¿Quién se anexiona a quién?
Uri Avnery
Tel Aviv | Marzo 2011
En una sesión poco convencional de tarde-noche, la Knesset ha aprobado definitivamente dos leyes racistas muy desagradables. Ambas claramente dirigidas contra los ciudadanos árabes de Israel, una quinta parte de la población.
La primera hace posible la anulación de la ciudadanía de las personas declaradas culpables de delitos contra la seguridad del Estado. Israel se enorgullece de tener una gran variedad de dichas leyes. Anular la ciudadanía por esos motivos va contra el derecho internacional y las convenciones.
La mayoría de los miembros no fue a votar, igual a algunos por vergüenza
La segunda es más sofisticada. Se permite que las comunidades de menos de 400 familias nombren «comités de admisión», que pueden impedir que las personas no convenientes vivan allí. Muy astutamente, prohíbe específicamente el rechazo de los candidatos por motivos de raza, religión, etc. pero ese párrafo es casi una autoparodia. Al árabe que se presente simplemenete lo rechazarán por tener muchos hijos o porque no tiene el servicio militar.
La mayoría de los miembros no se molestó en aparecer para la votación. Después de todo, era muy tarde y también es que tienen familias. Quién sabe, a lo mejor a algunos les daba hasta vergüenza votar.
Pero mucho peor es la tercera ley que seguro que pasa la fase final en un par de semanas: la ley para prohibir el boicot a los asentamientos.
Desde que se escribiera, el burdo texto original de este proyecto de ley se ha ido refinado un poco.
Tal como está ahora, la ley castigará a cualquier persona o asociación pública que llame a un boicot contra Israel (económico, académico o cultural). Entendiendo por «Israel», según esta ley, cualquier empresa o persona israelí, en Israel o en cualquier territorio controlado por Israel. En pocas palabras: todo va de los asentamientos. Y no, no sólo sobre el boicot a los productos de los asentamientos iniciado por Gush Shalom hace unos 13 años, sino también sobre la reciente actitud de los actores, que se nuegan a representar las obras de teatro en el asentamiento de Ariel y sobre la llamada de los académicos para apoyar lo que llaman el Centro Universitario de allí. También se aplica, por supuesto, a cualquier llamada al boicot a una universidad israelí o una empresa comercial israelí.
Ésta es una pieza fundamentalmente errónea de la legislación: es antidemocrática, discriminatoria, anexionista, y totalmente anticonstitucional.
Toda persona tiene derecho a comprar o no comprar lo que él o ella quiera, a quien él o ella elija. Esto es tan evidente que no necesita confirmación. Es una parte del derecho a la libre expresión garantizado por cualquier constitución que se precie, y un elemento esencial de una economía de libre mercado.
Puedo comprar en la tienda de la esquina, porque me gusta el propietario, y evitar el supermercado de enfrente, que explota a sus empleados. Las empresas gastan enormes sumas de dinero para convencerme de que compre sus productos y no otros.
Algún día un grupo anti-religioso llamará al boicot a las tiendas kosher que pagan impuestos a los rabinos
¿Qué pasa con las campañas de motivación ideológica? Hace años, durante una visita a Nueva York, me convencieron de que no comprara uvas de California, porque los dueños explotaban a los trabajadores inmigrantes mexicanos. Este boicot se prolongó durante mucho tiempo y, si no recuerdo mal, tuvo éxito. Nadie se atrevió a insinuar que el boicot debía declararse ilegal.
Aquí en Israel, los rabinos de muchas comunidades ponen carteles regularmente pidiendo a sus fieles que no compren en las tiendas de algunos, que creen que no son kosher, o lo suficientemente kosher. Llamamientos así son comunes.
Las publicaciones como ésa son totalmente compatibles con los derechos humanos. Los ciudadanos que creen que el cerdo es una abominación tienen derecho a que se les informe sobre qué tiendas venden carne de cerdo y cuáles no. Hasta donde yo sé, nadie en Israel ha impugnado este derecho.
Tarde o temprano, algún grupo antirreligioso publicará convocatorias de boicot a las tiendas kosher que pagan a los rabinos (algunos de ellos, los más intolerantes de su clase) los grandes impuestos de sus certificados. Apoyan a un establecimiento religioso que respalda abiertamente que Israel se convierta en un «Estado de la halajá«, equivalente judío de un «Estado de la sharia» musulmán. A muchos miles de supervisores de la kashrut y miríadas de otros funcionarios religiosos les paga el ciudadano medio, que es laico.
Entonces, ¿qué tal un boicot anti-rabínico? No se puede prohibir, ya que religiosos y anti-religiosos tienen garantizada la igualdad de derechos.
Así que parece que no todos los boicots por motivos ideológicos están mal. Y los iniciadores de este proyecto de ley en particular (racistas de la escuela de Lieberman, derechistas del Likud y “centristas” del Kadima) no dicen que lo esté. Para ellos, el boicot sólo está mal si se dirige contra las políticas anexionistas y nacionalistas de este gobierno.
Esto se afirma explícitamente en la propia ley. Los boicots son ilegales si se dirigen contra el Estado de Israel, no así si, por ejemplo, los dirige el Estado de Israel contra algún otro estado. Ningún israelí en su sano juicio condenaría con carácter retroactivo el boicot que impusieron los judíos de todas partes del mundo a Alemania inmediatamente después de que los nazis llegaran al poder; boicot que le sirvió de pretexto a Josef Goebbels cuando desató, el 1 de abril de 1933, el primer boicot nazi antisemita («Deutsche wehrt euch! Kauft nicht bei Juden!»)
Es la antigua moral del hotentote: Si te robo una vaca, está bien. Si me roban una vaca, está mal
Tampoco le encuentra ningún problema un sionista a las medidas de boicot aprobadas por el Congreso, bajo intensa presión de los judíos, contra la antigua Unión Soviética para derribar las barreras a la emigración judía libre. Estas medidas fueron un gran éxito.
No menos éxito tuvo el boicot mundial contra el régimen del apartheid en Sudáfrica; boicot muy bien recibido por el movimiento de liberación de Sudáfrica, aunque también perjudicó a los trabajadores africanos contratados por las empresas de blancos boicoteadas (un argumento que ahora repiten los colonos israelíes que explotan a los trabajadores palestinos por salarios de hambre).
Así que los boicots políticos no están mal, siempre y cuando se dirijan contra los demás. Es la antigua «moral del hotentote» de la tradición colonial: «Si te robo una vaca, está bien. Si me roban una vaca, está mal.»
Los derechistas pueden llamar a la acción contra las organizaciones de izquierdas. Los izquierdistas no pueden llamar a la acción contra las organizaciones de derechas. Es tan simple como eso.
Pero la ley no sólo es antidemocrática y discriminatoria, también es abiertamente anexionista.
Mediante un simple truco semántico, en menos de una frase, los legisladores hacen lo que sucesivos gobiernos israelíes no se han atrevido a hacer: anexionar los territorios palestinos ocupados en Israel.
O tal vez es al revés: ¿están los colonos anexionando Israel?
La palabra «asentamientos» no aparece en el texto. Dios nos libre. Igual que la palabra «árabe» no aparece en ninguna de las otras leyes.
En cambio, el texto se limita a establecer que los llamamientos al boicot de Israel, prohibidos por ley, incluyen el boicot a las instituciones y empresas israelíes en todos los territorios que controla Israel. Esto incluye, por supuesto, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán.
Este es el quid de la cuestión. Todo lo demás es camuflaje.
Nuestro objetivo era marcar las fronteras reconocidas entre Israel y los asentamientos
Los promotores quieren silenciar nuestro llamamiento al boicot a los asentamientos que está cobrando impulso en todo el mundo.
La ironía del asunto es que se puede conseguir exactamente lo contrario.
Cuando empezamos el boicot, nuestro objetivo declarado era trazar una línea clara entre las fronteras reconocidas de Israel (las de la Línea Verde) y los asentamientos. No abogamos por un boicot al Estado de Israel que, a nuestro juicio, envía un mensaje equivocado y empuja al Israel centrista a los brazos de la extrema derecha («¡El mundo entero está contra nosotros!») Un boicot a los asentamientos, creemos, ayuda a reestablecer la Línea Verde y hacer una clara distinción.
Esta ley hace exactamente lo contrario. Al borrar la línea entre el Estado de Israel y los asentamientos, se entrega a manos de quienes llaman a un boicot a Israel creyendo (erróneamente, en mi opinión) que un Estado unificado de apartheid allanaría el camino para un futuro democrático .
Recientemente, un juez francés de Grenoble ha demostrado lo descabellado de esta ley. Este incidente tenía que ver con la empresa de exportación israelí casi monopolística de productos agrícolas Agrexco. El juez sospecha que la compañía ha incurrido en un fraude ya que declaró falsamente que los productos de los asentamientos procedían de Israel. Esto bien podría ser un fraude también, porque las exportaciones de Israel a Europa gozan de un trato preferencial del que los productos de los asentamientos no disfrutan.
Estos incidentes se producen más y más a menudo en varios países europeos. Esta ley hará que se multipliquen.
En la versión original, los boicoteadores habrían cometido un delito penal y se les habría multado. Eso nos habría alegrado muchísimo porque al negarnos a pagar las multas y ser así encarcelados, habríamos dramatizado el asunto.
Esta cláusula ahora se ha omitido. Pero todas las empresas individuales de los asentamientos y, de hecho, cada uno de los colonos que se sienta herido por el boicot puede demandar, por daños ilimitados, a cualquier grupo que llame al boicot y a cualquier persona relacionada con el llamamiento. Al estar los colonos sólidamente organizados y disfrutar de fondos ilimitados de todo tipo de dueños de casino y sórdidos comerciantes de sexo, pueden poner miles de pleitos y prácticamente paralizar el movimiento de boicot. Ése, por supuesto, es el objetivo.
La lucha está lejos de terminar. Tras la promulgación de la ley, pediremos al Tribunal Supremo de Justicia que anule, por ser contraria a los principios constitucionales fundamentales de Israel y de los derechos humanos.
Como Menachem Beguin solía decir: «¡Todavía hay jueces en Jerusalén!»
¿O no?
