Esperando bajo la horca
Nuria Tesón
El Cairo | Abril/Septiembre 2018
Tiene el rostro demacrado, los ojos hundidos, un halo de tristeza que acompaña sus palabras y sus gestos. Pero hay algo más revelador quizá: sus ojos son opacos. Es como si estuvieran velados; como si sus pupilas dilatadas y sombrías fueran la puerta a la oscuridad que alberga el corazón de Safaa Morsy. La tenebrosidad de una celda lóbrega y húmeda, la misma quizá en la que desde hace dos años su esposo, Fadl El Mawla, espera su ejecución.
“Es como una tumba. Mide un metro y medio por tres. Está por debajo del nivel del suelo y sólo tiene una ventana pequeña que no permite entrar la luz del sol y no tiene baño”. En el corredor de la muerte, la celda de ejecución “no es un lugar para los vivos, sino para los muertos”, musita Morsy. Habla de la prisión de Burj el Arab, en Alejandría, donde está encarcelado Fadl El Mawla.
El caso de Fadl El Mawla representa, una tendencia en el sistema judicial egipcio, explica su abogado Fares Mansour. Este jurista, que colabora con el centro Adalah por los derechos y libertades, una ONG con sede en El Cairo, subraya que en los últimos años el número de condenas a muerte y de ejecuciones se ha incrementado exponencialmente, y además se han politizado. Sólo en los primeras cuatro meses del año ha colgado a 23 condenados.
Pero además, el pasado 8 de septiembre, los tribunales egipcios condenaron a 75 personas a la capital en un juicio masivo a personas detenidas durante la revuelta de la Plaza Rabaa al Adawiya el 14 de agosto de 2013. Ese día, policía y soldados desalojaron de forma violenta esta plaza en El Cairo en la que se habían congregado desde hacía seis semanas miles de ciudadanos para protestar contra el golpe militar del general Abdelfatah Sisi, llevado a cabo el 3 de julio. Las fuerzas de seguridad disparaban a la muchedumbre, provocando una masacre. Murieron más de 800 personas. El mismo día, la policía desalojó también otra protesta en la plaza An-Nahda, con probablemente más de 200 muertos. Muchos de los supervivientes fueron acusados de homocidio por la muerte de 17 personas, entre ellas 7 policías.
Aparte de las 75 condenas a muerte, el tribunal impuso 47 cadenas perpetuas y 612 sentencias de cárcel entre 5 y 15 años. Entre estas destaca el caso del fotoperiodista Mahmud Abu Zeid, más conocido como Shawkan, que fue puesto en libertad, dado que ya había pasado en prisión preventiva los cinco años que recibió como condena. El reportero se encontraba trabajando para la agencia Demotix cuando le detuvieron y ha declarado ante el juez más de 50 veces en los cinco años en los que permanecía preso.
El caso de Fadl al Mawla no forma parte de este juicio masivo, sino de un juicio por una marcha de protesta que tuvo lugar en Alejandría dos días después de la masacre y en la que murieron 7 personas. Una de ellas era un taxista copto. El mismo día, la policía arrestó a Mawla, un ingeniero casado desde hace 24 años, con cinco hijos, predicador ocasional y simpatizante de los Hermanos Musulmanes, en el club de ingenieros de Alejandría, donde trabajaba. Su abogado cuenta que la televisión pública emitió imágenes del arresto, junto a otros miembros de la hermandad, pero nunca vinculó la detención con el asesinato del taxista. “El caso de Fadl El Mawla estuvo lleno de irregularidades”, explica el letrado, algo que también denuncia la organización internacional Human Rights Watch. La condena se basó principalmente en el testimonio de un testigo, el pasajero del taxi, que cambió su versión de los hechos cinco veces.
«Tras emitirse la sentencia, el testigo confesó que le habían presionado para dar testimonio falso»
“Después de que se emitiera la sentencia de muerte nos sorprendió que el testigo se dirigió al fiscal general para ofrecer su testimonio una vez más. Esta vez confesó que los que lo presionaron para ofrecer falso testimonio acusando a Fadl El Mawla del crimen fueron los responsables de la Dirección de Seguridad en Alejandría”, detalla Mansour. “Sin embargo el tribunal no lo llamó para interrogarlo y no detuvo la sentencia de muerte”, concluye. Mawla no pudo tampoco presentar pruebas durante el juicio, ni a sus propios testigos.
La ley egipcia prevé que la pena de muerte – que siempre se ejecuta mediante ahorcamiento – puede imponerse por los delitos de asesinato premeditado, terrorismo, espionaje y traición, además de algunos casos de secuestro y violación. Pero los cargos de terrorismo y amenaza a la seguridad de la nación han dado lugar a condenas a muerte en masa, especialmente de Hermanos Musulmanes, desde la llegada al poder de Abdelfatah Sisi. Tras la asonada militar en 2013 el grupo fue ilegalizado y se les considera organización terrorista. Gran parte de la cúpula está en la cárcel sirviendo diferentes condenas, y sus miembros han sido purgados de las instituciones. Muchos han sido forzados al exilio y han encontrado refugio en países como Turquía.
Pero no sólo al ejecutarse las sentencias se produjeron irregularidades. Las condenas a muerte se dictan principalmente en juicios militares que carecen de integridad, denuncia Sarah el Sherif, miembro de una organización que lucha contra los juicios militares a civiles. En muchos casos los interrogatorios se hicieron sin la presencia de abogados “y muchos procesados denuncian haber confesado después de que les torturaran”, subraya.
Entre 1981 y 2000, se condenó a la pena capital a 709 personas. 249 fueron ajusticiadas en ese periodo de casi 20 años. En 2017 los tribunales egipcios, tanto civiles como militares, emitieron un total de 375 condenas a muerte, según un informe reciente publicado por la Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) y el Centro Adalah para Derechos y Libertades (ACRF). Esta misma semana un tribunal penal militar ha condenado a la horca a 36 supuestos miembros del Daesh acusados de llevar a cabo atentados contra iglesias en 2016 y 2017 que dejaron más de un centenar de muertos. El veredicto ha sido remitido al gran muftí de la mezquita de Al Azhar para que lo ratifique como paso previo a la confirmación de la sentencia, aunque su opinión no es vinculante.
Los tribunales penales condenaron a muerte a 260 acusados en 2017 por 81 casos, según el informe elaborado por EIPR y Adala. Al menos 49 personas fueron ejecutadas en Egipto en 2017, el doble que el año anterior y siete veces más que en 2015. Desde 2013, año en el que no hubo ejecuciones, se ha pasado a 15 en 2014, 22 en 2015 y 44 en 2016 , acorde a datos de Amnistía Internacional. Las ONG locales manifiestan su preocupación por esta tendencia que ha llevado a Egipto a convertirse en el 6º país del mundo que más aplica la pena de muerte.
“La fiscalía, tanto si es civil como si es militar, impide a las familias tener un funeral»
Al menos 26 personas están pendientes de ejecución inmediata, aunque Sarah alSherif explica que no lo saben con seguridad porque no les facilitan los datos. “Lo cierto es que no tenemos forma de saber ni si quiera el número real de condenados a muerte”, explica AlSherif. El centro de investigaciones de la Universidad de Cornell estima que en 2017 había al menos 2000 personas condenadas a muerte en Egipto esperando su ejecución, pero aclara que no hay cifras oficiales disponibles debido al “secretismo” que el Estado mantiene en todo lo que rodea a la pena capital.
A Safaa Morsy se le contrae la mandíbula al pararse a pensar cómo será la vida cuando le ejecuten. Asegura que mantiene la esperanza, que Dios no le dará algo que no pueda soportar y que, en este momento, “es incapaz de soportar que le ejecuten”. Las noches del lunes las pasa en vela. Los martes son los días de ejecución en el país del Nilo. “Toda la noche estoy preocupada y no puedo dormir. Los martes por la mañana tengo demasiado miedo para encender el televisor por si me encuentro con noticias… no satisfactorias”. Le cuesta mirar a su hijo mayor, que permanece en un segundo plano observándola mientras la mujer trata de mantener la compostura cogiendo de cuando en cuando la foto de sus esposo.
“Todas las víctimas y sus familiares tienen el derecho a saber cuándo y dónde morirán tras la sentencia”, subraya AlSherif, pero sus derechos son vulnerados incluso después de las condenas. El abogado de Fadl Al Mawla detalla la tortura sicológica que se utiliza contra los reos. “Los amenazan y les aterrorizan diciendo que van a ser ejecutados al día siguiente”. E incluso tras su muerte. “La fiscalía, tanto si es civil como si es militar, impide a las familias tener un funeral. No les dejan recibir condolencias y los entierros se hacen durante la noche cuando no hay gente”, detalla Mansour. “Esto muestra la línea dura que el régimen sigue contra aquellos que se oponen a él”, concluye el letrado.
Egipto celebró elecciones presidenciales a finales de marzo y Sisi se alzó con una victoria cantada con el 97% de los votos, entre dudas sobre una posible la manipulación porcentaje de votantes, que oficialmente fue del 40%. Mientras, en la cárcel quedan más de 40.000 prisioneros políticos y entre ellos al menos 60 periodistas.
“El pueblo ha saboreado la injusticia, todos han probado la injusticia, no sólo un grupo concreto”, explica Safaa Morsy. “Todos. Pero la gente está asustada y piensa: ‘Si hablo iré a la cárcel yo también, y si hago algo o digo algo, lo que les ha sucedido a ellos me sucederá a mí”.
·
¿Te ha interesado este reportaje?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |
