Las cárceles italianas, a examen
Irene Savio
A primera vista, la cárcel de Regina Coeli, en el céntrico barrio romano del Trastevere, engaña. Fuera, luce un portón de madera tallada y la típica fachada anaranjada de los palacios nobles de la Roma del siglo XVII, cuando el edificio fue construido. Pero dentro, la humedad de las paredes penetra en los huesos. Tanto que algunos presos están con chaquetas y gorros. Lo peor, sin embargo, es el espacio: no hay. Así en las celdas para dos reclusos, hay tres; en las de cuatro, seis. “De media, hay doscientos reclusos más de lo previsto”, reconoce Mauro Mariani, el director del penal desde hace doce años.
El dramático hacinamiento de Regina Coeli no es ni temporal ni un caso aislado. Los datos oficiales confirman una tendencia que viene acentuándose desde el 2006, año del último indulto para descongestionar las cárceles. Y las cifras son evidentes: los 208 penales del país tienen capacidad para 47.000 presos como máximo, pero en diciembre pasado había 66.000. Esta situación coloca a Italia en el peor puesto en Europa, con la única excepción de Serbia.
Italia es el país con más condenas de por las condiciones de sus cárceles, tras Turquía
“En las peores instalaciones, hay hasta el doble de presos de los que debería haber. Por ello, hay presos que se turnan para estar de pie”, denuncia Irene Testa, presidenta de la asociación Il Detenuto Ignoto («El Detenido Anónimo»). Testa recuerda que Italia es el segundo país después de Turquía en número de condenas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo por la situación en las cárceles. La última, del pasado 8 de enero, sancionó al país por “trato inhumano y degradante” a siete detenidos que compartían un espacio insuficiente.
De hecho, según ha comprobado esta periodista, los demandantes de la denuncia ante el TEDH ocupaban una celda de 9 metros cuadrados compartida con otras dos personas, lejos de las recomendaciones del Comité de Prevención de la Tortura (un órgano del Consejo de Europea), que preconiza 4 metros cuadrados de espacio personal. No solo eso: la falta de espacio se vio agravada por otras circunstancias como «la ausencia de agua caliente durante largos periodos […] o la iluminación y la ventilación insuficientes», según los jueces de la corte de Estrasburgo.
Hacinamiento sistemático
El fallo condenó a Italia a pagar 99.600 euros a cada uno de los demandantes por daños morales y permitió que en el futuro se resolviesen con rapidez quejas similares, dado que dicha institución constató el «carácter estructural y sistemático» de la superpoblación en las cárceles italianas, lo que implica graves violaciones de los derechos humanos.
«Estoy profundamente humillada, pero desgraciadamente la condena de la Corte europea no me sorprende», admitió la entonces ministra italiana de Justicia, Paola Severino. «Continuaré luchando para que las condiciones de las personas detenidas en nuestras prisiones sean dignas de un país civilizado», añadió Severino.
La sistematicidad del hacinamiento en las cárceles italianas no es, de hecho, ninguna novedad en Italia. Por el contrario, se remonta a la última década, aunque en estos últimos años ha alcanzado un nivel incluso más alarmante. Ni el indulto masivo de 2006 –en el que 12.000 reclusos fueron puestos en la calle- ni otras medidas similares posteriores han aliviado de forma estable esta situación.
La última iniciativa, aprobada por el gobierno de Mario Monti, fue el aumento de 12 a 18 meses de la parte final de la condena que los reclusos sin delitos graves pueden cumplir en régimen de arresto domiciliario. De poco sirvió, pues apenas 3,000 personas salieron de prisión gracias a esta decisión. De hecho, según un informe de Antígona, una asociación de defensa de los derechos de los detenidos, en la actualidad la tasa de superpoblación carcelaria es de 142.5%, lo que significa que hay 142 detenidos por cada 100 plazas disponibles.
El fenómeno es tan grave que incluso la Iglesia católica lo ha condenado públicamente. Pero estas solicitudes y las de otras organizaciones humanitarias han caído en el cajón del olvido. Incluso se desconoce qué ha pasado con el último proyecto de ley presentado sobre el asunto, redactado por la propia Severino y bloqueado, entre otros motivos, por la parálisis política en la que se encuentra Italia desde las elecciones del pasado mes de febrero.
Aún así, la situación no es la misma en todo el país. Los peores centros penitenciarios se encuentran en el sur, donde destaca el caso de la región de Apulia, en la que la tasa de masificación llega al 180%, una situación similar a la de Calabria, pero también a la de Lombardía en el norte. En Trentino Alto Adige, en cambio, una región montañosa y fronteriza con Austria, donde el número de presos concentrados es el menor del país, el fenómeno es mucho más leve: apenas un 72%.
Según policías y ONGs, dos leyes son responsables de esta situación. La primera es una norma de 2006 que eliminó la distinción entre las drogas blandas y las duras, lo que provocó el ingreso masivo en prisión de pequeños criminales cuyos delitos, hasta entonces, no estaban castigados con penas de cárcel. La segunda fue adoptada en 2009 y considera la inmigración clandestina un delito. Además, otro elemento que incide en el hacinamiento es la prisión preventiva, muy común en Italia. En la actualidad, unos 25.600 presos están en esta situación, mientras que los no italianos son 23.400.
«A veces no tenemos ni para el papel higiénico», se queja un funcionario de prisiones
Los recursos económicos, además, son escasos. Cuando esta periodista visita Regina Coeli, hay 133 agentes menos de lo reglamentario, y para los 38.000 metros cuadrados del recinto el presupuesto era de apenas 30.000 euros al año para los llamados gastos ordinarios (por ejemplo, la ruptura de una cañería). “A veces no tenemos ni para el papel higiénico”, se queja Mariani. “Nuestro presupuesto ha sido recortado un 30% en estos últimos años, y también es insuficiente el número de agentes a cargo de los detenidos, lo que nos está obligando a trabajar varias horas extras”, explica este funcionario.
Trastornos y suicidios
Policías aparte, al resto de los profesionales que trabajan en las cárceles tampoco les va demasiado bien. “Yo gano 15 euros la hora para sesiones en las cuales he atendido hasta a 60 presos en tres horas”, denuncia la psicóloga Ada Palomella, que trabaja en prisiones desde 1988. Añade que últimamente hay cada vez más presos con desórdenes mentales. “Se ha incrementado el número de personas que entran enfermas o que enferman estando en prisión, muchos con patologías mentales, en particular formas graves de depresión, así como drogadictos”, aclara Palomella.
Además, abundan los suicidios. En los últimos doce años, según datos de la ONG Orizzonti Ristretti, 753 presos se han quitado la vida. 60 de ellos, durante el 2012. Y no son los únicos: los policías de prisiones también se quitan la vida. De media, diez al año, una cifra más alta que en el resto de cuerpos de seguridad, según varios estudios.
“Trabajamos con turnos de ocho o más horas, cuando nos corresponderían seis, vigilando hasta a más de setenta presos”, se lamenta una agente. Y una fuente policial explica que, a pesar de que se intenta ocultar el fenómeno, el número de los que lo intentan es aún mayor. “Sólo esta semana fui al funeral de uno”, dice.
Un preso llamado Luigi, de 50 años, dice querer pagar por sus culpas. “Pero no se olviden… Somos seres humanos”, afirma. Y agrega: “Yo he matado a una persona y me quedaré aquí mucho tiempo… Sólo quiero un poco de dignidad”.
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