El Sáhara, Marruecos, la Justicia y toda la pesca

Cádiz | Julio 2023

Barricadas en la carretera, megáfonos, pancartas. Barbate, el pueblo de pescadores en la costa de Cádiz, se levantaba para exigir que España renovara el acuerdo de pesca con Marruecos, en suspenso tras llevar décadas en vigor. Rabat exigía más dinero, mejores condiciones, periodos de veda más largos, entrada de mano de obra marroquí en la faena y en el procesamiento. Se lo exigía a Bruselas, su interlocutor. Madrid estaba en medio, presionado y presionando a ambos lados. Lo digo en pasado, porque no hablo de lo que pasa estos días en la costa andaluza, tras expirar el acuerdo pesquero el lunes pasado por culpa del contencioso sobre el Sáhara Occidental, sin renovación a la vista, o solo en una brumosa distancia. Hablo del verano de 1995. Hace 28 años, sí.

Lo recuerdo porque entonces yo escribí la primera columna de opinión de mi vida, en la contraportada de un diario de Algeciras, y en lugar de apoyar las reivindicadores de los pescadores andaluces y arremeter contra la codicia de Marruecos, como hacía todo el mundo en la prensa, yo nadaba a contracorriente (un hábito que no se me ha quitado): decía que aquí faltaba por saber la opinión del pescado. Que alguna responsabilidad tenía la flota española si en sus propias aguas no quedaba suficiente sardina y había que buscarla fuera.

Luego me enteré de que no era un conflicto especialmente reciente y que el hábito español y portugués de faenar en los caladeros de la costa africana al sur de Canarias tiene larga tradición. A ver si adivinan ustedes cuándo tuvo España su primer conflicto geopolítico internacional causado por la pesca en aguas del Sáhara. Vale, se lo digo: la primera vez que hubo un contencioso recogido en un acuerdo internacional «sobre lo que toca a la pesquería del mar que es desde el cabo de Bujador fasta el Río del Oro» fue en 1494, en los tratados de Tordesillas. Hace 500 años, sí. Y no se resolvió.

Los principales caladeros de la flota española están «desde el cabo Bojador hasta Río de Oro»

Entonces, el contencioso era entre España y Portugal; hubo que esperar aún cien años más para que el reino de Marruecos emergiera como una potencia geopolítica con diplomacia internacional y embajadores en varios países europeos. En el tratado hispanomarroqui de 1767, Marruecos otorgó a los barcos españoles monopolio de pesca en sus aguas costeras, aunque sin hacerse responsable de lo que ocurriera en el Sáhara. Y desde entonces, este derecho de faenar en aguas marroquíes fue reafirmado y afinado cada pocas generaciones hasta 1988 cuando, con España recién incorporada a la Unión Europea, Bruselas tomó el relevo como interlocutor diplomático. Y con similar regularidad se han repetido las protestas de los pescadores andaluces y también gallegos por atrasos en la renovación del acuerdo o reducciones en las cuotas asignadas, ante una actitud cada vez más firme de Rabat para arrimar el ascua a su sardina y subir los precios. En 1995, pescadores de Almería bloquearon la entrada de camiones marroquíes con productos agrícolas en protesta, en 2001 ardieron barricadas de neumáticos y colchones en la carretera cercana a Barbate.

Pero al mismo tiempo fue entrando una tercera potencia en el juego: el Frente Polisario, reconocido por Europa como representante del pueblo saharaui. Porque en realidad, los principales caladeros de la flota española, exceptuando algunas traiñas de pesca artesanal barbateñas, están «desde el cabo Bojador hasta Río de Oro», es decir ante la costa del Sáhara Occidental, origen del 90 % de las capturas incluidas en el acuerdo. Y si ya en 1995, el partido Izquierda Unida expresaba su «perplejidad por que se esté negociando con Marruecos sobre aguas que pertenecerían a la República Árabe Saharaui», como recoge la prensa de entonces, esta postura ha ido asentándose como reclamación popular en buena parte de la izquierda europea, aliada por motivos ideológicos —no tanto prácticos— con casi cualquier causa que alzara una bandera anticolonial e independentista y un fusil de asalto. En 2011, el Parlamento Europeo votó contra la renovación del acuerdo, por gran decepción de la Comisión Europea.

Negar a Bruselas el derecho a negociar con Rabat sobre el Sáhara es coherente con la legalidad internacional

No fue más que un bache y en 2014 volvieron a zarpar los pesqueros, pero la batalla se fue trasladando de los escaños a los tribunales. En 2015, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya suspendió un acuerdo agrícola con Marruecos por incluir productos de los territorios saharauis, aunque tras un recurso se desdijo al año siguiente. Lo mismo se repetía en 2019: Europa no reconoce el Sáhara como territorio marroquí y lo que allí se produzca o pesque no es marroquí, recuerdan los jueces. La última sentencia en este sentido se produjo en 2021 por parte del Tribunal General de la UE, y es la que ha impedido ahora renovar el acuerdo. También está recurrida ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, solo que el fallo que podría revocarla nuevamente no se va a producir antes de otoño, o quizás en algún momento de 2024. Hasta entonces, la flota queda amarrada.

Negar a Bruselas el derecho a negociar con Rabat sobre el Sáhara es coherente con la legalidad internacional y con las decisiones del mismo tribunal europeo respecto a los productos que se fabrican en los asentamientos israelíes en Cisjordania y se exportan como «made in Israel». Desde 2010, los magistrados de la UE han recordado una y otra vez que estas mercancías se elaboran fuera del territorio de Israel y no solo deben etiquetarse como tales sino que tampoco se pueden beneficiar de la exención de aduanas que rige para productos israelíes en virtud de un tratado con la UE. Y lo que vale para Tel Aviv, vale para Rabat, se puede celebrar. Aunque no está de más subrayar las diferencias entre ambos casos.

Considerar que los productos elaborados en Cisjordania tienen nacionalidad israelí entra en esferas misticas

Los productos de los asentamientos israelíes se fabrican, a menudo con mano de obra palestina, en un territorio que no solo la UE no reconoce como israelí, sino que Tel Aviv tampoco considera como tal. Israel nunca ha declarado la anexión de Cisjordania; sus propias leyes no consideran esta región como parte del territorio nacional y la población que la habita no tiene derecho a la ciudadanía israelí. Considerar que los productos que allí se elaboran sí tienen esa nacionalidad, porque el capital que paga a los trabajadores es israelí o el gerente es judío —así sea inmigrante estadounidense— va más allá de cualquier consideración juridica y entra en esferas misticas espirituales. Exige pensar, más o menos, que todo judío del mundo proyecta alrededor suyo un halo territorial israelí, se halle donde se halle. Es como si Madrid pretendiera etiquetar como «made in Spain» ropa cosida en un taller de Casablanca solo porque el dueño de la fábrica es Inditex.

Marruecos, en cambio, es coherente en su postura: considera que el Sáhara es marroquí y que todos sus habitantes lo son; indistintamente de su consideración étnica (la persecución política a saharauis independentistas es exactamente eso: política, y no se diferencia de la persecución a cualquier otro ciudadano con reivindicaciones republicanas o antimonárquicas, como pudimos ver en el Rif). De hecho, si un refugiado saharaui de Tinduf vuelve a su tierra, recibe sin más complicaciones su pasaporte marroquí y será un ciudadano más. Lo que significa, por supuesto, renunciar a un ideal, la independencia, que muchos pueblos en la historia han puesto por encima de consideraciones prácticas.

En la práctica, poco hay que hacer ya con el conflicto saharaui. Marruecos tiene muy claro que no renunciará voluntariamente al control sobre la franja, y el resto del mundo tiene cada vez más claro que no hará ningún esfuerzo para obligarlo manu militari a renunciar a ella. A lo largo de la Historia se han perdido muchas guerras, algunas por causas justas, y esta es una de ellas. La actitud del Frente Polisario a negarse a aceptar esta obviedad, e incluso alentar en los jóvenes de los campamentos de Tinduf la fantasía de retomar las armas y vencer al enemigo en el campo de la batalla, treinta años después, roza ya lo delictivo, porque sacrifica una segunda y tercera generación de saharauis en el altar de una causa nacionalista que no tiene, repetimos, posibilidad de prosperar. Luchar por una causa perdida puede ser un acto admirable de un héroe solitario, sobre todo en el cine; como propuesta política para una población entera es un crimen.

Rabat ha convertido la cuestión del Sáhara en piedra angular de todas sus relaciones diplomáticas

A esto se añade el escoramiento del Frente Polisario, que antaño se creía vagamente de izquierdas, hacia hábitos cada vez más islamistas —incluido el velo obligatorio para niñas en la escuela primaria— y más tribales, afianzando una sociedad en la que una mujer, aun adulta, es propiedad de su familia; no tiene derechos individuales, como vimos hace ya siete años en el caso de Maloma. Debería ser motivo para la izquierda española y europea de replantearse seriamente su apoyo a un movimiento que de democracia y derechos humanos, y no digamos ya feminismo, entiende muy poco. Pero esto son consideraciones éticas en las que desde luego no entrarán los jueces de Luxemburgo cuando revisen el caso; no es de su incumbencia.

Lo que revisará el Tribunal es la legalidad jurídica; y no sabemos del todo si pueden repetir la triquiñuela de 2016, cuando revalidó un acuerdo agrícola y pesquero porque simplemente no hacía mención al territorio saharaui. Así, cada bando podia dar por buena su propia concepción del «territorio marroquí», renunciando a investigar en qué invernadero exactamente había sido cosechada cada caja de tomates. Pero para aplicar este modelo de feliz ignorancia a la pesca, la justicia se debería colocar sobre los ojos varias vendas de espesor de turbante.

Aprovechando que la corriente pasa por Bojador, los dirigentes del Frente Polisario han propuesto expedir ellos mismos las licencias necesarias a los pescadores españoles y a inicios de julio incluso celebraron una reunión con armadores en Las Palmas de Gran Canaria para ofrecer este trato. Un gesto simbólico que debería ser refrendado por el Gobierno de España y podría servir para cumplir la condición que en anteriores ocasiones ha exigido el Tribunal de Luxemburgo: el beneplácito del pueblo saharaui como verdaderos titulares de los bienes marítimos a explotar. Con este visto bueno, el trato sería ya legítimo, cabe colegir de las últimas sentencias.

¿Una solución? No. Porque la política se hace con símbolos, y si Madrid firmara ese acuerdo, reconociendo así que efectivamente el Frente Polisario ostenta la soberanía sobre el territorio, Rabat rompería relaciones de forma fulminante. En los últimos años, el Gobierno marroquí ha convertido la cuestión del Sáhara en piedra angular de todas sus relaciones diplomáticas, y tras recibir el reconocimiento explícito de Washington —otorgado por Donald Trump, pero sostenido por Joe Biden— de que el Sáhara Occidental es territorio marroquí, apertura de delegación diplomática en Dakhla incluida, está en una posición de fuerza. No plegará velas por un puñado de euros —52 millones anuales por 107.000 toneladas de pescado le reportaba el anterior tratado— porque no le hace falta.

Los buques europeos han ido esquilmando la riqueza del mar de la que vivían muchas familias de pescadores

Porque clientes no le faltan a Rabat. En octubre pasado, ya otorgó diez licencias de pesca a buques rusos que hasta entonces habían estado basados en Canarias, al precio de siete millones de euros, según la prensa marroquí, que celebró el trato como un paso más en un paulatino acercamiento a Rusia. El país ya es un importante socio comercial de Marruecos en varios sectores agrícolas, especial el de los cítricos, y el mismo mes de octubre se filtraban noticias sobre una negociación entre Rabat y Moscú para establecer la primera central nuclear en Marruecos. Quedaba claro, sin embargo, que no se trata de un cambio de rumbo geoestratégico del reino, que seguirá siendo una firme pieza del bloque Estados Unidos-Unión Europea, sino de una manera de diversificar clientes y proveedores, ampliar margen de maniobra y afianzar la posición negociadora frente a los vecinos. Lo que los mercaderes llaman encarecer el género.

La cuestión es cuánto vale hoy día ese género. Las protestas de los pescadores andaluces se han quedado en un nivel muy modesto, quizás porque ellos mismos ya no se creen que valga la pena: pese a que el acuerdo prevé 93 licencias para España, solo 21 barcos —10 andaluces y 11 de Canarias— han aprovechado realmente la oportunidad de faenar en aguas marroquíes o saharauis. Y de ellos, solo 11 en total lo han hecho con suficiente frecuencia como para optar a las ayudas que el Gobierno otorga a los armadores y marineros que se han quedado en tierra. Según la prensa gaditana, entre el coste de la licencia y el combustible, encarecido por la guerra de Ucrania, navegar tan lejos simplemente no sale rentable.

Queda por conocer la opinión del pescado. Dirán ustedes que aplaudirá con las aletas: la falta de un acuerdo significa en la práctica una veda biológica que permite a los caladeros recuperarse un poco. Falta les hace, porque los buques europeos han ido esquilmando la riqueza del mar de la que viven o vivían familias de pescadores a lo largo de toda la costa atlántica marroquí. Los mismos peces que alcanzaban medio metro cuando yo jugaba entre las barcas de Essaouira ―de eso hará cuarenta años― miden ahora la mitad. Dentro de poco, quizás solo alcancen un par de palmos, como ya ocurre en la costa de Portugal.

En realidad, el pescado tiene poco que celebrar. Porque si bien la flota europea queda amarrada, no dejan de cruzar por la costa piratas con patente de corso. Lo contó el cineasta marroquí Jawad Rhalib ya en 2008 en el filme Los condenados de la mar: al margen de los acuerdos internacionales, Rabat siempre ha otorgado licencias individuales a algunos ciudadanos bien relacionados con las altas esferas. Ellos revenden la licencia a un armador extranjero —uno de Suecia en el filme, pero también los hay españoles, japoneses, rusos… — que faenará legalmente en las aguas, sin rendir cuentas a nadie. El año pasado, dice la prensa, el Gobierno marroquí ha reformado la ley y ahora impone controles más estrictos sobre artes y capturas de estos furtivos legales. Quien conoce Marruecos, teme que el cumplimiento ya tal.

Entre estas licencias individuales y el desinterés de la flota andaluza, ninguno de los dos bandos tiene motivos para pujar alto en las próximas negociaciones. Quizás, cuando el Tribunal de Luxemburgo emita finalmente su sentencia, este otoño o el año que viene, ya a nadie le interese.

Así las aguas, todo indica que se va muriendo en la arena la marea judicial lanzada hace años por el Frente Polisario para afianzar al menos simbólicamente su pretensión de soberania. En algún momento habrá que reconocer la realidad: en este conflicto hace tiempo que está todo el pescado vendido.

© Ilya U. Topper | Julio 2023 | Primero publicado en El Confidencial | 24 Jul 2023