Las madres de la plaza de Beirut
Irene Savio
La mujer cojea, la escoliosis le pliega el torso hasta dejarla a pocos centímetros del suelo, a cada respiro parece que mueve montaña. Tiene 79 años, el rostro desdibujado por el paso de décadas que parecen siglos en sus pequeños ojos cruzados por marcadas arrugas. Pero la memoria, esa sí, la mantiene intacta.
«Tocaron a la puerta y yo abrí. Eran hombres de Amal (partido libanés chíi y prosirio) y era de noche, una noche de diciembre de 1986. Entraron y se llevaron a mi hijo Ahmed. Dijeron que regresarían una hora después, pero nunca más lo volví a ver. Luego nos dijeron que lo habían deportado a Siria», cuenta Amine Abdelhusri, palestina originaria de la ciudad de Haifa en Israel, quien viajó por todo el Líbano y Siria en búsqueda de su hijo.
«Sólo quiero que me devuelvan a mi hijo o a su cadáver. Si está muerto, lo quiero enterrar y honrar sus restos», agrega la anciana, que forma parte del Comité de Familias de Desaparecidos y Detenidos, un colectivo que reivindica aclarar qué pasó con las personas que desaparecieron durante la Guerra Civil (1975-1990) y durante la ocupación siria de Líbano, que terminó en 2005.
«Sólo quiero que me devuelvan a mi hijo o a su cadáver. Si está muerto, lo quiero enterrar»
A la anciana le tiembla el cuerpo. Porque la suya es una batalla que sostiene desde hace ya 26 largos años, que lleva adelante junto a un par de centenares de madres y abuelas. Pero sin éxito. Porque, a diferencia de lo que ocurre en Argentina con la más conocida organización “Madres de Plaza de Mayo”, a ellas se las ignora en el Líbano desde 1982, año en el que se creó la organización.
Nunca se ha sabido con exactitud cuántas personas fueron secuestradas a lo largo de los años de la guerra. Un informe policial de 1991 estimó 17.400 casos de desapariciones forzosas, y es la cifra que más se repite hoy día, pero no se han realizado investigaciones más concretas.
«Hasta el día de hoy, se crearon tres comisiones de investigación en 2000, en 2001 y en 2005. Pero todas fracasaron», explica Justine Di Mayo, presidenta de Act for the Disappeared (AD), una asociación integrada por extranjeros y libaneses que recientemente ha empezado a ayudar a las madres.
«El problema es que los que antaño eran señores de la guerra hoy son los gobernantes de este país y por lo tanto no tienen ningún interés en que se revele lo que ha ocurrido. Nos dicen «sí, sí, lo haremos’, pero no hacen nada. El propio presidente, Michel Suleiman, dijo que actuaría en su discurso de investidura y no hizo nada. Nos ignoran y eso es peor que el hostigamiento», agrega Di Mayo.
«Los que antaño eran señores de la guerra hoy son los gobernantes de este país»
Durante los primeros quince años, los desaparecidos eran una especie de “daños colaterales” de una guerra en la que nunca hubo frentes claros y en la que las alianzas se reinventaban con frecuencia. Los enemigos acérrimos de ayer se aliaban hoy contra un adversario común, sólo para cambiar de bando meses o años después y combatir a sus antiguos compañeros.
Los civiles no sólo quedaban atrapados en el fuego cruzado de los fusiles, sino también en el de las luchas de poder. Hubo prisioneros casuales con los que nadie sabía qué hacer, había rehenes tomados para presionar al adversario o para castigar al otro bando, hubo secuestros para pedir un rescate económico o simplemente para quedarse con las posesiones o la casa de alguien. Es de suponer que casi todos fueron asesinados en algún momento u otro, aunque si los captores eran milicias aliadas con el régimen sirio, como en el caso de Ahmed, queda la esperanza de que sigan con vida en alguna cárcel siria.
Mazmorras sirias
La posibilidad de estar aún vivo en Siria es mucho mayor en el caso de los centenares de desaparecidos después de terminar la guerra. Se da por seguro que prácticamente todos fueron secuestrados por los servicios secretos de Siria, país que no sólo mantenía tropas en Líbano para impedir que se renovaran los enfrentamientos de milicias, sino que también imponía hasta 2005 su voluntad a los sucesivos gobiernos libaneses. A sus todopoderosos y temidos servicios secretos, que campaban a sus anchas en el país ocupado, no se les atribuyen sólo los secuestros sino también numerosos asesinatos, tanto de políticos como de periodistas, cometidos a plena luz de día. El colectivo libanés Solide estima —y asegura tener documentación para probarlo— que unos 650 libaneses desaparecidos se encuentran en cárceles sirias.
Así, en todos estos años, muchos familiares empezaron a enfermarse, otros a morir de vejez o por problemas de salud —algunos se suicidaron— y prácticamente, la totalidad del resto puso sus historias en el cajón del olvido. Hoy apenas un par de decenas acuden a los encuentros bisemanales que se organizan en la carpa que las organizaciones de víctimas ha instalado al lado de la sede las Naciones Unidas en Beirut, donde Amine vive 4 días la semana.
Este sombrío panorama, al menos hasta ahora, ha silenciado también la voz del restante puñado de asociaciones que siguen el asunto, entre otros Amnistía Internacional (AI), la sucursal libanesa del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y la sección local de la Cruz Roja Internacional.
«A los familiares les han dicho que deben olvidar: servirá a la reconciliación del país. Pero no puede haber reconciliación sin justicia. Aquí estamos hablando de miles de centenares de personas desaparecidas», afirma Di Mayo.
Hace dos meses, un preso volvió de las cárceles sirias, después de 30 años
Según las investigaciones de los colectivos civiles, muchos acabaron en las decenas de fosas comunes que se cree hay en el Líbano. En 2005, el gobierno reconoció la existencia de 4 y el Centro de Documentación de la UMAM ha estimado la existencia de más de 20, situadas tanto en el norte, como en el centro y el sur del país, mientras que otros fueron trasladados a prisiones en Siria e Israel, países cuya colaboración tampoco ha sido satisfactoria. Algunos eran personas pertenecientes a fuerzas políticas, otros no. Hubo de todo: suníes, chíies, cristianos, drusos… El más joven era un niño de apenas 13 años.
Israel y el grupo chíi Hizbulá han hecho en las últimas décadas varios intercambios de prisioneros, muertos o vivos, con lo cual se cree que probablemente queden muy pocos o ninguno en cárceles israelíes. Siria también niega que mantenga a ciudadanos libaneses en sus mazmorras. Pero el debate se volvió a abrir hace dos meses, cuando un preso, Yacoub Chamoun, regresó a casa. Lo habían mantenido oculto en Siria durante 30 años, hasta junio pasado.
Fue sólo en agosto, cuando un diario libanés, L’Orient Le Jour, cercano a la comunidad maronita, anunció la noticia del regreso del desaparecido. Abrió la caja de truenos de una serie de ataques entre bloques opuestos, como es habitual en este país, enzarzado en luchas intestinas. El diario aseguraba que el caso de Chamoun desmentía la versión oficial del régimen de Bashar Asad y mostraba que sí hay presos secretos en Siria. Sin embargo, el canal de televisión de Hizbulá, Al Manar, alineado con Damasco, puntualizó que Chamoun pertenece a la Falange Libanesa (cristiana) y que su regreso se produjo gracias a una oscura negociación que su familia mantuvo con las autoridades sirias. Más aún, según Al Manar, Chamoun sería un espía de Israel.
Chamoun ha dado poquísimas declaraciones a la prensa, pero sí afirmó haber visto a otros detenidos libaneses encarcelados en Siria. Lo que pueda ocurrir con ellos en los días revueltos de la guerra civil, nadie lo sabe.
Proyecto de ley
Hace un año, el abogado Nizar Sagnieh, representante de Solide y del Comité de Familias empezó a redactar un proyecto de ley que contiene algunas peticiones que los familiares le hacen al gobierno libanés, al que consideran el primer responsable del silencio que hay en torno a las desapariciones.
En este texto, que se suma a otros dos proyectos similares, se pide la creación de un organismo para indagar sobre el fenómeno, la participación de los familiares en las investigaciones sobre las desapariciones, la identificación de los cuerpos mediante la prueba de ADN en las fosas comunes y la obligación para los testigos de presentarse a declarar.
En opinión de los familiares, uno de los puntos claves de este proyecto es que se aboga por la creación de una ley nacional, y no de un decreto, algo que según ellos ayudaría a que el compromiso de las autoridades sea más fuerte y duradero. El proyecto de ley fue presentado en el Parlamento en febrero pasado, pero aún no ha sido aprobado. Mientras tanto, Amine y sus compañeras continúan con las movilizaciones.
