Los invisibles

Publicado por

Laura J. Varo

@ljvaro

Periodista (Melilla, 1983). Vive entre Andalucía y Melilla como periodista freelance.

Publicado el 17 Ene 2019

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Adam, niño marroquí apátrida, acaba de ser escolarizado y estudia en la puerta de su casa en Melilla | © Antonio Ruiz


Melilla | Octubre 2018

Latifa cierra los ojos y piensa que es melillense. “Lo imagino”, admite, “porque sé que he nacido, he crecido y he pasado toda mi vida aquí”. Los abre, y la abstracción le devuelve a una realidad sin papeles dominada por la máquina de coser con la que hace algo de dinero. Vive en un piso de alquiler sin contrato en el barrio de Cabrerizas, uno de los más pobres de Melilla.

Si Latifa se pone enferma, tiene que pedir a alguna vecina que cuide a sus hijos para ir al médico en Marruecos, donde paga unos 30 euros por consulta. “Yo no me considero de ningún sitio, ni de aquí (de España) ni de allí (de Marruecos)”, concede, pese a lo que diga su pasaporte verde expedido en Nador, “pero a los niños, aunque no tienen la nacionalidad, yo los considero españoles”.

Adan y Mariem, de nueve y cinco años, viven en un estado ápatrida: no tienen DNI español ni nekua, el documento de identidad marroquí; no tienen pasaporte expedido en país alguno. En Melilla cuentan como menores extranjeros con partida de nacimiento registrada en la ciudad, libro de familia y tarjeta sanitaria. Cuando el exmarido de Latifa le propuso mudarse de vuelta a Marruecos, ella se negó en rotundo. “Con mis hijos, ni en broma”, dice, “yo no quiero estropearlos como me hicieron a mí, que me dejaron sin poder trabajar, sin documentos…”. En el país vecino, los hijos de Latifa no existen.

Melilla no acepta las pruebas legales en España -facturas o contratos – para demostrar el arraigo

En Melilla, con una población de unos 84.000 habitantes (más de 8.000 de nacionalidad marroquí, según el INE), esta situación podría afectar a un par de cientos de familias si se consideran las solicitudes de residencia por arraigo social recibidas por la Delegación del Gobierno. En lo que va de año, suman 224. Son personas invisibles, sin tarjeta de residencia o contrato legal que, como Latifa, no figuran en ningún registro o estadística. En 2015 y 2016, apenas se aprobaron la mitad (170 de 327 y 132 de 222, respectivamente), según los últimos datos disponibles de la Secretaría de Estado para las Migraciones.

Abogados especialistas en extranjería que trabajan en la ciudad se quejan de que el proceso es, muchas veces, inútil. “Todo el mundo sabe el fracaso que supone solicitar el arraigo”, explican desde el servicio jurídico en Melilla de Movimiento por la Paz. “Pero hay mucha gente que está muy desesperada: llevan muchos años aquí y no les importa gastarse el dinero en reunir y traducir documentos porque piensan que les corresponde por el hecho de estar residiendo aquí tanto tiempo”.

El empadronamiento es la clave de la “trampa legal” que denuncia la asociación. El Gobierno de la ciudad autónoma no acepta ninguno de los medios de prueba que sí reconoce la legislación española, como las facturas de agua, luz y gas o un contrato de alquiler (el arraigo social permite a los extranjeros sin contrato laboral, visado o familiares naturalizados regularizar su situación). Desde 2013, una modificación incluida por el Ejecutivo de Mariano Rajoy exige a los marroquíes tener un visado para empadronarse en Ceuta y Melilla, adonde los vecinos de Tetuán y Nador pueden cruzar libremente. Hasta entonces, las administraciones locales se servían de sus propias normas internas para limitar la ley.

Sin escolarizar

En esa maraña administrativa vive atrapado Ayoub, de ocho años, que tampoco podrá ir a la escuela este año. El pequeño tendrá que aguantar, junto con unos 600 alumnos más, otro curso en la Residencia de Estudiantes Marroquíes, un centro no controlado por el Ministerio de Educación cuyos estudios no son reconocidos en España. Su hermano Mohamed, de 12 años, sí es uno de los 120 niños indocumentados que, como los hijos de Latifa, han sido escolarizados en Melilla después de un año de batalla, lo que ha costado al director provincial de Educación, el socialista Juan Ángel Berbel (Melilla no tiene transferidas las competencias en Educación y depende de Madrid), una querella por presunta prevaricación interpuesta por el PP local, que gobierna en la ciudad.

“Todos los alumnos tienen que estar obligatoriamente escolarizados de seis a 16 años”, explica Berbel, “tienes derecho tanto si tienes DNI, certificado de empadronamiento u otra documentación alternativa (que acredite la residencia en Melilla)”. “El PP solo esgrime como criterio vinculante aquello que es un criterio prioritario para ordenar listas (según plazas disponibles)”, continúa. “Es una situación que en Ceuta y Melilla es mucho más común de lo que pensamos, sobre todo en determinados distritos donde hay mayor acumulación de alumnos que, aún viviendo sus padres o sus abuelos en España, no han regularizado su situación”.

Para Berbel, ignorar esos casos hubiese sido “bastante imprudente”. “Hubiese seguido el mismo proceso que siguió en Ceuta”, reconoce. En 2015, la Fiscalía ordenó en Ceuta la escolarización de 20 menores cuyas solicitudes habían sido rechazadas por no presentar el certificado de empadronamiento. En Melilla, en esas mismas fechas, eran 40, según la prensa local. A principios de 2018, esos casos, denunciados por la asociación PRODEIN, eran unos 160 (28 permanecen “aparcados”) de 650 expedientes (359 de nueva matriculación) pendientes de resolver por diversas cuestiones, incluidos cambios de centro. Según el Gobierno local, esa “matriculación masiva” supone una “marroquinización” de la ciudad.

Apátridas

La figura del apátrida como colectivo social empezó a cobrar importancia sobre todo tras la I Guerra Mundial, cuando en Europa había miles de personas sin posibilidad de acceder a una nacionalidad, normalmente porque sus países de origen habían experimentado cambios radicales de régimen o de territorio y ya no los reconocían. Un ejemplo son los rusos que huyeron de su país tras la revolución soviética. Tras el disolución del bloque soviético y el descalabro de Yugoslavia, el fenómeno cobró nueva importancia en Europa, aunque hoy, entre los colectivos de apátridas más conocidos se cuentan los rohingya de Birmania, los haitianos de República Dominicana, ciertos grupos de Bangladesh y África Occidental… Los refugiados palestinos, aunque técnicamente serían el mayor grupo de apátridas del mundo – salvo Jordania, ningún país árabe les ha otorgado la nacionalidad – no se suelen contar como tales, porque disponen de documentos de la UNRWA, la agencia de Naciones Unidas.

En España se presentaban decenas o pocos centenares de solicitudes de apatridia durante la primera década del siglo XXI. Desde 2013, la cifra anual oscila entre los 1.100 y los 1.400, de los que la gran mayoría obtienen resultado favorable del Ministerio del Interior. Según la prensa española, el 99% de los solicitantes son saharauis que proceden de la antigua colonia española, no pueden acceder a un pasaporte argelino y se niegan a pedir el marroquí.

Los centenares de marroquíes apátridas en Melilla no forma parte de estas estadísticas – no solicitan la apatridia sino el arraigo – pero probablemente convierte la ciudad fronteriza en uno de los lugares con mayor concentración de apátridas de Europa. [I. U. T.]

Naima, madre de Ayoub y Mohamed, lleva viviendo en Melilla 19 de sus 35 años. La mujer llegó a Melilla siendo adolescente, cuenta, para trabajar como empleada de hogar. “Me vine yo sola, a trabajar, porque mi padre y mi madre (en Marruecos) no tenían nada, y me quedé aquí”, recuerda, “alquilaba una casa con dos muchachas más”. Naima se asentó en la ciudad, se casó y tuvo a sus hijos, hasta que hace ocho años consiguió un contrato como trabajadora transfronteriza por el que cotiza a la Seguridad Social, pero que le impide pernoctar en la ciudad. “Nunca he tenido problemas”, añade.

En la casa a las faldas de Cabrerizas que ella y su marido comparten con una hermana, nacieron la pequeña Sara, de un año y ocho meses, y el bebé Aya. Ninguna está registrada en Marruecos, pero tampoco tienen papeles en España y, por tanto, “no pueden ir a la guardería”, se queja la madre. “Los niños tienen problemas”, dice, “cuando les preguntan dónde viven y dicen que en Melilla, les responden que no tienen papeles; no puedo ni apuntarle a fútbol, me dicen que no tenemos derecho”.
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