Cantando contra la fiesta
Daniel Iriarte
Sábado, 26 de mayo. Faltan pocas horas para la gran final del festival de Eurovisión 2012. En el Chrystal Hall, el gigantesco recinto construido ex profeso por el gobierno de Ilham Aliyev para alojar la gala, todo es lujo, glamour y fantasía, como cada año en esta cita. Pero cerca de allí, en algún lugar de Bakú, decenas de personas permanecen detenidas por la policía, por el mero «delito» de pedir democracia para Azerbaiyán.
Los hechos han ocurrido horas antes. Los opositores llevan semanas tratando de aprovechar la visibilidad que les otorga el festival —para el que se han acreditado más de 2.500 periodistas extranjeros—, lanzando una campaña llamada «Cantando por la democracia». Un día antes de la final, un centenar de estos activistas se reúnen en un parque del centro de Bakú para protestar contra las políticas del gobierno, convocando a dos decenas de medios extranjeros, M’Sur entre ellos.
«¡Democracia! ¡Libertad! ¡Dignidad! ¡Respeto a los derechos humanos!». Las consignas —cantadas, porque nadie se atreve a enarbolar una pancarta— son básicas, pero bastan para atraer, en cuestión de minutos, a un enjambre de policías y miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de uniforme como vestidos de civil. Los manifestantes se dispersan y corren por las calles adyacentes. Algunos regresan para gritar eslóganes frente a las cámaras, pero son rápidamente detenidos e introducidos en los coches de policía y autobuses requisados para transportar a los detenidos.
Las consignas «Democracia» y «Libertad» bastan para atraer, en minutos, a un enjambre de policías
Un hombre con una cámara de televisión, que pretende pasar por periodista, está ostensiblemente más interesado en grabar las caras y las identificaciones de Eurovisión de los periodistas extranjeros que la acción a su alrededor. Durante la siguiente hora, se suceden los arrestos en los alrededores. Setenta, nos dirán después los organizadores.
No por casualidad, el Parlamento Europeo ha condenado la situación de derechos humanos en este país, que «se ha deteriorado considerablemente en los últimos años», según la resolución emitida la misma semana del festival. De acuerdo con este organismo, existe una «presión creciente e intimidación de las ONGs y los medios independientes», y «un extendido sentimiento de miedo entre las fuerzas de la oposición y los defensores de los derechos humanos».
Desde que los cantantes azeríes Ell y Nikki ganasen el festival de Eurovisión en 2011 y quedase establecido que, conforme a la normativa del concurso, la siguiente gala tendría lugar en Bakú, el gobierno de Aliyev ha sido consciente de la excelente oportunidad de relaciones públicas que esto representaba para su régimen. El esfuerzo realizado para acondicionar la ciudad ha provocado la expulsión forzosa de cientos de personas, así como una importante campaña de intimidación a la prensa y la oposición.
Desalojos
No hace ni un año, en los alrededores del Crystal Hall se erigían varios bloques de apartamentos. Cientos de personas han sido desalojadas con el fin de dejar espacio libre para la construcción de varios proyectos urbanísticos, que el Gobierno insiste estaban planeados con años de antelación.
Giorgi Gogia, investigador adjunto de Human Rights Watch para el Cáucaso Sur, afirma que, aunque eso fuera cierto, es indudable que la organización del festival aceleró el proceso: «El 14 de mayo se ganó Eurovisión 2011. El 31 se firmaron varios decretos de expropiación. Y en junio se produjeron los primeros desalojos».
El objeto de las críticas contra el Gobierno de Azerbaiyán parece no ser tanto la reubicación de cientos de familias, sino más bien la forma como se ha llevado a cabo. Human Rights Watch ha denunciado que algunas familias no recibieron notificación alguna de que sus casas iban a ser derribadas, y que la primera noticia que tuvieron fue cuando vieron las excavadoras, a veces en medio de la noche. Algunos tuvieron el tiempo justo de coger algunos enseres y salir corriendo.
Se han documentado casos de edificios que empezaron a ser desmantelados con sus inquilinos dentro. A algunos edificios se les retiró el techo y se cortó la electricidad para forzar a los vecinos a que se marcharan. A veces se trataba de familias que habían accedido a mudarse pero que aún no habían encontrado otra vivienda. O de personas que reclamaban una compensación más cercana a los valores reales del mercado.
De hecho, según Gogia, algunas familias estuvieron de acuerdo en dejar sus apartamentos, pero no al precio ofrecido. Este investigador afirma que en varios casos las demoliciones habían sido expresamente detenidas por decisiones judiciales, por lo que muchas familias confiaron en que podrían quedarse en sus casas. «No se explica cómo un país que quiere basarse en el respeto a ley haga caso omiso de la orden de un tribunal».
Ali Hasanov, responsable del departamento de administración presidencial, ha replicado que las afirmaciones de Human Rights Watch nada tienen que ver con la situación real del país. Hasanov ha acusado a la diáspora armenia —Azerbaiyán y Armenia nunca llegaron a firmar la paz tras desencadenarse el conflicto del Alto Karabaj en los años noventa— de orquestar una campaña anti-Eurovisión, subrayando que Azerbaiyán es un «país normal» en que las relaciones entre el Gobierno y la ciudadanía son buenas. Dijo que «es cierto que 10 ó 100 personas han tenido que dejar sus casas», pero que es un sacrificio que merece la pena porque la infraestructura beneficiará a miles de personas.
Una activista afirma que su oficina fue derribada sin previo aviso
Una de las personas desalojadas fue la activista política Leyla Yunus, que afirma que su oficina fue derribada sin previo aviso. Las autoridades la acusan de aprovechar la coyuntura para recabar apoyo internacional para sus actividades políticas y han calificado su comportamiento de «provocación». Por su parte, la Unión Europea de Radiodifusión, a cargo de la organización del festival, afirmó que Eurovisión es un certamen apolítico y que las cuestiones políticas deben abordarse en otras ocasiones.
«Todo el mundo ha perdido algo con Eurovisión», dice Yunus, que denuncia el gasto público que ha acarreado. El economista Zourab Ismayil, a cargo de una auditoría independiente, ha subrayado que en el 2011 el Gobierno recortó 50 millones de euros en programas de depuración de agua fuera de Bakú, la misma cifra que oficialmente ha costado organizar Eurovisión.
Traducciones trucadas
Tampoco los participantes en el festival han podido sustraerse a la polémica. Loreen, la representante de Suecia, se reunió con activistas pro-democracia durante su visita. «Los derechos humanos son violados cada día en Azerbaiyán. Uno no debería permanecer callado ante estas cosas», dijo la cantante a la salida del encuentro, unas declaraciones condenadas por el gobierno azerí: «La Unión Europea de Emisiones de Radiotelevisión debe intervenir en este asunto y detener estas acciones politizadas», declaró Ali Hasanov.
La actuación de las autoridades bordeó el ridículo cuando ayer, una reportera preguntó a Loreen cuáles eran sus impresiones tras haberse reunido con la oposición, la televisión azerí, que retransmitía en directo, lo tradujo como «la periodista pregunta qué tal se ha sentido tras su actuación en el escenario».
La iniciativa de Loreen provocó una oleada de preguntas incómodas para muchos de los participantes en el festival, que en las ruedas de prensa trataron de evitar las respuestas políticas. Otras, como la francesa Anggun, optaron por defender más o menos directamente al gobierno de Aliyev. «Esta es una democracia muy joven, apenas hace unas décadas que salió de la Unión Soviética», declaró la cantante. «El gobierno no es perfecto, pero ¿cuál lo es?»
