Un país en venta
Helena Vázquez
Atenas | Junio 2017
«Quien sea insolvente – es decir, no tiene dinero para pagar lo que debe – tiene que vender todo lo que posee para pagar a sus acreedores». Esta frase intimidatoria se le podría haber escapado de los labios de un extorsionador profesional, pero en realidad son las palabras con las que dos políticos alemanes se referían a las deudas que tenía Grecia en el año 2010, meses antes de que la república fuese rescatada por primera vez.
Siete años después, la máxima de los dirigentes del partido democristiano alemán se ha convertido en ley. El país, que sigue teniendo una deuda colosal, impagable a ojos del FMI, ha puesto a la venta sus infraestructuras básicas – en el ámbito marítimo, terrestre y aéreo – para hacer frente a sus pagos.
Los griegos están hartos de suspirar ante cada nuevo ajuste de cinturón que dicta el Parlamento, intervenido de forma permamente por los acreedores. Pese al poco aliento que les queda tras tanto ajuste – que ha dejado al 35 por ciento de la población viviendo en la pobreza y a un 22 por ciento sin las necesidades básicas cubiertas -, las instituciones europeas y el FMI continúan descubriendo bienes y derechos que se pueden confiscar en nombre de los tres acuerdos de rescate que ha suscrito Grecia.
Superfondos
La noche de la capitulación de Syriza, en julio de 2015, se selló un pacto que permitió a la contraparte europea hacer y deshacer a su antojo en lo referente a las propiedades del pueblo griego. El acuerdo se firmó en el marco de las últimas negociaciones sobre el tercer rescate, si bien fue rechazado en las urnas.
«Era evidente que los acreedores aprovecharían para exigir todo: ya no tenían oposición»
«Hasta entonces, el Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica (HRDAF), un fondo de privatización creado en 2011, podía absorber tierras y bienes inmuebles públicos. El nuevo fondo amplía las competencias y puede adquirir casi todo», explica Andreas Karitzis, miembro del Comité Central de Syriza hasta agosto de 2015, momento en el que presentó su dimisión. Después de que la formación política, que había prometido poner freno al proceso de subasta de activos públicos a gran escala, tirara la toalla, «era evidente que los acreedores aprovecharían el momento para exigir todo: ya no tenían oposición», añade.
Ya en aquellos momentos se había intentado transferir una larga lista de bienes a inversores privados, de acuerdo con el plan de privatización impuesto por la Troika en 2011: puertos, centenares de bienes inmuebles, hectáreas de playas, autopistas, aeropuertos, monumentos, carreteras nacionales, instalaciones militares, pantanos e infraestructuras ferroviarias.
La nueva Sociedad Helénica de Activos y Participaciones (SEDA), conocido entre los griegos como «el súperfondo», absorbió el antiguo fondo de privatización y se convirtió en un ambicioso conglomerado empresarial, una sociedad matriz que reclamaba la propiedad de empresas del sector de la energía, las infraestructuras esenciales y las corporaciones públicas. Entre otras se lanzaron al mercado las acciones de las compañías de agua de las principales ciudades de Grecia, de la empresa de telecomunicaciones griega (OTE), de la gestora del transporte de electricidad (ADMIE), de la empresa nacional de electricidad (PPC) y de la compañía pública de gas (DEPA).
Desde 2016 ya no hay marcha atrás: la vida del superfondo quedó fijada en 99 años
El proceso quedó formalmente incorporado a la legislación griega en mayo de 2016, dentro de una ley ómnibus ininteligible de más de 7.500 páginas. Y a partir de ahí ya no había marcha atrás, al menos no en el plan legal: la vida del superfondo quedó fijada en 99 años. Por lo tanto, todos los activos que pasaron a manos de esta institución privada quedarán durante muchas décadas fuera del control público. La dirección del fondo, conformada por empresarios de éxito escogidos por los mandatarios europeos, con la colaboración del gobierno de Tsipras y su ministro de Finanzas, toman las decisiones sobre cómo y cuándo transferir los bienes y a quién.
Del acuerdo, cerrado hace ya dos años, Syriza solo puede celebrar dos detalles: el fondo tiene su sede en Atenas – y no en Luxemburgo, como deseaban los acreedores – y el 25 por ciento de los beneficios se destina a programas de inversión en economía griega, y no únicamente a satisfacer la deuda y a recapitalizar a los bancos. Pero según explica Andreas Karitzis, «estos son detalles menores, ya que lo que importa es la composición del fondo, la estrategia global neoliberal que hay detrás».
Las ansias de la Troika de traspasar la propiedad de los activos helénicos no son nuevos. Con el primer acuerdo de rescate, en 2011, el Gobierno dirigido por el entonces primer ministro socialista Giorgos Papandreu creó el HRDAF y se comprometió a implementarlo. Sin embargo, hasta julio de 2015, Grecia incumplió su promesa de vender partes vitales de las infraestructuras públicas, como puertos y aeropuertos.
A principios de 2015, el Estado solo había captado 3.200 millones de los 50.000 que esperaba conseguir en un término de seis años. Habían transcurrido dos tercios del periodo, pero ya saltaba a la vista que los ambiciosos programas de privatización de un país bajo custodia de la Comsión Europea, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional se había topado con varias sorpresas.
Los tribunales detectaron excesos de privatización que podían transgredir la ley
Las instituciones europeas no solo tropezaron con el descontento de la población, que veía cómo el país se planteaba vender su patrimonio cultural para pagar un crédito de dudosa legitimidad. Los propios tribunales detectaron que se estaban cometiendo excesos que podían transgredir los límites de la ley. Por ejemplo, la compañía pública de Aguas EYDAP no se privatizó en 2014, a raíz de un veredicto del Consejo del Estado, que declaró a transferencia inconstitucional.
Los administradores anteriores de la HRDAF fueron acusados de perjudicar la economía griega con un daño valorado en 500 millones de euros. Según señala el periodista griego Nikolas Leontopoulos, en 2015, el fiscal anticorrupción presentó cargos contra la dirección del organismo por unas compraventas de inmuebles públicos que no se ajustaban a las previsiones legales. Sin embargo, esquivaron la condena gracias a una norma de 2013, impuesta por la Troika, que les otorgaba impunidad.
Negocios ruinosos
La arquitectura financiera de los programas de intervención macroeconómica del Fondo Monetario Internacional impone la doctrina de la privatización a cambio de liquidez. En el caso de Grecia, las discusiones sobre la eficiencia de la gestión privada pasan a un segundo plano. Satisfacer la enorme deuda que pesa sobre Grecia es lo que, en un principio, persigue la oleada de privatización, que amenaza con quedárselo todo.
El economista y periodista Leonidas Vatikiotis destaca que los efectos del programa ya se han hecho notar. El 68 por ciento del puerto de Pireo, una de las infraestructuras portuarias más grandes de Europa, ha sido transferido a manos de la empresa china Cosco Shipping Holding. La consecuencia: una reducción de los salarios y ‘flexibilidad laboral’. A la vez se produce una degradación de los servicios y un incremento de las tarifas, mientras que «las desigualdades están por las nubes y la cohesión social se hunde», denuncia Vatikiotis. A causa de la situación de emergencia y el estado de excepcionalidad constante, «los activos griegos son tan baratos que cualquiera puede comprar lo que quiere».
El país malvende sus bienes cual empresa que entra en concurso de acreedores
En 2015, Jim Leaviss, representante del exitoso fondo de inversión M&G, el más grande de Reino Unido, aseguraba en una cadena de televisión estadounidense que Grecia estaba transferencia estas empresas por su beneficio y que de aquella operación se debía extraer el máximo rendimiento. Pronosticaba que «sería humillante» si, en cambio, se convirtiera en una mera liquidación de sus empresas… como efectivamente fue. El país malvende sus bienes por la situación de excepcionalidad económica a quien las quiera, a imagen y semejanza de una empresa que entra en concurso de acreedores.
Un ejemplo muy ilustrativo del desastre es la venta de catorce aeropuertos regionales. Un negocio ruinoso para las arcas públicas y, a ojos de los expertos, poco legal. Un consorcio privado formado por el grupo alemán Fraport – cuyo máximo accionista es el estado de Hesse, uno de los ‘länder’ alemanes – y el griego Kopeluzos ha pagado 1.234 millones de euros para 40 años de concesión, lo que corresponde a tres años de ingresos netos provenientes de la explotación de este negocio. Fraport, la operadora del servicio, pagará 23 millones de euros para el alquiler anual de los 14 aeropuertos, una cifra que se asimila al volumen de negocios de uno solo de ellos, como el de la isla de Corfú.
Por otra parte, los gastos de las obras en las instalaciones, que de momento suman 500 millones de euros, irán a cargo de la administración helénica. Pocos empresarios quisieran estar en el lugar de Atenas: según calculan los expertos, durante los 40 años de concesión, la empresa explotadora ingresará unos 22.000 millones de euros… y solo pasará un total de 3.850 millones a las instituciones de Grecia.
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