Cerco a la libertad de prensa

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Daniel Iriarte

@Danieliriarteo

Periodista y cineasta documental (Zaragoza, 1980). Vive en Madrid, donde trabaja en la sección internacional del diario El Confidencial , después de una década como corresponsal en Asia y el Mediterráneo, los últimos cinco años en Turquía.

Publicado el 19 Nov 2012

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Protesta por la libertad de prensa en Estambul (2011) | © Ilya U. Topper /M'Sur
Protesta por la libertad de prensa en Estambul (2011) | © Ilya U. Topper /M’Sur

“Esto se asemeja a los juicios de Moscú bajo Stalin: los tribunales turcos ya no tienen ninguna credibilidad”. Así de rotundo se expresa Eugene Schoulgin, escritor noruego residente en Estambul y vicepresidente de PEN Club Internacional.

La veterana red de escritores lanzó la semana pasada un manifiesto muy crítico con la libertad de prensa en Turquía, tras varios días de entrevistas, evaluaciones y una cita con el presidente turco, Abdullah Gül. Su balance: Las leyes antiterroristas turcas son demasiado amplias y permiten encarcelar a cualquiera. No sólo lo permiten: se usan con este fin.

Schoulgin subrayó, además, la falta de garantías en los procesos, en los que los jueces admiten grabaciones de testigos secretos y expulsan a la defensa si ésta insiste en conocer el origen de los testimonios.

 Entre 60 y 70 periodistas, cuatro de ellos miembros del PEN, están en prisión preventiva

Los tribunales de Estambul han estado bastante ocupados esta semana con dos juicios colectivos contra profesionales de la información. Entre 60 y 70 escritores y periodistas, cuatro de ellos miembros de PEN, sufren actualmente prisión preventiva en Turquía, estima Sara Whyatt, vicedirectora de la organización. Subraya que dos tercios de los acusados son kurdos, casi siempre acusados de relaciones con la guerrilla del PKK, considerada terrorista por Ankara y la Unión Europea.

Más concretamente, la acusación se refiere a “miembros de la organización KCK (Unión de Comunidades de Kurdistán)”, una difusa red a favor de la causa kurda, tan difusa que nadie se atreve a precisar cómo actúa o en qué consiste, más allá de que fue lanzado como “proyecto civil” por el PKK. En los últimos dos años, más de 5.000 personas fueron arrestadas y más de 2.000 pasaron a prisión preventiva por este concepto.

El 12 de noviembre empezó el proceso contra 35 periodistas kurdos acusados bajo este concepto. El viernes les tocó el turno a los trabajadores del portal de noticias Odatv, a quienes se les acusa de formar parte de una enorme trama golpista de extrema derecha, conocida de forma genérica como “Ergenekon”.

Sin embargo, en ambos casos existen serias dudas sobre la solidez de las acusaciones. Los críticos sostienen que estos juicios -que han convertido a Turquía en el país con mayor número de periodistas en prisión, muy por delante de China e Irán- tratan en realidad de castigar al sector de la prensa más crítico con las autoridades.

“Es una gran ofensiva del Gobierno para silenciar a los periodistas críticos”

“Un mínimo de 76 periodistas están encarcelados en Turquía, y este número es un síntoma de la situación estructural en el país”, explica Jean-Paul Marthoz, del Comité para la Protección de los Periodistas, que acaba de emitir un contundente informe que presenta un sombrío panorama sobre la libertad de prensa en Turquía. “El gobierno turco se encuentra inmerso en una gran ofensiva para silenciar a los periodistas críticos mediante el encarcelamiento, la persecución legal y la intimidación oficial”, asegura el CPJ.

En abril, un informe de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) cifraba el número de reporteros encarcelados en 95, mientras que algunas fuentes lo elevan hasta más allá del centenar. “Las cifras varían porque algunos han sido liberados en este tiempo, y también porque se aplican criterios diferentes. El CPJ es muy riguroso, hemos verificado las acusaciones una por una, y hemos encontrado que en al menos 61 de los casos —entre ellos los 35 kurdos juzgados el lunes— las personas están encarceladas por nada más que su actividad periodística, la práctica de un periodismo crítico”, detalla Marthoz.

Es tristemente célebre el caso de la reportera Özlem Agus y sus dos compañeros, quienes denunciaron las condiciones de la cárcel de Pozanti, en el sureste de Turquía, donde decenas de menores kurdos eran torturados y violados por los guardias y por prisioneros adultos. Tras la aparición de sus artículos en la agencia kurda Dicle, la reacción de las autoridades no fue solucionar la situación de los menores —que simplemente fueron trasladados a otra prisión de condiciones similares y con el mismo personal administrador—, sino encarcelar a los tres periodistas junto con el preso que les había suministrado la información, y acusarles de “terrorismo”.

Las conclusiones del informe del CPJ han sido rechazadas por el Ministerio de Justicia de Turquía mediante un comunicado. “Estas personas no son periodistas sino miembros de organizaciones terroristas. ¿Acaso tienen algo que ver las bombas y los asesinatos de policías con el periodismo? El CPJ trata de actuar como un tribunal judicial, dado que no acepta las decisiones de la Alta Corte de Apelaciones”, dice este organismo. Sin embargo, Marthoz insiste en que “existe un ambiente de intolerancia frente a la prensa crítica. Se producen ataques verbales contra los periodistas por parte de altos oficiales del gobierno, como el propio primer ministro Erdogán, y se abren procesos de difamación”. En estos momentos existen más de cuatro mil procesos judiciales abiertos contra profesionales de la información.

Pruebas fabricadas

Ahmet Shik, reportero de investigación y uno de los juzgados en el caso de Odatv, se ha pasado un año en la cárcel, y todavía puede ser condenado a más de una década por su presunta vinculación con una organización golpista. Asegura que las pruebas contra él y los demás 12 acusados de Odatv han sido fabricadas.

Se trata de 13 documentos que fueron hallados en los ordenadores de los acusados, pero que éstos nunca vieron ni abrieron, según afirman. Algo que confirman cuatro informes periciales diferentes, de universidades y una consultoría internacional que asesora entre otros al FBI, la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad. Todos concluyen que los documentos fueron introducidos en los discos duros mediante un virus informático.

Pero los jueces prefirieron fiarse de Tübitak, la institución científica pública turca. En septiembre, ésta emitió un informe que confirma la existencia del virus, pero no aclara si los documentos llegaron por esa vía. Los jueces incluso se enfadaron. “Ustedes son los expertos. Cuando escriban un informe, escríbanlo con claridad, y si los documentos fueron enviados con un virus, díganlo claramente”, se quejó el juez entonces. Exigió repetir el peritaje, pero la versión que llegó en la sesión del 16 de noviembre pasado era aún más confusa que la anterior, asegura la defensa.

“El sistema legal turco tiene un carácter vago, impreciso, que permite arbitrariedades”

Pese a todo, el tribunal mantuvo la prisión preventiva para Soner Yalçin, el escritor izquierdista Yalçin Küçük y Hanefi Avçi, exoficial de policía. Dos redactores de Odatv, Baris Pehlivan y Baris Terkoglu, habían sido liberados en septiembre, los conocidos periodistas Ahmet Shik y Nedim Sener ya en marzo, pero todos siguen acusados.

Ahmet Shik cree que la estrategia de los abogados es correcta, pero aún así “este juicio debería ser sobre libertad de expresión, no sobre hackeo de ordenadores”. Subraya que las llamadas entre los imputados que fueron grabadas por la Justicia y fundamentan la acusación tratan exclusivamente sobre cómo estructurar las noticias. Según él, se le persigue por el libro que estaba escribiendo, El ejército del imam, que describía la infiltración islamista en el seno de la policía y la judicatura, y cuyo borrador fue secuestrado y destruido antes de su publicación, en 2011.

Para Marthoz, la primera causa de esta situación es la ambigüedad en la legislación actual. “El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos permite poner límites a la libertad de expresión, pero siguiendo criterios muy precisos. Una de las cosas más cuestionables del sistema legal turco es su carácter vago, impreciso, que permite arbitrariedades”, indica.

Tanto Marthoz como Shik coinciden en que existe además un ambiente de intimidación a la prensa que refuerza la autocensura. Lo mismo dice Shoulgin: “En los años noventa se imponían penas de cárcel más duras y se asesinaba a los periodistas en la calle. Eso ha cambiado, pero nunca he visto una autocensura tan difundido, un miedo compartido por todo tipo de sectores, desde los kemalistas tradicionales hasta a los religiosos”, observa el escritor.

Todos los consultados para este reportaje coinciden en que un importante condicionante es la durísima normativa antiterrorista, que según Human Rights Watch es la segunda más restrictiva del mundo después de la del Reino Unido.

“En muchos países las leyes antiterroristas se aplican de forma inadecuada. Aquí, muchos representantes estatales creen que necesitan la ley antiterrorista, y algunos piensan que la pueden utilizar para otras cosas, para limitar la libertad de expresión de una forma que no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo”, asegura John Ralston Saul, presidente del PEN Club Internacional. “”Para esto no hacen falta cambios constitucionales: el Gobierno únicamente necesita reformular la ley antiterrorista y definirla de manera precisa. Y nada se lo impide”.

Ahmet Shik · Periodista turco

“Ya no matan a los periodistas pero nos
entierran en vida”

Ahmet Shik (Chipre, 2012)  | © Ilya U. Topper /M'Sur
Ahmet Shik (Chipre, 2012) | © Ilya U. Topper /M’Sur

¿Cuáles son las verdaderas razones por las que se les juzga?
Porque somos periodistas que nos oponemos al gobierno. Y la característica común a todos, en el caso de Odatv, es que hemos tratado de investigar a la cofradía Gülen. Esta cofradía es la mayor entidad que gobierna el país, porque controlan a la policía y a la judicatura. Policías y fiscales juzgan a los periodistas de la oposición: a la gente que les investiga. En el momento en el que empiezas a criticarlos, te conviertes en objetivo.

Gran parte de la información de El ejército del imam ya había aparecido en otros lugares. ¿Qué hacía diferente a su libro?
Los fragmentos que se han publicado después de mi arresto no contienen nada nuevo porque no pude terminar mi investigación. Estaba a punto de conseguir unos documentos que probaban la mayor conspiración de la historia en el seno del Estado turco. El gobierno conoce estos papeles. Tras el reciente enfrentamiento entre Erdogan y la cofradía Gülen, el primer ministro denunció a la secta diciendo que eran “un Estado dentro del Estado”. Para decir eso, Erdogan se basaba en esos documentos. Algún día, espero, saldrán a la luz.

¿Cómo ve la situación de la libertad de expresión en Turquía?
No existe. Yo empecé a trabajar como periodista en 1990, y estamos pasando una etapa muy oscura. Ha habido otras épocas oscuras, pero siempre tras golpes de estado, bajo gobiernos militares. Durante los años 90, treinta y ocho periodistas fueron asesinados, en su mayoría socialistas y kurdos. El arma que usaban entonces para censurar eran las balas, ahora usan las prisiones. Ahora no nos matan, pero nos entierran en vida. Existe una gran autocensura. El primer ministro da nombres de periodistas críticos a los dueños de los medios, y los despiden, porque los grandes grupos mediáticos tienen lazos financieros con el gobierno.

¿Cuál es el problema, entonces?
Necesitamos deshacernos totalmente de la legislación antiterrorista. Pero ni el actual gobierno ni los anteriores han intentado cambiarlo nunca, porque se sienten amenazados por la democracia. Por supuesto, los regímenes opresivos siempre aseguran que están encarcelando a terroristas, no a periodistas.

¿Cree que Turquía va camino de la autocracia?
Turquía ya es una autocracia.

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