Cómo asediar al asedio
Carmen Rengel
Israel cuenta con una economía dinámica, con un 6% de crecimiento anual pese a la crisis generalizada y más de 217.000 millones de dólares de PIB. Es el segundo país con más empresas en el índice Nasdaq, sólo por detrás de Estados Unidos, uno de los líderes mundiales en patentes de tecnología, un estado donde el paro no llega al 7% (aunque a costa del infraempleo). Protegidas por Norteamérica y la Unión Europea, sus finanzas parecen fuertes, casi intocables.
Ni la amenaza de una guerra con Irán resiente su bolsa y las agencias de calificación apenas han pasado de darle un sobresaliente al notable alto. Y, aún así, ante este Goliat, se ha alzado en los últimos años un enclenque David que, como la gota constante en la roca, empieza a hacerle mella.
La campaña, iniciada en 2005, ha hecho perder a Israel 30.000 millones de euros
Es la campaña BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) iniciada en 2005 por casi 200 organizaciones palestinas y que busca “asediar el asedio”, como rezan los versos que el movimiento ha tomado como lema al poeta local Mahmoud Darwish. Donde más daño hace es en el plano comercial. Hoy se calcula que ha hecho perder a Israel no menos de 30.000 millones de euros. Tan grave, tan exitoso, que el Gobierno israelí hasta ha redactado una ley (aún en proceso de redacción) que vetará el apoyo a todo boicot —contra bienes, productos, servicios o iniciativas tanto de Israel y como de sus asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este— e impondrá fuertes sanciones sin que sean necesarias pruebas de culpabilidad. Bastará con la denuncia. Luego, en todo caso, vendrán las alegaciones. En la Knesset, el Parlamento, se ha creado además un lobby para contrarrestar los efectos de la campaña.
Todo comenzó al cumplirse un año de la resolución de la Corte Internacional de Justicia que constataba la ilegalidad del muro de separación en Cisjordania. Nada había cambiado en ese tiempo, nada había mejorado, y había por tanto que idear una nueva estrategia para que “Israel cumpla con el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, respetando los derechos del pueblo palestino”, explica Omar Barghouti, autor del libro BDS. The global struggle for the Palestinian rights.
Los activistas se fueron organizando y, desde 2007, dirigidos los pasos ya por un comité nacional, comenzaron con su campaña global.
Hay tres ejes: los refugiados, la ocupación y los derechos de los palestinos en Israel
Tres ejes la vertebran: los refugiados, la ocupación militar y los derechos de los palestinos en Israel. Y tres son las herramientas que emplean para combatir. El boicot es la primera y esencial. “Busca que ninguna empresa de Israel ni del mundo se beneficie de la violación de los derechos esenciales de los palestinos, porque mientras Israel sube escalones en la economía mundial, crece la opresión (…). Peleamos por asfixiar la economía de Israel para que dé un paso atrás en sus políticas represivas y, especialmente, combatimos todo lo que proceda de los asentamientos”, abunda Barghouti. Batalla, pues, contra las colonias, pero también contra el conjunto del Estado por tener un Gobierno “incumplidor” de las leyes internacionales.
Ese bloqueo doble se extiende al campo académico y cultural, a aquellas instituciones, centros o administraciones que “mantengan el sistema de violaciones”. Así, se hace el vacío a un conferenciante de Historia en la Universidad de Ariel, una colonia del centro, pero también se boicotea, en suelo israelí internacionalmente reconocido como tal, el Festival de Jazz de Eilat, en el sur.
A ello se suma la segunda herramienta, la desinversión: “Hay que asegurarse de que firmas cómplices, consciente o inconscientemente, ya no destinan su dinero a promover asentamientos o controles militares o ayudan al Gobierno que los ordena”. La tercera son las sanciones: Hay que “pelear para que se sancione a Israel por incumplir las normas internacionales y los dictados de la ONU y aislar al país en foros internacionales, diplomáticos o económicos, hasta que los acate. Estar entre naciones que sí cumplen es regalarle un barniz de respetabilidad inmerecido”, abunda el autor.
No sólo asentamientos
El carácter genérico de la campaña, atacando incluso intereses israelíes más allá de los asentamientos, es quizá el punto más débil de la iniciativa, el que le genera mayores críticas fuera de Palestina. Michael Sfard, abogado de Yesh Din, una asociación israelí de derechos humanos, reconoce que “criminalizar a todo un Estado es un error”. “Entiendo que traten de llevar su presión hasta las últimas consecuencias, pero pedir al mundo que borre de su mente a Israel es atacar a las personas que, dentro de este país, reconocido desde 1948, estiman que su Gobierno no actúa como debe con el pueblo palestino o que, sencillamente, tienen derecho a producir, a divertirse, a investigar. Es obviar que en Tel Aviv o Haifa o Netania hay gente que piensa distinto. Es pedir el ostracismo absoluto”, añade.
Aeyal Alon, miembro de la ACRI (Asociación por los Derechos Civiles de Israel), estima que sólo se debe perseguir a quien “en las colonias o fuera de ellas defienda el sistema de ocupación”.
“Hacer de la campaña BDS una persecución global repele a muchos que la apoyarían si sólo se orientara a los asentamientos. Corren el riesgo de que, en determinados sectores, los acusen de antisemitismo, cuando sé, por el contacto con sus promotores, que ese sentimiento en absoluto está en su raíz”.
El comité nacional se ratifica en la “necesidad” de golpear en todos los frentes y recuerda que es lo que hacían los luchadores contra el apartheid, su gran inspiración. Esta comparación con la causa surafricana hiere tremendamente en Israel pero es defendida como correcta por uno de los cabecillas de la pelea de la mayoría negra, el arzobispo Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz (1984), quien define como “peor que la de Suráfrica” la situación de “injusticia” que se vive en los Territorios Palestinos.
Algunos quieren un castigo general contra Israel, otros se limitan a boicotear los asentamientos
La última gran victoria del BDS ha sido la decisión de la firma de supermercados The Co-operative Group de anular todo contrato de quien distribuya productos de los asentamientos, en los que medio millón de colonos viven sobre suelo ocupado a juicio de la comunidad internacional. Esta empresa británica, el quinto mayorista más potente del Reino Unido, anunció el día 29 de abril que lo hace porque contraviene sus “principios éticos”.
El comunicado oficial afirma la necesidad de evitar “dolor” a los palestinos y su deseo de no romper relaciones con marcas israelíes, siempre que no comercien con las colonias. El golpe no es pequeño ya que The Co-op, como es conocida popularmente, cuenta con 4.800 tiendas, emplea a más de 106.000 personas y tiene un volumen de negocio anual de 21.000 millones de dólares. Tenía contratos con cuatro compañías: Mehadrin, Arava Export Growers, AdaFresh y Agrexco/Carmel, todas productoras de fruta y verdura. A esta última empresa el boicot le ha dado “la puntilla”, explica el economista israelí Shir Hever. Hoy sólo quedan los últimos flecos del negocio, en proceso de disolución total tras el colapso sufrido en 2011.
Hever recuerda que en 2006 un tribunal británico (donde llevaban casi el 30% de sus envíos) dictó que “violaba el derecho internacional” porque entre el 60 y el 70% de sus exportaciones provenía de colonias, la mayoría en el Valle del Jordán, donde “se expropia a los palestinos, ilegalmente, el 98% del agua de la zona”, según datos de la OCHA (Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU) en Palestina. La firma agrícola nació en 1956 con un 50% de capital estatal. Hoy la presión política ha podido con ella y el Estado ha sido incapaz de impedir su caída.
John Meansheimer, experto estadounidense en los lobbys proisraelíes, deja claro que los activistas ya no sólo logran imágenes impactantes manifestándose en ferias alimentarias en Washington o tomando supermercados de París o San Sebastián señalando los productos que proceden “de suelo palestino ocupado” (L’Oreal, Nestlé, Eden…).
El 10% de los 400 exportadores de Israel han tenido que cancelar algún pedido desde 2009
Han logrado instalar sus reivindicaciones en el imaginario de cadenas “potentes” de Europa, Estados Unidos y Canadá, dañando especialmente al sector de la alimentación de todo Israel. Afirma que el 90% de los exportadores locales han bajado sus ventas por el boicot, especialmente en los encargos procedentes de Reino Unido y los países escandinavos.
El Instituto de Exportación de Israel atestigua que el 10% de los 400 exportadores que tiene registrados han visto cancelado algún pedido desde la Operación Plomo Fundido contra Gaza (diciembre 2008-enero 2009).
Ilan Eshel, director general de la Asociación israelí de Productores de Fruta, afina que los productos más afectados son naranjas, aguacates, dátiles, mangos y caquis. Denuncia ese carácter general de la campaña, que “no sólo afecta a Judea y Samaria [como denomina a Cisjordania], sino que se persigue el código de barras numerado con el 729, que corresponde a todo Israel. Nos dañan a todos”, lamenta. Enfadado, se pregunta si habrá que terminar poniendo “una estrella amarilla” a cada producto hecho en Israel, como las que se cosían a la ropa o se ponían en brazaletes los judíos perseguidos por los nazis.
La firma de abogados Al Zaeem, de Gaza, denuncia, no obstante, que Israel ha “jugado” históricamente con el sello “made in Israel”, una etiqueta con la que venden todo tipo de productos, también de las colonias (lo cual es ilegal), beneficiándose así de las condiciones que Europa concede a las importaciones israelíes en el marco de los acuerdos de asociación UE-Israel, que precisamente en este instante están en fase de renovación.
“Es un engaño. Un fraude. Hacen pasar por legales bienes que no lo son, que vienen de territorios denunciados por la comunidad internacional. Lo que pierden con la campaña del 729 lo ganan con creces tergiversando el origen de sus exportaciones”, añaden.
Asedio a las empresas
Los triunfos del boicot-desinversión-sanciones van mucho más allá de la alimentación. El 17 de abril pasado, la UE se negó a renovar el contrato con G4S, una empresa de seguridad privada que presta servicio en el Parlamento Europeo desde 2008 pero que también se dedica a vigilar asentamientos. Las reuniones de líderes del movimiento con eurodiputados han dado resultado.
La multinacional francesa Veolia, de transportes y servicios, es una de las más afectadas
Quizá el mayor golpe ha sido el fracaso de la compañía Veolia, que en su triple faceta de transportes, tratamiento de aguas y recogida de basuras es la diana de los activistas propalestinos. Suyas son las líneas de autobús que conectan las principales ciudades de Israel con los asentamientos cisjordanos, y suyo es el servicio municipal de desechos y depuración en estas mismas colonias.
Junto a Alstom, Veolia ganó el concurso del tranvía de Jerusalén (500 millones de dólares), que pasa por colonias y barrios árabes, pero el resto del mundo le da la espalda: Reino Unido, Francia, Suecia y Australia han vendido sus acciones y han excluido a Veolia de todo contrato público. En Estocolmo, tras 10 años de servicio, perdieron el contrato para operar en el metro, 3.500 millones de euros, y el Ayuntamiento de Londres los dejó fuera del contrato por 485 millones de libras de una planta de tratamiento de residuos en el oeste de la capital.
Hace pocos meses, Veolia perdió la licitación de la segunda fase del tren de alta velocidad de Arabia Saudí, el Haramain, 10.000 millones de dólares, también en alianza con Alstom. En todos estos casos, las administraciones implicadas se habían reunido previamente con líderes del movimiento BDS y se habían mostrado de acuerdo con sus reivindicaciones.
Un repaso a la prensa de los últimos seis meses arroja más ejemplos de tantos que se ha apuntado el movimiento: el cierre de la tienda de Ahava (cosméticos del Mar Muerto hechos en la colonia de Mitzpe Shalom) en Londres; la negativa de los trabajadores portuarios de toda Suecia o California (EEUU) a descargar productos de los asentamientos; la decisión del banco franco-belga Dexia de desprenderse de su filial, Dexia Israel, porque su financiación de proyectos en zona ocupada es “contraria a su código ético”; el Pensioenfonds Zorg en Welzinj, el mayor fondo de pensiones de Holanda, con 97.000 millones de euros en inversiones, que retiró de su cartera de negocios todo rastro de firmas israelíes (bancos, telecomunicaciones, construcción), o la firma sueca de cerraduras Mul-T-Lock, primera en el país, que ha dejado de instalar puertas en los asentamientos.
La campaña especial contra las empresas de Defensa aún pincha en hueso
Sin embargo, hay un pilar de la economía israelí donde los activistas pinchan en hueso: el militar. Por eso han lanzado una campaña especialmente orientada a frenar las importaciones, exportaciones, mercadeo de doble uso e I+D armamentística. Sólo a la UE, las firmas israelíes del sector exportan cada año material por valor de 755 millones de euros, con Francia y España entre sus mejores clientes.
El único logro reseñable de los activistas en este campo data de 2009, tras Plomo Fundido, cuando un grupo de británicos irrumpió en una fábrica de EDO/ITT, desactivando la cadena de producción y montaje de componentes que tenían Israel por destino. En 2010, un juez local los exculpó, porque “habían actuado intentando frenar crímenes de guerra”.
La vertiente cultural de la lucha cada día es más destacada. Ahora los esfuerzos se centran en evitar que dos cantautores declaradamente progresistas como los españoles Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina celebren su concierto en Tel Aviv, previsto para el 21 de junio.
Muchos son los que, antes, han tenido que incumplir sus contratos: Elvis Costello, Carlos Santana, Gil Scott-Heron, Suzanne Vega, Deep Purple, Gorillaz… Abiertamente han confesado que, tras entrevistarse con palestinos o activistas a favor de su causa, han decidido cambiar de opinión. Otros como U2, Bjork, Snoop Dogg o Vanessa Paradis han suspendido actuaciones sin explicación, pero tras numerosas acusaciones de “sostenes de la ocupación”. Los que deciden venir, como Madonna, Guns and Roses, José Mercé o Julio Iglesias, hablan del “arte como arma de paz, para unir enemigos” como justificación.
Artistas como U2, Bjork, Snoop Dogg o Vanessa Paradis han suspendido actuaciones en Israel
No sólo es una cuestión musical. La Universidad de Johannesburgo ha roto lazos con la de Ben Gurión; Jean Luc Godard, el director de cine, anuló hasta un ciclo-homenaje en Jerusalén y numerosos actos universitarios, y más de 200 actores (varios de ellos destacados como Kenneth Branagh o Susan Sarandon) escribieron un comunicado contra el festival de teatro de Ariel, la colonia en la que vive el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman. Manifiestos similares han sido respaldados por intelectuales como Illan Pape, Ken Loach, Vincenzo Consolo, Stephane Hessel, Roger Waters, Naomi Klein, John Williams, Henning Mankell o Alice Walker (estos dos últimos incluso participaron en la Flotilla de la Libertad de 2010 a Gaza).
La contraparte, cada día más organizada, la encabeza el escritor y filósofo francés Bernard Henri-Levy, quien argumenta que los boicots se deben plantear “contra las dictaduras, e Israel es una democracia”, que sólo buscan “deslegitimar al Gobierno” y que su “inspiración es no pacífica”. Barghouti lo desmiente: “No tiramos ni una piedra. Sólo le enseñamos al mundo la vergüenza. El conocimiento hará que el mundo gire sus ojos de nuevo a Palestina y saque a este pueblo de la situación enquistada que vive. La guerra se gana a base de pequeñas batallas”.
