Vuelven las togas rojas
Ángel Villarino
El jefe de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, llevaba más de cuatro décadas en paradero desconocido. El 11 de abril, al día siguiente de las elecciones legislativas y de la victoria de Romano Prodi, la policía lo encontró en el lugar donde más lógico parecía buscarlo: en su pueblo natal, Corleone, en el corazón de Sicilia.
Fue el pistoletazo de salida de toda una serie de actuaciones judiciales que están revolucionando Italia. En las próximas semanas, el país podría asistir a sentencias históricas: el retroceso a categorías inferiores de cuatro de los siete principales equipos de fútbol, la encarcelación de la cúpula ‘política’ de Cosa Nostra, del entorno del príncipe Victorio Manuel de Saboya y de un nutrido grupo de políticos regionales y nacionales.
¿Casualidad? Durante años, la Fiscalía Antimafia había repetido que para atrapar a Provenzano era imprescindible una mayor colaboración de las altas esferas políticas. Ahora, el jefe de la lucha antimafia, Pietro Grasso (sobre cuyo pesimismo se habían hecho chistes), dice estar convencido de que Cosa Nostra está acorralada.
La vida judicial de los últimos tres meses, los primeros del Gobierno de Prodi, ha sido frenética. Los tribunales de todo el país han abierto sumarios y expedientes contra decenas de políticos, hombres de las altas finanzas, personalidades deportivas, jefes de espionaje… Incluso contra los miembros de la familia real destronada, la dinastía Saboya.
Las acusaciones tienen un denominador común: asociación mafiosa con fines delictivos. Una frase que periódicos y tertulianos repiten hasta la saciedad. A juzgar por la cantidad de procesos abiertos, el síndrome parece afectar a un altísimo porcentaje del ruedo público trasalpino.
Fin de la impunidad
«Los jueces italianos siempre han tenido un protagonismo a mi juicio excesivo en la vida pública, pero es cierto que en los últimos meses se ha incrementado el ritmo muchísimo y no se puede descartar que su actividad esté motivada por un clima político más favorable a ciertos procesos.
También es una hipótesis que se estén encontrando con más casos clamorosos tras la pausa de impunidad que han sido estos cinco años de Gobierno de Berlusconi, durante los cuales su partido ha dejado a cada uno hacer más o menos lo que le daba la gana», explica a La Clave el analista jurídico Marco Falorio.
Que el Ejecutivo de Prodi cuenta, entre sus prioridades, con eliminar la corrupción, acabar con la evasión fiscal y ‘limpiar’ la vida pública es algo que aparece en su programa de Gobierno. Lo que está por ver si su empeño influye en la actividad de los magistrados, si los está instrumentalizando, como denuncia la oposición, o si simplemente se les consiente trabajar con más libertad o iniciar casos antes vetados.
«Aunque son poderes separados, hay muchos modos para condicionar a los magistrados. Se les puede ofrecer una mayor cooperación policial en las investigaciones o apoyarlos con declaraciones públicas. Eso está pasando. Durante el Gobierno de Berlusconi, todos los ministros, incluido el de Justicia, agitaban con insistencia el fantasma de las ‘togas rojas’, un apelativo que inventó Berlusconi. El enfrentamiento era constante, se hicieron leyes para controlarlos y en ese clima es difícil hacer lo que muchos jueces italianos siguieron haciendo. Es difícil arrancar ciertos procesos», anota Falorio.
Espías implicados
En las últimas semanas, las resoluciones judiciales han salpicado incluso a los jefes del espionaje. El número dos de los servicios secretos italianos (SISMI) y varios de sus colaboradores fueron arrestados el 5 de julio por haber ayudado a los espías norteamericanos en uno de los famosos vuelos de la CIA. El Gobierno aplaudió la decisión judicial e hizo entender que si los servicios secretos italianos habían colaborado con los norteamericanos en secuestros de presuntos terroristas, no podía haber sido a espaldas del Ejecutivo de Berlusconi.
Aunque los acusados pertenecen a diferentes sectores de la vida pública, la mayoría procede de partidos o ambientes de centro-derecha. Casi todos los políticos implicados en escándalos relacionados con la Mafia militan en las filas democristianas de la UDC o en Forza Italia (FI). Para muestra, un botón: el 10 de julio fue arrestado Giovanni Mercadante, consejero regional de FI en Sicilia.
Mientras, en los sumarios por corrupción, espionaje ilegal, escuchas, sobornos y explotación de prostitutas, los nombres se adscriben al entorno ‘palaciego’ de la derecha romana, concretamente del grupo posfascista Alianza Nacional, de Gianfranco Fini, cuyo portavoz, Salvatore Sottile, fue procesado en el marco del caso que mandó a la cárcel a Saboya.
En su defensa, el centro-derecha repite lo mismo que cuando estaba en el Gobierno: que la culpa es de los jueces, que las ‘togas rojas’ defienden intereses políticos y que su intención última es hacer carrera en el Parlamento.
«Lo que los jueces italianos pretenden erradicar es una forma determinada de administrar el poder, más que un delito en concreto. Casi todas las relaciones de poder en Italia están marcadas por el amiguismo, el machismo descarado, los intereses creados y una actitud que podemos definir como mafiosa», asegura el sociólogo y analista Curzio Maltese.
«Ellos conforman uno de los pocos colectivos de altos funcionarios que han accedido por méritos propios a sus cargos, sin que sea una cuestión de parentelas o de amistades. Muchos jueces son hijos de obreros o de maestros y defienden los valores que en el resto de los ambientes de la vida pública están desprestigiados», añade.
Ajuste de cuentas
La tradición de las ‘togas rojas’ italianas viene de lejos y se consolidó durante la época de ‘Tangentopoli’, cuando un grupo de magistrados liderados por Antonio Di Pietro tiró abajo la Primera República, demostrando que estaba fundamentada sobre la corrupción y el soborno.
Hoy, Di Pietro ocupa la cartera de Infraestructuras y es uno de los mayores defensores del legalismo, así como uno de los hombres más atacados por Berlusconi, para quien es el paradigma del juez arrebatado por sus ideas políticas (de izquierdas, se entiende).
A otros magistrados, como Ilda Boccassini o Armando Spataro, se les ha acusado también de intentar ganar protagonismo social, lucir un ‘divismo’ impropio de su condición y apoyarse en los medios de comunicación. De sus aparatosos procesos contra Estados Unidos, las logias masónicas o Silvio Berlusconi, se dice que tienen un contenido más político que jurídico.
«No tengo la certeza de que la llegada de Prodi está relacionada directamente con la intensificación de la Justicia. Pero sí sé que en el Gobierno existe una motivación especial para ajustar cuentas con los cinco años de Gobierno pasados. Eso es un hecho. También lo es que la administración italiana necesita una depuración a fondo y que los jueces están intensificando su guerra moral», concluye Falorio.
