¿Alivio o fraude?
La quita de la deuda griega explicada paso a paso
Andrés Mourenza
La famosa ‘quita’, es decir la reducción de la deuda pública griega, ha provocado enormes debates en Atenas pero fue aprobada finalmente por el nuevo gobierno de unidad sin el referéndum que inicialmente había prometido el entonces primer ministro Papandreou. Pero este paso aparentemente imprescindible para salvar el país mediterráneo de la quiebra, no es un regalo al pueblo griego.
¿Qué es la quita?
La quita es una reestructuración de la deuda griega por la que se han perdonado a Grecia unos 100.000 millones de euros de su deuda. Esta era una deuda en manos del llamado sector privado, por lo que este proceso se conoce también como Participación del Sector Privado (PSI, por sus siglas oficiales).
Con todo, cabe señalar que no todos los inversores que han condonado deuda son exactamente privados pues también hay fondos de pensiones públicos y bancos estatales que han renunciado o sido obligados a renunciar a sus títulos de deuda. Son considerados privados, pues, porque compraron los bonos de deuda del Estado griego por iniciativa privada y no como parte de lo que se considera el sector oficial (Unión Europea, Fondo Monetario Internacional (FMI), Bancos Centrales y otras instituciones oficiales), que también poseen deuda griega.
La necesidad de una quita o condonación de parte de la deuda griega comenzó a ser tratada por los líderes europeos en verano de 2011 pero las desavenencias entre varios países impidieron llegar a un acuerdo hasta la cumbre del 26 y 27 del pasado octubre.
Desde entonces, el gobierno griego negoció durante meses cómo se llevaría a cabo la quita con el Instituto Internacional de Finanzas (IIF), un lobby que agrupa a unas 400 entidades bancarias internacionales de entre las más importantes del mundo.
¿Qué parte se reestructura?
Aunque incluso fuentes del gobierno griego reconocían hace unos meses que no sabían a ciencia cierta quién tenía sus títulos de deuda (pues han sido comerciados muy rápidamente en el mercado secundario), la mayoría coincide en que la deuda griega a inicios de año superaba los 360.000 millones de euros, equivalente a cerca de un 170 % del PIB griego previsto para 2012.De esta cantidad, se sometieron a reestructuración o quita unos 206.000 millones (es decir, los que estaban en manos del sector privado).
¿Cómo se procede?
El acuerdo entre el gobierno griego y el IIF supone que los inversores canjeen sus bonos por otros depreciados a algo más de la mitad de su valor y con menos intereses. Por cada 100 euros en viejos bonos, los inversores recibirían 46,5 euros en nuevos bonos griegos a un interés menor (2 % entre 2012 y 2015; 3 % entre 2015 y 2020 y 4,3 % entre 2020 y 2042), con un vencimiento mucho más largo, aunque parcialmente asegurados por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.
Los inversores con deuda griega hubieron de inscribirse en un registro para participar de forma “voluntaria” en el canje y, de hecho, la gran mayoría lo hizo. Para obligar a participar en la PSI a aquellos que no quisieron, el gobierno griego aprobó las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC), un tipo de legislación que obliga a los inversores minoritarios a aceptar lo decidido por la mayoría, en este caso, la participación en la quita.
Sin embargo, existe un problema. De los 206.000 millones de deuda, 177.000 millones estaban repartidos en bonos bajo soberanía helena, mientras que el resto había sido emitido como deuda griega bajo soberanía extranjera (hay bonos griegos bajo legislación británica, suiza, japonesa, francesa y estadounidense) y a los inversores que poseen este tipo de bonos no se les puede forzar a participar a través de los CAC. Con todo, más de la mitad de este último grupo de inversores ha aceptado participar de forma voluntaria.
¿Quién gana con este canje?
Aunque los inversores privados salen aparentemente perdiendo, en el fondo ganan seguridad. Los tenedores de deuda renuncian a parte de futuribles beneficios para no tener que verse en una situación en la que Grecia quiebre y, entonces, pierdan toda su inversión.
Además, los nuevos bonos, aparte de la garantía europea, son emitidos bajo jurisdicción británica lo que significa que en caso de un impago griego, los acreedores podrían demandar a Grecia y exigir parte de los activos del Estado como compensación (incluso les daría derecho a reclamar el oro del Banco Central Griego). Finalmente, el hecho de que queden bajo soberanía británica, dificulta mucho que el gobierno griego pueda llevar a cabo nuevas reestructuraciones de su deuda tal y como se ha comentado en el anterior punto.
Grecia básicamente gana tiempo. Los nuevos bonos tienen un interés menor al valor especulativo que habían adquirido sus títulos de deuda y, además, se amplían los plazos del pago hasta 2042 (aunque eso también significa que tendrá que pagar intereses por esa deuda durante más tiempo).
¿Cuál es el objetivo principal?
Los prestamistas internacionales de Grecia (UE y FMI) consideran que la quita hace a la deuda más sostenible (es más fácil que el país mediterráneo pueda pagarla si los intereses son menores y los plazos más largos) y que podrá reducirse hasta el 120 % del PIB para 2020.
Sin embargo, cada vez más economistas consideran este cálculo “ridículo”, puesto que, víctima de las medidas de austeridad y la mala gestión, la economía griega se halla en imparable recesión (2012 será el quinto año en números rojos) y, teniendo en cuenta que la sostenibilidad de la deuda se calcula en relación al volumen del PIB, si este factor cae, el porcentaje de deuda se eleva. El nuevo préstamo no estará destinado a revitalizar la economía griega sino a financiar la quita
Además, resulta desalentador para muchos griegos el hecho de que, después de una década de esfuerzos y de apretarse el cinturón, la deuda sólo vaya a reducirse hasta esa cifra del 120 %, cuando en 2009, antes de que la UE y el FMI interviniesen las finanzas helenas, la deuda sólo suponía el 115 % del PIB griego.
¿Dónde está la trampa?
Como todo buen truco de magia, éste también tiene su truco. La quita forma parte del llamado “Segundo Plan de Rescate a Grecia”, en el que también se incluye un nuevo préstamo de 130.000 millones de euros (a un interés de entre el 3 y 4 % y a cambio de nuevas medidas de austeridad) pagado por los países de la Unión Europea y por el FMI y que engordará nuevamente las cuentas de deuda del Estado griego. Aún más problemático es el hecho de que este préstamo no estará destinado a revitalizar la paralizada economía griega sino precisamente a financiar el coste del proceso de la quita, pues la mayor parte se destinará a incentivos y recapitalización de los bancos.
Es más, las diferentes cajas de la Seguridad Social y fondos de pensiones públicos griegos, que tenían invertidos unos 30.000 millones de euros en deuda griega, perderán 12.000 millones de euros y, a pesar de que el gobierno griego ha afirmado que tratará de compensarles, lo cierto es que no existe ningún plan de recapitalización de estas cajas —como sí existe ya con los bancos privados—, con lo que las pensiones de miles de griegos podrían verse amenazadas.
Los contribuyentes: el ‘banco malo’ de Europa
En España (también en Grecia) se ha hablado mucho de la creación de un “banco malo” de propiedad estatal para que asuma los llamados activos tóxicos y que, de este modo, los bancos no sufran las pérdidas que éstos acarrean y no quiebren, lo que podría derivar en un efecto en cadena que hundiese el sistema financiero.
Esto es básicamente lo que se está haciendo con Grecia a escala europea. Antes de la crisis la mayoría de los títulos de deuda griega estaban en manos de inversores privados. Si Grecia hubiese decretado una suspensión de pagos, éstos habrían tenido que asumir fuertes pérdidas, que en los casos de bancos muy expuestos a la deuda griega, podría haber significado su quiebra.
Sin embargo, con el proceso de quita y sucesivos planes de rescate, lo que ha ocurrido es que los activos tóxicos o peligrosos —en este caso la deuda griega— ha pasado a ser tenidos por las instituciones oficiales, es decir, la Unión Europea (y sus organismos), los Bancos Centrales de los estados Europeos y, en mucha menor medida, el Fondo Monetario Internacional. Actualmente, casi tres cuartas partes de la deuda griega está en manos de estas instituciones, todas ellas financiadas con dinero de los Estados, es decir, de los contribuyentes.
En un lenguaje llano: los grandes bancos se han librado del marrón de la deuda griega y han pasado la patata caliente a los Estados.
