El equilibrismo de Syriza
Clara Palma
Atenas | Junio 2015
“No queda otro remedio que salir de la Eurozona”. Lo dice Yorgos, un electricista jubilado al que la crisis ha arrebatado 400 euros de pensión, dejándole en mileurista. ”Queremos que nos den lo que nos han quitado,” exige. “Está claro que quien carga siempre con el peso de cualquier acuerdo es el pueblo” refunfuña este militante del Partido Comunista. Lambis, que trabajaba como empleado del municipio de Atenas, le secunda: “Quiero la ruptura con la Unión Europea”. En un estrado, el secretario general del Partido se dirige a la multitud, en la que ondean banderas del Ché Guevara.
“No podemos salir de la Eurozona. Antes que una ruptura es mejor que haya recortes, pero no para nosostros, sino de los sueldos de los ricos y de los privilegios de los diputados de Syriza,” afirma Paraskeví, una pensionista ardiente defensora de Nueva Democracia, el partido que en enero tuvo que ceder el testigo de Gobierno a la coalición de izquierdas.
“Nos hemos pasado la vida trabajando para que ahora nos bajen la pensión; no hay trabajo»
“Nos hemos pasado la vida trabajando para que ahora nos bajen la pensión; no hay trabajo, los precios suben y nuestros hijos se van al extranjero,” lamenta. “Todo lo que se ha logrado en Grecia lo ha hecho la derecha. La guerra civil demostró que nuestro país no puede ser comunista, como pretende Tsipras,” sentencia, mientras su amiga Evanyelía -juntas han hecho un camino de 10 horas de autobús desde su Serres natal- asiente con convicción.
Tanto Yorgos como Paraskeví, por extraño que parezca, participan en la misma manifestación. Convocados por los sindicatos de pensionistas, miles de jubilados se dieron cita el pasado martes en Atenas para exigirle al Gobierno que no tocase sus prestaciones. La última propuesta enviada por Atenas a sus acreedores no recorta las pensiones compensatorias, como estos exigen, pero sí que aumenta las contribuciones que se les descuentan para financiar la seguridad social. No obstante, los jubilados no se fían. En efecto, al día siguiente el Fondo Monetario Internacional volvería a insistir en la cancelación de estos complementos que reciben los pensionistas más pobres.
El Ejecutivo griego, en cualquier caso, ya no tiene apenas margen para seguir negociando: el próximo martes, día 30 de junio, expira el actual contrato de préstamo; para Atenas vence el mismo día un pago al Fondo Monetario Internacional por valor de 1.600 millones de euros.
“Esto es una continuación del viejo rescate. El Gobierno cambió, pero son las mismas políticas»
De “buen punto de partida” calificó la canciller alemana Angela Merkel la propuesta griega, que incluye medidas de ahorro por valor de 8.000 millones de euros. Algo que ha desencadenado una avalancha de recriminaciones contra Tsipras, que se enfrenta ahora a la tarea de presentar su plan de reformas bajo una luz positiva, marcando la distancia que lo separa de las exigencias de Bruselas.
La carga, subraya el Gobierno, se distribuye “de manera justa”, sin caer sobre las espaldas de los asalariados y jubilados más pobres. El objetivo para el superávit primario es “bajo”; un 1% para 2015, comparado con el 3% que había prometido el anterior Ejecutivo, en manos de una coalición entre Nueva Democracia y Pasok, el partido socialista. La carga fiscal sobre los beneficios de las empresas aumentaría significativamente. Así lo haría también el IVA, que en sectores como la restauración y los hoteles podría aumentar 10 puntos, hasta el 23%, -en lo que, según el presidente de la Asociación de Cadenas de Restauración, supondría el “beso de la muerte” para el ramo-.
“¿Cómo vamos a aceptar medidas que van a hacer nuestras vidas todavía más miserables?” pregunta Margarita, limpiadora y sindicalista, que ha acudido a otra manifestación, convocada a la misma hora por PAME, el sindicato del Partido Comunista. “Esto es una continuación del viejo rescate. El Gobierno cambió, pero son las mismas políticas. Ya nos lo esperábamos, desde que Syriza, antes de las elecciones, dijo que quería permanecer en el Euro,” espeta.
Incluso Yannis Mijeloyanakis, un diputado de Syriza, decía en televisión que el nuevo plan era “peor que el primer memorándum”. Altos cargos de Plataforma Izquierdista -el ala más radical dentro de Syriza- solicitaron una reunión de emergencia al conocer la propuesta. Alexis Mitrópulos, el vicepresidente del parlamento, advertía de que el grupo parlamentario de Syriza y su socio menor, Griegos Independientes (ANEL), no podría dar el visto bueno a las medidas, dado su carácter “extremo y antisocial”. Y aunque el pequeño partido ultranacionalista se mantiene de momento fiel a su compromiso de no entorpecer la acción del Gobierno, su presidente Panos Kammenos, ha reiterado su oposición a la subida del IVA en las islas turísticas, y se niega a apoyar un acuerdo que no incluya compromiso claro de los acreedores para reestructurar la deuda.
“No creo que haya una ruptura interna. Ahora hacen mucho ruido pero acabarán por ponerse de acuerdo,” opina Dimitris, dueño de una pastelería. Seguidor de Tsipras, está dispuesto a digerir sus nuevas medidas en favor de un acuerdo, que considera ya muy próximo. “La reforma del IVA sería muy dura para nosotros, pero debemos tener paciencia porque son momentos difíciles,” explica con resignación.
«Tengo miedo. Estoy aquí para que el Gobierno se dé cuenta de que queremos quedarnos en Europa”
También hay voces desde el otro bando. El lunes, una multitud marcadamente de clase media, pero de opiniones heterogéneas, -algunos partidarios de las medidas de austeridad, otros detractores- se agolpó ante el Parlamento. Bajo el lema “Nos quedamos en Europa”, la protesta fue convocada espontáneamente a través de las redes sociales, aunque hicieron acto de presencia representantes tanto de Nueva Democracia como del centrista To Potami (El Río).
“Me siento ciudadana europea y no quiero que eso cambie. Ojalá Tsipras consiguiese un buen acuerdo, pero no me da ninguna seguridad,” explicaba Rania, empleada de banca, rodeada de individuos con camisa y americana que enarbolaban banderines europeos. “Tengo miedo. Estoy aquí para que el Gobierno se dé cuenta de que queremos quedarnos en Europa,” reconocía.
Un miedo quizás azuzado por los rumores de un inminente corralito, difundidos el fin de semana. La prensa aseguraba que representantes del Banco Central Europeo alertaban el jueves de la semana pasada al Eurogrupo de que quizá los bancos griegos no podrían abrir el lunes. El ministro de Finanzas heleno, Yannis Varoufakis, lo desmentía “enérgicamente,” mientras que en Atenas, el rutinario goteo de clientes ante los cajeros no revelaba ninguna especial inquietud.
«Nadie está sacando sus ahorros; es cosa de la televisión que está lanzando mensajes alarmistas”
“En principio no creo que cunda el pánico, no veo a la gente preocupada,” opina Eleni, bióloga de profesión. “Además, si pasara algo, están garantizados los depósitos por debajo de los 100.000 euros, no vamos a perder nuestro dinero. Ni mis compañeros de trabajo ni mis amigos están sacando sus ahorros, es más bien cosa de la televisión que está lanzando mensajes alarmistas,” considera la joven.
Pero es cierto que la incertidumbre durante las negociaciones está desecando a marchas forzadas la maltrecha liquidez del sistema bancario. La semana pasada, los ciudadanos retiraron efectivo por valor de hasta 4.500 millones de euros, según algunos cálculos, mucho más que lo habitual en las últimas semanas, con unos 200 millones diarios. Eso sí, sigue siendo una cifra muy inferior a enero, cuando el nerviosismo vinculado a las elecciones anticipadas provocó una fuga de depósitos de 12.000 millones de euros.
Desde hace meses, muchos griegos -algunos empleados de banca incluidos- no se recatan en contar que han ido guardando efectivo “debajo del colchón”, o bien lo han sacado del país. “Tengo una cuenta en el extranjero, llevo tiempo preparado para lo que pueda ocurrir,” alardea Yorgos, socio de un pequeño negocio, con una sonrisa taimada.
Fuentes del Ejecutivo han reiterado sin embargo que los depósitos están asegurados y que no existe ningún riesgo de corralito, apuntando incluso a un “plan artificial de fuga de capitales que pretende causar intranquilidad”. El sábado pasado, el gobernador del Banco de Grecia, llamaba a la calma: “La estabilidad del sistema bancario está plenamente salvaguardada por las acciones comunes del Banco de Grecia y del Banco Central Europeo”. Atendiendo a su petición, el BCE acababa de aprobar el día anterior una nueva inyección de 1.800 millones de euros a las entidades griegas, a través del fondo de Asistencia Europea de Liquidez, que se sumaba a los 1.100 millones a los que ya les había dado acceso el miércoles 17 de junio.
Los cuatro principales bancos helenos se niegan a comentar oficialmente la retirada de depósitos, a la espera del desarrollo de los acontecimientos. No obstante, una fuente de Eurobank rechaza rotundamente la posibilidad de un corralito. “Sólo son especulaciones sin base alguna,” subraya.
“Son medidas difíciles que no tomaríamos bajo ninguna otra circunstancia», admite el Gobierno
En este tenso clima, Tsipras y los acreedores en Bruselas dan los que pueden ser los últimos pasos en Bruselas. El premier ha señalado al Fondo Monetario Internacional como la facción más intransigente de los acreedores, diciendo incluso que sobre la institución pesarían “responsabilidades criminales” en la dura crisis. “No me sorprendería que el FMI formulara demandas inaceptables que bien sabe que Grecia no puede aceptar, con el fin de justificar su salida de la negociación,” ha declarado el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis.
El portavoz del Gobierno, Gavriil Sakelaridis, ha reconocido en cualquier caso que entre las nuevas propuestas y el programa de Syriza existe “distancia”. “Son medidas difíciles que no tomaríamos bajo ninguna otra circunstancia,” confesó, apelando a los diputados a “asumir sus responsabilidades”. Una vez cerrado el acuerdo con los acreedores, debería ser refrendado por todos los órganos del partido. Después iría al Parlamento.
Aunque a última ahora alguno de los 162 diputados de la coalición gubernamental votara en contra del acuerdo, éste podría salir adelante fácilmente con el respaldo que los partidos de la oposición han ofrecido para evitar “lo peor”. Pero el Ejecutivo quiere el apoyo unánime de todos sus parlamentarios, o se verá forzado a convocar elecciones anticipadas. “La única salida serían las urnas y el voto del pueblo,” terció Sakelaridis.
“La presión no es excusa; podían haber hecho mucho más, pero son iguales que todos los anteriores”
Quizás Syriza no saldría tan mal parada en ese caso. Pese a las protestas, gran parte de la ciudadanía sigue dando voto de confianza a Syriza. No se ha perdido del todo la euforia poselectoral tras los comicios del 25 de enero: entonces, hasta un 75% de los griegos – muchos, votantes de otros partidos- suscribían la postura del nuevo Gobierno. “Si cumplen parte de lo prometido estaremos contentos,” decían entonces muchos seguidores de Syriza.
Desde la extensión del contrato de préstamo del 20 de febrero, el Ejecutivo se lanzó a legislar algunas de sus promesas electorales. Hubo ayudas de alimentación, alojamiento y electricidad para 300.000 personas, se volvieron a contratar 4.000 empleados públicos, se reabrió la televisión pública y se aprobó una ley para facilitar el pago de las deudas con la Administración.
Pero también existen desencantados, como Katerina. “La presión no es excusa, podían haber hecho mucho más. Pensé que traerían un cambio, pero han resultado ser iguales que todos los anteriores,” lamenta la dueña de un pequeño comercio, que apoya al ala más radical de Syriza.
Este núcleo duro ha ido aislando al sector próximo a Tsipras, según éste convergía con muchas reclamaciones de los acreedores y posponía sine die parte de las promesas electorales. Entre ellas, la supresión del impuesto sobre los bienes inmuebles, la subida del salario mínimo de los 586 a los 751 euros o la reintroducción de la paga de Navidad para los pensionistas más pobres. El Ejecutivo ha transigido también con la mayoría de las privatizaciones en curso.
No obstante, Syriza volvería a ganar las elecciones con un 47,5% del voto, según una encuesta de Public Issue publicada el 22 de junio. Más de un 50% de los griegos preferirían un “mal acuerdo” a una ruptura con los socios, aunque paradójicamente el 80% rechaza medidas como el recorte de pensiones.
“Syriza intenta demostrar por todos los medios que no romperá el contrato de la legitimidad popular,” explica el analista Costas Pieridis, “y esto es algo nuevo para los griegos”.
El rompecabezas de las pensiones
¿Exagerada o insuficiente? La paga que cobran los jubilados griegos se han convertido en una de las últimas y más encarnizadas diferencias en la negociación entre Grecia y sus acreedores. No en vano el gasto en pensiones del país heleno se corresponde al 16,2% de su PIB -aunque hay que tener en cuenta que este se contrajo en un 25% desde inicios de la crisis-. Es el porcentaje más alto de la Eurozona, soportado por un sistema que arrastra un déficit del 9% del PIB y que según diversos estudios está entre los menos sostenibles del mundo. Los 2,65 millones de pensionistas suponen casi un cuarto de una población extremadamente envejecida.
Para los acreedores, una reforma drástica es la única solución. Por ello piden que Atenas recorte unos 1.800 millones de euros -un 1% del PIB- en un año. El Ejecutivo de Alexis Tsipras, por su parte, está de acuerdo en reducir gastos, pero rechaza cualquier rebaja de las pensiones complementarias -aparte de haber prometido la reintroducción de la paga de Navidad-. “El margen para nuevos recortes ya ha sido agotado. Si Europa insiste en esta incomprensible fijación, tendrá que asumir el precio de las consecuencias, que no beneficiarán a nadie» declaraba tajantemente Tsipras ayer en Atenas.
Según argumenta el Gobierno griego, entre 2010 y 2013 las pensiones sufrieron recortes que en el sector público alcanzaron el 48%. La pensión básica media se sitúa en la actualidad en los 664,7 euros, y los complementos cuyo recorte ahora se debate rondan los 170 euros. Con ello, los ingresos del 44% de los jubilados están por debajo del umbral de la pobreza, que el Eurostat sitúa en los 665 euros mensuales.
Estas pensiones constituyen la principal fuente de ingresos para un 52% de los hogares, revelaba un estudio en enero. “Tras 5 años de recesión, se han convertido en la última red de seguridad que evita una descomposición total de la sociedad griega. La población mayor está literalmente alimentando al resto de la familia”, subrayaba recientemente en un comunicado el viceprimer ministro Yannis Dragasakis.
Pero las jubilaciones anticipadas sí que están en el punto de mira, tanto de Atenas como de los acreedores. La imposibilidad de encontrar empleo a esta edad es la causa principal de las jubilaciones prematuras, pero algunos casos extremos, como el de la nueva presidenta del PASOK, Fofi Genimatá, jubilada con 51 años, llevan tiempo causando indignación en Bruselas.
El Ejecutivo se ha comprometido a elevar gradualmente la edad mínima hasta los 62 años. En la actualidad, la pensión máxima se puede cobrar a partir de los 67 -40 años cotizados-, aunque según datos del Gobierno, en la actualidad los hombres se retiran de media a los 63 y las mujeres a los 59.
Al margen de lo que acuerden Tsipras y sus acreedores, la reforma no se presentan fáciles. A mediados de junio, el Consejo de Estado declaró anticonstitucionales los recortes de las pensiones del sector privado de 2012, como había ocurrido ya con ciertos grupos de funcionarios. El Ejecutivo deberá resarcirlos con 1.500 millones de euros.
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