Un país en venta

 

Las ansias de la Troika de traspasar la propiedad de los activos helénicos no son nuevos. Con el primer acuerdo de rescate, en 2011, el Gobierno dirigido por el entonces primer ministro socialista Giorgos Papandreu creó el HRDAF y se comprometió a implementarlo. Sin embargo, hasta julio de 2015, Grecia incumplió su promesa de vender partes vitales de las infraestructuras públicas, como puertos y aeropuertos.

A principios de 2015, el Estado solo había captado 3.200 millones de los 50.000 que esperaba conseguir en un término de seis años. Habían transcurrido dos tercios del periodo, pero ya saltaba a la vista que los ambiciosos programas de privatización de un país bajo custodia de la Comsión Europea, el Banco Central Europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad y el Fondo Monetario Internacional se había topado con varias sorpresas.

Los tribunales detectaron excesos de privatización que podían transgredir la ley

Las instituciones europeas no solo tropezaron con el descontento de la población, que veía cómo el país se planteaba vender su patrimonio cultural para pagar un crédito de dudosa legitimidad. Los propios tribunales detectaron que se estaban cometiendo excesos que podían transgredir los límites de la ley. Por ejemplo, la compañía pública de Aguas EYDAP no se privatizó en 2014, a raíz de un veredicto del Consejo del Estado, que declaró a transferencia inconstitucional.

Los administradores anteriores de la HRDAF fueron acusados de perjudicar la economía griega con un daño valorado en 500 millones de euros. Según señala el periodista griego Nikolas Leontopoulos, en 2015, el fiscal anticorrupción presentó cargos contra la dirección del organismo por unas compraventas de inmuebles públicos que no se ajustaban a las previsiones legales. Sin embargo, esquivaron la condena gracias a una norma de 2013, impuesta por la Troika, que les otorgaba impunidad.

Negocios ruinosos

La arquitectura financiera de los programas de intervención macroeconómica del Fondo Monetario Internacional impone la doctrina de la privatización a cambio de liquidez. En el caso de Grecia, las discusiones sobre la eficiencia de la gestión privada pasan a un segundo plano. Satisfacer la enorme deuda que pesa sobre Grecia es lo que, en un principio, persigue la oleada de privatización, que amenaza con quedárselo todo.

El economista y periodista Leonidas Vatikiotis destaca que los efectos del programa ya se han hecho notar. El 68 por ciento del puerto de Pireo, una de las infraestructuras portuarias más grandes de Europa, ha sido transferido a manos de la empresa china Cosco Shipping Holding. La consecuencia: una reducción de los salarios y ‘flexibilidad laboral’. A la vez se produce una degradación de los servicios y un incremento de las tarifas, mientras que “las desigualdades están por las nubes y la cohesión social se hunde”, denuncia Vatikiotis. A causa de la situación de emergencia y el estado de excepcionalidad constante, “los activos griegos son tan baratos que cualquiera puede comprar lo que quiere”.

El país malvende sus bienes cual empresa que entra en concurso de acreedores

En 2015, Jim Leaviss, representante del exitoso fondo de inversión M&G, el más grande de Reino Unido, aseguraba en una cadena de televisión estadounidense que Grecia estaba transferencia estas empresas por su beneficio y que de aquella operación se debía extraer el máximo rendimiento. Pronosticaba que “sería humillante” si, en cambio, se convirtiera en una mera liquidación de sus empresas… como efectivamente fue. El país malvende sus bienes por la situación de excepcionalidad económica a quien las quiera, a imagen y semejanza de una empresa que entra en concurso de acreedores.

Un ejemplo muy ilustrativo del desastre es la venta de catorce aeropuertos regionales. Un negocio ruinoso para las arcas públicas y, a ojos de los expertos, poco legal. Un consorcio privado formado por el grupo alemán Fraport – cuyo máximo accionista es el estado de Hesse, uno de los ‘länder’ alemanes – y el griego Kopeluzos ha pagado 1.234 millones de euros para 40 años de concesión, lo que corresponde a tres años de ingresos netos provenientes de la explotación de este negocio. Fraport, la operadora del servicio, pagará 23 millones de euros para el alquiler anual de los 14 aeropuertos, una cifra que se asimila al volumen de negocios de uno solo de ellos, como el de la isla de Corfú.

Por otra parte, los gastos de las obras en las instalaciones, que de momento suman 500 millones de euros, irán a cargo de la administración helénica. Pocos empresarios quisieran estar en el lugar de Atenas: según calculan los expertos, durante los 40 años de concesión, la empresa explotadora ingresará unos 22.000 millones de euros… y solo pasará un total de 3.850 millones a las instituciones de Grecia.
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Helena Vázquez

@_Helenadetroia

Periodista (Sabadell, 1991). Tiene formación de jurista. Desde 2015 vive en Atenas,...

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