El exilio forzoso de los beduinos
Carmen Rengel
Cada semana, una manifestación de beduinos desfila ante la casa del primer ministro de Israel en Jerusalén. Piden, simplemente, que se les deje vivir. Pero quedan pocos días para que la orden de desalojo del Gobierno entre en vigor. Afectará a más de 40.000 personas, quizás hasta 70.000.
“No han contado con nosotros, lo han diseñado todo en su beneficio y no hemos podido ni alegar”, denuncia Yasser Athou, residente en la zona de Alsra. Este pueblo del desierto del Negev, en el sur de Israel, no aparece en los mapas. Como otras 35 poblaciones que oficialmente no existen y están consideradas «ilegales». Si prospera el plan del Gobierno israelí, dentro de pocas semanas puede realmente dejar de existir. Las excavadoras están preparadas.
La idea del Gobierno es trasladar a los habitantes, todos beduinos, a otros núcleos urbanos, árabes en su mayoría, “poniendo fin a construcciones ilegales y conduciendo a una mejor integración de esta comunidad en la sociedad israelí”, en palabras del primer ministro, Benjamin Netanyahu. En total, casi 90.000 beduinos viven en núcleos levantados sin autorización municipal. Algunos recibirán un reconocimiento oficial y se tendrán que adaptar a las normas de planificación del Estado, pero la mayoría acabará hecha chatarra.
La comunidad se está movilizando para evitar este final, ahora que aún hay tiempo y que falta el visto bueno definitivo del gabinete. Pero quedan pocos días para saber el veredicto final. La Liga Árabe Unida ha organizado rutas por Rahat, Khura o Ksayfe para ensalzar los valores de los beduinos y dar a conocer su folclore, una manera de reivindicar sus derechos desde la cultura.
Hay 35 villas no reconocidas; muchas serán demolidas, desplazando a más de 40.000 personas
En una de las tiendas está Hassan, 65 años, un albañil que trabaja en Beer Sheva porque la situación económica de su aldea es complicada. Se niega a abandonar su jaima, hecha de hierros, telas y madera, pulcra y ordenada, con olor a té, porque dice que ha sido el hogar de su padre, de su abuelo, del padre de su abuelo…
Los beduinos son uno de los elementos que componen la sociedad de Israel. Aunque hablan árabe y son musulmanes en su mayoría, no se les considera «árabes» como los palestinos sedentaria campesina y urbana que formaba la población original de Palestina hasta el establecimiento de Israel. A diferencia de éstos, los beduinos, emparentados con las tribus nómadas del sur de Jordania, gozan de buena imagen en el imaginario de los ciudadanos judíos y tienen fama de ser leales al Estado israelí. Tanto que incluso pueden realizar el servicio militar, cosa vedada a los «árabes» palestinos.
Pero su lealtad ha servido de poco. Sus pueblos no aparecen en los mapas oficiales ni en los indicadores de las carreteras y carecen, igualmente, de todo servicio público, desde el agua o la electricidad al pavimento de una calle o una escuela. “El nivel socioeconómico es muy bajo y el Gobierno nunca se ha preocupado de mejorarlo”, denuncia Lior Stein, abogado de la Asociación por los Derechos Civiles de Israel (ACRI), ONG defensora de la causa beduina. Los residentes que se encuentran ahora en jaque no tienen “ni lo más esencial”, advierte.
A su juicio, la Administración debería dar a la comunidad algunos de estos servicios “que no alteran su modo de vida” pero sí “facilitan sus días”, pero en vez de eso “ha apostado por retirarlos del Negev violando todos sus derechos”.
¿Cuál es el motivo de esa decisión? “Lo que busca el Gobierno es una nueva ordenación del territorio que permita construir con ladrillo y cemento donde ahora sólo hay jaimas, extender las ciudades según el modelo urbano judío ideal para dar una salida a los altos precios de la vivienda, pero a costa de un pueblo que está en los pilares de nuestra historia”, se duele Stein.
Amjad Iraqi, abogado de Adalah , el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel, comparte esta explicación y pone ejemplos como el de la aldea de Umm el Hieran, que será demolida y quedará vacía para levantar de seguido “una nueva y correcta ciudad judía” llamada Hiran. “Literalmente sobre sus ruinas”, denuncia.
Acuerdos sin papeles
El Ministerio de Vivienda habla de “regulación” y “planificación” cuando se pregunta si es cierto que eliminan las villas beduinas para beneficiar a otros habitantes. “Las aldeas actuales que son irregulares deben desaparecer”, insisten, citando una decisión del Ejecutivo que data de 2011, que ahora se quiere ejecutar.
Los beduinos, por el contrario, sostienen que la base sobre la que el Estado está tomando la decisión de exiliarlos es falsa. El suelo, señalan, es suyo, legalmente, porque la tierra del desierto fue comprada antes de 1948, cuando se creó Israel. Los acuerdos de venta se hicieron de forma verbal, no escrita, por lo que no figuran en ningún registro oficial. E Israel insiste en que si no hay papeles, no hay legalidad.
Los expertos reconocen que la tierra pertenece legalmente a los beduinos aunque no hay papeles
La ley israelí no reconoce ningún tipo de reclamación de una tierra sin que exista una prueba escrita de venta y propiedad. Pero los beduinos no sólo cuentan con su palabra: los Gobiernos de Reino Unido y Turquía, los que dominaban la Palestina de principios del siglo XX, reconocen también que la propiedad de la tierra es de estas tribus. Un comité de expertos de Israel, en los años 60, lo ratificó así, recuerda Iraqi, “pero nadie quiere hoy recordar esa precisión, que no era vinculante”, insiste.
Los beduinos han mantenido un medio de vida que alterna las etapas nómadas con las sedentarias. En las últimas décadas, estas villas pequeñas se han consolidado como permanentes, apuntalando una agricultura y ganadería de subsistencia. “Mover a la gente de su casa supondría arrancarla del que hoy y siempre ha sido su modo de vida y condenarla a la pobreza y al desesempleo”, sostiene Jeremy Milgron, un rabino miembro de la ONG Rabinos por los Derechos Humanos, que también trata de convencer al Gobierno de que respete a la minoría beduina.
Añade un dado preocupante: los desplazados se concentrarán ahora en el 1% de la tierra del Negev, lo que dará lugar no sólo a zonas aisladas sino a un “grave hacinamiento” de la población. “Quieren apiñarlos y hacerles olvidar sus reivindicaciones legítimas e históricas”, repite Milgron.
El rabino dice que “cree” a Netanyahu cuando dice que su intención es buena y busca integrar a la comunidad, pero le recuerda que en la práctica no lo está haciendo, con las miles de personas cuyas viviendas han sido desmanteladas en los últimos años, bien por falta de papeles, bien para convertir su suelo en zona militar protegida para entrenamientos.
“Estas personas no tienen un presente feliz. Se las llevan a ciudades muy urbanizadas, acaban viviendo en la periferia, casi en guetos, pero no acceden de inmediato a derechos como la sanidad, la educación o las infraestructuras. Se les trata como ciudadanos de segunda a los que se ha retirado del camino, porque lo entorpecían. Se ven perdidos de pronto entre gente diferente, entre centros comerciales, sin poder atender a sus animales ni sus cultivos. Es la muerte en vida”, abunda.
La ministra de Justicia promete revisar el plan que prevé demoler los pueblos beduinos
No es la primera vez que el Estado desplaza a los beduinos en el Negev, dice Stein, “pero es una señal de cómo, 65 años después del establecimiento del Estado, Israel sigue tratando a miles de sus ciudadanos palestinos de manera diferente a los de los territorios ocupados. La ideología racista que impulsa el desplazamiento forzado ha debilitado el valor de la ciudadanía”.
“Y lo más grave es que la sociedad lo apoya, porque las encuestas ven bien el plan del Gobierno, no puede soportar la idea de que la minoría árabe de Israel, es decir, sus ciudadanos beduinos, deban estar protegidos por estar en el lado israelí de la frontera”, añade.
El Ministerio de Vivienda insiste en que las personas que sean desplazadas recibirán una compensación económica y, en algunos casos, incluso tierra en sus nuevos destinos. Para ello, informa el Ministerio, se va a destinar casi un millón y medio de euros al proyecto, llamado Plan Prawer-Begin y aprobado inicialmente el pasado 6 de mayo.
Pero hasta en el seno del Gobierno ha calado la idea de que ese dinero no paga la destrucción de una seña de identidad nacional y de un pueblo enraizado en el Negev desde hace siglos. “Hay que revisar la solución a este problema. Sacar a la gente de su medio no es lo correcto”, dijo la titular de Justicia, Tzipi Livni, que abandera al sector más centrista del actual gabinete. La semana entrante deberá votarse definitivamente el proyecto, que hoy cuenta con todos los visos de prosperar.
“Ya he tenido que salir de mi pueblo para trabajar, pero no quiero que me quiten nada más de mi manera de vivir, porque es la que conozco y la que quiero. No la cambio ni por una casa en Jerusalén”, sostiene Hassan. Paga sus impuestos, ha servido en el Ejército de Israel y habla hebreo, es un ejemplo de integración. “Si ya he cumplido, ¿por qué me piden que me vaya de lo que es mío?”, se pregunta. “Tenemos la mejor vida del mundo, la libertad y el desierto. Si nos mueven, nos matan, y será para siempre”.
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