¡Silencio! se juega

Publicado por

MJ del Valle

Publicado el 29 Abr 2015

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Arresto de un manifestante en Baku (Mayo 2012) | © Daniel Iriarte
Arresto de un manifestante en Baku (Mayo 2012) | © Daniel Iriarte

Falta poco para los Juegos Europeos en Baku: el 12 de junio se lanzará esa primera edición regional de las Olimpíadas. Será una gran ocasión de lucir Azerbaiyán. Mejor sin ruido molesto. Sin protestas de activistas de derechos humanos. O eso parece la intención de la amplia ofensiva que el Gobierno azerbaiyaní lanzó en verano pasado contra los activistas de derechos humanos. Continúa aún: hay detenciones, bloqueos de cuentas, juicios.

Cualquiera puede ser detenido ahora, asegura Mireli Huseynov, coordinador de la ONG Democracy Learning Public Association: tanto él mismo como decenas de otros activistas. “Algunos representantes del Gobierno no entienden conceptos como la percepción o el rol de la sociedad civil. Lo que ocurre alrededor de nuestro país influye a los dirigentes y a veces consideran que las ONGs son la oposición, a veces los consideran una fuente de revolución, llegan a compararlo con Ucrania u Oriente Próximo”, analiza.

Baku juega en la primera liga europea en muchos aspectos. Salvo en derechos humanos

Es cada vez más difícil trabajar como ONG en esta república caucásica exsoviética, rica en petróleo y gas. Encajado entre Rusia e Irán, Azerbaiyán se ha convertido en un jugador estratégico clave. En marzo, su presidente, Ilham Aliyev, viajó a Turquía para participar con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en la colocación de la primera piedra de un gasoducto que llevará energía a Europa. La celebración de Eurovisión en 2012 y los próximos Juegos Europeos muestran hasta qué punto Baku juega en la primera liga europea en muchos aspectos. Salvo en derechos humanos.

El verano fue duro. Detuvieron a cuatro de las figuras más destacadas: el abogado Intigam Alyev, la activista Leyla Yunus, su marido Arif Yunus y el activista Rasul Jafarov. Los tres primeros siguen en detención preliminar prorrogada, mientras continúan sus procesos: están acusados de fraudes, falsificaciones y evasión fiscal, informa la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) en un informe reciente. Considera las detenciones “arbitrarias”, al igual que la condena a Jafarov, presidente del “Club de Derechos Humanos” de Azerbaiyán: fue setenciado este mes de abril a 6,5 años de cárcel por los delitos de negocio ilegal, evasión fiscal, abuso de poder, corrupción y falsificación.

Amnistía Internacional tilda de “fabricadas” las acusaciones de evasión fiscal contra los activistas

También siguen en la cárcel Khadija Ismayilova, Hilal Mammadov, Anar Mammadli y Rauf Mirqadirov, recuerda la FIDH. Bashir Suleymanli, director del centro de observación electoral EMDSC, al que también pertenece Mammadli, fue liberado el 19 de marzo gracias a una amnistía del presidente.

También Amnistía Internacional tilda de “fabricadas” las acusaciones de evasión fiscal, abuso de cargo y actividad empresarial ilegal contra el veterano activista Intigam Aliyev. “Ha sido detenido sólo por su trabajo como defensor de derechos humanos”, asegura.

Las acusaciones vienen en medio de un pulso geopolítico en el que Azerbaiyán se intenta perfilar como proveedor fiable de gas natural para Europa, en un momento en el que la UE recela de Moscú y prefiere reducir su enorme dependencia de los hidrocarburos rusos. Al mismo tiempo, numerosos observadores aseguran que en Azerbaiyán no se han realizado elecciones democráticas desde que el país se independizó de la Unión Soviética en 1991.

De hecho, el actual presidente, Ilham Aliyev, lleva 12 años en el poder, tras suceder a su padre, Heydar Aliyev, quien había dominado Azerbaiyán durante décadas en la época soviética y regresó a la presidencia tras un confuso golpe de Estado en 1993.

“Leyla Yunus es otra voz independiente de Azerbaiyán a la que el Gobierno lleva mucho tiempo intentando silenciar mediante amenazas e intimidaciones”, señaló Natalia Nozadze, investigadora de Amnistía Internacional, poco después de la detención de la activista.

Lo que une a Leyla Yunus, su marido, Intigam Aliyev y Rasoul Jafarov es que probablemente los cuatro estaban involucrados en la elaboración de una lista de los presos políticos de Azerbaiyán, publicada en el extranjero. El propio Aliyev fue añadido a la lista como último caso, relata la periodista azerí Khadiya Ismayil.

La lista se basa en la definición de “preso político” que acepta el Consejo de Europa, un organismo que incluye a todos los países europeos salvo Bielorrusia y se centra en la defensa de la democracia y los derechos humanos. El propio secretario general de este organismo, Thorbjorn Jagland, ha asegurado que le había comunicado al presidente Ilham Aliyev su “profunda preocupación por las detenciones de importantes activistas de derechos humanos”. Aparentemente sin mucho éxito. Casualmente, además, Azerbaiyán presidió el comité ministerial del Consejo de Europa entre los meses de mayo y noviembre, un papel en el que se turnan todos los países cada seis meses.

Según las autoridades de Baku, todas las acusaciones contra los activistas se refieren a las actividades financieras de las ONGs que dirigen. A todos se les congelaron las cuentas bancarias antes de arrestarlos. “El sistema judicial azerí es transparente y justo”, insiste Azay Guliyev, presidente de la institución estatal de apoyo a ONGs. Las cuentas se bloquearon “como medida preventiva ante las irregularidades en las operaciones de las ONGs que coordinaron Aliyev, Jafarov y Yunus”, asegura.

La Comisión Europea teme que Baku “restringe el espacio de una sociedad civil crítica e independiente”

No solo los cuatro activistas detenidos se han visto afectados por el golpe de Baku contra las finanzas de las ONGs. Se trata de un operación de amplia envergadura. En 2014, el Gobierno modificó la ley que regula la financiación extranjera de ONGs locales: añadió varias capas de procedimientos administrativos. Y de repente, numerosos grupos locales se vieron involucradas en investigaciones penales por supuestos fondos ilegales.

Los activistas de derechos humanos lo consideran un atropello. Incluso la Comisión Europea expresó su preocupación de que esta medida podría “restringir el espacio de una sociedad civil crítica e independiente, especialmente en el campo de los derechos humanos y la democracia”, según reza una nota publicada en febrero de 2014 y firmada por la Alta Representante de Exteriores, Catherine Ashton.

Guliyev, en cambio, insiste en que las reforma “intenta garantizar una mayor transparencia en el sector” y que “ayudará a mejorar los resultados profesionales”.

Pero no cabe duda de que los primeros efectos son paralizantes. Porque la gran mayoría de las ONGs activas en el sector de educación política y valores democráticos reciben fondos de entidades extranjeras. Un ejemplo típico es IREX, una ONG de ámbito internacional, radicada en Washington y financiada parcialmente el gobierno estadounidense, que mantiene oficinas en Baku.

“IREX ha hecho muchas cosas en Azerbaiyán, en primer lugar en el ámbito de la educación: ha enviado a cientos de estudiantes de bachillerato y de carreras universitarias a Estados Unidos para formarse allí y luego regresar para ayudar a su país”, señala Ulviyya Asadzade, ella misma receptora de una beca de IREX y hasta hace poco, empleada en esta organización como especialista en medios de comunicación.

IREX, financiada por Washington, trabaja en Azerbaiyán ya 17 años; ahora tiene las cuentas congeladas

El concepto de la ética periodística es nuevo en el país, añade la joven, “como otros valores profesionales que promueve el periodismo en Occidente: objetividad, atenerse a la verdad, deberse al público… Usted sabe que Azerbaiyán fue parte de la Unión Soviética durante 70 años, y el periodismo se usaba como herramienta de propaganda, y no como recurso profesional”.

Ahí es donde entra la ONG: “Dimos formación a muchos periodistas ciudadanos, les enseñamos técnicas de rodar filmes con multimedia, tecnologías de la información… y hemos llevado internet a aldeas remotas, donde la gente no tenía acceso a la red”, relata Asadzade.

Ahora, IREX, que lleva trabajando 17 años en Azerbaiyán, está en un limbo. Las oficinas de la organización fueran registradas por la policía en septiembre pasado y se le confiscaron ordenadores y documentos. Su cuenta bancaria fue congelada ya en julio. Los empleados afirman que la Fiscalía los investiga por supuestos delitos, pero no saben cuáles son esos delitos. Las autoridades de Baku se niegan a comentar el caso concreto, pero señalan que numerosas ONGs operaban violando la ley. Hasta que no haya sentencia, IREX no puede acceder a los fondos enviados desde Washington, ni pagar el alquiler ni continuar su trabajo.

La Justicia también bloqueó las cuentas bancarias de Transparency International, Oxfam y el National Democratic Institute, una ONG relacionada con el Partido Demócrata estadounidense y financiada en parte por el Gobierno de ese país. Otra víctima de la oleada de bloqueos bancarios es Leyla Aliyeva, antigua investigadora en Harvard, Berkeley y otras universidades estadounidenses y coordinadora del Center for National and International Studies en Baku, un centro de análisis que trabaja en temas como la promoción de la democracia y la integración europea.

“Hemos tenido que interrumpir las actividades; no podemos trabajar legalmente, de manera que tuvimos que cerrar las oficinas; no podemos pagar el alquiler ni participar en reuniones de investigadores, ni publicar libros”, se queja Aliyeva. La orden judicial afecta a todo el equipo: “La gente se queda sin empleo. Yo recibí mi último salario en junio; ahora no tengo de qué vivir”.

Mohammed Guluzade, un consultar independiente especializado en la legislación relacionada con las ONGs y miembro de la Comisión de control del impacto de las enmiendas recientes, asegura que las cosas están en vías de arreglarse. El presidente Aliyev ha ordenado al Ejecutivo diseñar nuevas normas para el sector, dice.

“El problema es que las ONGs no solían registrar los fondos que recibían; muchas lo evitan adrede”

“El problema es que las ONGs no solían registrar los fondos que recibían”, señala Guluzade. “Cuando el Gobierno se dio cuenta de que hay cada vez más casos de entidades que evitan intencionadamente registrar esos fondos, tipificó un nuevo delito en el código de faltas administrativas, prohibiendo operar con fondos no registrados”.

Inicialmente se preveía concluir la elaboración de las nuevas normas en noviembre, pero la fecha pasó sin que nadie sepa cuándo se darán a conocer las reglas. Mientras tanto, el Parlamento de Azeribaiyán ha aprobado condiciones aún más severas para las ONGs extranjeras. Cuando el presidente firme la ley, las entidades foráneas lo tendrán muy difícil.

El momento elegido para esta vuelta de tuerca tiene que ver con los Juegos Europeos que se celebrarán en junio, creen muchos: habría sido una plataforma ideal para que las quejas sobre la situación de derechos humanos recibieran una amplia atención internacional. De hecho, numerosos activistas ya se estaban movilizando para aprovechar ese momento, al igual que hicieron durante el festival de Eurovisión en 2012. “Azerbaiyán confía en que alcanzará su objetivo de celebrar estos Juegos con el máximo entusiasmo, seguridad y profesionalidad”, es lo que comenta Guliyev al respecto.

Pero las acusaciones contra Leyla Yunus van más lejos. Aparte de negocios ilegales y evasión fiscal se acusa a la activista de un delito mucho más grave: traición. Supuestamente habría espiado a favor de Armenia, el país vecino y enemigo. Y esto podría acarrearle la cadena perpetua.

Leyla Yunus ha abogado por trabajar con activistas armenios; ahora está acusada de traición

Armenia es un tema extremamente delicado en Baku, desde que, en 1992, milicias armenias respaldadas por Erevan ocuparon las colinas de Alto Karabaj, una zona de la República de Azerbaiyán habitada en su mayor parte por armenios. El conflicto parece congelado, pero erupta cada año con tiroteos esporádicos y varios muertos.

Baku no parece dispuesto a arrastar el conflicto para siempre, y en 2011 aumentó de golpe sus gastos militares, al tiempo que el presidente, Ilham Aliyev, dejaba caer amenazas contra Erevan. Leyla Yunus, en cambio, se ha pronunciado a favor de trabajar con activistas de derechos humanos armenios para encontrar una solución pacífica.

El régimen de Aliyev aprovecha la supuesta amenaza bélica como justificación para apretar las tuercas a la sociedad civil, un proceso que ya dura varios años, cree Sylvana Kolaczkowska, analista para Eurasia en la organización estadounidense Freedom House.

“No es raro que un régimen poco liberal – en este caso, profundamente autoritario – utilice una amenaza, sea real, imaginaria o creada por el propio régimen – como pretexto para escoger supuestos “traidores” y oprimir a la sociedad civil y a individuos críticos”, observa.

El abogado Khalid Bagirov, que representa a los cuatro activistas encarcelados, está especialmente preocupado por Arif y Leyla Yunus, ya que ambos llevan tiempo con problemas de salud, recuerda. “Ambos necesitan cuidados especiales. Sus familiares no están en el país; casi todos se han ido. Es difícil hacerles llegar las comidas especiales y la medicación que necesitan”, dice. Pero tiene pocas esperanzas de conseguir que se liberen. Las detenciones tienen motivos políticos, asegura, y en estas circunstancias, una absolución “raya en lo imposible”.

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