Cuando el derecho al aborto se paga
Clara Palma
Atenas | Marzo 2014
“Mire, doctor, me he quedado embarazada, y aunque querríamos tener niño, nos resulta completamente imposible. No tenemos dinero ni para el aborto, pero dicen que hay una pastilla que te la tomas y echas el bebé. ¿Usted cree que es peligroso?”
Esta llamada recibió recientemente Costas Papadópulos, ginecólogo del Alexandra, el hospital público de maternidad más importante del país. Según señala, en urgencias reciben cada vez más casos de mujeres con hemorragias ocasionadas al inducirse abortos mediante fármacos que se pueden obtener sin receta. Su razón para jugarse la vida: no poder pagar los 300 euros que cuesta la interrupción del embarazo cuando se ha perdido la cobertura sanitaria. En otros casos, los propios médicos ofrecen abortos clandestinos a 100 o 200 euros.
“Hace años que conocemos esta práctica de autoinducirse el aborto, principalmente lo hacían las prostitutas. Pero la información se ha extendido y ahora recurren a ello mujeres de toda clase y procedencia”, afirma el doctor, explicando que el fármaco en cuestión efectivamente produce un aborto hasta la 6º semana del embarazo. “Después, el embrión ya es demasiado grande, de manera que el útero no es capaz de expulsarlo y la hemorragia no se detiene.” Solo entonces las mujeres acuden a urgencias para someterse a una limpieza de útero.
Debido al desempleo, al menos 1,7 millones de mujeres carecen de cobertura sanitaria, que cubre el aborto
Sin embargo, Papadópulos no se aviene a dar ninguna cifra aproximada, ya que en la mayoría de casos el personal médico no es puesto al corriente del embarazo. “Sólo cuando están muy asustadas nos dicen lo que han usado, como una chica que se tomó la caja entera de pastillas y vino con dolores y hemorragia, para resultar después que ni siquiera estaba embarazada”.
Desde 1986, la interrupción del embarazo es “libre y gratuita” en Grecia durante las primeras 12 semanas. La seguridad social cubre la intervención, tanto si se da en una clínica pública o privada. Sin embargo, y a causa de la crisis económica, se calcula que más de 3 millones de ciudadanos griegos viven sin cobertura sanitaria, al llevar en paro más de un año en paro o ser dependientes de una persona que lo está.
Sin datos fiables
Esta cifra, negada por el Gobierno, fue suministrada el pasado septiembre por Dimitris Kondós, el presidente del Sistema Nacional de Salud (EOPYY), en base a aquellos que no están registrados en la seguridad social ni en ninguna mutua. Según Kondós, el número real es aún más alto, ya que muchos empresarios y autónomos están registrados pero no son capaces de pagar su cotización, con lo que en la práctica tampoco tienen cobertura. Ante estas cifras, el programa gubernamental para cubrir a 200.000 personas sin seguro, el conocido como Healthvoucher, no es siquiera una gota en el mar.
Con un 67% de las menores de 25 años desempleadas, como mínimo 1’7 millones de mujeres carecen de cobertura sanitaria, asegura Litsa Dudumi, responsable del área de mujer de Syriza. El problema no está en la ley del aborto, aclara, efectiva aunque cuente con la oposición de Iglesia y organizaciones conservadoras.
Numerosas voces han alertado sin embargo en los últimos años de cómo el crecimiento galopante de la tasa de abortos habría situado a Grecia a la cabeza de Europa. Incluso la revista alemana Der Spiegel publicaba en 2011 cifras de 200.000 y 300.000 abortos al año. “Es cierto que a consecuencia de la crisis la natalidad se está viendo muy afectada, y que el año pasado por primera vez hubo 10.000 muertes más que nacimientos”, rebate el doctor Papadópulos. “Pero no hay datos de ningún tipo que sustenten esas cifras en un país en el que hay 110.000 nacimientos al año. Los datos de nuestra clínica, que practica unos 400 abortos al año, muestran que, de haber un incremento, este es sólo ligero”.
Según un estudio reciente de la Clínica Alexandra, de una muestra de 1200 mujeres, el 22% había interrumpido por lo menos un embarazo a lo largo de su vida, un 17% de ellas siendo menores de edad. A inicios de 2013, hospitales de Salónica afirmaron estar registrando 8000 partos al año, mientras que realizaban 9500 abortos. El informe nacional del año 2000 de la Secretaría General de Igualdad apuntaba a una cifra de entre 100.000 y 120.000 casos al año, los mismos que en España pero con una cuarta parte de la población. Sin embargo, el Ministerio de Salud no ofrece datos, y en realidad la incertidumbre es total, ya que el 85% de los abortos se producen en clínicas privadas, donde quedan inscritos como revisiones rutinarias.
Desamparo total
La ley del 86, aprobada por el Partido Socialista con la oposición de la Iglesia Ortodoxa, satisface a la mayoría de las organizaciones feministas. Y aunque los médicos pueden declararse objetores de conciencia, el centro siempre está obligado a ofrecer la intervención.
“Pero esto sirve de poco si la mayor parte de las mujeres jóvenes no tienen cobertura sanitaria”, se exaspera Sonia Mitraliá, del colectivo de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos. “Así que en caso de tener que abortar, la elección es entre pagar a un hospital público o a uno privado.”
Los tests durante el embarazo ya no son gratuitas, y el número de niños nacidos sin vida ha crecido un 21,15 % en 3 años
Incluso para las mujeres con cobertura la mayoría de los exámenes, como las mamografías o las pruebas efectuadas durante el embarazo, han dejado de ser gratuitos. Las consecuencias son trágicas pero previsibles: según un estudio de la Escuela Nacional de Salud Pública, los alumbramientos de niños sin vida se han incrementado entre 2008 y 2011 en un 21’15%.
Si el aborto es problemático, continuar con un embarazo supone un verdadero vía crucis para las mujeres no aseguradas. 600 euros cuesta el seguimiento, y otros 600 el parto si es natural, -1200 si es por cesárea (que se practica en el 60% de los casos). Las extranjeras, aunque residan legalmente en el país, pagan automáticamente el doble. El doctor Papadópulos sin embargo niega que ninguna mujer haya dejado de ser asistida por no poder pagar. “Si es una urgencia, al paciente se le atiende o no griego.” Según explica, el hospital registra el número de identidad fiscal y ofrece la posibilidad de pagar por plazos. “Al menos en el Alexandra no han echado nunca a ninguna mujer para que dé a luz en el patio. Por el momento, porque la situación está empeorando”
“Grecia es ahora mismo un laboratorio. Y la deuda, el arma con la cual toda una generación ha sido despojada de su futuro, ya que no podrán tener niños.” remacha Mitraliá. “Están penalizando el parto; si no pagas la factura te amenazan con el embargo y la cárcel. El niño no ha nacido aún y ya está endeudado.”
Debajo de la alfombra
Fuera de todas estas restricciones, la amenaza ideológica que pende sobre el derecho al aborto es muy vaga, por el momento. “El ministro de salud Georgiadis ha demostrado estar dispuesto a todo, no sería raro que intentaran derogar la ley actual teniendo en cuenta la ideología de los que nos gobiernan.” considera sin embargo María Canelopulu, responsable de cultura de Syriza. “El panorama no es favorecedor: la iglesia tiene una gran influencia en la sociedad, no hay educación sexual en la escuela, el 10% de la gente vota a Amanecer Dorado, y en casa no se puede hablar de anticoncepción.”
A pesar de su condena al aborto, la Iglesia Ortodoxa griega trata la ley que lo permite como hecho consumado. En general, y a pesar de su carácter en muchos aspectos conservador, la sociedad griega no se aviene mal con la idea de la interrupción del embarazo, siempre y cuando no trascienda. De hecho, según los expertos, la ley del 86 no hizo sino regularizar una situación en que el aborto clandestino era el único recurso de planificación familiar con que contaban la mayoría de las mujeres.
En cambio, la Iglesia sí que se opone activamente a la implantación de políticas de educación afectivo-sexual, cuya práctica ausencia es la causa más plausible de las altas tasas de aborto en adolescentes. En los últimos años, cada vez que expertos han preparado materiales educativos, para impartir de manera extracurricular, han chocado con el rechazo de iglesia y organizaciones de padres y con la tibieza el Ministerio. Sólo el 4% de las parejas griegas utiliza la pastilla anticonceptiva, que no está financiada por la sanidad pública, frente al 24% de la media europea. Y el 36% se vale únicamente de la “marcha atrás”.
“Aceptamos los preservativos porque son el mal menor.” afirma el Padre Sarandis, un pope famoso por su cruzada contra la educación sexual. “Pero no deberían enseñar esas cosas en Primaria, ya que a esa edad los niños no pueden entenderlo y en todo caso explicarlo es responsabilidad de los padres.” manifestaba en un programa de televisión dedicado al aborto adolescente. “Luego, en Secundaria, sí que se podría introducir, pero siempre con el enfoque de que el sexo debe ir vinculado al matrimonio y a la reproducción.”
“El punto de vista de la iglesia en cuanto al aborto es que Dios es el que manda a los niños, el que sabe, el que ve y el que decide…” comenta el doctor Papadópulos. “Nosotros no debemos decidir qué hacer con nuestras familias. Por eso muchos ortodoxos conservadores tienen 8 o 10 hijos, los que vengan”.
Giro conservador
Es difícil establecer una comparación entre Grecia y los países que la circundan en cuanto al derecho al aborto. Si hay una tendencia común, son las tasas – al menos en teoría- extremadamente altas. Muchos expertos alertan de que hay más interrupciones que nacimientos, responsabilizándolas del problema demográfico común. La causa: una legislación relativamente liberal y una baja religiosidad (en los países del exbloque soviético) harían del aborto una de las pocas formas de contracepción tradicionalmente disponible. A esto se sumarían la falta de educación sexual y de servicios de planificación familiar, en parte precisamente para contrarrestar lo que los gobiernos consideran una natalidad insuficiente.
Pero esta situación, si bien plausible en el pasado, está cambiando rápidamente. El giro tradicionalista y conservador propiciado en los Balcanes por la crisis, y aún por el vacío ideológico dejado por el comunismo, están propiciando la visión del aborto como algo ilegítimo. Y la creciente influencia de condicionantes económicos, como en el caso de Grecia, contribuyen a desmentir la imagen de una “barra libre del aborto” en la región.
Así ocurre por ejemplo en la República de Macedonia, donde el aborto es accesible durante las 10 primeras semanas alegando razones de salud o sociales, aunque sólo es gratuito si se trata de una intervención terapéutica. Sin embargo, el gobierno de coalición liderado por el partido conservador VMRO-DPMNE aprobó el pasado junio una reforma restrictiva, por la cual la mujer ha de efectuar una solicitud, recibir consejo obligatorio y contar con la aprobación de su marido antes de someterse a una nterrupción. Por otro lado, los anticonceptivos son caros y de difícil acceso.
En 2009, el propio Gobierno lanzó una campaña contra el aborto, con el apoyo de organizaciones antiabortistas subvencionadas y de la Iglesia Ortodoxa de Macedonia. Esta última no ha dudado en culpar del aumento de los divorcios a que “las mujeres olvidan que el hombre es el jefe del hogar y que se le deben subordinar”. Según estudios recientes, los jóvenes macedonios condenan el aborto más que sus padres, y son en general más nacionalistas y religiosos.
Más sencillo lo tienen las mujeres en Bulgaria, donde el aborto es libre en las 12 primeras semanas desde 1990. Sin embargo, las clínicas privadas cobran unos 425 levs, unos 220 euros, una cantidad significativamente superior al salario medio. Sin embargo, la seguridad social cubre los aborto terapéutico, y los de menores de 16 y mayores de 35, así como los de cualquier mujerque acrediten escasos recursos. También existen organizaciones que facilitan anticonceptivos gratuitos o subvencionados.
La problemática es otra en el caso de Albania, donde en 2012 nacieron 112 niños por cada 100 niñas. En efecto, el aborto selectivo de niñas se está popularizando debido a la preferencia por los varones en un sistema familiar férreamente patriarcal, independientemente de la religión. Durante las 12 primeras semanas, la interrupción del embarazo es libre en tanto se aleguen problemas sociales o psicológicos, pero en este periodo es difícil determinar el sexo del bebé. Aún así, y en el marco de un sistema extremadamente corrupto, muchos abortos se producen después, con la autorización de un comité.
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