No es país para madres

Beirut | Febrero 2014

La libanesa Samira Souweida rompió a llorar el día en que las autoridades de su país le informaron de que podían deportar a sus dos hijos por haberse retrasado en el pago para renovar sus permisos de residencia. Yousra, beirutí, paga 2.000 dólares al año por el colegio de su hijo menor, de padre jordano y sin derecho a las ayudas estatales para alumnos libaneses. Las hijas de Ghada Kaakami consiguieron la nacionalidad libanesa, la de su madre, tras casarse con ciudadanos del país. “Ellas son libanesas por sus maridos, no por mí”, explica indignada. Sus dos hijos, de 26 y 30 años, en cambio, continúan siendo refugiados palestinos, como lo fue su padre. La lista de casos similares sigue. Ellas son libanesas. Sus hijos, no, aunque no conozcan otro país. En Líbano, las mujeres que se casan con un extranjero están destinadas a parir una prole de inmigrantes, en el mejor de los casos, y de apátridas, en el peor.

La Ley de Nacionalidad libanesa prohíbe a las mujeres pasar su propia nacionalidad a sus hijos o a sus maridos, ya que solo reconoce los vínculos de sangre en el caso del padre. Es uno de los casos más flagrantes de discriminación de la mujer en un país que se jacta de haber avanzado más que sus vecinos en materia de igualdad. La escritora y feminista Joumana Haddad considera que esta situación ha provocado una «definitiva alienación entre las mujeres libanesas y la política».

«En Líbano, donde algunas mujeres están tan orgullosas porque se les permite conducir coches, se sienten totalmente emancipadas porque pueden llevar minifalda, y miran por encima del hombro a sus equivalentes saudíes porque pueden pasear sin un guardián masculino, las mujeres continúan siendo discriminadas legalmente y en la práctica», escribe, haciendo hincapié en que «las mujeres libanesas aún están incapacitadas para pasar la nacionalidad a sus maridos e hijos».

La Ley de Nacionalidad libanesa solo otorga la nacionalidad a aquellos cuyo padre sea libanés, pero no su madre

Para activistas como Lina Abou Habib, representante del colectivo de derechos civiles CRTD-A y cabeza de la campaña ‘Mi nacionalidad es un derecho para mi y para mi familia’, el Estado, simplemente, trata a las mujeres como ciudadanas de segunda. “Hace que quieras replantearte qué significa ser [un Estado] democrático”, clama, “Líbano finge serlo, pero ¿puede ser democrático un país que no permite a sus mujeres ser ciudadanas?”.

Según Abou Habib, sucesivos gobiernos han rechazado una y otra vez implementar la ley de nacionalidad para eliminar la dichosa frase: “Son ciudadanos libaneses (…) los nacidos de un padre libanés”. Se han hecho avances, pero los que no han quedado estancados han resultado poco más que meros parches que aún presentan peros. Otros países de la región sí han hecho reformas, gracias a la presión de la campaña, concebida de forma conjunta en Oriente Medio y el Magreb. “Incluso Arabia Saudí, donde las mujeres no pueden conducir”, ilustra.

Razón de estado

La absurda argumentación por la que el Gobierno se niega a cambiar la ley no es menos discriminatoria: peligra el Estado y peligra el equilibrio sectario, esto es, si el Gobierno reconociese a los hijos y maridos extranjeros de mujeres libanesas como nacionales, acabaría por haber más musulmanes que cristianos en un país donde todas las instituciones públicas, desde el Gobierno y el Parlamento, hasta el Ejército, pasando por las escuelas, tienen cuotas religiosas para garantizar la representación de las 18 comunidades reconocidas constitucionalmente.

Para Abou Habib es, simplemente, “vergonzoso”. “Cómo se puede vincular el ejercicio de sus propios derechos por parte de las mujeres con una perturbación del equilibrio demográfico”, se pregunta la activista, que señala el imperio de la fe en Líbano por encima del derecho. Esa amenaza, al parecer, no se da en el caso de los hombres: “La vida y la familia están regidas por códigos confesionales, todas las leyes religiosas atentan, por definición, contra la mujer en cuanto a matrimonio, divorcio, herencia, custodia de los hijos, movilidad… Así que [el Gobierno] es muy coherente en este aspecto, es muy coherente en su postura patriarcal”.

Las cifras registradas por Naciones Unidas aportan una afinada perspectiva del problema: solo el 12,5% de los matrimonios mixtos son cristianos, frente a un 87,5% musulmanes (en su mayoría suní). Carente de un censo poblacional desde 1932, Líbano basa su equilibrio sectario en unos porcentajes estimados de un 30% de población cristiana, suní y chií, las tres mayoritarias, además de otras minorías como la drusa. Pese a la inexistencia de datos fiables actualizados, esa distribución es más una ensoñación que una realidad, especialmente después de quince años de guerra civil que condenó a una inmensa parte de población cristiana a la diáspora.

Nada justifica, sin embargo, por qué los hombres sí pueden transmitir su nacionalidad a sus esposas extranjeras y no las mujeres libanesas. Argumento tras argumento opuesto por los sucesivos Ejecutivos son desmontados por cifras que apuntan lo contrario, o rozan el absurdo en términos de una diferencia que requiera la violación de los Derechos Humanos. Los datos proporcionados por el propio Gobierno hablan de unos 76.000 matrimonios mixtos de mujeres libanesas con foráneos. Unas 16.800 están casadas con palestinos (cuya nacionalización pretende evitar el Gobierno a toda costa), frente a 15.596 libaneses casados con mujeres palestinas. La diferencia no llega a 1.300 personas, un volumen suficiente, o eso parece, para negar a las mujeres la igualdad de derechos con respecto a los varones.

El Gobierno pretende evitar a toda costa la nacionalización de los refugiados palestinos

Esa es la otra pata de la que cojea el conflicto: el racismo. El Estado libanés reconoce el derecho inalienable de retorno del pueblo palestino. Es la excusa para frenar la nacionalización de los hijos de mujeres libanesas casadas con palestinos como Kaakami. Sus hijas, con derecho a pasaporte libanés (aunque residentes en otros países), no tienen derecho alguno a regresar como descendientes de padre palestino. «Todo lo que se dice sobre nacionalización [de los palestinos] y equilibrio demográfico es simplemente retórica política y un intento de subrepresentar la realidad», opinaba el juez John Azzi tras saber que su histórica sentencia en favor de una libanesa viuda de un egipcio había sido revocada. «No están en contra de la nacionalización, más bien están en contra de las mujeres y las ven como legalmente inferiores. Es chovinismo machista». Azzi fue expulsado en 2009 como presidente del Tribunal de Primera Instancia de Metn tras fallar favorablemente sobre la concesión de la nacionalidad libanesa a los dos hijos de Samira Souweida. Solo dos días después, la sentencia fue anulada.

“Es racismo”, zanja Lina Abou Habib, “honestamente, es desagradable, esto no es forma de construir una nación, sobre la base del racismo”. “Todo es tan complicado para los palestinos”, se lamenta Ghada Kaakami, “Líbano es un país maravilloso, a todo el mundo le gusta, pero es tan racista… Soy libanesa, necesito mi nacionalidad para mis hijos, es un deber”.

«La ley garantiza a los hijos ilegítimos más derechos que a los legítimos», dice un estudio de la Universidad Americana de Beirut

La otra cara, la pragmática, no es menos agradable. Un informe de la Universidad Americana de Beirut elaborado por las investigadoras de Derechos Humanos Maya W. Mansour y Sara G. Abu Aad destaca las incongruencias legales derivadas de una ley que parece condenada al inmovilismo y cuyos parches, como la ampliación del permiso de residencia para maridos e hijos de libanesas a tres años, la reducción de las tasas o la garantía del permiso de trabajo (no aplicable a los palestinos), se descosen. «[La ley] garantiza a los hijos ilegítimos más derechos que a los legítimos, en tanto en cuanto permite a una madre libanesa pasar a sus hijos su nacionalidad si no son legítimos. En algunos casos, madres libanesas han argumentado que sus hijos legítimos eran bastardos para poder otorgarles su nacionalidad», subraya el análisis. Más allá, puntualiza, «la ley libanesa otorga a las mujeres extranjeras más ventajas que a las mujeres libanesas».

Pero, ¿cuáles son las consecuencias prácticas de ejercer esta ciudadanía de segunda? La imposibilidad de otorgar la nacionalidad a la descendencia por vía materna conlleva, inevitablemente, un grave recorte de derechos no solo para los hijos, también para las madres, a quienes se les aplica las mismas leyes sobre herencia y patrimonio que a cualquier otro extranjero. “Tengo dos casas”, contesta Kaakami, “ese es el mayor problema. Si muero, mis hijos no pueden heredarlas”. De momento, ha dado un rodeo para asegurarse que las propiedades se quedan en la familia, con sus hijas como propietarias y testaferros de sus hermanos. Además de las restricciones a maridos e hijos extranjeros de mujeres libanesas a la hora de heredar, estos se ven obligados a pagar por la educación y la asistencia sanitaria en un país en el que ninguna de las dos cosas son precisamente baratas. Eso sin hablar del papeleo, como es el caso de las mujeres casadas con hombres sirios: desde que estalló el conflicto en el país vecino, renovar el pasaporte de un hijo sirio puede suponer jugarse la vida.

El último mazazo a las reivindicaciones de activistas y asociaciones en defensa de los derechos de la mujer ha sido la paralización de la política libanesa. El último año ha visto la caída en bloque del Gobierno, la suspensión (por primera vez desde su independencia) de unas elecciones parlamentarias y la coexistencia de un primer ministro en funciones y otro designado con la función de formar un nuevo ejecutivo. Los proyectos de reforma de la ley se han convertido en poco más que papeles y promesas almacenados en algún cajón. Mientras, como protesta Ghada Kaakami, madre de dos palestinos, las mujeres libanesas de segunda seguirán pariendo «refugiados en su propio país».