ver aún un horizonte de normalización política. Un horizonte en el que las reformas permitirían, entre otras muchas cosas, que todo el mundo votase.