Cuando decir ‘dictador’ es un delito

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Daniel Iriarte

@Danieliriarteo

Periodista y cineasta documental (Zaragoza, 1980). Vive en Madrid, donde trabaja en la sección internacional del diario El Confidencial , después de una década como corresponsal en Asia y el Mediterráneo, los últimos cinco años en Turquía.

Publicado el 1 May 2015

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Marcha por la libertad de prensa (Estambul, 2013) |  © Ilya U. Topper / M'Sur
Marcha por la libertad de prensa (Estambul, 2013) | © Ilya U. Topper / M’Sur

Estambul | Abril 2015 |

“No hay lugar en el mundo donde la prensa sea tan libre como en Turquía”, aseguraba el pasado diciembre el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Una afirmación tan risible que nadie, salvo sus partidarios más incondicionales, se la toma en serio. El mandatario turco, de hecho, trataba de defenderse de las críticas que le llovían por la detención de más de dos decenas de periodistas y profesionales de los medios de comunicación, arrestados días antes por la policía en una operación realizada simultaneamente en trece provincias del país.

Casi todos los detenidos trabajaban para medios vinculados con el movimiento del teólogo Fethullah Gülen, durante años estrecho aliado del partido islamista en el poder, el AKP, pero convertido en su peor después de instigar en diciembre de 2013 una operación anticorrupción que estuvo a punto de hacer caer al gobierno de Erdogan.

“Un 70 % de los medios turcos están bajo el control total del gobierno”

Entre ellos se encontraba Hidayet Karaca, jefe del grupo televisivo Samanyolu, así como Ekrem Dumanli, editor jefe del diario Zaman, a quien se acusaba de “formar y liderar una organización terrorista”. Dumanli estuvo incomunicado durante más de 72 horas sin ser siquiera interrogado. “Si esta es la situación del editor jefe del diario más vendido de Turquía, esto nos da una idea del estado de la libertad de prensa en el país”, protestaba por aquellos días Mehmet Kamis, subdirector del periódico, en un encuentro con periodistas extranjeros al que acudió M’Sur.

“Aproximadamente el setenta por ciento de los medios turcos están bajo el control total del gobierno. El grupo Zaman es el único que no se pliega a sus exigencias”, afirmó Abdülhamit Bilici, columnista de ese diario. “Desde hace tiempo se rumoreaba que los medios del ‘Hizmet’ [el nombre con el que se autodenomina la cofradía Gülen] iban a ser represaliados, como así ha sido”, indicó. Tanto Dumanli como Karaca se encuentran a la espera de ser juzgados.

Las detenciones se produjeron justo en un momento en el que el Comité para la Protección de los Periodistas acababa de reconocer que en Turquía “sólo” quedaban siete profesionales de los medios de comunicación en prisión. Era una cifra muy alejada del medio centenar largo de los años anteriores, cuando Turquía tenía el mayor número de periodistas encarcelados en ningún país del mundo, muy por delante de China e Irán. Pero desde entonces, toda una nueva serie de incidentes han puesto de manifiesto hasta qué punto el gobierno turco está dispuesto a imponer restricciones a la libertad de prensa.

“Más de 40 periodistas fueron puestos en libertad el año pasado. Pero los medios están afectados”

La presentadora de televisión Sedef Kabas, por ejemplo, se dio de bruces con estas restricciones el pasado 30 de diciembre, cuando la policía se personó en su casa para detenerla. El motivo era un tuit que había escrito dos semanas antes, diciendo: “No olvidéis el nombre del juez que ha decidido no seguir adelante con el proceso del 17 de diciembre”, tal y como se conoce en Turquía la operación anticorrupción contra miembros del entorno cercano de Erdogan, aparentemente orquestada por policías y fiscales leales a Gülen.

Kabas protestaba así por la decisión judicial de levantar los cargos contra los acusados, una medida tomada después de que el Ministerio de Justicia hubiese sustituido a los fiscales y jueces encargados del caso en primer lugar. Pero ese simple comentario podría salirle muy caro: ahora la Fiscalía pide para ella 5 años de cárcel, acusándola de “calumniar y amenazar a funcionarios”.

“Estos sucesos reflejan la desproporción de los procedimientos, y parecen la puesta en práctica de venganzas políticas”, indica Erol Önderoglu, de Reporteros Sin Fronteras Turquía. “Más de cuarenta profesionales de los medios fueron puestos en libertad el año pasado. Pero los medios han sido profundamente afectados por el increíble impacto del conflicto político entre el gobierno y los partidos de oposición. La falta de transparencia, el rechazo a luchar contra la corrupción, la intolerancia hacia las críticas de los medios, las caricaturas y todas las formas de expresión artística alimentan más y más las diferencias”, dice a M’Sur.

Los más afectados han sido, sin duda, los medios afines a Gülen. “A los académicos y a los líderes de opinión se les presiona para que no nos den entrevistas o aparezcan en nuestros medios”, dice Metin Yikar, editor jefe de Samanyolu TV, también del grupo. “Han creado esta presión, yendo casa por casa, diciéndole a la gente que no compre nuestro periódico [Zaman]. Han presionado a nuestros distribuidores, y todas las compañías que quieran poner anuncios en nuestro medio, algo lógico teniendo en cuenta que es el más vendido de Turquía, son sujetas a supervisión financiera, y a muchas las multan”, afirma.

En el mismo sentido se expresa Önderoglu: “Para incrementar su poder y sus apariciones en el país y en el mundo, el presidente Erdogan presiona a los jefes de los medios. Cientos de grandes periodistas, miembros de las redacciones y reporteros son sometidos a una limpieza ideológica y fueron despedidos el año pasado”, asegura. “Aunque los medios progubernamentales están perfectamente adaptados al gobierno, los medios críticos son atacados verbalmente por representantes gubernamentales”, añade.

El gobierno parece haber trazado otra línea roja: los presuntos “insultos” hacia Erdogan

Recientemente se han producido otros ejemplos destacados, como el procesamiento de la periodista holandesa Frederike Geerdink por “hacer propaganda terrorista” (que fue finalmente absuelta de todos los cargos el pasado 13 de abril), o la investigación judicial a dos columnistas del diario Cumhuriyet por haber reproducido en sus espacios la portada del semanario satírico Charlie Hebdo, en solidaridad con la publicación francesa tras el sangriento atentado de París.

El pasado 12 de febrero, Reporteros Sin Fronteras emitió su informe anual sobre libertad de prensa, en cuyo índice Turquía aparece en el puesto 149 de 180 países. Se trata de un ligero incremento respecto al año pasado, que se debe sobre todo a la puesta en libertad de cuarenta de los reporteros detenidos en años anteriores, y a que en el momento de haber sido elaborado todavía no se había producido la oleada de detenciones contra periodistas del movimiento Gülen.

Además, en otros parámetros como la independencia de los medios, el pluralismo, la censura digital, el marco legal, la autocensura y los despidos de periodistas críticos, la situación, de acuerdo con RSF, sigue empeorando año tras año.

El gobierno, además, parece haber trazado otra línea roja: los presuntos “insultos” hacia Erdogan. Sea un artículo crítico, una consigna en una manifestación, o incluso un comentario en las redes sociales, si lo que se dice es algo que los seguidores del presidente turco pueden considerar “ofensivo” hacia éste, el riesgo de represalias es alto: más de 70 han sido procesadas por “insultar al presidente” desde la llegada de Erdogan al cargo el pasado agosto.

Una ‘miss Turquía’, acusada por compartir un poema que ni siquiera nombraba a Erdogan

El caso más famoso ha sido el de la modelo Merve Büyüksaraç, ex “miss Turquía 2006”, que podría ser condenada a dos años de cárcel por un poema satírico compartido en su cuenta de Instagram, y que ni siquiera escribió ella. Tampoco mencionaba a Erdogan en ningún momento, aunque por las referencias, el texto rimado, titulado “Poema del Jefe”, permitía intuir a quién se refería: “He robado desde hace 11 años y seguiré robando / ¿quién será tan loco como para juzgarme? me pregunto”, arrancaba el texto.

La referencia más obvia venía en la segunda estrofa: “Acumulados en casa tengo varios millones de dólares / para reducirlos a cero tengo un hijo como Bilal”, nombre del tercer hijo de Erdogan, y referencia a unas acusaciones de corrupción que surgieron el año pasado. “Este poema lo compartieron unas 960.000 personas en los medios sociales. No creí estar asumiendo ningún riesgo, porque no es un poema de insultos. Es simplemente divertido”, declara la modelo a M’Sur.

Pero ya no está tan segura: “Pueden condenarme; lo sabemos porque ahora mismo hay más de 70 personas en los tribunales bajo acusaciones parecidas de críticas, y la mayoría son personas célebres o periodistas”, recuerda Büyüksaraç.

No es ni de lejos la única. Mehmet Emin Altunses, un estudiante menor de edad, se enfrenta a una posible pena de 4 años de cárcel por haber dicho durante una manifestación que no consideraba a Erdogan un presidente legítimo, sino el “líder de la corrupción, el soborno y el robo” en Turquía. Otros cuatro líderes estudiantiles fueron detenidos a finales de febrero en diferentes ciudades del país por comentarios similares realizados durante varias protestas a lo largo del mes.

“Erdogan se toma todo comentario crítico contra él como un insulto y abre un proceso legal”

Pero el imputado más famoso ha sido el periodista Can Dündar, redactor jefe del diario Cumhuriyet y toda una institución en el país, quien en abril fue absuelto de los cargos por falta de pruebas. Ante la puerta del tribunal que le juzgaba, Dündar resumió la que probablemente es la verdadera raíz del problema: “Erdogan se toma toda crítica y todo comentario contra él como un insulto y abre un proceso legal. Es una especie de política de disuasión”.

Obviamente, no es el propio Erdogan quien se dedica a escrutar todo lo que se dice o escribe sobre él en cada rincón del país. Parece, más bien, que muchos subalternos buscan promocionarse ante sus jefes mediante la denuncia de los críticos o “traidores”, como gusta de calificarles el presidente. En el caso de Altunses, después de que un policía encubierto grabase en secreto el discurso “ofensivo” del estudiante, el material corrió con rapidez hacia arriba en la escala de mando, hasta terminar presentado como evidencia en un juicio que tiene mucho de ejemplarizante.

Otro ejemplo es el caso del estudiante de 13 años de la provincia occidental de Ayvalik que, a principios de mes, fue llamado ante el juez por un comentario contra Erdogan escrito en su muro de Facebook. O el revelado a mediados de marzo por la agencia Dogan, en el que una empleada de una empresa de limpieza subcontratada por la Dirección de Salud Pública de la región de Çanakkale, en el oeste de Turquía, fue despedida después de que un “informador anónimo” denunciase la existencia de “insultos contra el presidente y el primer ministro” en la página de Facebook de la mujer. Según la agencia, las autoridades turcas exigieron a la empresa que hiciese “lo que fuese necesario” pero cuando esta se negó, cancelaron el contrato y se lo adjudicaron a otra firma, que no dudó en deshacerse de la trabajadora.

La justicia impuso una multa al jefe de la oposición por “injurias” a Erdogan en un discurso

Mine Bekiroglu, periodista de 28 años, redactora de un periódico local de Adana, fue condenada en marzo a cinco meses de cárcel por “insultos y amenazas” a Erdogan, aunque ella asegura que se trataba de meras críticas en su cuenta de Facebook. El mismo mes, el estudiante de ingeniería Aykutalp Avsar, de 23 años y vecino de Kayseri, fue enviado a prisión con una condena de 14 meses por llamar “dictador” a Erdogan en 2013, cuando éste aún fue primer ministro. Su delito era “incitación al odio contra altos cargos” por proferir esloganes como “Abajo la dictadura del AKP” y “El dictador Tayyip debe rendir cuentas”.

La maquinaria judicial alcanza incluso a los políticos: a principios de abril, un tribunal de Ankara impuso una multa de 10.000 liras (unos 3.580 euros) al jefe de la oposición, Kemal Kiliçdaroglu, por “injurias” a Erdogan en un discurso contra el entonces primer ministro, en enero de 2013. Era apenas la décima parte de lo que pidió el abogado de la acusación. No obstante, el Tribunal Supremo absolvió a Kiliçdaroglu en noviembre pasado de una demanda similar, al no hallar delito en que el jefe de la oposición equiparara la actitud del Gobierno a la de unos ladrones.

La situación está alcanzando tal magnitud que la diputada opositora Ayla Akat Ata ha hecho una petición legal solicitando abolir el artículo 299 del Código Penal, que criminaliza los insultos a cualquier cargo electo o funcionario, y en el que se basan los juicios en marcha.

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que los presidentes de los países no pueden estar protegidos de los insultos más que los ciudadanos ordinarios debido a sus posiciones. Además, ha especificado que los argumentos de que insultar al presidente significaría insultar al Estado carecen de base”, indicó la diputada en su solicitud. “Según el TEDH, esto va en contra del espíritu de la Declaración Europea de Derechos Humanos. Por lo tanto, no puede existir un crimen llamado ‘insultar al presidente’. Está considerado dentro de los límites aceptables de la crítica”, añade.

Calculan que Erdogan ha abierto 300 juicios por insultos desde 2003, ganando 143.000 euros

También el Instituto Internacional de Prensa, con base en Viena, se ha referido al asunto. “Mantener la confianza pública requiere que los funcionarios públicos acepten el escrutinio de sus acciones, en particular cuando la crítica se centra en asuntos de interés público, como presuntos abusos y mala gestión. Este creciente flujo de procesos legales sugiere que el presidente [Erdogan] no está dispuesto a aceptar dicho escrutinio, lo que es un paso peligroso para la democracia”, afirmó en un comunicado publicado el pasado marzo.

Entre 2003 y 2014, Erdogan, todavía como primer ministro, inició cientos de procesos legales por presunta difamación contra periodistas, caricaturistas y simples ciudadanos. Dado que estos casos son de carácter privado, el número total se desconoce, pero en mayo de 2013 el diario Milliyet calculó que el actual presidente ha abierto contra sus adversarios unos 300 juicios por insultos desde que llegó a la jefatura del Gobierno en 2003, entre ellos aproximadamente 40 contra Kiliçdaroglu. Como resultado, Erdogan habría ganado unas 400.000 liras (143.000 euros) en indemnizaciones por injurias, de ellas unas 185.500 (66.000 euros) de parte de Kiliçdaroglu, sólo desde 2010.

“Turquía debería tener un mejor adalid de la libertad de los medios que Erdogan”

Además del evidente efecto político, el llevar a los críticos ante los tribunales le reportó a Erdogan importantes beneficios económicos: tan solo en 2005, el entonces primer ministro turco percibió más de 700.000 liras (alrededor de 250.000 euros) en indemnizaciones. Tras ser elegido presidente el verano pasado, en un pretendido gesto de magnanimidad, decidió cerrar todos los procesos en marcha. Pero, como se ve, no ha tardado en volver a las andadas.

“No podemos decir que el concepto de libertad de expresión haya encontrado su lugar en Turquía, particularmente debido a la manipulación de la judicatura y a la mentalidad que representa el gobierno. El propio Erdogan ha abierto cientos de casos contra columnistas, reporteros, dibujantes y adolescentes por sus críticas”, asegura el representante de RSF. “Turquía debería tener un mejor adalid de la libertad de los medios que Erdogan”, concluye Önderoglu.

La sensación de estar siempre bajo escrutinio judicial por cualquier cosa que se publique “vino con el AKP”, el partido islamista que llegó al poder en Turquía en 2002″, asegura Merve Büyüksaraç. “Si miramos doce años atrás, esas cosas también ocurrían, pero mucho menos que ahora”.

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