Valencia, la Grecia española
Javier Pérez de la Cruz
Incapacidad para pagar lo que debe, nula confianza en su economía, corrupción desbocada o fuertes recortes en los servicios públicos. Son algunos de los síntomas que han empujado a la Comunidad Valenciana a convertirse en la pequeña Grecia del Estado español.
No obstante, los expertos aseguran que los casos distan mucho de ser idénticos al estar garantizada la solvencia valenciana por Madrid. Este es el retrato de una región que en su intento de brillar como el casino de Montecarlo se desplomó como el techo del Partenón.
A comienzos de año se hizo público que el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana, el Consell, había tenido que retrasar el pago de 120 millones de euros al Deutsche Bank. Los rumores sobre la mediación del gobierno central, aunque negados por los implicados, se dispararon. Casi dos meses después, Iberdrola cortó la luz al Ayuntamiento de Valencia por el impago de una deuda de 6 millones de euros.
Mientras, las imágenes de jóvenes estudiantes resguardados del frío con mantas porque sus institutos públicos no tenían para pagar la calefacción dieron la vuelta a España.Proveedores y asociaciones dependientes de las ayudas públicas todavía hacen cola a las puertas del despacho de Alberto Fabra, el presidente de la Generalitat Valenciana, para cobrar lo que se les adeuda.Es evidente que las arcas de la comunidad están vacías.
Las imágenes de estudiantes resguardados del frío con mantas dieron la vuelta a España
“Esa sería la primera similitud con Grecia: la falta de liquidez”. El que habla es Josep Maria Jordán, catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de Valencia y experto en economía de la Unión Europea. En el mismo despacho se encuentra Víctor Fuentes, profesor de economía de la misma universidad, ex diputado de las Cortes Valencianas por el PSPV-PSOE y conocedor de las cuentas valencianas.“Es cierto, pero la gran diferencia es que Valencia tiene al gobierno de España para garantizar su solvencia”, matiza Fuentes.
Viene de lejos
La grave situación de Grecia y los problemas de la Comunidad Valenciana no nacieron con la crisis. Vienen de mucho más lejos. “En el año 1998 Grecia ya no cumplió los requisitos económicos de la Unión Europea. En el 2000 se supone que solucionan este problema, pero después, Papandreu, al convertirse en el primer ministro griego hizo saber que se habían cometido incorrecciones. En cambio, los desmadres en la Comunidad Valenciana sí se conocían desde el principio”, compara Jordán.
No obstante, Fuentes cree que la mala gestión de los recursos públicos valencianos se remonta a años antes de lo que muchos piensan: “Por ejemplo, en 2002, un Consejo de Ministros del que ya formaba parte Eduardo Zaplana [ex presidente del Consell], aprobó que la Comunidad Valenciana emitiera deuda pública por valor de 3.242 millones de euros, el 50% del dinero que debía el gobierno valenciano por entonces, y que demorara su pago hasta los años 2029, 2030, 2031 y 2032. La medida, que poca gente conoce, supondrá un gran problema cuando el Consell tenga que hacer frente a ese pago”.
En la actualidad, la Comunidad Valenciana no tiene ningún instrumento financiero que le permita obtener dinero. Hasta hace dos años existían tres entidades autónomas del Estado que podían prestarle dinero, pero han ido cayendo una a una, no sin polémica ni escándalos. Bancaja se encuentra marginada dentro de Bankia y el Banco de Valencia y la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) han tenido que ser intervenidos por el Banco de España debido al agujero de sus cuentas.
Así pues, la Comunidad Valenciana ha de pedir dinero a quien sí lo tiene, es decir, a Madrid. Este se lo presta con una condición: recortes y más recortes. “Con Grecia sucede lo mismo. Cuando se ve que en 2010 ya no puede seguir sola, la Unión Europea interviene con la condición de unos grandes recortes”, explica el profesor Jordán.
Poco antes de que los Reyes Magos llegaran a Valencia, Alberto Fabra aprobó un recorte de 1.057 millones de euros. No es el último tijeretazo. El agujero del déficit valenciano del ejercicio de 2011 (3,68% del Producto Interior Bruto —PIB—) es más alto que la media de las autonomías españolas (2,94%). Y Rajoy ya ha fijado una nueva condición: todas las comunidades han de rebajar su déficit al 1,5%; sin excepciones. El diario local Levante-EMV hizo las cuentas de lo que puede suponer este nuevo ajuste y lo cifró en otros 1.500 millones de euros, la misma cantidad de dinero que necesita toda la enseñanza primaria para 2012.
Corrupción y despilfarro
“Otro punto comparable entre la realidad económica griega y la valenciana es el grado que existe de corrupción y economía sumergida”, continúa Josep Maria Jordán. En Grecia, los “fakelayis”, o pequeños sobres para pagar sobornos, se han convertido ya casi en parte de la cultura del país. En Valencia, la prensa local informa de que el Consell pierde al año 26 millones de euros por no castigar el fraude tributario. No es el único dato. Según cifras del Ministerio de Trabajo, la economía sumergida causa en la región autónoma un fraude de 345.000 euros al día a la Seguridad Social.
Por otro lado se encuentran los despilfarros de dinero público. Valencia quería “estar en el mapa”, como la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, repetía a menudo. Por eso se creó un gran premio de Fórmula 1, pero no en el circuito ya construido a las afueras de Valencia sino en uno nuevo, urbano y junto al puerto deportivo, a imagen y semejanza del glamuroso gran premio de Mónaco.
Valencia quería “estar en el mapa”, como la alcaldesa Rita Barberá repetía a menudo.
No obstante, el gasto de 80 millones en la construcción del nuevo circuito y el millonario contrato firmado con el dueño de la competición, Bernie Ecclestone, no han sido rentables. Tras cuatro ediciones, se llegó a la conclusión de que era inviable mantener los monoplazas en las calles valencianas, pero más caro todavía resultaba rescindir el contrato con Ecclestone. Finalmente, la carrera se alternará anualmente con Cataluña, todo un “alivio financiero”, en palabras del vicepresidente del Consell, José Císcar.
Castellón también ha destinado grandes cantidades de dinero público a dudosas inversiones. Suyo es el único aeropuerto de España que ha sido inaugurado sin haber recibido aún la visita de un solo avión. El proyecto fue impulsado por el ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, un político envuelto en numerosos y supuestos casos de corrupción. Castellón tiene el único aeropuerto de España inaugurado sin haber recibido aún la visita de un solo avión
El aeropuerto, lejos de generar algún tipo de beneficio, supone un coste de 300.000 euros mensuales, según fuentes aeroportuarias, a los que hay que sumar 7.700 sólo en luz. Además, el Síndic de Comptes, institución que supervisa los presupuestos de la Generalitat, aseguró que sólo en 2010, el aeropuerto gastó 4,3 millones en patrocinios. Y por si fuera poco, en las inmediaciones de la infraestructura se está construyendo una escultura de 300.000 euros inspirada en su impulsor.
Las tres provincias de la Comunidad Valenciana tienen casos de corrupción
Josep Maria Jordán ve en esta dilapidación de dinero público otro nexo de conexión entre Valencia y el país heleno: “En Grecia hay mucha gente que considera que los Juegos Olímpicos de Atenas, en 2004, fueron una fiebre excesiva de gasto público”.
Y después está la corrupción. Escándalo tras escándalo, la Comunidad Valenciana se ha ganado a pulso abrir telediarios y ocupar portadas en todos los medios nacionales. Ninguna provincia se escapa del saqueo. Alicante tiene el caso “Brugal”, y Castellón posee las acusaciones por presunto cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal que pesan sobre Carlos Fabra, quien ha acudido al Tribunal Constitucional a solicitar la prescripción de sus delitos.
Al gobierno autonómico, por su parte, le salpican varios casos. Por un lado, una supuesta trama de desvío de las ayudas públicas al Tercer Mundo a empresas afines, cifrado entre 7 y 9 millones de euros. Por otro, el famoso caso “Gürtel”. En este se investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), y es el que ha centrado más focos por haber salpicado al, entonces, más alto cargo del gobierno valenciano.
Francisco Camps dimitió como presidente y se enfrentó a un proceso judicial por aceptar supuestamente tres trajes y tres americanas por 13.121 euros, que el juez sospechaba que eran regalos de los implicados en la trama “Gürtel” para que les concediera favores y licencias públicas. La imagen del ex presidente sentado en el banquillo de los acusados causó una enorme expectación mediática. Al final, un jurado popular declaró que no habían suficientes pruebas para condenarle. Camps abandonó el banquillo sin cargos y “más preparado que nunca para ser presidente de la Generalitat Valenciana o del Gobierno”, según sus propias palabras.
De todos los casos de corrupción, el de Emarsa, en la provincia de Valencia, es el que más controversias ha generado por las excesos que se han ido publicando. Implantes capilares, relojes, joyas, bolsas de lujo, viajes por todo el mundo y estancias en hoteles de lujo junto a traductoras rumanas. Son algunas de las cosas que supuestamente pagaron los directivos de Emarsa, la depuradora de agua del área metropolitana de Valencia, con el dinero público de las arcas de la empresa.
El caso Emarsa incluye implantes capilares, joyas, viajes y traductoras rumanas
También se gastaron 250.000 euros en recubrir de césped el techo de la depuradora con motivo de la Fórmula 1. “El juez investiga el saqueo de 25 millones de euros, aunque el PSPV calcula que se debería aumentar hasta los 40”. Sergi Pitarch es periodista del diario Levante-EMV y ha cubierto el caso desde que saltó en junio de 2010. “Se investigan los delitos de estafa, malversación de fondos públicos, delito societario y cuatro delitos contra la Hacienda Pública. En total son 29 imputados; 10 de ellos, cargos públicos del PP”.
Además, el periodista señala que el periodo investigado actualmente es de 2004 a 2010, pero que hay implicados que dicen que si se remontara a 1995, los imputados serían muchos más.
Al igual que Grecia, la Comunidad Valenciana ha visto caer su PIB (Producto Interior Bruto) de forma drástica. Desde que comenzó la crisis, en 2008, la autonomía valenciana ha sido la que más se ha empobrecido de toda España: un 2,08% frente al 1,14% de la media estatal, según el último informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro. No obstante, el experto en economía europea no es pesimista. “La Comunidad Valenciana tiene que recuperar la confianza, y aquí las perspectivas, aunque lejos de ser idóneas, no están tan mal”, asegura Jordán. Para él la solución pasa por un escenario concreto: “Que sepan los griegos y los valencianos que necesitamos más ayudas de la Unión Europea. Necesitamos un proyecto más ambicioso”.
«Hacer un Papandreu»
En el actual contexto económico se enmarcan las protestas estudiantiles que se produjeron en Valencia a finales de febrero. A lo largo de cuatro días la policía cargó contra los alumnos de un céntrico instituto público de la ciudad que protestaban contra los recortes en educación. Aquellas jornadas se saldaron con 43 detenidos, decenas de heridos, denuncias de políticos por agresiones policiales y un rechazo de los estudiantes de toda España a la desproporcionada respuesta policial.
Guillermo López, profesor de Periodismo de la Universidad de Valencia y analista de política valenciana en varios medios digitales, hizo una lectura nacional del asunto.
Según su punto de vista, ante cualquier conato de descontento social, el gobierno del PP “va actuar con contundencia” para evitar que se propague por otras regiones. “Yo creo que Rajoy tiene miedo de lo que yo llamo ‘hacer un Papandreu’. En 2009 Giorgos Papandreu ganó las elecciones griegas con un cómodo 44% de los votos, pero apenas dos años y medio después, no sólo ha tenido que dimitir sino que su partido, el PASOK, se encuentra en unos mínimos históricos, con una intención de voto que se ha hundido hasta el 10%”.
No obstante, López señala un punto a favor del PP para evitar que Rajoy ‘haga un Papandreu’: “El PP tiene el apoyo de prácticamente todos los medios de comunicación españoles. Si todos repiten el mensaje de que las manifestaciones son cosa de violentos, acaba calando en gran parte del público, sobre todo en uno que, al mismo tiempo, es el grueso de votantes del PP”.
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