Vuelta a la mezquita
Ángel Villarino
Sigue la guerra. Quince años y más de 100.000 muertos después del inicio delconflicto en Argelia, la paz aún no ha vuelto al mayor país del Magreb. La guerra de baja intensidad entre el islamismo de corte salafista y las autoridades arroja un saldo de entre 30 y 50 muertos mensuales, en uno y otro bando. El pasado 11 de mayo, 10 presuntos miembros del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), organización ligada a Al Qaeda, fueron abatidos por el ejército argelino en Yiyel, al nordeste del país.
Oficialmente el terrorismo es calificado de «residual», pero los atentados se repiten casi todos los días, especialmente contra policías, soldados o miembros de los Grupos de Autodefensa, milicias rurales armadas por el Gobierno. El índice de secuestros es alarmante: el diario El Watan calcula que se producen entre 15 y 20 raptos al mes. Obra del GSPC, suelen tener como objetivo a personas acaudaladas y hombres de negocios, pues la finalidad es el cobro de rescates.
Pero el combate incondicional contra el movimiento integrista, que estuvo a punto de alcanzar el poder a través de las urnas en 1991, no ha protegido a la población contra la pérdida de las libertades sociales. Hoy, Argelia parece un país dominado por una versión del islam muy alejada de las costumbres tolerantes que caracterizaban el país hasta la década de los 80. Ya entonces, el presidente Chadli Benyedid había recurrido a una visión netamente ‘árabe’ de la sociedad, que incluía el fomento de la religión en todos los ámbitos públicos, para contrarrestar el descontento popular con su gestión. El resultado se reflejó en las manifestaciones islamistas que exigieron convertir el Estado laico en una teocracia.
Lenta victoria integrista
A tenor de la imagen que hoy ofrece la capital Argel, se diría que finalmente tuvieron éxito: el consumo de alcohol está restringido a los hoteles o a los locales asociados a la prostitución y apenas se ven mujeres con ropa occidental. En la región de la Cabilia, habitada por campesinos bereberes, siempre opuestos a la visión islámica de los países de la Península Arábiga, la atmósfera es menos opresiva y los pantalones tejanos son más frecuentes entre las jóvenes.
El gobierno finiquitó una versión libanesa de ‘Operación Triunfo’ por la ropa de los concursantes
La moral religiosa se va imponiendo desde el Gobierno. Los imanes son funcionarios públicos, dependientes del Ministerio de Asuntos Religiosos y la radiotelevisión pública (RTA) difunde en ocasiones las prédicas de las mezquitas, incluso cuando éstas son violentas. En febrero del año pasado arremetió contra el diario Liberté, acusándolo de «ateo» por una caricatura del dibujante Ali Dilem, muy popular en el país y frecuentemente condenado a breves condenas de cárcel por sus mordaces viñetas.
Ahora, las autoridades acaban de censurar varios programas de televisión, entre ellos una versión árabe de ‘Operación Triunfo’ producida en Líbano. A pesar del gran éxito del show, estrenado a principios de año, la autoridad audiovisual argelina finiquitó el concurso sin previo aviso. El motivo: las quejas de sectores radicales de la sociedad, según el periódico El Watan, que señala al Movimiento de la Sociedad por la Paz (MSP), un partido que forma parte del gobierno de coalición de Argelia. Para el MSP eran inaceptables la ropa ligera de las concursantes y el comportamiento «poco decoroso», que «atenta contra los valores espirituales y culturales de la nación».
El clima de intolerancia afecta también a las mezquitas, controladas por el Estado argelino. En los últimos meses, numerosos imanes han sufrido agresiones o amenazas, destinadas, según el diario El Watan, a convencerlos de que dejen su oficio en manos de grupos radicales, especialmente el MSP. El Ministerio de Asuntos Religiosos indicó en febrero que al menos el 20% de las 15.000 mezquitas reguladas han sido objeto de prácticas de este tipo, desde cartas anónimas de amenaza a atentados, como en la ciudad de Skikda.
También el conflicto de las caricaturas fue aprovechado por el Gobierno para mostrar su adhesión a la devoción islámica y aplacar las críticas islamistas: en febrero fueron detenidos Kamel Bousaâd y Berkane Bouderbala, directores, respectivamente, de los semanarios arabófonos Errisala y Essafir, por reproducir algunas de las viñetas de Mahoma. Ambas publicaciones están suspendidas, según denuncia Reporteros sin Fronteras.
Antonella Tarquini, analista de la agencia italiana ANSA en Argel, recuerda que durante la crisis de las viñetas, algunos miembros del gabinete del presidente Abdelaziz Bouteflika se dejaban ver en público con los líderes islamistas del movimiento Islah, el brazo argelino de los Hermanos Musulmanes, para contentar a los radicales. La misma connivencia se aprecia en la ley aprobada en septiembre pasado, la Carta por la Paz y la Reconciliación Nacional, que permite excarcelar a muchos detenidos. «La ley está sacando a la calle a cientos de terroristas, entre ellos el fundador del GIA. Los grupos integristas están reclutando de nuevo a los asesinos a la salida de la cárcel» opina Tarquini.
Posibles venganzas
Un sociólogo argelino, que prefiere mantener el anonimato, es de la misma opinión: «La mayoría de la gente que lleva un año o dos en la cárcel no está arrepentida. Puede volver a matar». Asegura que «la ciudad garantiza un cierto anonimato, pero en los pueblos todo el mundo sabe quién mató a quién», aunque indica que es difícil predecir qué va a ocurrir. «Puede que la gente ya esté cansada de violencia, o puede que asistamos a una sucesión de ‘vendettas'».
Los políticos se muestran en público con los líderes islamistas para contentar a los radicales
La Carta también ha sido muy criticada por los partidos islamistas. «¿Cómo podemos hablar de reconciliación nacional cuando hemos estado viviendo bajo un estado de emergencia durante 14 años? Una reconciliación real debe ser negociada entre todas las partes implicadas, el ejército, los partidos y la sociedad civil» exige Ali Belhadj, miembro fundador del Frente Islámico de Salvación (FIS), recientemente excarcelado. Belhadj dice estar dispuesto a someterse a una comisión internacional de investigación, «si los autores del golpe de Estado lo hacen también».
La Carta puede, de hecho, ocultar las responsabilidades del Gobierno y el Ejército durante los años negros del fundamentalismo; en las matanzas indiscriminadas y la guerra sucia que se practicó.
Actualmente, denunciar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad en estos abusos puede ser castigado con tres a cinco años de cárcel y con una multa de entre 2.500 a 5.500 euros, bajo la acusación de «uso y explotación de las heridas de la tragedia nacional para socavar las instituciones estatales». En estos momentos, al menos 20 periodistas están encarcelados en Argelia. «Los terroristas salen de la cárcel, pero quienes intentan narrar lo que pasó acaban entre rejas», concluye Tarquini.
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