La invasión de las fresas asesinas
Alejandro Ávila
Sevilla | Junio 2016
«¡Agua y tierra ya!». Así lo gritaron en abril, ante las puertas del Parlamento de Andalucía, unas 5.000 personas, jornaleros extranjeros en su inmensa mayoría. Fue una particular demostración de fuerza de los empresarios de la fresa y otros frutos rojos de Huelva, enfrentados al Gobierno andaluz en la lucha por el agua en la Corona Norte de Doñana.
Esta zona, situada al noroeste del Parque Nacional de Doñana, es una zona económica crucial para la provincia de Huelva y para Andalucía. El 80% de los cultivos de la zona son de fresas y otros frutos rojos. La producción de 300.000 toneladas de fresas de Huelva genera al año un negocio de 355 millones de euros y la provincia es a día de hoy la mayor zona de producción de fresas de Europa.
Pero parte de esos cultivos son ilegales, porque se han extendido por zonas no calificadas en la ley como aptas para el regadío, y utilizan los acuíferos subterráneos que alimentan los humedales de la reserva natural de Doñana. Lo que pide la plataforma de los empresarios del regadío de la zona, que organizó la manifestación de jornaleros en abril, es que se legalicen, modificando el plan de regadío aprobado en 2014.
«Pedir una amnistía para los cultivos de fresa y los pozos ilegales es suicida»
Pero los ecologistas advierten que la sobreexplotación del agua disponible supone, en primer lugar, un desastre ambiental para un espacio fundamental para aves migratorias y especies protegidas como el lince ibérico o el águila imperial, la cerceta pardilla o la malvasía cabeciblanca. Y puede acabar con el propio negocio. Juan Carlos del Olmo, director de la fundación ecologista WWF, considera que «pedir una amnistía para los cultivos y los pozos ilegales es suicida».
Los empresarios tienen enfrente no sólo al Gobierno andaluz y a los ecologistas, sino a la propia Comisión Europea, que ha calificado de amenaza la extensión del cultivo ilegal de la fresa. En un dictamen motivado (el último paso antes de sancionarla), Bruselas critica con dureza al Gobierno español por permitir «la sobreexplotación de los acuíferos que abastecen de agua el Parque Nacional de Doñana». España recibió el dictamen el 28 de abril y tenía dos meses para responder. El plazo se cumple hoy.
En el informe, publicado en exclusiva por el diario español Público, la Comisión Europea es tajante: España ha «incumplido» su obligación de proteger Doñana, al no haber adoptado las medidas necesarias para prevenir el deterioro del estado de las masas de aguas subterráneas, los hábitats y las especies de Doñana. Carga contra las administraciones que han permitido el agotamiento del agua subterránea de un espacio protegido de «extraordinaria importancia como área de cría e invernada de todo el continente europeo».
“Las administraciones españolas no están poniendo freno al expolio de agua. Europa ha dicho basta»
El ultimátum de la Unión Europea «viene a corroborar lo que nuestra organización viene denunciando desde hace mucho tiempo”, opina Juan Carlos del Olmo: “Las administraciones españolas están mirando para otro lado, cuando no trabajando a favor de la agricultura intensiva, y no están poniendo freno al expolio de agua. Europa ha dicho basta».
Del Olmo lamenta que España vaya a terminar en el «Tribunal de Justicia Europeo por defender a un puñado de ilegales que roban el agua. Eso lo vamos a pagar todos los españoles. Doñana se encuentra en una situación muy grave, inaceptable. Esperamos que la presidenta de la Junta de Andalucia sea contundente con el lobby de los regantes y les diga que va a empezar a cerrar los pozos y las fincas ilegales».
Tras hacerse público el informe, la Consejería de Medio Ambiente ha señalado que «en estos momentos se está comenzando a aplicar desde el estricto cumplimiento de la legalidad» el Plan de la Fresa, consensuado en 2014. Y fuentes de la Confederación Hidrológica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Agricultura, han señalado que en lo que va de año han llevado a cabo 200 actuaciones contra regadíos ilegales y han cerrado 42 pozos de los 2.000 que esquilman el acuífero. Apenas un 2%.
El Plan de la Fresa, oficialmente Plan Especial de la Corona Norte de Doñana, elaborado con el consenso de los agricultores y los ayuntamientos de la zona (Lucena del Puerto, Moguer o Almonte, entre otros), preveía que de las 11.023 hectáreas cultivadas actualmente al norte del Parque, solo se podían regularizar 9.340 hectáreas, reconociendo así que un 15% de los cultivos de fresa eran ilegales.
WWF va más lejos: mostró en marzo que aplicando rigurosamente la ley, no se podía legalizar el 85% de la superficio consensuado en 2014, sino apenas el 68%, es decir 7.523 hectáreas. Sobran un 30% de los cultivos y eso supone, según sus cálculos, una extracción ilegal de unos 15 hectómetros cúbicos de agua anualmente. Según la organización ecologista, la superficie de regadíos que se deben eliminar no son fincas enteras, sino partes de las explotaciones que han crecido ilegalmente en localidades como Lucena del Puerto o Moguer.
«Se pierden entre 3.500 y 3.800 hectáreas al aplicar la ley, pero no lo vamos a permitir»
En el otro bando, la plataforma de regantes ha ido elevando el tono para lograr una amnistía del cien por cien de las plantaciones. Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, ha proclamado desde un balcón situado justo frente a la entrada lateral del Parlamento andaluz que «la letra pequeña de la normativa es un problema grave. Se pierden entre 3.500 y 3.800 hectáreas al aplicar la ley, pero no lo vamos a permitir, porque es una injusticia». Según Picón, la manifestación ha recibido no solo el respaldo de los patronos y sus jornaleros extranjeros, sino de agricultores, empresarios, sindicatos y bancos de la zona. «Intentaremos salvar las máximas hectáreas posibles. Vamos a intentar modificar las clausulas porque, aplicando la ley forestal (de 1992, que prohíbe la recalificación de suelo forestal), se pierde un 30% de la superficie actual, donde llevamos cultivando más de 20 años».
Gustavo Cuéllar, alcalde de Moguer, municipio que forma parte de la Corona Norte y tiene representación en la plataforma de regantes, es más conciliador: «Lo que reivindicamos hoy es la certidumbre y la garantía de las 9.340 hectáreas. Ni más ni menos. A partir de ahí, si cabe algún tipo de interpretación favorable al cambio de cultivo que va entre las 9.340 y las 11.023 hectáreas, bienvenida sean».
La apuesta del sector fresero intenta ahora luchar por recibir agua superficial y que se les abra el grifo a los agricultores del trasvase del sistema Chanza-Piedras. «Cuando se pide agua ya, no se pide agua de los pozos del acuífero, se pide que las aguas superficiales lleguen a las 9.340 hectáreas», ha señalado el alcalde de Moguer.
Los empresarios tienen motivo para estar preocupado, porque al frente de autoridades y ecologistas se pueden sumar los clientes: la plataforma SAI (Iniciativa de Agricultura Ecológica, que agrupa a algunos de los mayores supermercados de Europa) ha hecho un llamamiento para que sus exigentes consumidores no reciban, bajo ningún concepto, fresas ilegales de Huelva.
«Como no hagamos una política de gestión del agua, nos quedamos sin Doñana»
El lobby de los freseros suele apelar al Instituto Geológico Minero de España (IGME) para afirmar que el acuífero no se encuentra sobreexplotado, pero la Comisión Europea recuerda que este organismo «ha publicado gran número de informes en los que se señala el grave deterioro que sufren extensas subzonas del acuífero».
Carmen Díaz Paniagua, investigadora de la Estación Biología de Doñana (parte del CSIC) que lleva más de una década estudiando las lagunas, asegura que «el agua de Doñana se está yendo a pique a marchas forzadas, porque nunca se ha organizado de manera sostenible. En Doñana casi todo son lagunas temporales, pero hay una serie de lagunas de larga duración, que no se secaban todos los años y que son muy importantes para especies que tienen mucha necesidad de agua. Pues bien, hay lagunas grandes, permanentes, que están dejando de serlo. Eso está ocurriendo porque hay una bajada del nivel freático que impide que se llenen las lagunas y tengan una duración normal».
El origen de esa bajada del nivel freático hay que buscarlo, según la experta del CSIC, tanto en el crecimiento urbanístico de Matalascañas, con sus campos de golf, como «en el crecimiento del sector de la fresa». La zona más afectada, señala Paniagua, es la del norte, donde se encuentran las zonas de cultivo y donde el nivel freático baja hasta los 16-20 metros, descendiendo así hasta un nivel que impide que las lagunas se recuperen. «Antes, con un buen año de lluvia, se recuperaba el sistema. Ahora si tras un año de lluvias, llega uno normal, no se recupera. Como no hagamos una política de gestión del agua, nos quedamos sin Doñana», sentencia.
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