Cansados de tocar fondo

Publicado por

Alejandro Luque

@atoluque

Periodista y escritor (Cádiz, 1974). Vive en Sevilla.

Publicado el 16 Mar 2017

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Un buzo se prepara para una inmersión | © Luis Torcida
Un buzo se prepara para una inmersión | © Luis Torcida


Madrid  | Noviembre 2016

El mar volvió a ser una trampa mortal. Agustín Ortega, de 37 años, falleció en parada cardiorrespiratoria mientras inspeccionaba el interior de un tubo industrial en aguas de Mazarrón (Murcia). Trabajaba únicamente con una botella de aire comprimido –lo que se conoce como inmersión en autónomo– y sin comunicación con el exterior. Fue el pasado 25 de enero. Veinte días antes, otro buceador en autónomo desaparecía a tres millas de San Roque (Cádiz). Debido a las malas condiciones meteorológicas, su cuerpo no pudo ser recuperado hasta una semana después, a 80 metros de profundidad.

Este negro comienzo del año para el buceo profesional en España se completó con cinco accidentes: una evacuación de dos buceadores por intoxicación de aire y tres casos de enfermedad descompresiva, el fenómeno más temido entre quienes bajan a más de diez metros de profundidad. Bajar no tiene riesgo, pero al subir, la reducción de la presión hace que el nitrógeno del aire inspirado forme burbujas en la sangre. Para evitarlo, hay que interrumpir la subida con frecuentes paradas. Un error puede ser mortal.

No hay censo oficial de buceadores profesionales y las estimaciones oscilan entre 800 y 2800

Siete desgracias en algo más de un mes parecen demasiadas, incluso para esta profesión con una altísima tasa de siniestralidad. Pero, ¿qué se está haciendo mal? “Todo”, resume Mario Alfaro, delegado del SAME (Sindicato de Actividades Marítimas de España), que tiene entre sus afiliados a profesionales de todas las ramas del buceo, excepto de la acuicultura, que posee un convenio específico. “Estamos vendidos. Sufrimos enfermedades descompresivas, barotraumas (daños provocados por el cambio de presión), atrapamientos, mutilaciones… Y un número de muertes escandaloso, que podría reducirse si se llevara a cabo una reforma profunda de nuestras condiciones de trabajo”.

En España, el buceo profesional comercial o industrial –distinto del deportivo o el científico– se divide en dos grandes vertientes: el buceo offshore (fuera de puerto, por ejemplo en plataformas petrolíferas), que es el sector minoritario, e inshore, al abrigo del puerto. Éste último comprende inspecciones de barcos, tendidos eléctricos, encofrados, instalación de tuberías, examen de depuradoras y turbinas, colocación de bloques… “Todo lo que se hace arriba, pero abajo”, simplifica Alfaro. “El problema es que las condiciones son muy distintas dentro y fuera del agua”.

Lo primero que sorprende es la inexistencia de un censo oficial de buceadores profesionales, pues las estimaciones oscilan entre los 800 y los 2800. También lo desactualizado de su normativa, que se remonta a la Orden de 14 de octubre de 1997, y lo mucho que ha tardado en poseer convenio propio: hasta siete años atrás, en 2010, las empresas de buceo se amparaban en los convenios de otros gremios, como el del metal, la construcción y hasta el de la madera y el corcho.

Esto explica que las cifras de siniestralidad hayan pasado desapercibidas, camufladas en considerables masas de empleados. Tanto que, por increíble que parezca, nadie, ni sindicatos ni patronal, sabe a ciencia cierta cuántos buceadores han muerto en las últimas décadas. “Nosotros estamos empezando a recopilarlos ahora, por nuestra cuenta y riesgo”, agrega la fuente sindical.

“Tenemos de cinco a veinte veces mayor mortalidad que los mineros del Perú”

La patronal, representada por la Asociación Nacional de Empresas de Buceo Profesional (ANEBP) ha intentado hacer sus propios cálculos, pero se ha encontrado con “un margen de error que llega al 20 por ciento”, afirma Daniel McPherson, secretario de esta entidad que aglutina a medio centenar de empresas. Con todo, un reciente informe sobre la siniestralidad en el sector entre 1989 y 2014, que la ANEBP ha publicado en la revista Sociedad submarina, arroja cifras inquietantes: 47 buceadores fallecidos en el ejercicio de su profesión, tres de los cuales trabajaban en el extranjero con empresas españolas. Uno de éstos fue Israel Franco Moreno, submarinista gallego de 42 años que falleció en el reflotamiento del Costa Concordia, y en cuyo rescate participó el propio McPherson.

Pero, además, la tendencia es claramente al alza: según la misma fuente, en 2014, estos trabajadores tuvieron entre 80 y 290 veces más riesgo de sufrir un accidente mortal que la media de la población laboral española. Números que, sumados a los de países como Estados Unidos (428 accidentes mortales entre 1990 y 2010) o Reino Unido (82 entre 1965 y 1990) permiten a las empresas denunciar que ejercen “la actividad regulada con mayor siniestralidad del mundo. No sabemos si los mineros del Coltán del Congo están peor, pero sí que tenemos de cinco a veinte veces mayor mortalidad que los mineros del Perú”, afirman.

Por ello, la patronal ha decidido ir de la mano con el sindicato. “No debe extrañar, porque el 90 por ciento de los empresarios hemos sido buzos. Las divergencias son, a lo sumo, sobre el camino a recorrer, pero el objetivo es el mismo”, explica McPherson, quien califica la situación como “crítica”. “En cualquier otro sector, estas estadísticas tendrían un impacto inmediato. El problema es que bajo el agua no se nos ve”.

“Son solo diez minutos”

Muchos buceadores se lanzan al mar con equipos precarios, obsoletos o ilegales, o con trajes inadecuados. Fue el caso de Juan Alberto Muñoz, contratado el año pasado por la Cofradía de Pescadores de Conil (Cádiz) “para revisar estachas –cables de remolque– a 30 metros de profundidad”, recuerda. Se lanzó las aguas heladas de enero con un traje húmedo de 5 milímetros, sin protección térmica especial, en autónomo, sin botella de emergencia ni hoja de inmersión, y sin un buzo stand by, de apoyo en superficie. “Es bajar y subir, son diez minutos”, lo animaron. Fueron quince: suficiente para sufrir una hipotermia y que se le cerrara la glotis. Fue reanimado in extremis, y hoy su caso está en los tribunales.

“Me dieron una mezcla inadecuada de nitrógeno en la inmersión. Salí como una coca-cola agitada”

Su amigo José Joaquín López no tuvo tanta suerte. Otra empresa contrató sus servicios para la inspección de un tubo de captación de agua en la central térmica de Algeciras. Fue aspirado por una bomba próxima y arrastrado a lo largo de 487 metros, en los que perdió el regulador de aire. “Al ser rescatado aún tenía pulso, a pesar de que tardaron 45 minutos en socorrerlo. La evaluación de riesgos no contemplaba la posibilidad de succión”, lamenta su familia.

A sus 38 años, Belia Fernández tampoco volverá a bucear. Desde hace un año se halla incapacitada por una lesión de enfermedad descompresiva. Su jefe erró con los cálculos de la inmersión durante la construcción de un puerto en Las Palmas, donde reside: “Me administró una mezcla inadecuada de nitrógeno a mitad de inmersión. Salí como una coca-cola agitada”, recuerda. “Además, tardaron siete horas en meterme en una cámara hiperbárica (recipiente hermético para someter al buzo a más presión que la atmosférica y administrarle oxigeno puro), cuando debían haberlo hecho como máximo a las dos horas”.

“El problema es que ahora mismo, no se cumplen ni las normas antiguas”

Con estos y muchísimos otros casos sobre la mesa, los buceadores han logrado pactar una modificación del actual convenio, que se publicó el pasado año pero no entrará en vigor plenamente hasta noviembre de 2017. La principal medida adoptada es la prohibición del buceo en autónomo, que deberá ser sustituido por el sistema de suministro de superficie: el umbilical que, entre otras ventajas, garantiza una fuente de aire ilimitado e informa permanentemente del estado en que se encuentra el trabajador, además de asegurar que éste seguirá respirando en caso de desmayo. “Hemos sido muy criticados por imponer este punto, incluso dentro de nuestro gremio, donde todavía falta mucha concienciación”, afirma Alfaro. “Pero el problema no son las nuevas reivindicaciones. El problema es que, ahora mismo, no se cumplen ni las normas antiguas”.

Las tablas de la discordia

Equipo de buzo |  ©  Luis Torcida
Equipo de buzo | © Luis Torcida

Las tablas de descompresión son la herramienta que emplean los buzos, entre otros menesteres, para determinar el cálculo de los tiempos y las paradas descompresivas que deben hacer, así como para el llamado salto a cámara, es decir, de descompresión en superficie. Las publica la Dirección General de Marina Mercante a través de la Armada Española, pero la fuente de la que proceden es la US Navy, la marina estadounidense, organismo de referencia internacional.

Las tablas son objeto de revisión periódica, ya que la US Navy recopila datos de buzos de todo el mundo y ajusta los parámetros. Cada vez que ve la luz una nueva revisión, el organismo desaconseja el uso de las anteriores tablas, considerándolas obsoletas. La penúltima revisión, la sexta, tuvo lugar en 2008. “Aunque los buzos de los organismos oficiales en España, como Ejército o Guardia Civil, ya utilizan desde hace tiempo la sexta revisión, nosotros hemos estado trabajando hasta hace dos años con la segunda, que data de… 1969”, explica el SAME.

En octubre de 2016, en una reunión con Marina Mercante , los buzos profesionales pidieron, tras años de pelea, una actualización de las tablas que remitiera directamente a la US Navy para evitar confusiones. “No quisieron, y han publicado en el BOE a primeros de este mes de marzo una transcripción incompleta de las tablas, donde no se definen los tiempos de salto a cámara, ni hay protocolos de retraso en caso de que todo salga mal”. La indignación ha cundido entre los buzos industriales y comerciales.

“Mientras Marina Mercante publicaba esas tablas, con el  consiguiente riesgo para la vida de los buzos, nosotros hemos traducido la séptima revisión , la séptima, y vamos a proponer cursos de formación para darlas a conocer”, apostilla el SAME.

Para explicar los grandes vacíos de regulación en el buceo tal vez habría que remontarse dos o tres décadas atrás, cuando el boom de la inversión pública en infraestructuras y la proliferación del tráfico marítimo multiplicaron por cinco el número de buceadores disponibles. La inmensa mayoría de ellos eran y son free-lance, supeditados a empresas que, en un contexto de competencia feroz, fueron brindando presupuestos cada vez más bajos.

Los contratistas principales, por lo general grandes constructoras, entraron en el juego con el añadido de que nadie pediría responsabilidades: ni siquiera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 cambió sustancialmente las condiciones de los buceadores, por una sencilla razón: nadie sabía muy bien qué habría que examinar.

Nadie mira bajo el agua

Ése es, de hecho, otro de los caballos de batalla del SAME: lograr que la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil extremen la vigilancia sobre estas actividades. Para ello, han facilitado un checklist o protocolo que contiene todas las condiciones que debería cumplir una empresa de buceo, desde la documentación mínima o los certificados de los equipos a las medidas de seguridad elementales. Como los que tiene la Dirección General de Tráfico para controlar a los infractores. “Siempre han mostrado su disposición a colaborar, pero nos dicen que carecen de efectivos y de medios. Ni tienen inspectores con formación en nuestro ámbito”, lamenta Alfaro.

“Ningún inspector de trabajo se calza el neopreno para sumergirse a 30 metros a las dos de la madrugada”

El vacío de regulación y la crisis han degradado aún más el buceo en los últimos años. Recientemente, un anónimo colgó en foros de buzos, a modo de experimento social, esta oferta de trabajo: 700 euros mensuales por jornadas de ocho horas, de lunes a viernes. No tardó en recibir media docena de currículos. Además de asuntos como irregularidades en la contratación o impago de horas extras, el SAME ha detectado jornadas nocturnas de trabajo de 12 horas pagadas a 120 euros, y de 30 horas seguidas a 200, lo que no deja de suponer un grave riesgo para la salud de los buceadores. “Como cabe imaginar, ningún inspector de trabajo se calza el neopreno para sumergirse a 30 metros a las dos de la madrugada”, explican.

“En alguna ocasión hemos trabajado seis meses en negro, sin ver un contrato ni una nómina”, recuerda Belia. “Pero lo peor es hacerlo con el narguile, una manguera que no permite comunicación con el exterior, salvo a tirones: dos tirones es ‘baja’, tres ‘sube’, uno ‘para’… Yo he llegado a salir tres veces a superficie, estando a 30 metros, porque la manguera había estallado. Aún hay quien trabaja así”. La limpieza de barcos no es mejor: “En las islas suele haber un trabajador a proa y otro a popa. Si uno se desmaya, nadie lo advierte. Te dicen que si al buzo le pasa algo, lleva una llave inglesa y puede dar golpes en el casco. Pero en caso de que no se desvaneciera, ¿quién va a enterarse de un golpe bajo el mar en un buque de 150 metros de eslora?”

La patronal también es consciente de este problema. “Ante la multiplicación de los accidentes, muchos de nosotros nos hemos visto obligados a adoptar medidas de seguridad complementarias a la normativa, sin saber si realmente van en la buena dirección, o no”, afirma McPherson. “La gente sigue muriendo en accidentes de tráfico, pero al menos está más concienciada, ha mejorado la seguridad de los coches, de las carreteras. En el buceo, nadie ha hecho ni un atisbo de modificación de la normativa. Todas las promesas de Fomento han caído en saco roto. No podemos esperar verano tras verano a que se aborde esta cuestión, mientras muere nuestra gente”.

“Trabajar en lo alto de una grúa tiene un coeficiente de jubilación mejor que bucear”

Por último, aunque no menos importante, los buceadores profesionales reclaman para el sector el reconocimiento de su coeficiente reductor, un factor que permite adelantar la edad de jubilación en función de lo cotizado. “Los estibadores, que ahora son noticia, poseen un coeficiente de 0,3. Un conductor de lanchas, de 1,25. Existe un Régimen Especial del Mar en función de la siniestralidad, pero como las autoridades carecían de datos, nosotros no podíamos demostrar que somos los número uno de la lista. Después de cuatro años de lucha, en enero de 2016 se nos asignó un 0,1. Ahora vamos a batirnos por un 0,3”, asevera Alfaro.

“Es una cuestión de lógica”, asiente su compañero de la patronal. “No tiene sentido que quien trabaja en lo alto de una grúa tenga un coeficiente reductor muy superior a quien está allí abajo. Y estamos viendo a buceadores obligados a jubilarse a los 67 años, cuando a partir de los 45 se desaconseja la práctica del buceo profesional. Lo mismo puede decirse de las enfermedades profesionales, que están reconocidas pero cuyas normas solo se aplican después de largas peleas judiciales en las que hay que aportar infinidad de documentación, informes médicos, publicaciones… La gente sigue pensando en Costeau, en que esto consiste en ver pececitos hasta la vejez. Pero la realidad es otra”.

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