«Aún quedan jueces…»
Uri Avnery
Esta semana me han otorgado una dudosa distinción: una sentencia innovadora ha recibido mi nombre.
Es un honor del cual habría prescindido encantado.
Mi nombre encabezaba una lista de solicitantes, tanto individuos como asociaciones, que pedían al Tribunal Supremo la cancelación de una ley aprobada por la Knesset.
Israel no tiene una constitución escrita. Esta inusual situación se presenta ya desde el comienzo del Estado porque David Ben-Gurion, un laicista feroz no pudo alcanzar un acuerdo con los partidos ortodoxos, que insistían en que la Tora es ya una Constitución.
En lugar de una Constitución tenemos una serie de Leyes Básicas y precedentes de la Corte Suprema
De modo que, en lugar de una Constitución tenemos una serie de Leyes Básicas que cubren sólo una parte del terreno legal, y una multitud de precedentes de la Corte Suprema. Poco a poco este tribunal se atribuyó a sí mismo el derecho de abolir leyes aprobadas por la Knesset que contradicen la constitución inexistente.
Desde la última legislatura, algunos miembros de extrema derecha del Likud han estado compitiendo entre ellos en un esfuerzo por castrar la Corte Suprema de un modo u otro. Algunos abarrotan la corte con jueces de la derecha, otros limitan radicalmente su jurisdicción.
Las cosas alcanzaron un punto crítico cuando un grupo de miembros del Likud de la extrema derecha lanzaron una verdadera avalancha de propuestas de ley que eran claramente inconstitucionales. Una de ellas, la más peligrosa, era una ley que prohibía a la gente promover un boicot al Estado de Israel, y de una manera siniestra, añadía las palabras “y a los territorios bajo su control”.
Esto reveló el verdadero objetivo de la operación. Hace algunos años nuestra organización pacífica Gush Shalom hizo un llamamiento al público para boicotear los productos de los asentamientos en los territorios ocupados. También publicamos una lista de estos productos en una página web, y muchas otras organizaciones que trabajan por la paz se unieron a la campaña.
Al mismo tiempo, intentamos convencer a la Unión Europea de que hiciera algo similar. El acuerdo de Israel con ésta, que exime a las mercancías israelíes de pagar las tasa de aduana, no incluye a los asentamientos. Sin embargo, la Unión Europea estaba acostumbrada a mirar para otro lado, y nos llevó mucho tiempo y esfuerzo hacerle volver a mirar en la dirección correcta. En los últimos años la Unión Europea ha excluido estos bienes, y ha exigido que en toda la mercancía “made in Israel”, se debe declarar el origen exacto. Esta semana, 16 ministros europeos de Exteriores acudieron al alto representante para asuntos exteriores de la Unión Europea para exigir que todos los productos de los asentamientos estén claramente marcados.
Mi nombre era el primero en la lista, así que el caso se llama “Avnery contra el Estado de Israel”
La ley propuesta por la Knesset no sólo tiene aspectos penales, sino también civiles. Las personas que promovieran un boicot no sólo podrían ser enviadas a prisión, sino que también podrían tener que pagar enormes indemnizaciones sin que el demandante tuviera que probar que le hayan sido causados verdaderos daños por este llamamiento.
Además, las asociaciones que reciban subsidios u otro tipo de ayudas gubernamentales acogidas a las leyes actuales, también serían privadas de éstas a partir de ese momento, haciendo su trabajo a favor de la paz y la justicia social aún más difícil.
En pocos minutos, tras la promulgación de esta ley, Gush Shalom y yo personalmente, presentamos nuestras solicitudes a la Corte Suprema. Las había preparado con bastante tiempo de antelación la jurista Gaby Lasky, una joven abogada con mucho talento y una dedicada activista pacífica. Mi nombre era el primero en la lista de solicitantes, así que el caso se llama “Avnery contra el Estado de Israel”.
El caso presentado por Lasky era sensato y sólido. El derecho a la libertad de expresión no está garantizado en Israel por ninguna ley específicamente, pero se deriva de numerosas Leyes Básicas. Un boicot es una acción democrática legítima, cualquier individuo puede decidir si comprar algo o no; de hecho, Israel vive muchos boicots. Las tiendas que venden comida que no sea kosher, por ejemplo, son boicoteadas a diario por los religiosos, y carteles llamando a este tipo de boicots a una tienda específica se distribuyen ampliamente en los barrios religiosos.
La nueva ley no prohíbe boicots en general, sino que distingue los boicots políticos de un cierto tipo. No obstante, éstos son comunes en cualquier democracia, y forman parte del ejercicio de la libertad de expresión.
El boicot moderno más famoso lo promovió la comunidad judía de EE UU en 1933 contra la Alemania nazi
De hecho, el boicot moderno más famoso lo promovió la comunidad judía de los Estados Unidos en 1933, cuando los nazis alcanzaron el poder en Alemania. Como respuesta, los nazis hicieron un llamamiento para boicotear todas las empresas judías en Alemania. Recuerdo la fecha, el 1 de abril, porque mi padre no me dejó ir al colegio ese día (yo tenía 9 años y era el único judío del colegio)
Más tarde, todos los países progresistas se unieron a un boicot del régimen racista de Sudáfrica. Éste representó un gran (aunque no decisivo) papel en su caída.
Generalmente una ley no puede obligar a una persona a comprar un producto normal, ni tampoco puede generalmente prohibirle que lo compre. Incluso los legisladores de esta nueva ley israelí entendían esto. Por consiguiente, su ley no castiga a nadie por comprar o no comprar, castiga a aquellos que hacen un llamamiento a otros para que se abstengan de comprar.
La ley es, por lo tanto, un obvio ataque a la libertad de expresión y a la acción democrática no violenta. En resumen, es básicamente una ley antidemocrática y tendenciosa.
El Tribunal que juzgó nuestro caso estaba constituida por nueve jueces, casi la Corte Suprema al completo. Esta composición es muy poco común, y sólo se convoca cuando una decisión trascendental se tiene que tomar.
El juez Gronis firmó la ley en el último momento de su carrera, a las 17.30 del último día
El tribunal lo encabezaba su presidente, el juez Asher Gronis. Este hecho en sí mismo era ya significativo, pues Gronis había dejado ya el tribunal por una jubilación forzosa en enero, cuando cumplió los 70 años. Cuando el puesto quedó vacante, Gronis ya era demasiado mayor para ser el presidente de la corte, ya que de acuerdo con la ley israelí del momento, un juez de la Corte Suprema no puede ser el presidente de ésta si el momento de su jubilación se encuentra demasiado próximo. Sin embargo, el Likud estaba tan deseoso de tenerlo, que una ley habilitadora especial fue aprobada para permitirle ser presidente.
Además, un juez que ha estado en un caso pero que no lo termina a tiempo antes de su jubilación, dispone de tres meses más para acabar el trabajo. Parece que incluso Gronis, el protegido del Likud, recelaba acerca de esta decisión en concreto. La firmó literalmente en el último momento, a las 17.30 del último día, justo antes de que Israel se pusiera de luto con el comienzo del Día del Holocausto.
Su firma era decisiva: la corte estaba dividida, cuatro a cuatro, entre aquellos que querían anular la ley y los que querían mantenerla. Gronis se unió a estos últimos y la ley fue aprobada. Ahora es una ley que forma parte de la legislación vigente.
Una sección de la ley original fue, unánimemente, retirada del texto. El original exponía que cualquier persona, esto es, un colono, que sostenga haber sufrido daños por el boicot, puede reclamar indemnizaciones ilimitadas de cualquiera que haya promovido este boicot sin tener que probar que realmente haya sufrido daños. De ahora en adelante, el demandante tiene que probar los daños.
Durante la declaración de nuestro caso, los jueces nos preguntaron si nos daríamos por satisfechos si se retiraran las palabras “territorios bajo el control de Israel”, dejando por lo tanto permitido el boicot de los asentamientos. Nuestra respuesta fue que, en principio, insistíamos en anular la ley completamente, pero que la retirada de estas palabras sería bienvenida. Sin embargo, en la sentencia final ni siquiera esta propuesta fue concedida.
Esto crea, por cierto, una situación absurda. Si un profesor de la Universidad de Ariel, que se encuentra en medio de los territorios ocupados, afirma que yo he promovido un boicot contra él, puede demandarme. Entonces mi abogado tratará de probar que mi llamamiento fue prácticamente ignorado y que por lo tanto no causó daños, mientras el profesor tendrá que probar que mi voz tuvo tanta influencia que las multitudes fueron inducidas a boicotearlo.
«La Corte Suprema no puede ir más lejos de lo que la gente está preparada a aceptar»
Hace algunos años, cuando era editor jefe de la revista Haolam Hazeh, decidí elegir a Aharon Barak como nuestro “Hombre del Año”.
Cuando lo entrevisté, me contó cómo salvó la vida durante el Holocausto. Era un niño del gueto de Kovno cuando un granjero lituano decidió sacarlo a escondidas. Este simple hombre arriesgó su propia vida y la de su familia cuando lo escondió bajo un montón de patatas para salvar la suya.
En Israel, Barak se erigió como un eminente jurista, y finalmente llegó a ser presidente de la Corte Suprema. Lideró una revolución llamada “Activismo Jurídico”, reivindicando entre otras cosas que la Corte Suprema tiene derecho a derogar una ley que contradice la constitución (no escrita) israelí.
Resulta imposible sobreestimar la importancia de esta doctrina. Barak posiblemente hiciera por la democracia israelí más que ninguna otra persona. Sus sucesores inmediatos, dos mujeres, se atuvieron a esta norma. Ese es el motivo por el que el Likud estaba tan ansioso por colocar a Gronis en su lugar. La doctrina de Groni se puede llamar “Pasivismo Jurídico”.
Durante su entrevista, Barak me dijo: “Mira, la Corte Suprema no tiene una legión que ejecute sus decisiones. Es completamente dependiente de la actitud de la gente ¡No puede ir más lejos de lo que la gente está preparada para aceptar!»
Recuerdo este requerimiento constantemente. Por lo tanto, no me sorprendió demasiado la sentencia de la Corte Suprema en el caso de los boicots.
El Likud quiere abolir por completo el derecho de la Corte de anular leyes inconstitucionales
El Tribunal tenía miedo, es así de simple, y así de entendible.
La lucha entre la Corte Suprema y la extrema derecha del Likud está próxima a su clímax. El Likud acaba de obtener una victoria electoral decisiva. Sus líderes no están escondiendo sus intenciones para finalmente implementar sus siniestros diseños contra la independencia del tribunal.
Quiere permitir a los políticos dominar el comité de nombramiento de los jueces de la Corte Suprema y abolir por completo el derecho de ésta a anular leyes inconstitucionales aprobadas por la Knesset.
Menachem Begin solía citar al molinero de Potsdam que, cuando estaba envuelto en una disputa privada con el rey, exclamó: “¡Aún hay jueces en Berlín!”
Begin dijo: “¡Aún hay jueces en Jerusalén!”
¿Hasta cuándo?
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