Asesino: desconocido
Daniel Iriarte
Está claro que Hüseyin Ocak ha contado su historia decenas, si no cientos de veces, ante abogados, fiscales y periodistas: conoce al dedillo las fechas exactas, las cifras, los hechos. Pero su voz todavía tiembla al rememorar el momento en el que encontraron el cadáver de su hermano Hasan, presuntamente muerto en custodia policial.
“Le arrestaron el 21 de marzo de 1995. Era socialista, revolucionario, apoyaba a las víctimas de la matanza de Gaziosmanpasa”, relata. Unas semanas antes, un grupo de pistoleros —presumiblemente ultranacionalistas vinculados a las fuerzas de seguridad— había abierto fuego contra varios cafés y restaurantes en este barrio de Estambul de población aleví, matando a siete personas e hiriendo gravemente a otras veinte. El crimen, de probable motivación política, nunca fue debidamente investigado. Al día siguiente, cientos de manifestantes que pedían justicia fueron tiroteados por la policía, provocando otros quince muertos y decenas de heridos. Uno de tantos episodios en la oscura historia de los ‘años de plomo’ turcos.
La familia de Hasan Ocak nunca volvió a verle con vida. “Decenas de testigos nos dijeron que le habían visto en custodia. Se nos dijo, de forma informal, que había sido brutalmente torturado, y que nos permitirían verle cuando sanasen sus heridas”, relata su hermano. Jamás ocurrió. Tras semanas de protestas, de visitar hospitales, comisarías y tanatorios en busca de una pista, Hüseyin encontró la foto de un cadáver encontrado en el barrio de Beykoz que parecía su hermano, y que había sido enterrado en una tumba sin señalar. Tras cotejar las huellas dactilares, confirmaron sus temores. El muerto era Hasan.
Las dos matanzas de Gaziosmanpasa nunca fueron debidamente investigadas
La historia de la familia Ocak es la de miles en Turquía. Durante décadas, el llamado ‘Estado profundo’ ha hecho desaparecer y ejecutado extrajudicialmente a los elementos que ha considerado subversivos, principalmente militantes kurdos o de izquierda, sobre todo durante los años 90. Se desconoce el número exacto de víctimas de la ‘guerra sucia’ en Turquía, pero incluso las estimaciones más conservadoras hablan de varios miles de personas.
Muchas de estas desapariciones y asesinatos “de autor desconocido” cabe atribuírselas al JITEM, el ‘GAL turco’. La existencia de esta sección especial antiterrorista de la gendarmería nunca ha sido admitida oficialmente, a pesar de la abrumadora abundancia de testimonios. Entre otros muchos, el del coronel retirado Arif Dogan, quien en 2010 aseguró ser el fundador de esta organización. Dogan está siendo juzgado por su participación en la presunta red golpista Ergenekon, que ahora mismo investiga la fiscalía turca.
Desaparecido en una comisaría
En la historia de la ‘guerra sucia’ en Turquía abundan los casos como el de Ahmet Kaya, quien el 12 de enero de 1996 desapareció en el interior de una comisaría en la región de Sirnak, en el sureste del país. Había ido a buscar a su hermano Halit, que había sido arrestado por la gendarmería junto con el resto de su familia. A las mujeres y los niños los liberaron, pero Ahmet y Halit permanecieron detenidos. Se les acusaba de colaborar con el PKK.
“Tres días después el comandante llamó y dijo que fuésemos a recoger a nuestros hombres. Yo estaba en Estambul esos días, pero cuando mis parientes llegaron, se encontraron con que habían muerto bajo tortura, así que no nos los entregaron”, relata Emine Erbek Kaya, hija de Ahmet. “Taparon sus cabezas con bolsas de plástico y los ataron a la parte trasera de un coche, e intentaron hundirlo en un río”.
De acuerdo con el testimonio de Emine, el chófer se habría negado a acatar órdenes, así como uno de los ‘korucular’ [paramilitares kurdos al servicio del Estado], así que los mataron a todos. “Unos campesinos lo vieron todo. Cuando fui a la comisaría a pedir explicaciones, el comandante me amenazó con matarme, y luego me ofreció dinero por guardar silencio”, asegura Emine. “Al final a los muertos los dejaron en un agujero en el suelo”, dice.
«Taparon sus cabezas con bolsas de plástico, los ataron a un coche e intentaron hundirlos en un río».
Pero la ‘guerra sucia’ no sólo se ha hecho contra activistas kurdos, sino también contra elementos que el sistema considera “peligrosos”. Como Tolga Baykal Ceylan, que se había negado a hacer el servicio militar y “estaba en contra del sistema”, según relata su madre, Kariye. De acuerdo con su testimonio, Tolga fue arrestado y trasladado a la ciudad de Kirklarelli, cerca de Bulgaria, y desde ese momento está desaparecido. Corría el año 2004, el último en el que se produjeron este tipo de hechos.
Desde entonces, asegura Kariye, el estado ha hecho todo lo posible por convencerla de que su hijo salió de comisaría por su propio pie y está en algún otro lugar. Pero ella se niega a aceptarlo. “Seguiré luchando hasta el fin de mi vida para saber qué pasó con mi hijo”, afirma.
En septiembre, la organización de derechos humanos Human Rights Watch emitió un informe en el que evaluaba la cuestión de la impunidad por los asesinatos extrajudiciales, que esta ONG cifra en varios miles. “Las viejas leyes que constriñen las investigaciones de abusos serios de derechos humanos en Turquía han permitido a las fuerzas de seguridad y funcionarios públicos salir incólumes de torturas y asesinatos“, dice Emma Sinclair-Webb, investigadora de HRW en Turquía.
En enero del año pasado, las excavadoras encontraron una fosa común con doce cadáveres en un recinto militar en la provincia de Bitlis, en el sureste de Turquía. Muchos defensores de los derechos humanos, activistas políticos y represaliados dieron un grito de júbilo: la investigación había permitido desenterrar los cuerpos de un grupo de adolescentes kurdos, presumiblemente ejecutados por el ejército, que los habría interceptado cuando éstos se dirigían a las montañas para unirse a la guerrilla kurda del PKK.
“En realidad, se llevan exhumando lugares como este desde 2008. Pero ésta es la primera vez que la fosa está en una zona militar, así que esta vez el estado no puede negar que no está implicado. Por eso es tan importante”, explica Ihsan Kaçar, responsable de la Asociación de Derechos Humanos IHD en Estambul.
«La fosa común está en una zona militar, así que el estado no puede negar su implicación».
“Nosotros no tenemos la responsabilidad de abrir las fosas, pero hemos recogido los testimonios de la gente local, y se las pasamos al fiscal”, dice Kaçar. “Pero esto es una guerra sucia y la mayoría de las veces hay miembros de las fuerzas de seguridad envueltos, así que la judicatura no quiere implicarse en las investigaciones”, asegura.
Las oficinas locales del IHD aseguran que hay cientos de fosas más. “El parlamento aseguró hace unos años que establecerían una comisión investigadora, pero no se ha hecho”, se queja Kaçan. “No obstante, las fosas están ahí, en la superficie del suelo, y la gente de los pueblos lo ve. El estado tiene que investigarlo”, concluye.
Hostigamiento policial
Combatir esta impunidad es, pues, el principal objetivo del movimiento del que forman parte Hüseyin, Emine y Kariye: las ‘Madres de los sábados’. Desde mayo de 1995, parientes de los desaparecidos y sus simpatizantes se manifiestan cada sábado con fotos y flores para exigir responsabilidades por estos hechos. Un encuentro que en noviembre cumplió su semana número 400, sin que la justicia haya investigado la mayoría de los casos.
“Al principio éramos unas treinta personas. A partir de la semana 170, la policía empezó a cargar contra nosotros. A veces nos encerraban en un autobús policial y tiraban gas lacrimógeno dentro, otras veces lanzaban los furgones contra nosotros, para atropellarnos”, cuenta Hüseyin. “Cada vez que uno de nuestros parientes venía a la plaza de Taksim, era hostigado regularmente por la policía”, asegura.
«En 1995, desaparecían 250 personas al año»
Durante otras treinta semanas, las ‘Madres de los Sábados’ (un grupo que, obviamente, a pesar del nombre no incluye solamente a mujeres) decidieron resistir, pero en cada ocasión se producían arrestos. Por ello, decidieron interrumpir estos encuentros. “Durante diez años no pudimos sentarnos aquí”, explica este hombre. Sin embargo, en 2009, al calor del juicio por el caso ‘Ergenekon’, en el que comenzó a juzgarse a diversos responsables de las ejecuciones extrajudiciales, las ‘Madres de los Sábados’ regresaron a la plaza.
“Cuando comenzamos a manifestarnos en 1995, desaparecían doscientas cincuenta personas al año. Cuando paramos, en 1999, ese número se había reducido a nueve. Ahora ya no hay desapariciones ni muertes en custodia policial”, asegura Hüseyin. No obstante, las otras dos grandes demandas del movimiento —que se revele el paradero de los desaparecidos, y que se lleve ante la justicia a los responsables— sigue sin cumplirse en la mayoría de los casos. “Turquía aún no ha firmado la convención de derechos humanos respecto a los desaparecidos. Luchamos también por esto”, dice Kariye. Mientras eso no ocurra, las ‘Madres de los Sábados’ parecen dispuestas a seguir protestando.
