Trabaja como chino, paga como sueco
Andrés Mourenza
El gobierno griego, dirigido por Antonis Samarás, logró el miércoles sacar adelante en el Parlamento las nuevas medidas de austeridad exigidas por la troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) aunque haya sido a costa de perder varios apoyos de la coalición que sustenta al Ejecutivo y que forman el partido conservador Nueva Democracia (ND) y los centroizquierdistas PASOK y DIMAR.
A pesar de que ahora Grecia cuente con un gobierno menos estable por las fracturas abiertas, lo cierto es que esta votación ha supuesto un paso más en el plan de establecer un nuevo modelo político-económico en el Sur de Europa. Un modelo que implica menos derechos laborales, más impuestos no progresivos y un acceso más difícil para los trabajadores y las clases populares a las prestaciones sociales y servicios públicos. Un modelo que beneficia claramente a la gran empresa sobre el pequeño comercio y los autónomos. Un modelo que, además, adolece de una gran falta de legitimidad democrática.
Por ejemplo, algunas medidas aprobadas ayer habían sido ya derrotadas en el Parlamento (como la liberalización de ciertas profesiones, la fusión de ciertos fondos semipúblicos de la Seguridad Social o ciertos artículos de la nueva legislación sobre las privatizaciones) a pesar de lo cual han sido presentadas de nuevo dentro de esta ley omnibus lo que levanta dudas no sólo sobre la propia legimitidad de las medidas de austeridad —la mayoría de los griegos se oponen a ellas según las encuestas y los tres partidos de la coalición habían prometido en elecciones no profundizar algunos de estos recortes— sino también sobre su legalidad democrática.
Algunas de las medidas de Samarás colisionan con derechos fundamentales
A ello se une sendos pareceres —no vinculantes— tanto del Consejo de Europa como del Tribunal de Cuentas griego en los que, en el primer caso, se juzgan contrarias a la Carta Social Europea y a los derechos fundamentales de los trabajadores algunas leyes de reforma laboral y, en el segundo, se juzgan contrarios a los principios de proporcionalidad, igualdad y protección social incluidos en la Constitución helena las sucesivas reducciones de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación.
Estamos pues ante la imposición de un modelo de desregulación económica y flexibilización laboral que no obedece tanto a una lógica económica —todos los análisis oficiales del Gobierno griego, la UE y el FMI coinciden en que la sostenibilidad de las cuentas del Estado griego o la deuda externa no mejorará en los próximos años— sino a una rígida ortodoxia ideológica neoliberal.
El propio Fotis Kuvelis, líder de DIMAR y por tanto socio del gobierno Samarás, se opuso a apoyar estas medidas, de las que dijo que “no están relacionadas con el ajuste fiscal ni con las reformas estructurales”, sino que tratan de “imponer un modelo ideológico neoliberal” (cabe preguntarse por qué un partido que se abstuvo de votar las medidas por ser contrario a ellas continuará apoyando al gobierno que las deberá poner en práctica, pero eso es otra historia).
Alemania decide que un agente externo manejará las cuentas y que el dinero paliará la deuda externa
Además, esta serie de reformas que se están imponiendo a los países del Sur de Europa desdeña a los propios ciudadanos. Y no es sólo porque el gobierno se haya empeñado —muy presionado por la troika— en someter todas las medidas, algunas de ellas de sentido común mezcladas con otras de marcado carácter ideológico, a votación en un sólo paquete o ‘ley omnibus’ en lugar de votarlas artículo por artículo.
Basta con leer una de las últimas propuestas filtradas a la prensa y redactada por el Ministerio de Finanzas alemán, que según el Financial Times cuenta con el apoyo de Francia y la Comisión Europea y que, entre otras lindezas, propone a Grecia que un agente externo maneje directamente sus cuentas y que prácticamente todo el dinero que recaude se dedique al pago de la deuda externa.
También es interesante su estilo, un estilo que trata a los ciudadanos como meros súbditos: “Para mejorar la aceptabilidad del programa por parte de los griegos, estas medidas de control-ejecución podrían ser complementadas por medidas de estímulo del crecimiento y el empleo” (la cursiva es mía). Medidas, que al contrario que las de control de las cuentas apenas especifica. Podrían haber escrito simplemente: “Para mejorar la aceptación de las medidas, repártanse roscas de pan a las puertas del Circo Máximo”.
Trabajar más por menos
Después de haber sido elevada hasta los 65 años hace sólo un par de años, la edad mínima de jubilación vuelve a ascender, hasta los 67 (hay que tener en cuenta que en Grecia la esperanza media de vida es un año y medio menor que en España).
El periodo mínimo de descanso entre turnos de trabajo se reduce de 12 a 11 horas y se permite a los empresarios exigir flexibilidad horaria a los trabajadores, dejando la posibilidad abierta a que los negocios más grandes puedan abrir los domingos. Cabe señalar que este punto ha sido uno de los más batallados por los partidos centroizquierdistas del gobierno ya que la exigencia inicial de la troika era aumentar la semana laboral a los 6 días y permitir turnos máximos de trabajo de 12 o 13 horas. La actual semana laboral griega es de 40 horas pero en el sector privado muchos se ven obligados a hacer horas extra sin ser pagados por ello.
El salario mínimo ha quedado fijado por el momento en 586 euros mensuales (510 euros en el caso de los menores de 25 años) a pesar de las exigencias de la troika de reducirlo aún más.
La edad de jubilación sube a los 67 años y el salario mínimo queda en 586 euros
Se establece un tope máximo de incremento salarial por antigüedad del 10 % por trienio para los empleados y un 5 % para los obreros, con un máximo del 30% en ambos casos. Un trabajador con 18 años de experiencia en una misma empresa tendrá, si no consigue negociar personalmente con el empresario —ya que los convenios colectivos quedan prácticamente abolidos—, un salario básico de 761 euros mensuales.
Se reduce el tiempo de notificación por despido hasta un mes para los empleados con hasta dos años de antigüedad en una empresa y cuatro meses para aquellos con 10 años o más de antigüedad. También se reducen considerablemente las indemnizaciones por despido. Por ejemplo, un trabajador con 4 años de antigüedad recibirá un máximo de 2 meses de salario básico y uno con 16 años de antigüedad recibirá un año de salario básico. La prestación estatal por desempleo —ya limitada a un año en Grecia— también se reduce.
Menos para jubilados y discapacitados
Todos los complementos de las pensiones (desde las pagas extra de Navidad y Pascua, a los complementos por viudedad) serán abolidos o sensiblemente reducidos para los jubilados y discapacitados.
Además, todas las pensiones superiores a 1.000 euros serán reducidas entre un 5 % y un 25 %.
Medicina para quien se lo pueda permitir
A los 5 euros que se deben pagar actualmente por visita médica (además del abono de parte de los análisis e intervenciones quirúrgicas) se añadirá ahora un sobrecoste de 25 euros por hospitalización y 1 euro por receta médica. “Quizás se piense que el precio no es alto pero si las familias dependen incluso de la caridad para comer (un tercio de los griegos viven por debajo del umbral de la pobreza), estos cinco euros son mucho dinero”, explicaba hace meses el presidente de la oenegé Médicos del Mundo, Nikitas Kanakis.
Los complementos de pensiones serán abolidos o reducidos para los jubilados y discapacitados
Los afectados crónicos por una larga lista de enfermedades (por ejemplo insuficiencia renal o párkinson) deberán pagar el 10 % de las medicinas directamente relacionadas con sus dolencias y un 25 % de las que no lo estén. Los enfermos de SIDA o cáncer no pagarán los medicamentos directamente relacionados con su enfermedad pero sí pagarán un 25 % de las que no lo estén.
Entre las medidas de “sentido común” en este aspecto está la sustitución de medicamentos de marca por genéricos, lo que ayudará a acabar con la red de intereses entre doctores y empresas farmacéuticas existente hasta ahora.
Recorte salarial de funcionarios
25.000 funcionarios serán despedidos hasta finales de 2013. Según confesó el martes Elli, una funcionaria de 33 años, en el Ministerio de Cultura, que por razones obvias es uno de los más grandes en Grecia, temen que se ceben en ellos: “A pesar de que en realidad tenemos falta de personal, por ejemplo de vigilantes, por lo que se han producido importantes robos en museos y yacimientos arqueológicos. Además, los arqueólogos griegos se están yendo al extranjero porque aquí no hay trabajo para ellos”.
Las llamadas profesiones especiales —médicos, jueces, profesores universitarios, policías, soldados, obispos y diplomáticos— verán su salario reducido hasta en 474 euros.Por ejemplo, un director de un centro sanitario cobrará 1.580 euros mensuales y un policía, bombero o guardacostas 720. Los obispos cobrarán 1.037 euros y los jueces 1.778.
Los políticos también verán reducidas sus pensiones.
A los empleados de empresas públicas se les recortará el sueldo de golpe entre un 30 y un 35 % estableciendo un tope salarial de 1.900 euros y a los trabajadores municipales se les aplicará una reducción de hasta el 40 %.
El número de profesores asociados a las universidades será reducido drásticamente de los 15.000 a los 2.000.
Pague más impuestos indirectos
Sube el billete de transporte urbano un 25 % (hasta 1,75 euros), la electricidad un 8 % y el gasóleo para calefacción un 40 %. Ya el año pasado muchas escuelas hubieron de suspender clases y muchos hogares no encendieron la calefacción. El consumo de leña se ha doblado.
25.000 funcionarios irán a la calle a finales de 2013, pese a que falta personal
Se mantiene hasta 2018 la tasa extraordinaria de solidaridad a pesar de que la Constitución indica que los impuestos extraordinarios no pueden estar en vigor más de dos años. Se trata de un impuesto muy poco progresivo que grava con entre un 1 y un 5 % los beneficios anuales de todos los griegos y que se cobra aparte del impuesto sobre la renta.
Se incrementa de un 10 a un 15 % el impuesto sobre los intereses de los depósitos bancarios para desanimar el ahorro y estimular el consumo.
Los armadores, sujetos a un régimen especial de impuestos, seguirán sin ser apenas tasados y en cambio se les exige una contribución obligatoria que aportará 140 millones a las arcas públicas entre 2013 y 2016. El 20 % de los buques petrolíferos del mundo pertenece a armadores griegos.
Las grandes al bollo, las pequeñas al hoyo
Se liberalizan los horarios de apertura de las grandes superficies comerciales a las que también se permitirá vender productos limitados hasta ahora a pequeños comercios con licencias especiales, como el tabaco o la prensa. Desde el inicio de la crisis, un tercio de los pequeños comercios de Atenas y Salónica han cerrado y la tendencia es a más y más cierres. Spyros Kontoyannis, dueño de una floristería en el centro de Atenas, comentaba recientemente que en estos años de recesión y austeridad ha visto cómo su negocio se reducía casi un 60 %: “Es parte del plan, no quieren que sobreviva la clase media. Quieren acabar con el pequeño comercio para que no le quite beneficios a los grandes”.
Se liberalizan 14 profesiones. Por ejemplo la abogacía: hasta ahora los bufetes sólo podían tener una sede, lo que favorecía la existencia de muchas oficinas pequeñas y medianas. Ahora las grandes empresas de abogados (tipo Legalitas) podrán instalarse en Grecia. Además, se permitirá que cada bufete pueda tener más de un contrato con el Estado, mientras que antes estaba restringido para que los diputados y otros políticos –muchos de ellos de profesión abogados- no copasen todos estos contratos.
Suben la luz, el gas y el transporte, además de las tasas bancarias
A las empresas públicas se les imponen severos límites al endeudamiento.
Se elimina la subvención al transporte marítimo, lo que podría poner en peligro la supervivencia de líneas que comunican con las islas menos habitadas.
Se elimina la necesidad de la presencia de un abogado para supervisar las fusiones de empresas por un valor mayor a 100.000 euros, algo que ha despertado una viva polémica incluso dentro del Gobierno. De hecho, el ministro de Justicia, Antonis Rupakiotis, se negó a firmar las medidas aunque su oposición fue vencida por la intervención de Fotis Kuvelis que le conminó a firmarlas (otro síntoma más del extraño comportamiento de DIMAR en el gobierno) bajo la amenaza de que si no lo hacía, el primer ministro Samarás le despediría.
Fume marcas caras
Fume Marlboro y no esa mierda hippie de tabaco liado, juéguese la pensión en las tragaperras, podría ser otra sugerencia de los políticos.
Las marcas más baratas de tabaco subirán 20 céntimos por paquete y el tabaco de liar 85 céntimos. Las marcas más caras no subirán de precio.
La entrada a los casinos, fijada por el Estado, bajará de 15 a 6 euros, de los cuales 4,80 van a las arcas públicas.
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