¿Contra el terrorismo?

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Publicado el 11 Ene 2018

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Cualquier apariencia de debate sobre la eficacia de la política antiterrorista egipcia se esfumó el 24 de noviembre de 2017, cuando un comando terrorista mató a 300 personas e hirió a varios cientos en la mezquita de Rawda en Bir-Al-Abed, en el norte del Sinaí en uno de los atentados terroristas más sangrientos de la historia del país.

Un mes antes, 54 miembros de las fuerzas de seguridad caían en una emboscada a 135 kilómetros al suroeste de El Cairo en lo que se ha interpretado como una clara señal del fracaso de la política antiterrorista egipcia.

Basándose en la calidad de la política antiterrorista vigente, numerosos analistas llevaban ya un tiempo vaticinando el deterioro de la seguridad en Egipto. Pocos de ellos han concedido al país el beneficio de la duda y han achacado otros fracasos previos a la mala ejecución. A día de hoy, el debate se da por concluido.

No cabe duda de que la política antiterrorista egipcia es un fracaso. La promesa de Sisi de recurrir a la “fuerza bruta” para acabar con las actividades de los extremistas en el Sinaí indica que no hay asesoramiento político capaz de alterar el rumbo adoptado por los actuales líderes.

Para colmo, además de lo sombrío del panorama todavía existen algunas cuestiones acerca del último atentado a las que no se ha dado respuesta definitiva.

Represión frente a ideología

Uno de los debates más candentes en Egipto y en otros países de Oriente Medio gira en torno a la cuestión de si el extremismo es resultado de las medidas represivas habitualmente aplicadas por el gobierno, o si por el contrario se trata de un factor consustancial y presente de manera inevitable en el tejido ideológico del islam.

Defienden que la violencia es consecuencia del islam y que la represión no tiene nada que ver

Después del atentado de la mezquita de Rawda y de muchos otros anteriores, no faltan quienes ponen todo el peso en la ideología y afirman que las acciones violentas tienen su origen en ideas violentas que a su vez proceden de versículos violentos del Corán.

Defienden que la violencia es consecuencia de la ideología y del islam en particular y que la represión no tiene nada que ver. Otros, por el contrario, postulan que la represión genera radicalización y produce reacciones caracterizadas por la violencia extrema.

Aunque el debate se centra en determinar si el responsable de la situación es el Estado o la ideología islamista, simplificar cualquiera de los dos extremos sería incurrir en una falta de precisión.

La postura que culpa a la represión del aumento del extremismo puede rebatirse analizando las características de la violencia que genera. La represión es un fenómeno común a muchos lugares del mundo, pero no en todas partes se da la reacción de retórica y violencia indiscriminada propia de los extremistas que se adscriben a sí mismos al ámbito islámico. En el caso que nos atañe, la violencia tiene un carácter de excesiva autojustificación y extremismo como para ser solo una reacción a la represión.

Culpar exclusivamente a la ideología islamista no explica satisfactoriamente la violencia ya que la mayoría de los musulmanes no son violentos y en muchos países musulmanes no hay grupos extremistas.

La realidad es que la ideología no surge de modo aislado sino que depende en gran medida del contexto que la rodea.

La represión es el modo más sencillo de producir extremistas

Todo movimiento que se adhiere a una ideología necesita nuevos adeptos. La represión es el modo más sencillo de producir extremistas.

En Egipto, la ideología conservadora radical del wahabismo tiene empuje suficiente como para atraer a nuevos militantes deseosos de llevar a la práctica sus ideas radicales.

En pocas palabras, en Egipto el problema no es solo la dicotomía entre la represión y la ideología violenta sino el sectarismo, la violencia, el apoyo ciego a las autoridades, la injusticia y la brutalidad.

Si bien es cierto que los extremistas son responsables de sus atentados y del asesinato de personas inocentes, no lo es menos que se les ha proporcionado un entorno ideal para el reclutamiento de nuevos extremistas.

La responsabilidad de esta situación recae casi exclusivamente sobre el Estado, la cultura de la violencia y el abandono del debate como modus operandi.

La responsabilidad del estado

Otra de las cuestiones que se desprenden de la masacre de Rawda es cuánta responsabilidad tiene el Estado en ella.

A fin de cuentas, dado el gran número de mezquitas del país y la escasez de miembros de fuerzas de seguridad que hay en comparación, el estado es incapaz de proteger a los fieles congregados un viernes cualquiera en una mezquita en particular.

Este mismo argumento se utilizó en mayo de 2017 cuando un grupo de extremistas detuvo un autobús lleno de cristianos coptos que se dirigían a un monasterio y ejecutó a muchos de sus pasajeros.

El Estado no puede proteger todas las carreteras de Egipto. Además, no se puede responsabilizar de todos los problemas al Estado. Son muchos los que defienden esta postura, como por ejemplo Hossam Baghat, periodista de investigación y uno de los más importantes activistas pro-derechos humanos de Egipto.

Este argumento plantea la cuestión de cuándo aceptar que una determinada política ha fracasado y empezar a exigir responsabilidades al Estado. ¿Se puede aislar el atentado de la mezquita de Rawda de la situación general en el norte del Sinaí, de la cual el Estado sí es responsable?

Además, hay que añadir que anteriormente el ISIS ya había amenazado a los habitantes de Rawda por practicar el sufismo sin que el estado tomara medidas de seguridad adicionales para protegerlos.

¿Cómo, pues, no culpar al Estado?

Días antes del atentado, el aparato de seguridad egipcio se dedicaba a reprimir por un lado a los activistas en Luxor y por otro al tuitero satírico Islam al-Rifai.

La política antiterrorista egipcia genera un entorno idóneo para venganzas y radicalización

Los recursos para ambas operaciones deberían haberse destinado a identificar extremistas y desbaratar sus planes, no a la represión de la oposición ciudadana no violenta.

El debate continúa. La política antiterrorista del Estado no solo no funciona, sino que además genera un entorno idóneo para las venganzas y la radicalización.

Lo que parece ser una inveterada política de no inversión en el desarrollo del norte del Sinaí también ha dado como resultado la escasez de recursos y oportunidades de la población de la zona. Muchos habitantes han sufrido agresiones indiscriminadas y desalojos forzosos por parte del estado.

Al mismo tiempo, atentados como el de Rawda resultan muy difíciles de controlar debido a motivos tanto físicos como geográficos. No obstante, cabe preguntarse si el Estado no tiene responsabilidad en los problemas de seguridad física. ¿Pueden explicarse los atentados terroristas sin tener en cuenta el contexto creado por las acciones y las políticas estatales?

¿Incompetencia o intencionalidad?

¿Se trata de un fracaso deliberado o es resultado de la eterna incompetencia general de las instituciones egipcias? La cuestión es aún objeto de debate y su solución no es sencilla. La política del gobierno no solo está plagada de fallos sino que además se aplica de forma poco efectiva.

Las medidas actuales están causando más perjuicio que beneficio. ¿Son los egipcios conscientes de ello o es más bien que al que solo tiene un martillo todo le parece un clavo?

El mandato de Sisi no se fundamenta tanto en las elecciones como en la lucha contra el terrorismo

Los argumentos a favor de la incompetencia tienen a favor el hecho de que las fuerzas de seguridad egipcias están mal entrenadas y sus mandos recurren a menudo a teorías de la conspiración, tales como la guerra de cuarta generación, para justificar su ineficacia.

Es bien sabido además que la incompetencia permea todos los estratos del gobierno egipcio. El ejército y la policía no son inmunes a ella.

Sin embargo, el mantenimiento intencionado del Estado de crisis en lo referente al terrorismo también tiene sus ventajas.

El mandato de Sisi no se fundamenta tanto en las elecciones como en la lucha contra el terrorismo. Con el ascenso del Estado Islámico, el extremismo se ha convertido en una amenaza global y los líderes mundiales están dispuestos a mirar a otro lado en materia de violaciones de los derechos humanos a cambio de un aliado que les ayude a hacerle frente.

La persistente amenaza del terrorismo se ha convertido en la razón de ser del gobierno de Sisi, teniendo en cuenta sus escasos éxitos políticos y económicos.

Para el Estado Islámico, las cárceles egipcias son el entorno ideal para reclutar nuevos adeptos

De hecho, antes de hacerse con el poder, Sisi parecía comprender perfectamente que la política de violencia de su gobierno tan solo engendraría mayor violencia y alienación entre la población del norte del Sinaí. Parecía entender que los desalojos y los abusos indiscriminados contra los residentes de la zona solo generarían violencia.

Para los reclusos del Estado Islámico, las cárceles egipcias son el entorno ideal para reclutar nuevos adeptos. Las desapariciones forzadas son comunes en el norte del Sinaí.

Después de que el ejército lo hiciera víctima de una desaparición forzada en 2015, Nabil Elboustany relataba sus experiencias en la prisión de Azouli en Ismailía y describía cómo el ejército secuestraba a cientos o quizá miles de residentes del norte de Sinaí para someterlos a malos tratos y liberarlos posteriormente.

Ibrahim Halawa, un ciudadano irlandés que pasó cuatro años en la cárcel antes de que se sobreseyera su caso, ha corroborado recientemente el testimonio de Elboustany. Halawa ha sido testigo de la radicalización en las prisiones egipcias y del fuerte aumento del apoyo al Estado Islámico entre la población reclusa.

Las cuestiones que rodean el clima de extremismo y violencia en Egipto son de gran importancia para comprender qué medidas debería tomar una administración más competente y menos obstinada que decidiera enfrentarse a los problemas del extremismo y el terrorismo.

Hasta entonces, más gente sufrirá las consecuencias de la situación actual y mucha más seguirá atrapada por los partidarios del uso de la fuerza bruta de uno y otro bando.

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