La patria de los niños de la calle
Laura J. Varo
Melilla | Septiembre 2018
Salah tiene una bolsa como un juguete. La lía y la deslía pasándosela entre los dedos. La abre impaciente tras terminar la conversación con un “¿safi?” (“¿ya está?», en marroquí) y un olor a pegamento se queda flotando en el levante pegajoso de la tarde que amenaza tormenta. El chaval tiene 13 años, una mirada pícara que se le escapa con cada esnifada y nada que hacer un viernes a las 21.30 en el céntrico parque Hernández de Melilla.
“Prefiero estar en la calle, no me gusta el centro”, dice, en referencia a La Purísima, antigua cárcel militar que funciona ahora como el mayor centro de acogida de menores extranjeros no acompañados (llamados ‘menas’ en la jerga administrativa). “Los mayores nos pegan, nos tratan como criados”.
Salah lleva 11 meses en la ciudad. Deambula los días para buscarse la vida, y pasa las noches en el puerto intentando encaramarse como polizón en uno de los buques que salen diariamente del enclave africano hacia la Península. “Siempre me sacan (del barco)”, lamenta. “Si subo (a la Península), me quedo en el centro en Barcelona hasta coger los papeles y, de ahí, a Suecia”.
Hay más de 800 menores marroquíes registrados en tres centros, y un centenar en la calle
Melilla se ha convertido en patria de “los niños de la calle”, adolescentes marroquíes tutelados por el Gobierno de la ciudad autónoma que han cruzado solos la frontera y eluden la acogida. Ahora hay más de 800 menores registrados en tres centros. El mayor es La Purísima, con más de 500. Luego está La Gotita de Leche, con alrededor de un centenar, y La Divina Infantita, con algo más de 30 niñas. A esto se suma El Baluarte, un reformatorio para los menores que hayan cometido delitos.
Los niños no acompañados equivalen ya al 1% de la población de Melilla (80.000 habitantes), pero además, representan el 14% de los algo más de 6.000 menores sin referencias de adultos que hay registrados en toda España. Solo entre el 1 y el 11 de septiembre se registraron 50 nuevas incorporaciones en La Purísima, según declaraciones del consejero, Daniel Ventura, recogidas en el diario Melilla Hoy. Con más de medio millar de residentes, el centro está muy por encima de su capacidad.
Pero a los registrados hay que añadir más de un centenar de niños fuera del sistema de protección, según cálculos de la consejería de Bienestar Social. Es algo nuevo. “Ha habido épocas en que no había niños en la calle”, asegura Maite Echarte, que junto al activista José Palazón es cofundadora de PRODEIN en Melilla. “Ahora no están dando documentación; si los niños ven que salen del centro sin sus papeles, para qué se van a quedar”.
El Defensor del Pueblo lleva desde 2016 denunciando las trabas burocráticas que impiden que los menores tengan en regla la tarjeta de residencia que les permite viajar por territorio nacional cuando cumplen la mayoría de edad. “Cuando viene un niño (a Melilla), se les hace que vayan a la Península”, protesta Palazón. “No pagan una patera, pero se les hace subir al barco”.
En ese limbo legal se encuentra Karim (nombre ficticio), que ya ha cumplido los 19 y ni se plantea volver con sus padres a Nador. En primer lugar, porque aún recuerda cómo su padre le daba a escoger entre romperle el palo de la escoba en la espalda o arrearle 20 latigazos con el cinturón y, en segundo lugar, por la mili. “Si tienes entre 19 y 25 años te llevan al Ejército obligado”, dice, aunque el proyecto de un servicio militar obligatorio para todos los jóvenes, anunciado este otoño, todavía no está en marcha. “Si salgo (de Melilla a Nador), me van a pillar, me van a mandar a cualquier parte, ¿qué voy a hacer yo en el Ejército de un país en que todo el mundo se muere de hambre mientras el rey vive la mejor vida?”.
Para reunir el dinero necesario para viajar a la Península, muchos menores se prostituyen en el parque
Karim tiene su pasaporte en regla, expedido en Nador. Ese documento, que cuesta 50 euros y por el que chavales de otras provincias como Rabat, Casablanca o Fez pagan hasta 350, permite que los jóvenes sin residencia entren y salgan de Melilla libremente y, de ahí, saltar a la Península. Para reunir el dinero, muchos se prostituyen, según Karim, en el mismo Parque Hernández por el que pasean mañana y tarde las familias melillenses y que se ha convertido en conocida zona de cruising. “A mi se me han acercado hombres ofreciendo dinero”, confirma el joven, “cuando lo han sacado, lo he cogido y he salido corriendo”.
La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, asegura que la situación de los ex tutelados está en la agenda del Ejecutivo, que ha planteado un reparto entre comunidades. La administración local ha enviado fuera decenas de menores tutelados a través de convenios con cargo a las arcas municipales. El pasado agosto, 15 niñas viajaron a Alicante. Casualmente justo momentos antes de que llegaran otras trece chicas, de entre 13 y 17 años, que habían estado tres años viviendo en un centro en Palencia. La devolución, investigada por el Defensor del Pueblo, se hizo supuestamente porque se dejó de pagar el coste de su estancia, a cargo de la consejería de Bienestar Social de Melilla, y valorado en 320.000 euros. “No era rentable”, recoge el Faro de Melilla.
“Yo estudiaba allí primero de Cocina”, cuenta Ilham, una de las chicas regresadas. Llegó con 13 años. Va a cumplir los 17 años y, de momento, se ha quedado sin estudios por dejar la clase en plena vuelta al cole. “Si estudias dos años, puedes sacar la ESO después, pero ya nos bajaron (desde Palencia a Melilla) y perdí todos los estudios”, dice. “Ahora mismo no tengo nada”.
“Allí éramos como una familia”, recuerda mientras narra el primer incidente con el que se toparon en el centro asistencial Gota de Leche en cuanto volvieron a Melilla. Una de las 89 chicas del centro y su cuadrilla abrieron sus armarios para robarles ropa. Cuando se quejaron y acudió la policía, Ilham asegura que una de las responsables del centro le gritó: “Iros a vuestro país, que vuestros padres están tocándose las narices y nosotras aquí, aguantando”. “Mis padres no querían que viniese, pero yo qué voy a hacer en Marruecos si no hay trabajo sin dinero ni contactos”, recapitula Ilham. Es la pequeña de tres hermanas; la mayor está casada en Murcia. “Aquí se creen que hemos venido por papeles, pero nadie que yo conozca en el centro ha venido por gusto”.
Repatriaciones
La consejería de Bienestar Social ha propuesto forzar a Marruecos a aceptar la repatriación de niños cuyas familias sean localizadas, fuera de los tres meses de plazo que contempla la normativa española. Gracias a una excepción incorporada tras la adhesión de España al espacio Schengen europeo, los vecinos de Nador no necesitan visado para cruzar la frontera. No son inmigrantes irregulares y no pueden ser expulsados de la ciudad, una condición que se aplica a los menores. Si un menor vuelve a marcharse de casa, tampoco se le puede detener. “Lo que habría que hacer es estudiar caso por caso”, apunta la delegada del Gobierno socialista en Melilla, Sabrina Moh.
Es una de las medidas que se plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al tiempo que descarta, según Moh, asumir las competencias de la tutela, responsabilidad ahora de las comunidades. De momento, lo máximo que ha hecho es anunciar un paquete de 40 millones de euros para incentivar un reparto autonómico más equilibrado, solicitado por la presidenta andaluza, Susana Díaz. Petición a la que se ha sumado el Partido Popular melillense, según la senadora Sofía Acedo.
Y es que del total de unos 7.000 menores no acompañados registrados durante 2017, un 70% de ellos marroquíes, Andalucía alberga casi un tercio: 2.200 al cierre de 2017, según la Fiscalía. Justo detrás viene Melilla, con 917, Cataluña, con 805 y el País Vasco, con 605. En números – pero no en proporción – queda más lejos Ceuta, con 261 menores. Visto las cifras, no queda duda de que la ciudad autónoma de Melilla, con sus apenas 12 kilómetros cuadrados, se ha convertido en la verdadera patria – forzosa – de los chicos, protagonistas de lo que Acedo llama la “inmigración precoz”.
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