El último desalojo de los colonos
Ana Alba
Amona (Palestina) | Febrero 2017
“¡Salgan por favor, saquen a los niños primero para que no sufran daño!”, grita un policía israelí mientras llama a la puerta de una casa prefabricada en la colonia judía de Amona, en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967.
El agente vuelve a golpear la puerta. “¡Salgan!”, repite. Nadie se mueve. Se ven rostros jóvenes en el interior pegados a las ventanas. Observan a la veintena de policías vestidos de azul que se mantienen firmes ante ellos.
Como nadie obedece las órdenes, los agentes proceden a la evacuación forzosa de las 30 personas que están atrincheradas dentro: una familia de Amona y 20 colonos más llegados de otros asentamientos de Cisjordania para apoyarlos. Algunos son menores de edad.
Unos 3.000 policías desalojaban a los 240 habitantes de Amona y a casi 2.000 simpatizantes
Más de 3.000 efectivos de las fuerzas de seguridad israelíes (policía y guardia de fronteras) estaban preparados, el pasado 1 de febrero, para desalojar a las 42 familias de Amona -unos 240 habitantes- y las casi 2.000 personas que los arropaban. En los alrededores se había desplegado el Ejército israelí.
Amona era un «outpost», una de las colonias que Israel consideraba ilegales. Según el derecho internacional, todas lo son. Nació cerca de Ramala en 1996, en tierras de agricultores palestinos, sin el beneplácito oficial del Gobierno israelí.
En 2006, se demolieron por orden judicial algunas caravanas tras un desalojo con 300 heridos. El Tribunal Supremo de Israel reconoció a varios agricultores palestinos como propietarios de los terrenos de Amona y ordenó destruir el asentamiento completamente en 2014. Pero el proceso se dilató hasta que el Supremo marcó el 8 de febrero de 2017 como fecha límite para evacuar la colonia.
El 30 de enero, las autoridades israelíes entregaron a los colonos de Amona órdenes para desalojar el lugar en 48 horas. Cuando las fuerzas de seguridad llegan al asentamiento la madrugada del 1 de febrero, solo dos familias lo han abandonado. El resto sigue en sus casas a la espera de que las evacuaran, aunque finalmente, doce familias salen voluntariamente de sus hogares. A dos se las ve bajar la colina con los carritos de sus bebés.
El desalojo es accidentado y en algunos momentos violento, pero no excesivamente, aunque se salda con 34 policías y dos civiles heridos y 13 personas arrestadas.
Hay momentos de batalla campal, pero parece tratarse de una obra de teatro ensayada
El primer día, los agentes entran en Amona sin casco y sin gafas de protección. Los jóvenes concentrados en la colonia estallan en gritos, empujan a los agentes, les lanzan piedras, cristales y sustancias químicas. Hay momentos de batalla campal, pero parece que se trata de una obra de teatro ensayada para representarla ante los medios.
Los colonos han instalado pequeñas barricadas ya en la carretera que lleva a Amona, las han rociado de combustible pegajoso para dificultar el paso de la policía y las han cubierto de grandes piedras para frenar a las excavadoras que iban a demoler las estructuras prefabricadas convertidas en casas.
El comportamiento de la policía con los colonos que protestan es exquisito. Los agentes soportan estoicamente insultos, zarandeos y recriminaciones. “Os reclutaron para ser una fuerza moral. ¿No te da vergüenza expulsar a los judíos de sus casas?”, pregunta un colono a una policía que acaba llorando.
Otro le vocifera a un agente: “Estas pobres familias, mujeres y niños, se han pasado el día y la noche llorando porque iban a perder sus casas. ¿No os dan pena? Son judíos, como vosotros”.
Los policías ni siquiera responden a los gritos de los colonos. Su actitud es muy diferente a la mostrada en la aldea beduina de Umm al Hiran, en el sur de Israel, donde también hubo protestas contra una demolición de casas, esta vez ordenada por el Gobierno: dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma y mataron a tiros a un profesor beduino.
“No queremos violencia, hemos venido para mostrar nuestra conexión con la tierra, no para luchar contra la policía”, asegura Tzvi Sukkot, colono que coordina la llegada de los activistas. “No he visto tirar piedras”, afirma ante la cara atónita de algunos reporteros que las habían esquivado de milagro.
Los agentes se dirigen a las casas por grupos. Cuando se acercan a una, varios jóvenes saltan a los tejados y entonan cantos religiosos. Algunas zonas están parapetadas con neumáticos quemados y alambre de espino.
“No me voy a mover de aquí”, dice desafiante una joven de 19 años residente en Amona. Una amiga que ha ido a apoyarla alega que “el pueblo judío solo tiene esta tierra, Israel, para vivir; los árabes pueden ir a un montón de países. Que se vayan de aquí”.
Los colonos de Amona podrán vivir en un asentamiento que Netanyahu piensa construir
La chica de 19 años se trasladará a Ofra, un asentamiento vecino. El Gobierno israelí pactó con los colonos de Amona, el pasado diciembre, su mudanza a unos terrenos adyacentes, pero la oenegé israelí Yesh Din presentó una demanda al Supremo porque también son propiedad privada palestina. El tribunal rechazó el plan para reubicar a los colonos el primer día de su evacuación.
No obstante, en un breve período de tiempo, los colonos de Amona podrán disfrutar de otros hogares en un asentamiento que el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, piensa construir para alojarlos. Será la primera colonia nueva que Israel edifica en territorio palestino en 25 años: durante todo este tiempo pasado se han ampliado numerosos asentamientos ya existentes, a veces añadiendo barriadas enteras en colinas no siempre directamente adyacentes a un colonia antigua, pero declaradas como simple “expansión por necesidad de viviendas”.
El Supremo ha ordenado esta semana desalojar y demoler también 17 casas en la colonia de Tapuah Oeste, situada al sur de la ciudad palestina de Nablus, e ilegal, hasta ahora, para Israel. Las autoridades tienen tiempo de evacuarlas hasta junio de 2018, pero hasta entonces la situación puede cambiar.
Otras 18 casas de Tapuah Oeste tienen autorización del Supremo para seguir en pie y se convertirán en legales gracias a la ley que la Kneset (Parlamento israelí) aprobó el lunes pasado por 60 votos a favor y 52 en contra para legalizar de forma retroactiva casi 4.000 viviendas de colonos judíos construidas en suelo palestino privado.
La nueva norma permitirá declarar propiedad estatal la tierra palestina con colonias construidas
La ley se rubricó solo cuatro días después del desalojo de Amona, a modo de compensación. “Hoy presenciamos estos hechos terribles en Amona, vemos a nuestra policía arrancando a nuestra gente de sus casas. Pero ya está, a partir de ahora solo podemos crecer y construir 100.000 casas en asentamientos”, subrayó en pleno desalojo de Amona Shilo Adler, máximo dirigente del Consejo Yesha, que agrupa las colonias judías en Cisjordania.
Las casas beneficiadas por la ley -3.850, según la oenegé israelí Shalom Ajshav (Paz Ahora)- se encuentran en 53 ‘outposts’ -colonias judías consideradas ilegales por Israel que con la nueva norma serán legales- y otros asentamientos. La finalidad es, según el propio texto de la ley, “regular los asentamientos en Judea y Samaria (nombres bíblicos para Cisjordania) y permitir su continuo establecimiento y desarrollo”.
La nueva norma permitirá declarar propiedad estatal la tierra palestina sobre la que se hayan construido los ‘outposts’ “por buena fe o a instancias del Estado” y negará a sus dueños legítimos el derecho a usar o mantener la propiedad de sus terrenos hasta que haya una resolución diplomática sobre el estatus definitivo de los territorios palestinos. Eso sí, prevé compensaciones para los dueños de las tierras: o bien una parcela en otro sitio, si es posible, o bien una retribución económica del 125 por ciento del valor del terreno, evaluado por un comité, renovable tras 20 años.
La norma, impulsada con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, rompe con casi 40 años de veredictos de la Justicia israelí contra la construcción en propiedad privada palestina. También supone la primera vez que la Kneset legisla sobre propiedad privada palestina en Cisjordania y aplica la ley israelí a los palestinos de este territorio ocupado, que se encuentra fuera de la soberanía de Israel y de la jurisdicción del Parlamento. En todo lo demás, los palestinos de Cisjordania están sujetos a la ley militar y los decretos que emitan las Fuerzas Armadas israelíes.
El Tribunal Supremo de Justicia de Israel considera ilegal confiscar tierra privada palestina para uso de ciudadanos israelís. En Israel, el Gobierno puede expropiar tierras para propósitos públicos, pero no privados.
Desde que Trump fue investido, el Gobierno israelí ha anunciado construir 6.000 viviendas
Netanyahu informó el lunes a Trump de que la Kneset votaría la iniciativa legal. “Dije que actuaría según nuestro interés nacional y esto requiere que no sorprendamos a nuestros amigos y los mantengamos informados”, indicó Netanyahu en Londres, donde se reunió por primera vez con la premier británica, Theresa May.
Desde que Trump fue investido presidente de EE UU, el Gobierno israelí ha anunciado la construcción de más de 6.000 viviendas en asentamientos de Cisjordania y Jerusalén este, parte de la ciudad ocupada por Israel, que según el derecho internacional corresponde a los palestinos.
Durante el mandato del presidente estadounidense Barack Obama, muchos de los planes para ampliar colonias en territorio palestino tuvieron que congelarse por presiones de Washington.
Según datos de Shalom Ajshav, la Ley de Regularización, “que supone el robo de 8.000 dunam (800 hectáreas) de terrenos de propiedad privada palestina, convertirá a los ciudadanos israelís en ladrones. Cualquier persona podrá robar tierras en Cisjordania mientras lo haga para instalarse allí”.
“La ley garantiza luz verde a los colonos para arrebatar más tierras privadas sabiendo que pueden ser ‘reguladas’ para su uso (…) y prácticamente permite al Gobierno y a individuos privados robar tierra de los palestinos sin ninguna implicación legal”, alertó Shalom Ajshav, que calificó la ley de “golpe mortal a la democracia”.
“Israel está autorizando el robo de tierras y actividades ilegales que son un crimen de guerra»
También la oposición israelí ve esta ley sin precedentes como el primer paso hacia la anexión de facto de Cisjordania. El líder opositor, Isaac Herzog, cabeza de la Unión Sionista -coalición del Partido Laborista y Hatnuah-, considera que la ley es “ilegal y un desastre para Israel”.
El fiscal general del Estado, Avichai Mandelblit, es totalmente contrario a la nueva norma porque va contra la ley básica del estado de Israel y contradice la ley internacional y advirtió que no la podrá defender ante ningún tribunal, en referencia al Supremo, que podría vetar la ley. Una agrupación de 17 consejos municipales palestinos y tres oenegés de derechos humanos ya interpuso ayer, miércoles, una demanda contra la norma, y diversas ONG israelíes, entre ellas Yesh Din, están preparando textos para hacer lo mismo.
La ministra de Cultura israelí, Miri Regev, del Likud -partido líder de la derecha que encabeza Netanyahu-, señaló que si el Supremo intenta descalificar la ley, “quedará justificado” que el Gobierno tome medidas inmediatas “para anexionar Judea y Samaria”.
La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) condenó la nueva ley. Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo indicó que la norma «señala la anexión final de Cisjordania».
«No solo intenta legalizar de forma retroactiva los asentamientos construidos en propiedad privada palestina sino que también da una clara licencia a los colonos para embarcarse en el robo de tierras con impunidad», denunció la veterana política palestina.
“Israel está autorizando el acto ilegal del robo de tierras y sus actividades ilegales en los asentamientos, que son un crimen de guerra, según el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional”, recalcó Ashrawi, y llamó a la comunidad internacional, especialmente a EE UU y la Unión Europea, a imponer sanciones a Israel.
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