Reportaje

El puñetazo en la mesa de Abbas

Carmen Rengel
Carmen Rengel
· 12 minutos
Muro de separación en Belén, Palestina (2013) | ©  Ilya U. Topper / M'Sur
Muro de separación en Belén, Palestina (2013) | © Ilya U. Topper / M’Sur

Jerusalén | Enero 2015

Palestina acaba de plantear una declaración de guerra jurídica a Israel que lleva el conflicto a un nuevo escenario, al firmar el Estatuto de Roma y reconocer así la Corte Penal Internacional (CPI).

Es un campo de batalla desconocido que asusta tanto a Tel Aviv como a su sempiterno aliado estadounidense, no tanto por los efectos penales que pueda acarrear (demasiado compleja la argumentación de las denuncias, demasiado largo el proceso) como por el daño a la reputación para Israel, el alejamiento diplomático de grandes potencias amigas y la presión política que genere este paso, que puede beneficiar a su adversario en un hoy quimérico proceso de paz.

Lo que algunos calificaban de “locura” es ya una investigación oficial abierta en La Haya que, además de reparación y justicia, busca modificar el tablero político.

Abbas ha sido “excesivamente prudente hasta rayar en la cooperación”, denuncia un miembro de Fatah enfadado con su presidente

El presidente palestino, Mahmud Abbas, ha tardado en escuchar las voces de la sociedad palestina, de sus principales organizaciones (estudiantiles, de presos, políticas) y de la gente de la calle, que le reclamaban reconocer el Alto Tribunal para tener dónde denunciar a Israel por presuntos crímenes contra la humanidad, de guerra y genocidio. Un movimiento especialmente intenso desde noviembre de 2012, cuando Palestina fue reconocido como estado observador, no miembro, por la Asamblea General de Naciones Unidas. Así adquirió el derecho de adherirse a decenas de organismos y tratados internacionales, como el de Roma.

Los dos años largos pasados desde ese momento han sido una concesión a Estados Unidos, que reclamaba a Abbas que pospusiera el reconocimiento de la CPI para no “enturbiar” las negociaciones retomadas infructuosamente entre julio de 2013 y abril de 2014. También una maniobra prudente, tratando de evitar las represalias de Israel. “Excesivamente prudente hasta rayar en la cooperación”, denuncia un destacado miembro de Fatah enfadado con su presidente.

Pero ahora el momento ha llegado y Abbas, el hombre gris que en marzo cumplirá 80 años, ha dado el puñetazo encima de la mesa, marcando tiempos y agenda y amedrentando a su archienemigo, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. No es una cuestión de valentía, sino de supervivencia, desgastado como está ante su gente por volver a sentarse (para nada) con Israel, por su blandura durante la ofensiva contra Gaza del pasado verano, por su persistencia en el poder cuando su mandato expiró en 2010 y no ha vuelto a haber elecciones, por la represión creciente de sus fuerzas de seguridad… “Está nadando para no hundirse”, resume gráficamente la agencia Reuters.

El paso de Abbas no es una cuestión de valentía sino de supervivencia, desgastado como está por negociar sin resultados

Palestina, ocupada desde 1967, declarada como Estado desde 1988 y admitida por la ONU como Estado observador en 2012, que lleva más de 20 años negociando sin avances el nuevo y definitivo reconocimiento, ha apostado por lo que algunos asesores de Netanyahu llaman la “opción nuclear”. La firma del Estatuto de Roma que abre a los palestinos las puertas de La Haya proviene de la desesperación, después de que el 31 de diciembre pasado Palestina perdiese una votación crucial en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Junto con Francia, y con Jordania como representante, elevó una resolución que abogaba por lograr una solución “pacífica, justa, duradera y global” en un año, fijando para diciembre de 2017 el fin absoluto de la ocupación de Israel en Cisjordania y Jerusalén Este, más el fin del cerco a Gaza. Llamaba a crear un Estado palestino plenamente soberano en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital, a buscar una solución justa a los casi 5.000 presos palestinos, y a estudiar el retorno de los refugiados y la devolución de fuentes de agua vitales para su pueblo. Peticiones recogidas en resoluciones pasadas que el horror del verano en Gaza han refrescado en la memoria de países como Francia.

Durante el otoño, los portavoces de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) sostenían que estaban rozando los nueve votos a favor entre los 15 asientos del Consejo. En busca del consenso, su propuesta original fue suavizada para ir de la mano de París. Pero ni por esas. Australia y Estados Unidos tumbaron la propuesta. Francia, China y Rusia votaron a favor de la resolución junto a Argentina y Chile, Jordania, Chad y Luxemburgo. Se abstuvieron Inglaterra, Lituania, Corea del Sur, Ruanda y Nigeria; el sí de esta última nación estaba apalabrado desde hacía semanas. Con él, habrían sumado 9 apoyos. Una mayoría clara pero simbólica, ya que EEUU, como miembro permanente del Consejo, tiene derecho de veto y posiblemente lo habría ejercido para proteger a Israel.

El golpe fue duro para Abbas, confiesan sus hombres más cercanos, pero ya estudia una nueva resolución, en un intento de ganar a los británicos. Londres ha admitido en público su cercanía al texto inicial y su deseo de “discutir más” la propuesta. Febrero es la fecha, dice Abbas, pero nadie espera que se atreva antes de las elecciones israelíes del 17 de marzo. “No hay que obstaculizar ese proceso”, repite machaconamente el secretario de estado norteamericano, John Kerry.

La primera reacción de Israel: ha bloqueado 105 millones de euros de los impuestos que recauda en nombre de Palestina

Abbas no podía vender a los suyos sólo un “lo volveremos a intentar” y por eso, menos de 48 horas después, se sumaba a otra veintena de organismos y tratados, Roma entre ellos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha reconocido que Palestina tiene “pleno derecho” a hacerlo y el 1 de abril quedará finalmente integrado en el grupo de países que se sitúan bajo la jurisdicción de la CPI.

La pregunta es qué va a cambiar ese paso en Palestina. De momento, ya se ha producido la primera reacción-castigo de Israel: ha bloqueado 105 millones de euros procedentes de la recaudación de impuestos que hace en nombre de Palestina. Estados Unidos –que, como la Unión Europea, ha denunciado por “imprudente” la respuesta de Israel- ha amagado con paralizar la entrega de los 440 millones de dólares que cada año aporta al Gobierno de Abbas. Grifo cerrado.

Por el momento, a la espera de ver cómo evolucionan los hechos, nadie se atreve a hablar de sanciones comparables a las impuestas a Irán, Siria o Corea del Norte. Habría que buscar una razón. Palestina no entra en los ejes del mal. EE UU no puede incluir a su “amigo Abbas” de la noche a la mañana en la lista de los malos.

Si Abbas tira la toalla, Israel, como potencia ocupante, debe hacerse cargo de todos los palestinos, un coste inasumible

Nathan Thrall, analista del International Crisis Group, explica que estas primeras amenazas deben entenderse “dentro de un contexto de enorme cautela”, porque pese al enfado, Washington y Tel Aviv tienen como prioridades la seguridad de Israel y el mantenimiento de la administración palestina y apretar demasiado el puño puede ser “contraproducente” para sus intereses.

Abbas ha amenazado en ocasiones con dejar morir su estructura de gobierno o directamente desmantelarla, ya que su razón de ser desde que fue creada por los Acuerdos de Oslo se ha desvanecido, incapaz como es de regir la vida en Palestina mientras persista la ocupación. Si esto ocurre, Israel, como potencia ocupante, debería hacerse cargo de todos los palestinos, un coste imposible para sus arcas y un golpe a su imagen, sonrojante entonces su absoluta presencia en tierras de un país semisoberano con asiento de cuero en la Asamblea de la ONU.

Palestina pelea en paralelo una estrategia que le está reportando notables alegrías: los reconocimientos individuales, país por país. Lo ha hecho el Gobierno sueco y los Parlamentos de Reino Unido, Irlanda, España, Francia y Portugal se lo han recomendado a sus Ejecutivos. La expectación era intensa, porque prácticamente ya sólo faltan Europa occidental, Estados Unidos, Japón, Australia y Canadá (aparte de varias naciones isleñas del Caribe y el Pacífico) por sumarse a un aval que ha alcanzado ya el 70 % del planeta.

Sólo un reconocimiento en cadena podía frenar los planes de Abbas de ir a la CPI, pero la avalancha no fue tanta, ni produjo el efecto cascada deseado. De ahí, también, la presión a la que se ha visto sometido el presidente para idear nuevos caminos. “No es un paso unilateral, nosotros confiamos en el proceso negociador, pero si todo está parado, debemos ir avanzando con nuestras propias herramientas y derechos”, insiste una fuente de la OLP.

Si esta estrategia de despachos y corbatas no cuaja, si no arranca resultados, la amenaza es la de acabar con toda coordinación con el Gobierno de Israel, incluyendo la de seguridad. “Gaza ha cambiado muchas cosas también para Abbas, que antes no se atrevía a dar este paso”, indica Khalida Jarrar, diputada del Frente Popular para la Liberación de Palestina, “satisfecha” de que al menos la ofensiva haya servido para sacar a su gris presidente del sillón de la Mukataa.

El reto no es sólo para Abbas, sino para la Corte Penal Internacional, que debe examinar su relevancia en el tablero mundial

Si no hay colaboración con Israel, no hay mercado ni empresas, nadie se podrá mover, será el caos. Se busca que el mundo vea que Israel destruye Palestina y no que se disuelve su Gobierno. Es un importante cambio en la narrativa.

El reto no es sólo para Abbas, sino para la Corte Penal Internacional, que debe examinar su verdadera relevancia en el tablero mundial, si sirve como árbitro para imponer una justicia global. De momento, los juristas han dado un paso insólito: decidirse a investigar la Operación Margen Protector del verano pasado contra Gaza, desde el 13 de junio de 2014 hasta su finalización, en agosto. Entonces, Palestina aún no se había sumado a la Corte.

Permitir que las indagaciones se retrotraigan a ese punto se interpreta como un “gesto de interés”, a juicio de Raji Sourani, al frente del Centro Palestino por los Derechos Humanos en Gaza. “La Fiscalía podría haber retrasado su decisión o puesto palos en las ruedas para que Palestina acceda plenamente al tribunal, lo que complicaría preservar las pruebas de los delitos”.

“De momento, es un buen paso”, añade Sourani. Sabe, no obstante, que puede acabar decidiendo que Israel sí tiene un sistema de justicia capaz de abordar esta investigación. Pero insiste: “Si este paso no significa nada, ¿por qué se preocupan tanto? Se han abierto las puertas del inferno para Israel?” reflexiona.

“Este conflicto se está convirtiendo no en una prioridad, sino en una molestia. Y a Occidente no le gustan las molestias»

Tres son, explica Sourani, los flancos por los que se puede atacar a Israel en la CPI: los asentamientos en Jerusalén Este y Cisjordania, en los que viven cerca de 600.000 colonos; el muro de separación cisjordano, 700 kilómetros de hormigón y alambrada declarado en 2004 “ilegal” por la Corte Internacional de Justicia, que dio orden de derribarlo; y el bloqueo que se mantiene sobre Gaza, por tierra, mar y aire, desde 2007, cuando Hamás se hizo con el poder. En agosto de 2014, los responsables de la fiscalía de la CPI dijeron que perseguirán “enérgicamente (…) los crímenes masivos que se cometan y que conmuevan la conciencia de la humanidad”. Sourani se pregunta, irónico, si estos tres les parecerán merecederos de esa etiqueta.

Riyad Mansour, el embajador palestino ante la ONU, confiesa al enumerar estas vías que puede llevar “décadas” demostrar que hay delito, pero se aferra a la “transformación de la pelea palestina”. “Estamos buscando justicia por medios legales, pacíficos y civilizados. Hemos evolucionado y avanzado. Es nuestro camino. E Israel deberá convivir con los titulares que genere el proceso”, abunda.

Jibril Rajoub, el que fuera jefe del espionaje palestina y hoy miembro intocable de Fatah, lo ve de forma similar, pero aporta incluso una previsión de cómo afectará a la comunidad internacional lo que está por venir: “Este conflicto se está convirtiendo no en una prioridad para el mundo, sino en una molestia. Si hay órdenes de arresto en Interpol [cuerpo al que también se ha sumado Palestina], habrá naciones europeas que no puedan dejar entrar a líderes israelíes sin detenerlos… Y a Occidente no le gustan las molestias. Ya harán por ayudarnos a resolver esto”, vaticina.

En todo esto confía Abbas para ganar el pulso. Era la acción o la revuelta interna de un pueblo desesperado. Los comicios en Israel determinarán hacia dónde derivará una apuesta tan ambiciosa como arriesgada.

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