El trabajo sucio de la «fortaleza Europa»
Clara Palma
Atenas | Septiembre 2014
La noticia sorprendió desde el primer momento: un exministro de Defensa, el griego Dimitris Avramopoulos, elegido para ocupar la nueva cartera de Inmigración en la Comisión Europea (CE). ¿Quién es? Avramopoulos, representante de Grecia en la CE, tiene un perfil discreto pero constituye una pieza clave en Nueva Democracia, la formación conservadora liderada por el primer ministro Andonis Samarás. No parece casual que el nombramiento recaiga sobre el enviado de la coalición que gobierna en Grecia –Nueva Democracia y los socialdemócratas del Pasok–: el país al que representa, principal puerta de entrada a Europa de inmigrantes y refugiados, lleva años encargándose de parte del «trabajo sucio» de mantener selladas las fronteras mientras reclama que el resto de estados «compartan su carga».
El Gobierno griego ha interpretado el nombramiento como un espaldarazo a su gestión y reivindicaciones. «La necesidad de hacer frente a la inmigración ilegal siempre estuvo entre las prioridades del Ejecutivo», ha señalado el primer ministro. Entretanto, la portavoz del Gobierno, Sofía Vultepsi, relaciona la designación de Avrampoulos con el hecho de que el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se había referido al nuevo puesto como una forma de dar prioridad a una nueva política que «se enfrente con decisión al problema de la inmigración ilegal».
La última legislatura de Nueva Democracia se ha caracterizado por una gestión controvertida del fenómeno migratorio, tanto en el terreno legislativo como en la prevención de las entradas irregulares. Sus políticas le han costado numerosas acusaciones por parte de ONG y oposición.
La última legislatura de Nueva Democracia se ha caracterizado por una gestión controvertida del fenómeno migratorio
Tras asumir el Ejecutivo en 2012, la coalición de Nueva Democracia y Pasok se vio forzada a modernizar la caótica y obsoleta legislación migratoria. Limitado por la exigua mayoría parlamentaria, el partido conservador batalló por cada posible restricción. En marzo, finalmente, se aprobaba un código de inmigración destinado a unificar 20 leyes, 6 decretos y 46 regulaciones y cuya principal novedad era un nuevo permiso de residencia que autoriza a viajar y trabajar en la UE. No obstante, la polémica se inició con una provisión para deportar de inmediato a los extranjeros que acusen falsamente de crímenes racistas a las instituciones del Estado, como la Policía. Tras la indignación generalizada y un comentario del comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, la propuesta tuvo que ser retirada.
Un limbo legal
Poco antes, el Consejo del Estado falló en contra de que los extranjeros nacidos o educados en Grecia puedan obtener la nacionalidad o participar en las elecciones. En lugar de modificar la ley para que los inmigrantes de segunda y tercera generación opten de inmediato a la nacionalidad, como defendía Syriza, Nueva Democracia optó por una solución de compromiso: los jóvenes deben esperar hasta los 18 años para solicitarla, permaneciendo mientras tanto en un limbo legal. Más de 100.000 solicitudes están pendientes de revisión.
Los puntos de vista más extremos de Nueva Democracia se han manifestado en el discurso mediático, convirtiendo a los inmigrantes en chivo expiatorio de una sociedad en crisis. En época electoral sus promesas de mano dura y los mensajes alarmistas se multiplicaron.
Nueva Democracia rivaliza con Amanecer Dorado por captar a los votantes más xenófobos
El partido rivaliza con Amanecer Dorado por captar a los votantes más xenófobos. «Nuestras ciudades han sido ocupadas por inmigrantes ilegales; tenemos que recuperarlas», afirmó Samarás en la campaña de 2012, calificando a los invasores de «tiranos de la sociedad griega». En las últimas elecciones locales, el candidato de Nueva Democracia a la alcaldía de Atenas y exministro de Educación se opuso a la construcción de una mezquita –se trata de la única capital europea en la que no son legales– para evitar «la aparición de campamentos tercermundistas bajo la roca sagrada de la Acrópolis».
Nikos Dendias, el anterior ministro de Orden Público, es otro asiduo de la retórica más alarmista. «Los inmigrantes ilegales son la mayor amenaza para la democracia y la seguridad de los ciudadanos». La «mayor invasión desde tiempos de los dorios» constituye para el político un problema, «quizá incluso mayor que el financiero».
Pero las declaraciones más agresivas proceden del ala dura de Nueva Democracia, formada en gran parte por exmiembros de partidos ultranacionalistas como LAOS.
Poco antes de convertirse en ministro de Sanidad, Adonis Georgiadis hablaba sin tapujos del propósito de las actuaciones policiales: «Hacerles la vida lo más difícil que podamos [a los inmigrantes]» para que entiendan que «no son bienvenidos». Unas palabras que repetiría casi textualmente el máximo responsable de la policía griega en la filtración de las instrucciones a sus subordinados.
Va aún más allá Thanos Plevris, el diputado que ha sustituido en su escaño al nuevo comisario europeo Avramópulos. «Las fronteras no se pueden proteger sin que haya pérdidas, es decir, sin que haya muertos. Para los inmigrantes que ya estén aquí se aplicará la lógica de los desincentivos: cuando estés aquí, no tendrás asistencia social, no podrás comer, no podrás ir al hospital, y les dirás a los otros en Pakistán: aquí estamos peor. El infierno parecerá un paraíso en comparación con lo que vivirán aquí». Las palabras fueron pronunciadas antes de integrarse oficialmente en el partido, pero Plevris no ha dudado en reafirmarse en sus declaraciones.
Estos mensajes han calado en las autoridades policiales. En agosto de 2012, un mes después de que el gobierno de Nueva Democracia asumiera el poder, la policía lanzó la operación ‘Zeus Hospitalario’: redadas masivas en base a rasgos étnicos o raciales para conducir a comisaría a cualquier extranjero sospechoso.
En los seis meses subsiguientes, 85.000 personas fueron detenidas. Menos del 6%, según Human Rights Watch, pasó a disposición judicial por carecer de documentos legales. Aunque en menor medida, el acoso y las detenciones arbitrarias –que suelen incluir un trato degradante e incluso palizas– continúan. Este mes, tres activistas inmigrantes fueron detenidas por «parecer sospechosas» mientras salían de un ensayo de una obra de teatro antirracista. Todos tenían sus papeles en regla. Fueron liberadas después de tres horas de insultos y amenazas.
«El infierno parecerá un paraíso en comparación con lo que vivirán aquí», dice el diputado Thanos Plevris a los inmigrantes
Grecia, como España, también expulsa inmigrantes de forma ilegal. Las devoluciones inmediatas también conocidas como pushbacks, amparadas por las autoridades y documentadas hasta la saciedad por ONG como AI o ProAsyl, son realizadas por la policía de frontera y los guardacostas.
Desde la construcción de una valla a lo largo de la frontera terrestre con Turquía, se han multiplicado los testimonios de refugiados que describen expulsiones sistemáticas al llegar a territorio griego por mar. A pesar de la existencia de pruebas más que evidentes para abrir una investigación, las autoridades han rechazado de plano considerar los pushbacks como una realidad.
Muerte en las aguas
En el mes de enero, 3 niños y 9 mujeres murieron en un naufragio en la isla de Farmakonisi, mientras su barca era remolcada por la guardia costera. Durante la investigación, finalmente aparcada por la Corte, los supervivientes testificaron que se produjo el accidente mientras estaban siendo devueltos a aguas turcas. Según denuncieron, los guardacostas les habrían impedido socorrer a quienes cayeron al agua, amenazándoles después con la muerte para que callasen.
Este mes el Parlamento logró aprobar, tras un año de intenso debate, la ley antirracista. Pero, después de tanta espera, el resultado ha despertado críticas de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Algunas ONGs han documentado casos de torturas en los centros de internamiento de inmigrantes, financiados por la UE
Concebido como un acercamiento al estándar europeo de no discriminación, el proyecto de ley fue bloqueado en numerosas ocasiones por los sectores más conservadores del Gobierno. El resultado final, además de criminalizar la negación del Holocausto y otros genocidios, endurece las penas por incitación al odio y a la violencia, pero sin incluir específicamente la motivación racial. Human Rights Watch ha criticado la falta de medidas para animar a las víctimas de violencia racista a denunciar. Algunas de las propuestas que no han sido incorporadas son la eliminación de la tasa de 100 euros por denuncia, la suspensión delas deportaciones de víctimas y testigos, o conceder residencia humanitaria a los afectados.
Las personas carentes de documentación, muchas veces refugiados, son transferidos a centros de internamiento, donde pueden permanecer hasta 18 meses en caso de que no sea posible la deportación (en España pueden estar como máximo 60 días). Desde su puesta en marcha durante la última legislatura del Pasok, una docena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenan ya a Grecia a pagar indemnizaciones por trato «inhumano y degradante».
Amnistía Internacional ha denunciado las condiciones insalubres y la ausencia de asistencia sanitaria que viven los detenidos, mientras que la organización griega KERFAA ha documentado casos de torturas. A pesar de todo, estos centros siguen financiándose con grandes inyecciones de fondos europeos.
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