Medio siglo de muros
Ana Alba
Jerusalén | Junio 2017
“Todo lo que pienso está relacionado con la ocupación: no tengo valores como las personas normales, como mis amigos europeos», dice el actor y cineasta Ramzi Maqdisi. Nacido en Jerusalén hace 36 años, Maqdisi ha pasado por la cárcel israelí, un destino habitual. Desde que empezó la ocupación de Cisjordania hace 50 años, casi 800.000 palestinos (aproximadamente el 20% de la población) han pasado por las prisiones de Israel según la ONG palestina Addameer. Actualmente, hay unos 6.300 palestinos encarcelados.
Pero incluso la libertad es relativa. Israel restringe los movimientos de los palestinos y eso afecta a todas las facetas de la vida. La cultura no es una excepción. Una obra representada por actores de Cisjordania no puede llevarse a Jerusalén sin permiso israelí y a menudo es una tarea imposible pasar material artístico por los controles militares. En Jerusalén Este, la policía ha suspendido espectáculos en varias ocasiones.
«Siempre pienso en contar historias de Palestina. Echo de menos una vida no vinculada a la ocupación”
«Siempre pienso en contar historias de Palestina. Echo de menos hacer una vida no vinculada al sufrimiento de vivir bajo la ocupación”, dice Maqdisi. No es ciudadano israelí: su carné de identidad lo describe como «residente» en Jerusalén Este, lo que le permite moverse tanto por Israel como por Cisjordania, pero sin poder ir a Gaza. Los palestinos nacidos en el resto de Cisjordania están confinados a este territorio del tamaño aproximado de Cantabria. Ellos necesitan permiso para entrar en Jerusalén Este y en territorio israelí.
Hay más de cien tipos de autorizaciones, entre ellas de trabajo y médicas. Unos 70.000 palestinos trabajan en Israel con permiso, según datos oficiales, y otros miles lo hacen de forma ilegal. Cruzan a Israel franqueando el muro que los israelíes levantaron en Cisjordania. También hay miles de palestinos con permiso para acudir a hospitales en Israel – con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) pagando los gastos – si sus enfermedades no se pueden tratar en Cisjordania o Gaza. A veces es porque Israel impide la llegada del material necesario.
“La ocupación corta y limita nuestra identidad, separa a unos palestinos de otros, bajo un régimen de apartheid. No puedo ir a Gaza a presentar una película a mi pueblo”, subraya Maqdisi. Además, su situación es frágil. “A los palestinos de Jerusalén, Israel nos puede despojar de la residencia cuando quiera. Me siento privada de mi identidad nacional. Soy como una extranjera, no una ciudadana con derechos, aunque pago mis impuestos”, dice Nora Kurt, nacida en 1954 y que gestiona el Centro Cultural Wujoud en el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén.
Hace 50 años…
El 7 de junio de 1967, decenas de soldados israelíes entraron en la ciudad vieja por la Puerta de los Leones y llegaron al Muro de las Lamentaciones, un lugar sagrado para los judíos porque creen que forma parte del recinto de su segundo templo, destruido por los romanos.
La tensión entre Israel y sus vecinos árabes había aumentado desde la crisis del Canal de Suez en 1956 y con la aparición de guerrillas palestinas apoyadas por Siria, capaces de lanzar ataques contra Israel desde Cisjordania, entonces bajo control de Jordania. En mayo de 1967, Egipto, que un año antes, había impulsado una alianza militar con Siria a la que acabaron sumándose Jordania e Iraq, congregó a decenas de miles de soldados en el Canal de Suez. Además cerró los estrechos de Tirán y la entrada al Mar Rojo a los buques israelíes y solicitó a la ONU la retirada de sus fuerzas de interposición en la península egipcia del Sinaí, donde separaban el frente israelí del egipcio. Respondía así a informaciones soviéticas sobre un gran despliegue militar israelí en sus fronteras, que luego demostraron ser falsas.
El 5 de junio, Israel lanzó la guerra. La mayoría de mandos militares y miembros del Gobierno israelí opinaban que la ofensiva por sorpresa era necesaria para evitar “un ataque de los árabes”. Sus cazas destruyeron la aviación egipcia y las tropas tomaron el Sinaí y la Franja de Gaza. Seis días después ocupaban también Cisjordania, Jerusalén Este y una buena parte de los Altos del Golán en Siria.
A los jerosolimitanos palestinos se les puede anular el permiso de residencia si están en el extranjero más de siete años, según la ley. Cuando llevan tres años fuera tienen que volver a Jerusalén a renovar su permiso de salida. Desde 1967, Israel ha retirado la residencia en Jerusalén a unos 14.500 palestinos.
Jerusalén es una ciudad dividida, no como territorio sino como población, desde 1967, año que los palestinos recuerdan como el de la ‘naksa’ (revés, recaída). Como el resto de Cisjordania, Jerusalén Este estaba en manos de Jordania, acorde al armisticio de 1949, que puso fin a la guerra del 48 entre Israel y una coalición de países árabes.
Poco después de la guerra, Israel inició la colonización de los territorios que había ocupado, violando la ley internacional: la Cuarta Convención de Ginebra prohibe a una potencia ocupante transferir ciudadanos de su territorio a la zona ocupada, algo tipificado como crimen de guerra.
En febrero se aprobó una ley para legalizar casi 4.000 viviendas de colonos en 53 ‘avanzadillas’
“Cuando Egipto e Israel hicieron la paz, en 1979, había 6.000 colonos (en los territorios palestinos). Cuando en 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo (entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP), había 160.000 colonos. Ahora hay más de 600.000”, apunta Nabil Shaath, asesor de asuntos internacionales del presidente palestino, Mahmud Abás. Este cálculo incluye los de Jerusalén Este, donde hay quince colonias y numerosas casas de colonos, muchas en la ciudad vieja amurallada y el barrio de Silwan. Aunque Israel considera Jerusalén territorio suyo – a diferencia de Cisjordania -, bajo la ley internacional son igual de ilegales.
Según datos de la ONG israelí B’Tselem, en Cisjordania se han edificado 127 asentamientos judíos con la aprobación del Gobierno (sin incluir las colonias dentro de Hebrón). A eso se añade un centenar de asentamientos menores, llamados ‘avanzadillas’, ilegales incluso para la ley israelí, aunque muchos obtuvieron el visto bueno oficial para fundarse.
Yesh Din, otra organización israelí, apunta que el ejecutivo ha legalizado de forma retroactiva un tercio de los ‘avanzadillas’, o está en proceso de hacerlo. La Kneset (Parlamento israelí) aprobó el pasado febrero una ley para legalizar casi 4.000 viviendas de colonos en 53 ‘avanzadillas’ en tierra palestina privada.
“Esta tierra nos pertenece, fue un regalo de Dios en 1967”, afirma Nahum Schwartz, pionero del asentamiento judío de Amona, construido en Cisjordania en 1996 con el beneplácito extraoficial del Gobierno israelí.
Los terrenos de Amona pertenecían a familias palestinas que disponían de documentos para demostrarlo y llevaron su caso al Tribunal Supremo de Israel. Tras años de lucha judicial, ganaron y las autoridades israelíes demolieron el asentamiento de Amona hace cuatro meses. No obstante, no pueden acceder a su tierra porque el Ejército israelí la ha declarado zona restringida.
Robando agua
Los asentamientos israelíes consumen 300 litros de agua por persona al día, cuatro veces más que la población palestina, que gasta 73 litros, y en algunas comunidades, menos de 30 litros. Los israelíes controlan ahora el 87% del acceso al acuífero en Cisjordania, según EWASH, coalición de ONG palestinas e internacionales.
Una de las zonas de Cisjordania más ricas en agua es el valle del Jordán, que condensa buena parte de las tierras más fértiles de los palestinos. Pero el 91,5% de esta zona está vetado a sus habitantes originales. En este valle, los colonos poseen granjas, plantaciones de palmeras, verduras y flores que les suponen un beneficio de 612 millones de dólares, según la OLP. En este territorio fértil vivían antes de 1967 unos 250.000 palestinos. Ahora quedan 70.000.
La ocupación es responsable en gran parte del hundimiento de la economía palestina, según la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD), por «la destrucción de bienes productivos, la fragmentación de mercados locales, la separación de mercados internacionales y la dependencia forzosa de la economía israelí».
En Gaza, los israelíes niegan el acceso de los campesinos a la mitad de las tierras cultivables y privan a los pescadores del 85% de sus recursos. Israel desalojó de la franja a su ejército y sus colonos en 2005, pero la mantiene sometida desde hace diez años a un bloqueo por tierra, mar y aire, y entre 2008 y 2014 lanzó en este pequeño territorio tres ofensivas militares.
Mariam Hammad, dueña de una de las parcelas, tiene 82 años y hace 20 que no pone un pie en su terreno, que para ella es “como un hijo” al que “no cambiaría por dinero porque nada puede pagar su valor”.
La inversión de dinero público en las colonias es enorme, con incentivos económicos para los que se instalan en ellas. También el dinero privado es clave en su expansión. “Las asociaciones de ultraderecha israelíes y de colonos tienen más fondos para invertir en la colonización de Jerusalén Este que la Autoridad Palestina para todo su proyecto”, asegura Sergio Yahni, codirector del Alternative Information Center, una ONG palestino-israelí.
Los colonos edifican sin problemas, pero los palestinos casi nunca obtienen permisos de construcción
Pero en el lado palestino, no solo falta dinero. Construir es a menudo inútil. Israel ha destruido a lo largo de los años miles de edificaciones: casas, escuelas, clínicas, granjas, parques infantiles. Hay pueblos enteros sobre los que pesan órdenes de demolición, como Susia, porque forman parte de la de la llamada «Zona C», una de las tres categorías en las que se dividó Cisjordania tras los acuerdos de Oslo.
«Zona A» está bajo control directo de la Autoridad Palestina, en «Zona B» hay control civil palestino pero militar israelí, y la «Zona C», que representa el 60% de Cisjordania, está bajo control militar y administrativo israelí. También bajo el económico: los israelíes controlan el acceso a lugares de interés turístico y los administran como propios. El informe de la CNUCD calcula que la ocupación en Área C cuesta a los palestinos el 35% de su PIB (4.400 millones de dólares en 2015).
En el Área C – y por supuesto en Jerusalén Este – los colonos edifican sin problemas, pero los palestinos casi nunca obtienen permisos de construcción. Para poder seguir adelante con su vida, acaban edificando sin licencia y se exponen a la demolición de sus viviendas.
«Es la segunda casa que me destruyen los militares», cuenta Mariam Majambre, una mujer de 71 años que vivía con diez familiares, entre ellos cinco niños. Las excavadoras israelíes arrasaron su hogar en la aldea de Yinba, en las colinas del sur de la gobernación de Hebrón, una zona que el Ministerio de Defensa israelí declaró Zona de Fuego 918 para entrenamiento militar. Allí y en Halaweh, el Ejército israelí se llevó por delante 24 estructuras financiadas por la UE y el Programa de Desarrollo de la ONU (UNDP).
Pero además del peligro de ver avanzar a las excavadoras, los palestinos sufren ataques de colonos: asesinatos, violencia física, quema de casas y otras propiedades, destrucción de árboles y cultivos, robo de cosechas y material.
Yesh Din asegura que solo el 1,9% de las denuncias palestinas acaba en condena de los perpetradores. Varias ONG alertan del alto grado de impunidad de las fuerzas de seguridad israelíes, cuyos miembros casi nunca son procesados aunque haya pruebas de que dispararon injustificadamente contra un palestino.
Hay 319 menores en cárceles israelíes como “presos de seguridad”, diez de ellos sin cargos ni juicio
En cambio, las condenas para palestinos que lanzan piedras en protestas contra las fuerzas israelíes en los territorios ocupados pueden ser muy altas. Incluso en Israel, la Kneset dio luz verde a una ley por la que puede sentenciarse hasta a 20 años de cárcel a quien haya lanzado piedras «con intención de causar daño». Los palestinos de Cisjordania – no los colonos, que siguen sujetos a la legislación civil israelí – son juzgados en tribunales castrenses, en procesos que según las ONG no cumplen con los estándares internacionales. La mayoría de los arrestados denuncia malos tratos, amenazas y torturas en los interrogatorios.
Entre los que sufren estas medidas se encuentran menores palestinos, algunos detenidos con 12 años. Los niños palestinos cumplen penas de cárcel a partir de los 14 años. Desde 2015, también en Israel se permite encarcelar a los adolescentes a esa edad por “actos de terrorismo”.
A mediados de 2016, según datos de B’Tselem, 319 menores estaban encerrados en cárceles israelíes como “presos de seguridad”, diez de ellos bajo detención administrativa, es decir sin cargos ni juicio, un arresto prorrogable indefinidamente.
“La ocupación es una realidad donde millones de personas están despojadas de derechos y dignidad, una campaña ofensiva contra la independencia palestina”, opina Yehuda Shaul, de 34 años y fundador de la ONG israelí Rompiendo el Silencio. “Hay palestinos de mi edad que que nunca han visto el mar ni la playa, que ni siquiera entienden lo que significa ser libre. ¡Es demencial!”
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