Juicio a los pactos secretos
Darío Menor
Italia está a punto de intentar despejar las sombras sobre uno de los episodios más oscuros de su historia reciente: el posible pacto secreto suscrito entre el Estado y Cosa Nostra, la mafia siciliana, para cesar la campaña de atentados que asolaron el país en 1992 y 1993 a cambio de dos cosas: poner fin al régimen carcelario más duro para los capos, el llamado 41 bis, y obtener mayor influencia política.
Piergiorgio Morosini, juez de instrucción de Palermo, tiene en sus manos la decisión: a él le toca dictaminar si acepta la investigación realizada por la Fiscalía de Palermo, liderado por el magistrado Antonio Ingroa, para concluir así la fase preliminar y dar comienzo a un juicio histórico en el que el Estado italiano procesará a una parte de sí mismo.
Si, como se espera, Morosini da su luz verde, en el banquillo donde coincidirán simbólicamente los 12 acusados podrá verse tanto a mafiosos como a altos representantes del Estado. Entre los primeros están algunos de los mayores capos y asesinos que ha tenido Cosa Nostra, como Salvatore Totò Riina, Giovanni Brusca o Leoluca Bagarella. Todos están encarcelados con el 41 bis, por lo que se conectarán por videoconferencia con el aula búnker de la cárcel palermitana del Pagliarelli donde se celebra el juicio.
En 2003, los tribunales italianos establecieron que el primer ministro cristianodemócrata Giulio Andreotti se había beneficiado del apoyo de la mafia en su llegada al poder en 1972 y que hasta 1980 mantenía relaciones amigables con esta organización.
Hoy, la Cosa Nostra sigue activa aunque sus actividades son poco visibles y gran parte del lucrativo tráfico de drogas está en manos de la ‘Ndrangheta de Calabria, considerada actualmente la mafia italiana más peligrosa.
Por parte de las autoridades, los imputados son el exministro del Interior Nicola Mancino, los senadores Calogero Mannino y Marcello Dell’Utri, éste último durante años hombre de confianza de Silvio Berlusconi, los generales de los Carabinieri Antonio Subranni y Mario Mori y el excoronel de este cuerpo Giuseppe De Donno. Entre los inculpados también está Massimo Ciancimino, hijo del exalcalde de Palermo, el fallecido Vito Ciancimino, conocido como Don Vito, el hombre que supuestamente ejerció de enlace entre el Estado y los mafiosos sicilianos.
Con su denuncia sobre el papel desempeñado por su padre, Ciancimino, acusado de asociación mafiosa, abrió la veda para que otros testigos o protagonistas de aquellas negociaciones secretas comenzasen a hablar. Estas declaraciones pusieron a Ingroa sobre la pista: en cuatro años de trabajo acumuló una cantidad enorme de pruebas por medio de los testimonios de los colaboradores con la Justicia y de las interceptaciones telefónicas. Con ellas ha armado la tesis de la acusación.
Vacío de poder
Los fiscales de Palermo ha presentado esta semana a Morosini una síntesis en 22 páginas de su investigación con la que piden el inicio formal del proceso. El documento describe el vacío de poder que sufría Italia a principios de los años 90 por el escándalo de corrupción de Tangentopoli, que acabó con los principales partidos políticos de entonces.
“En aquella nebulosa fase de transición, Cosa Nostra concibió un plan para desestabilizar la política nacional”, sostienen los magistrados, quienes consideran que los mafiosos organizaron las matanzas para luego ofrecer la paz al Estado y negociar desde una posición de fuerza.
También buscaba Cosa Nostra “nuevos referentes políticos” después de que el vendaval de Tangentopoli acabase con los mejores contactos que tenía hasta entonces. “El largo recorrido de una difícil negociación culminó con las garantías ofrecidas por el dúo Dell’Utri-Berlusconi”, afirman los investigadores, basando su acusación en el testimonio de tres mafiosos arrepentidos.
“A Paolo le mataron porque sabía que había una negociación con la mafia y se negó a ella»
La Fiscalía denuncia la “grave amnesia colectiva de la mayor parte de los responsables políticos institucionales de la época”, pues durante 20 años han negado que existiese una negociación con Cosa Nostra. Salvatore Borsellino, hermano del magistrado antimafia Paolo Borsellino, asesinado por Cosa Nostra en julio de 1992 (dos meses después de que también muriera en un atentado mafioso su compañero, el juez Giovanni Falcone), lleva desde entonces clamando para que se haga justicia y se aclare la complicidad del Estado en la muerte de su hermano.
El puzzle incompleto
Alejandro Luque
En un escaparate del centro de Palermo, junto al cartel de admisión de tarjetas de crédito, luce una pegatina donde se lee: “Este establecimiento no paga el pizzo”. Es decir, el impuesto mafioso.
Es la prueba irrefutable de la pervivencia en Sicilia de la Cosa Nostra, y al mismo tiempo de una evidencia no menos palpable: el pueblo ha perdido el miedo y ha dicho basta. El pasado mes de mayo, al cumplirse 20 años del asesinato del juez Giovanni Falcone —murio 57 días antes que su colega y amigo Paolo Borsellino— hubo homenajes en diversas ciudades de la isla, e incluso acudieron a rendirle tributo el presidente, Giorgio Napolitano, y el primer ministro, Mario Monti.
Otras víctimas de la violencia mafiosa —el abogado Serafino Fama, los empresarios Giovanni Panunzio y Libero Grassi, el comisario Beppe Montana, el periodista Peppino Impastato y tantos otros—, han sido objeto de honores similares, por parte de instituciones públicas como de colectivos privados.
La Sicilia de hoy dista mucho de ser, en todo caso, el escenario sangriento que plasmara con su cámara la fotógrafa Letizia Battaglia. Unos creen que el epicentro de la criminalidad se ha desplazado hacia el norte, hacia Calabria y Nápoles; pero no falta quien lo achacan a la completa absorción de Cosa Nostra en el tejido político regional.
Pero no puede decirse que hayan ganado: recordemos que Salvatore Cuffaro, presidente de la Región Siciliana hasta enero de 2008, sigue cumpliendo condena por favorecer a la mafia en la prisión romana de Rebibbia. Y hace apenas una semana que Rosario Crocetta, sucesor de su sucesor, firmara la incorporación de la Región Sicilia como acusación particular al juicio que analiza los lazos entre mafia y política.
En Catania, el pasado verano se inauguró un gran mural con la efigie de Falcone y otros mártires como él que, por los costados, representaba la figura de un puzle incompleto. Una vez acalladas las pistolas, se elevan las voces que piden una investigación a fondo para contar la historia completa. Y todo el mundo cree que las piezas que faltan no están en los bajos fondos, sino en el Estado.
“A Paolo le mataron porque sabía que había una negociación con la mafia y se negó a ella. Yo llevo veinte años diciéndolo y siempre me tachaban de loco. Finalmente se comenzó a hablar de ello y ahora por fin hemos llegado a un juicio en el que se van aclarar estas conversaciones secretas”, cuenta Borsellino.
En el proceso, el hermano menor del juez se ha constituido como parte civil junto a la asociación de la que forma parte, el Movimiento de las Agendas Rojas. Este grupo de ciudadanos, en su mayoría jóvenes, hace referencia al cuaderno que siempre portaba consigo Paolo Borsellino y en el que llevaba apuntadas algunas declaraciones de los mafiosos arrepentidos.La agenda desapareció en el atentado que le costó la vida a este mártir de la lucha contra Cosa Nostra y a cinco policías de su escolta.
“Nos hemos constituido como parte civil por el daño que las negociaciones entre el Estado y la mafia supusieron para la sociedad. Esperemos que se haga justicia y logremos este resarcimiento moral. Queremos además estar presentes para mostrar nuestro apoyo a los magistrados, a quienes se les está atacando desde todos los ámbitos, especialmente por parte de la prensa y de los políticos”, denuncia Borsellino.
En el juicio también se han constituido como parte civil el Gobierno italiano y el Ayuntamiento de Florencia, ciudad donde se produjo un atentado mafioso en 1993 que dejó cinco muertos; a mediados de noviembre se incorporó la Asociación de Víctimas de la Mafia, liderada por la eurodiputada liberal Sonia Alfano.
A sus 70 años, Salvatore no tiene grandes esperanzas de llegar a ver con sus propios ojos si se aclara de una vez por todas la muerte de su hermano. “Creo que la verdad emergerá en el proceso. No puedo permitirme ser pesimista. El problema es que estamos ante el inicio de un juicio que será muy largo. A mí me quedarán unos 15 años de vida y no creo que sean suficientes. Antes de morirme, haré todo lo posible para que no torpedeen el proceso y los jóvenes de hoy puedan saber realmente qué ocurrió”.
© Darío Menor | Primero publicado en El Confidencial
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