De Lesbos a la incertidumbre
Lluís Miquel Hurtado
Lesbos (Grecia) | Abril 2016
«Vi dos autobuses policiales en el campo de detenidos de Moria. Cargaron en ellos a un buen número de paquistaníes, y luego se los llevaron de allí». Lo cuenta por teléfono Alaa, un refugiado sirio oriundo de Damasco, recluido en el mismo centro de Moria, en la isla de Lesbos. Otro lo confirma. Es domingo. El lunes al amanecer, a estos pakistaníes se les hace abordar dos ferries atracados en el muelle de Mitilene, el ‘Lesvos’ y el ‘Nazli Jale’.
Dos horas más tarde desembarcan en Dikili, una pequeña ciudad costera turca. Un tercer barco, el ‘Ertürk’, llega al mismo muelle desde Quíos, medio centenar de kilómetros más al sur. En total son 202 personas, acompañados de 180 policías del Frontex, el cuerpo de policía de fronteras europeo. «131 de Pakistán, 42 afganos, 10 de Irán, cinco del Congo, cuatro de Sri Lanka, tres de Bangladesh, tres indios, dos sirios, uno de Costa de Marfil y un somalí», enumera Giorgos Kyritsis, portavoz del servicio griego de coordinación de la política migratoria, ante los medios.
Algunos no saben que pueden pedir asilo, a otros se les disuade para poder deportarlos
Es la primera remesa de los miles de refugiados e inmigrantes que retorna de las islas griegas a Turquía, en el marco del acuerdo firmado entre Ankara y Bruselas el mes pasado. Todos los que hayan llegado después del 20 de marzo son candidatos a la deportación. Eso sí, después de un proceso individual en el que pueden pedir asilo y su solicitud será examinada. Así lo prevé la ley comunitaria y así se hará, según una nota de Frontex.
Esta es la teoría. La falta de traductores para numerosas lenguas y las indicaciones deficientes de los funcionarios han provocado rumores falsos y desinformación entre los 5.600 refugiados registrados en las islas griegas desde ese 20 de marzo. Algunos no saben que tenían derecho a pedir asilo, como pudo comprobar este periodista. Muchos tampoco quieren, dado que su objetivo es viajar a Alemania u otros países centroeuropeos.
Pero numerosos internos de Moria atestiguan que los funcionarios del campamento les han ofrecido solicitar asilo en Grecia -lo que, según un protocolo europeo, les permitiría asentarse sólo en ese país- o bien aceptar ser deportados directamente a Turquía. Les plantean esta elección sin asesoramiento legal y sin detallar plazos. Las entrevistas personalizadas, necesarias para procesar la solicitud de asilo, no han empezado en Lesbos.
«Usted tiene derecho a contactar con un abogado». Pero sin salir del recinto y pagándolo
«Nadie me ha explicado bien mi situación. Nadie aquí dentro habla urdu, mi idioma», trata de expresarse Alí en un inglés precario. Este joven pakistaní de la región del Panyab llegó hace casi un mes a la isla de Lesbos desde Turquía. Según explica, los guardacostas griegos interceptaron en alta mar su barca, con 75 personas a bordo. Ya en tierra, pasó veinte días en un campo gestionado por voluntarios internacionales. Hace cinco jornadas, la policía griega lo detuvo e internó en Moria. Allí, lamenta, debe dormir en el suelo junto a otros 1.400 internos de países como Afganistán, Siria, Sierra Leona o Iraq.
Lo que sí tiene Alí es un folleto escrito en inglés que reza: «Usted ha sido legalmente arrestado tal y como se le ha informado en el momento de su arresto». Otro punto asegura: «Usted tiene derecho a contactar con un abogado».
«Sí que tienen derecho a un abogado, pero se les exige que lo paguen, algo que contradice la ley griega, que exige que sea gratuito», critica Emmanouil N. Chatzichalkias, un abogado local que trata de asistir a los damnificados por el acuerdo europeo. Ni a Alí, ni a Hamza, ni a Alaa, ni a otros inquilinos del ‘hotspot’ -así denomina la UE a este complejo de habitáculos prefabricados cercado con vallas y alambre de espino- se les ha dado opción a abogado.
«Con la mejora del clima y viendo la incertidumbre, muchos más refugiados tratarán de hacerse a la mar», opina el letrado. Sólo en la última semana arribaron a las costas griegas 2.879 personas, según la ONU. Son cifras inferiores a las de otros períodos anteriores pero no dejan de ser llamativas.
«No hemos visto un gran número de llegadas en los últimos días debido, en parte, al mal tiempo. En octubre pasado llegaban cerca de 10.000 personas en un solo día. Si estos números reaparecen sería una situación difícil para el gobierno y para nosotros», reconoce Boris Cheshirkov, portavoz de ACNUR. Asegura que se siguen cubriendo las necesidades básicas de los inmigrantes y refugiados, si bien varias ONG redujeron su actividad en Moria como protesta por la detención de sus inquilinos.
Quienes siguen en Moria sufren una enorme presión psicológica por la incertidumbre de su futuro. La semana pasada, tres emigrantes afganos tuvieron que ser hospitalizados con heridas de arma blanca tras una pelea en el centro de detenidos de la isla de Quíos. En Moria, un antiguo cuartelamiento militar griego, rodeado de olivares, la tensión por el exceso de prisioneros y la falta de comida y camas ha provocado enfrentamientos y conatos de rebelión.
«Las colas para recibir la comida son kilométricas y la comida insuficiente»
«Las colas para recibir la comida son kilométricas y la ración es insuficiente», asegura un joven sirio llamado Hamza. El periodista puede comprobarlo: una fila eterna de gente cubriéndose del sol con cartones, espera entre pequeñas broncas para finalmente recibir, bajo escolta de antidisturbios, el menú del mediodía: un tupper de ensalada, un panecillo y un zumo pequeño. Raciones de este tipo se sirven tres veces al día. Joaquín Urías, un voluntario español y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que también ha estado dentro de Moria, denuncia que «sólo se está disponiendo de 400 menús para alimentar a 600 personas».
A diez metros de la verja, en el lado de fuera, hay instaladas tres caravanas de venta de comida. Cada cierto tiempo, el vendedor recibe un grito desde la valla, se acerca, anota la comanda, vuelve al carro, prepara el encargo y lo pasa como puede por debajo de los hierros. Cobra un euro por lata de bebida y más de dos euros por bocata.
Los más afortunados duermen en un incómodo catre. «No hay sitio para todos», critica Alaa. «Algunos nos hemos visto obligados a dormir al raso por falta de sitio», asegura Hamza, un sirio en la veintena. «Por la noche nos helamos. Ya no es que no tengamos climatización en los dormitorios, ¡es que faltan mantas!», lamenta Alí, un joven afgano. En efecto, dentro del cubículo de plástico sólo encontramos un puñado de pírricas mantas y, en el suelo, una alfombra con el logo de ACNUR. «Las ONG Dirty Girls y Oxfam se encargaban de proveer de mantas y lavarlas. Tras su retirada, hay una deficiencia en este aspecto», lamenta Urías.
Joaquín Urías | Jurista y voluntario
«Violan los derechos humanos»
Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, apoya a refugiados desde las guerras balcánicas de los 90 hasta hoy, en las islas griegas. Es de los pocos que han accedido al campo de Moria, en Lesbos, convertido desde hace 10 días en una cárcel donde al menos mil refugiados, de todas las edades, permanecen privados de derechos, comida suficiente, calefacción y una cama.
«No puedes detener a familias con menores salvo extrema necesidad y por el período estrictamente necesario», denuncia este exletrado del Tribunal Constitucional, quien prosigue: «Durante la detención debe haber profesores en el centro, porque no se puede negar el derecho a la educación. En la UE, un niño internado, sin colegio, es una violación de derechos humanos». Urías añade que en Moria hay cerca de 130 menores no acompañados de adultos.
«Esto es un caos legal», sentencia este voluntario. «Un abogado puede presentar, por ejemplo, un ‘habeas corpus’ -recurso contra el arresto arbitrario-, exigir que los arrestados no tengan que dormir en el suelo, que se lleve a los niños al colegio… Por ley, los refugiados tienen derecho a un abogado de oficio».
«Un proceso de asilo puede durar como mínimo dos meses, y ya finiquitarlo en ese tiempo sería una barbaridad legal. Además, se requieren funcionarios y jueces», recuerda el docente. «Se debe leer una a una cada solicitud de asilo. Así que incluso trayendo 4.000 funcionarios a Grecia, como prometió la UE, dos meses es poco tiempo para gestionar el volumen de solicitudes de asilo que pueden llegar».
«Pongamos dos meses para tramitar cada petición de asilo. Llegando 1.000 personas al día… imposible tramitarlas», opina el ex letrado. A menos, concluye, que Grecia apruebe una nueva ley que rechace de pleno el asilo, especialmente a los considerados menos vulnerables, como pakistaníes, marroquíes o argelinos. Urías concluye que «la UE sólo tiene un objetivo político: evitar un efecto llamada. La única forma de que el acuerdo funcione es que no lleguen más barcas».
En el centro de detención de Moria hay muchos niños y no hay escuela. Algunos pequeños juegan al fútbol; otros yacen en silencio a la vera de sus padres. «Los niños aprenden qué es una cárcel viendo la tele. Nada más llegar aquí, los míos me preguntaron si habíamos hecho algo malo para acabar en una cárcel», recuerda apesadumbrado Behram, un expolicía afgano que tuvo que salir de su país temeroso de represalias de los talibanes. Lleva una niña de pocos años en los brazos y otro chiquitín, con mirada aterrada, aferrado a su pierna. A su lado Gulam, un chaval de la ciudad afgana de Kunduz, explica que sus hermanos tienen 10 y cuatro años.
Durante los tiempos en que Moria era un campo de acogida, algunas ONG gestionaban el complejo familiar, un área especialmente protegida para las familias y las personas más vulnerables. Aunque se puede comprobar que hay áreas cercadas dentro del hoy centro de detención, guardadas por policías y algunos cooperantes, también se puede acceder a casas contenedor habitadas por familias sin pasar una segunda alambrada.
«La situación es mala y cada día va a peor. No dejan de llegar refugiados a Moria»
Hamza, que indica que llegó a Moria el 19 de marzo por la noche, detalla que durante sus primeros cuatro días tuvo prohibido salir de un sector alambrado dentro del CIE. Otros refugiados contactados ofrecen datos similares. Joaquín Urías lo confirma: «No fue hasta la protesta –una concentración de voluntarios ocurrida el jueves pasado– que ampliaron la libertad de movimiento de los internos para evitar motines. Han llegado a introducir antidisturbios».
«La situación es mala y cada día va a peor. No dejan de llegar refugiados a Moria», añade Hamza. El día antes, estima, unos 200 llegaron por mar procedentes de Turquía.
A esto se añaden roces entre nacionalidades: quienes proceden de países sin guerra reconocida, como pakistaníes, marroquíes o argelinos, imaginan que no se les aceptará una solicitud de asilo. Por ello, afirman algunos internos, hay quien intenta hacerse pasar por sirio o iraquí. Algo que acaba provocando más rivalidad y tensión.
Según el abogado Emmanouil Chatzichalkias, 975 internados han solicitado asilo a fecha de 28 de marzo. Hamza es uno de ellos, pero sólo le han dado un número y le han dicho que espere. A Alí le han dicho que vaya a la embajada afgana en Atenas a pedir un abogado, aunque no puede salir de Moria. La pareja marroquí no sabe nada.
Quienes alcanzaron Grecia antes de ese 20 de marzo se topan con un escenario todavía más incierto. Para responder al temor turco de que Grecia le ‘colara’ más deportados de la cuenta, Atenas ha empezado a enviar al territorio continental, como a la ciudad de Kavala en el norte, a quienes llegaron antes del inicio del pacto.
Turquía ha anunciado que iniciará la repatriación de todos los deportados que no sean sirios
Tampoco está claro el futuro de quienes han llegado ya a Turquía. Conforme se bajaban del ‘Lesvos’, el ‘Nazli Jale’ y el ‘Ertürk’, los inmigrantes desfilaron por una carpa de registro donde se les tomaron las huellas dactilares, luego pasaron por un chequeo de salud. Y luego se les hizo montar en un autobús preparado en el recinto, aislado con vallas del resto de Dikili.
Su destino, explicó el ministro turco de Asuntos Europeos, Volkan Bozkir, serán los centros de deportación situados en la provincia de Kirklareli, fronteriza con Bulgaria. Dado que no se trataba de sirios, se les abrirá abrirá un expediente de repatriación, incluyendo una solicitud a su país de origen, un proceso que será «lento», agregó. Afirmó que este procedimiento es el previsto para “inmigrantes económicos”, pero incluyó en esa categoría a todos los que no fuesen sirios.
Los sirios, aclaró el lunes el gobernador de la provincia de Izmir, Mustafa Toprak, ni siquiera pasarán por el viaje en ferry. “Se les enviará directamente desde las islas griegas en avión al aeropuerto de Adana», aseguró. Desde esta ciudad, situada 800 kilómetros al este de las islas griegas, los refugiados se distribuirán a diversos campamentos y centros de acogida temporales en el sureste del país.
Toprak señaló que por ahora se maneja una lista de 5.000 personas candidatos a la deportación desde las islas griegas y que aproximadamente la mitad serían sirios; Bozkir había hablado de un 70 por ciento. Quienes no sean sirios podrán ser enviados en ferry a Dikili o bien a alguno de otros cuatro puertos situados cerca de las islas: Çesme, Kusadasi, Güllük o Bodrum, aclaró Toprak.
Aparte del acuerdo de deportación con la UE, que abarca 5 islas, Turquía tiene otro con Grecia
El acuerdo firmado entre Ankara y Unión Europea en marzo prevé que por cada persona deportada de las islas a Turquía, un refugiado sirio podrá entrar legalmente en la UE. El mismo lunes ya llegaron a Hannover, en el norte de Alemania, los primeros 13 sirios incluidos en este esquema, en un vuelo regular. Volkan Bozkir negó que existiera un tope de 72.000 personas, como se había rumoreado: “Esto es un cálculo interno europeo para el reparto entre países. El acuerdo es 1 x 1, se enviarán exactamente tantos como recibamos”.
Bozkir agregó que aparte de este acuerdo, que sólo abarca cinco islas (Lesbos, Quíos, Samos, Kos y Leros), Ankara mantiene otro pacto distinto con Grecia, en vigor para todo el territorio, pero con «una cuota de mil personas», detalle que no especificó. «El año pasado, Grecia nos remitió una lista de 5.000 personas. Nosotros dijimos que podíamos aceptar a 5.000, pero al final llegaron unos 500-600», dijo el ministro.
El segundo día del acuerdo – martes – amaneció sin ferries en el horizonte de Dikili. Quizás, a los internos de Moria les quedan aún semanas o meses en el recinto vallado, mientras se revisan las solicitudes.
Turquía ¿país seguro?
¿Es legal deportar a un refugiado sirio a Turquía? La Convención de Ginebra de 1951 prohíbe expulsar o devolver a un refugiado hacia “territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.
Según la opinión de los políticos europeos, no es el caso de Turquía, donde los refugiados sirios no sufren, por lo general, persecución alguna y tienen ciertos derechos reconocidos, como la asistencia sanitaria básica gratuita, pese a que Ankara no les reconoce el estatus oficial de refugiados (Turquía firmó la Convención en 1962 con la reserva de aplicarla sólo a personas procedentes de Europa).
Pero la deportación sólo puede ser legal si Ankara garantiza que no enviará el refugiado, a su vez, hacia el país del que huyó. Teóricamente, Turquía permite a todos los sirios quedarse de manera indefinida como “huéspedes”.
La realidad parece ser distinta, según una investigación de Amnistía Internacional (AI), hecha pública el 1 de abril. Desde mediados de enero ha habido casi a diario deportaciones forzosas de cientos de refugiados sirios a su país, asegura AI.
«La policía turca ha recogido de las calles a refugiados sirios de la provincia de Hatay -junto a la frontera siria- que estaban sin registrar, los ha metido en un autobús y enviado a Siria», resume Andrew Gardner, investigador de AI. Ya en diciembre, la organización destapó prácticas similares, entonces esporádicas, empleadas contra sirios detenidos en las provincias cercanas el mar Egeo a los que se les suponía intención de viajar en barca a las islas griegas. Ahora, parece, se ha generalizado contra colectivos sirios que aún no disponen de su tarjeta de ‘huésped’ o no la llevan encima en el momento de su detención.
El Gobierno turco ha negado en un comunicado oficial que practique deportaciones de sirios y tacha el informo de «no ajustado a la realidad». Pero Amnistía dispone de numerosos testimonios detallados. «No es creíble decir que Turquía es un país seguro. Hay casos documentados de refugiados sirios, iraquíes o afganos siendo forzosamente devueltos a su país de origen», insiste Gardner.
El ministro de Interior turco, Efkan Ala, aseguró el domingo pasado que a los sirios devueltos desde Grecia se les acogerá pero que a todos los demás, como “paquistaníes, iraquíes y afganos” se les abrirá un expediente para repatriarlos a sus países. ACNUR, sin embargo, considera refugiados a iraquíes y afganos, por lo que la pretensión de Turquía de expulsarlos debería impedir legalmente su devolución desde la Unión Europea.
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