¿Contra el terrorismo?

 

El Estado no puede proteger todas las carreteras de Egipto. Además, no se puede responsabilizar de todos los problemas al Estado. Son muchos los que defienden esta postura, como por ejemplo Hossam Baghat, periodista de investigación y uno de los más importantes activistas pro-derechos humanos de Egipto.

Este argumento plantea la cuestión de cuándo aceptar que una determinada política ha fracasado y empezar a exigir responsabilidades al Estado. ¿Se puede aislar el atentado de la mezquita de Rawda de la situación general en el norte del Sinaí, de la cual el Estado sí es responsable?

Además, hay que añadir que anteriormente el ISIS ya había amenazado a los habitantes de Rawda por practicar el sufismo sin que el estado tomara medidas de seguridad adicionales para protegerlos.

¿Cómo, pues, no culpar al Estado?

Días antes del atentado, el aparato de seguridad egipcio se dedicaba a reprimir por un lado a los activistas en Luxor y por otro al tuitero satírico Islam al-Rifai.

La política antiterrorista egipcia genera un entorno idóneo para venganzas y radicalización

Los recursos para ambas operaciones deberían haberse destinado a identificar extremistas y desbaratar sus planes, no a la represión de la oposición ciudadana no violenta.

El debate continúa. La política antiterrorista del Estado no solo no funciona, sino que además genera un entorno idóneo para las venganzas y la radicalización.

Lo que parece ser una inveterada política de no inversión en el desarrollo del norte del Sinaí también ha dado como resultado la escasez de recursos y oportunidades de la población de la zona. Muchos habitantes han sufrido agresiones indiscriminadas y desalojos forzosos por parte del estado.

Al mismo tiempo, atentados como el de Rawda resultan muy difíciles de controlar debido a motivos tanto físicos como geográficos. No obstante, cabe preguntarse si el Estado no tiene responsabilidad en los problemas de seguridad física. ¿Pueden explicarse los atentados terroristas sin tener en cuenta el contexto creado por las acciones y las políticas estatales?

¿Incompetencia o intencionalidad?

¿Se trata de un fracaso deliberado o es resultado de la eterna incompetencia general de las instituciones egipcias? La cuestión es aún objeto de debate y su solución no es sencilla. La política del gobierno no solo está plagada de fallos sino que además se aplica de forma poco efectiva.

Las medidas actuales están causando más perjuicio que beneficio. ¿Son los egipcios conscientes de ello o es más bien que al que solo tiene un martillo todo le parece un clavo?

El mandato de Sisi no se fundamenta tanto en las elecciones como en la lucha contra el terrorismo

Los argumentos a favor de la incompetencia tienen a favor el hecho de que las fuerzas de seguridad egipcias están mal entrenadas y sus mandos recurren a menudo a teorías de la conspiración, tales como la guerra de cuarta generación, para justificar su ineficacia.

Es bien sabido además que la incompetencia permea todos los estratos del gobierno egipcio. El ejército y la policía no son inmunes a ella.

Sin embargo, el mantenimiento intencionado del Estado de crisis en lo referente al terrorismo también tiene sus ventajas.

El mandato de Sisi no se fundamenta tanto en las elecciones como en la lucha contra el terrorismo. Con el ascenso del Estado Islámico, el extremismo se ha convertido en una amenaza global y los líderes mundiales están dispuestos a mirar a otro lado en materia de violaciones de los derechos humanos a cambio de un aliado que les ayude a hacerle frente.

La persistente amenaza del terrorismo se ha convertido en la razón de ser del gobierno de Sisi, teniendo en cuenta sus escasos éxitos políticos y económicos.

Para el Estado Islámico, las cárceles egipcias son el entorno ideal para reclutar nuevos adeptos

De hecho, antes de hacerse con el poder, Sisi parecía comprender perfectamente que la política de violencia de su gobierno tan solo engendraría mayor violencia y alienación entre la población del norte del Sinaí. Parecía entender que los desalojos y los abusos indiscriminados contra los residentes de la zona solo generarían violencia.

Para los reclusos del Estado Islámico, las cárceles egipcias son el entorno ideal para reclutar nuevos adeptos. Las desapariciones forzadas son comunes en el norte del Sinaí.

Después de que el ejército lo hiciera víctima de una desaparición forzada en 2015, Nabil Elboustany relataba sus experiencias en la prisión de Azouli en Ismailía y describía cómo el ejército secuestraba a cientos o quizá miles de residentes del norte de Sinaí para someterlos a malos tratos y liberarlos posteriormente.

Ibrahim Halawa, un ciudadano irlandés que pasó cuatro años en la cárcel antes de que se sobreseyera su caso, ha corroborado recientemente el testimonio de Elboustany. Halawa ha sido testigo de la radicalización en las prisiones egipcias y del fuerte aumento del apoyo al Estado Islámico entre la población reclusa.

Las cuestiones que rodean el clima de extremismo y violencia en Egipto son de gran importancia para comprender qué medidas debería tomar una administración más competente y menos obstinada que decidiera enfrentarse a los problemas del extremismo y el terrorismo.

Hasta entonces, más gente sufrirá las consecuencias de la situación actual y mucha más seguirá atrapada por los partidarios del uso de la fuerza bruta de uno y otro bando.

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Acerca del autor

Wael Eskandar

@weskandar

Periodista (El Cairo). Bloguero y analista, Wael Eskandar ha colaborado con diarios egipcios...

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