No es país para (todas las) mujeres
Wael Eskandar
| Julio 2020
Tres acontecimientos importantes ocurridos recientemente arrojan luz sobre la posición de las mujeres en Egipto. Aunque puedan parecer incidentes inconexos, nos ayudan a comprender mejor la situación. El primero es el caso de Ahmed Bassam Zaki, hijo de una familia de la élite, acusado de agresión sexual con más de un centenar de testimonios que apoyan estas acusaciones y dan fe de su comportamiento. Sus acusadoras son de la Universidad Americana en El Cairo (AUC) y la Escuela Americana Internacional (AIS).
Sin embargo, las recientes medidas adoptadas por el fiscal egipcio en el caso de Zaki no deben celebrarse demasiado pronto como un triunfo de los derechos de la mujer, sino que podrían ser simplemente una táctica de relaciones públicas en un momento en que las mujeres se enfrentan a niveles de violencia cada vez mayores.
El segundo acontecimiento es la oleada de detenciones que se viene produciendo desde abril, con al menos nueve mujeres arrestadas hasta ahora. Las mujeres eran activas en la plataforma de la red social Tik Tok y fueron detenidas acusadas de «violar las normas morales de la sociedad».
El tercero es la agresión física a tres mujeres activistas. Laila Souief, madre de Alaa Abdel Fattah, un activista encarcelado, y sus dos hermanas, Mona Seif y Sanaa Seif, fueron agredidas y asaltadas por un grupo de mujeres en el exterior de la prisión de Tora ante la mirada de los vigilantes del centro. Las tres activistas estaban allí pidiendo una carta de Alaa para garantizar su seguridad durante el brote de coronavirus.
Estos tres acontecimientos demuestran que no hay ningún cambio en la forma en la que el Estado ve a las mujeres, pero lo más importante es que muestran cómo la clase, el poder y la política, determinan cómo la sociedad valora a las mujeres y su acceso a la justicia y al Estado de derecho en Egipto.
No todas las mujeres
En el caso de Zaki, el fiscal egipcio lo detuvo y publicaba comunicados que apoyaban a las mujeres que declararon. El Consejo Nacional de la Mujer emitió una declaración de agradecimiento y reconocimiento al fiscal por hacer lo mínimo y detener al acusado, un sentimiento compartido por muchos entre la clase media alta de Egipto.
A primera vista, el fiscal parece ofrecer a las víctimas de las agresiones de Zaki la seguridad de que no serán culpadas por denunciar (junto con una lección moral sobre la maternidad y los peligros de las redes sociales).
A las mujeres que pertenecen a la oposición política no se les concede ninguna protección
«No estás aquí para convencernos de tu historia. Aunque estuvieras a mitad de la relación sexual con esta persona y decidieras que quieres parar y él te obligara a seguir, eso seguiría siendo violación», habría dicho el fiscal a una de las víctimas.
Pero este mensaje no va dirigido a todas las mujeres.
Se trata de un mensaje exclusivo para mujeres específicas de una determinada clase agredidas por un depredador sexual que quedó al descubierto gracias a los valientes esfuerzos de docenas de mujeres jóvenes que dieron a conocer sus historias y difundieron las de otras. Esto no se aplica a las mujeres que provienen de entornos sociales diferentes, como las mujeres de clase media baja menos privilegiadas, por ejemplo, a las que ni siquiera se les permite publicar vídeos en Tik Tok.
Un ejemplo es el de Menna Abdel Aziz que, tras difundir un vídeo en el que denunciaba haber sido violada y filmada, fue posteriormente detenida en lugar de ser citada a declarar; tampoco se arrestó a su presunto violador.
De hecho, otra mujer, Hadeer El Hadi, fue detenida y encarcelada sólo un día después de que se aplaudiera al fiscal por la detención de Zaki.
No se trata sólo de la clase social, sino también de la inclinación política. Por ejemplo, a las mujeres que pertenecen a la oposición política no se les concede ninguna protección. En cambio, se justifican las agresiones contra ellas. Este fue el caso de Laila, Mona y Sanaa. Un día después de ser agredidas, acudieron a la fiscalía para presentar una denuncia contra sus agresoras. No se les ofreció protección; al contrario: Sanaa, que seguía sufriendo las heridas de la agresión, fue secuestrada por hombres vestidos de paisano a las puertas de la fiscalía, para luego reaparecer en manos de la policía.
El fiscal emitió un comunicado justificando el secuestro en lugar de condenar este comportamiento. Se produjo la misma pasividad cuando la activista Esraa Abdel Fattah fue secuestrada y torturada por la seguridad egipcia.
Mientras escribo esta columna, Sanaa sigue encerrada bajo modalidad de la tristemente célebre detención preventiva que se han convertido en el método favorito del régimen egipcio de encarcelamiento sin juicio. Muchas mujeres, como Mahienour El-Massry, Solafa Magdy y otras, han sido detenidas sin haber cometido ningún delito y siguen en la cárcel.
La inactividad de la fiscalía ante la injusticia infligida a Sanaa Seif refleja una complicidad que ha ido más allá de lo habitual. Por ello, la historia de Ahmed Bassam Zaki se presentó como una oportunidad para blanquear la violencia del Estado contra las mujeres, una oportunidad que fue plenamente aprovechada y capitalizada.
Blanquear un sistema
Un aspecto importante de los crímenes de Zaki es que se cometieron contra mujeres de su propia clase; hijas de gente muy rica y poderosa. El mejor ejemplo de esto es el de un presentador de Al Kahera Wal Nas, un canal leal al régimen egipcio, al referirse a las víctimas de Ahmed Zaki como banatna, que puede traducirse como «nuestras hijas» o «nuestras chicas».
Los crímenes de Zaki se cometieron contra mujeres de su propia clase: hijas de gente rica
Zaki no sólo fue instrumentalizado para blanquear el vergonzoso historial del fiscal contra las activistas, sino que convertirlo en la cabeza de turco sirvió para aliviar la presión que sufren instituciones de élite como la AIS y la AUC, que no sólo no actuaron, sino que le ofrecieron protección.
La AIS llegó a proteger a Zaki en el momento en que se formularon las acusaciones contra él, un crimen no sólo contra las chicas a las que ya había violado, sino contra las mujeres a las que más tarde violaría en la Universidad Americana en El Cairo.
Según Egyptian Streets, «el AIS optó por no tomar ninguna medida sancionadora contra Zaki, ya que estaba a pocos días de graduarse. En su lugar, se limitaron a hablar con él y advertirle, mientras que a las chicas del AIS se les informó de los peligros de las redes sociales, de enviar fotos de ellas mismas y del contacto sexual».
A la AUC no le fue mucho mejor. Su comunicado se limitó a expresar que no querían responsabilizarse por el tiempo que estuvo cursando estudios allí. El padre de Ahmed, Bassam Zaki, ocupaba un destacado puesto en Fiber Misr, una gran empresa tecnológica con estrechos vínculos con el gobierno. Teniendo en cuenta la historia reciente de su administración, resulta casi inconcebible que la AUC no se plegara al poder cuando éste llamó a su puerta, mientras intentaba mantener ese fino y falso barniz de moralidad.
Doble moral
Aun así, a Zaki se le ofrece protección. En un inicio, se le pixeló la cara en los medios de comunicación leales al Estado, incluso el presentador que acuñó la frase «nuestras hijas» se negó a que se le nombrara o se mostrara su imagen. Por el contrario, casi todas las noticias publicadas sobre las mujeres de Tik Tok detenidas destacaban poses sexualmente provocativas con sus rostros.
Si vamos un paso más allá, no puedo imaginarme la casa de Zaki siendo asaltada por policías vestidos de paisano o que se le secuestrara y desapareciera durante unas horas antes de que su familia descubriera donde estaba. Tampoco puedo imaginarme que se le maltratara o que tuviera que dormir en una celda junto a otros innumerables a los que se les asigna un espacio de «un palmo y medio», como es habitual para los presos políticos.
A pesar de sus crímenes, Zaki se mantiene humanizado. Tras su arresto, se le concedieron cuatro días de detención preventiva, en lugar de los quince reservados para la oposición.
Además, incluso se le interrogó y se le hicieron preguntas, algo que los presos políticos aún no han experimentado. Pasará por un sistema judicial humano que entiende que incluso un criminal tiene derecho a no ser maltratado. Pero eso sólo está reservado a la élite que no se opone al régimen.
Patriarcado ofensivo
La complicidad contra las mujeres no está reservada a las instituciones estatales y privadas. Hay una gran parte de la sociedad que mantiene estas opiniones patriarcales. Por ejemplo, el apoyo a la detención de las mujeres que publicaron en Tik Tok, fue significativamente grande, como se observa al navegar a través de las redes sociales y los grupos de Facebook, a pesar de que la premisa legal por la que fueron detenidas es sospechosa, en el mejor de los casos. Están detenidas por «violar las normas morales de la sociedad» por un estado que históricamente ha utilizado las agresiones sexuales a las mujeres como arma.
Sin embargo, el motivo subyacente de su detención refleja una visión patriarcal más profunda que la simple naturaleza conservadora de la sociedad. Las mujeres detenidas en Tik Tok han intentado rentabilizar su condición de celebridad con un gran número de seguidores en la plataforma. El contenido que ofrecen no es muy diferente al de Youtube, que también se puede monetizar. Pero la idea de que estas mujeres confíen en su feminidad y, a veces, en la provocación sexual a través de lo que llevan puesto resultaba ofensivo no sólo para parte de la sociedad, sino también para el gobierno.
Podrían establecer una celebridad, una influencia y una autonomía financiera independientes de la supervisión patriarcal del Estado. Para el Estado es equivalente a la prostitución, que es como se relató en la mayoría de las noticias. La Fiscalía señaló este punto explícitamente en un comunicado en las redes sociales.
¿Cómo se mide la Justicia?
Aunque muchos han elogiado la gestión del caso de Ahmed Zaki y consideran una victoria la introducción de un proyecto de ley para proteger la identidad de las víctimas, puede ser precipitado creer que se promulgará y aplicará sin que se ejerza más presión para luchar contra la marginación sistémica de las mujeres. Al observar estos acontecimientos en su conjunto, queda claro que la condición de la mujer sigue viéndose a través del prisma de la clase, la política y el poder, donde las leyes se aplican de forma muy selectiva.
La política del Estado se ha encargado de reprimir a los medios de comunicación independientes y sus recursos, obstaculizando así su influencia. Las mujeres de una clase social inferior a la de las «hijas» de la AUC son un blanco fácil, con la bendición de una sociedad conservadora. Mientras tanto, cuestiones como la violación por parte del cónyuge o el acoso sexual, ya sea en la calle, en el lugar de trabajo o incluso por parte de los cuerpos de seguridad, siguen estando fuera de la mesa.
Las mujeres no encuentran vías adecuadas para expresar sus denuncias, ni medios para hacer frente a las injusticias, incluso cuando pueden demostrarlas. Los testimonios públicos, las acusaciones y los tribunales no son más que el desbordamiento de los innumerables agravios reprimidos y contenidos por la sociedad, las instituciones y el Estado.
La responsabilidad debe incluir los innumerables actos de acoso en las calles, en el trabajo y en el hogar entre los miembros de la familia. La respuesta no está en encontrar una justicia excepcional para las pocas que pueden alcanzarla. La medida siempre será qué derechos podemos garantizar a los más débiles entre nosotros, no a los más fuertes.
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