No queda (casi) nada que vender
Óscar Tomasi
Lisboa | Abril 2016
Durante los últimos meses, en Portugal ha irrumpido con fuerza el debate sobre la «españolización» de su banca, una expresión que ya forma parte del ideario popular y que hace referencia al creciente peso del país vecino en el sector financiero nacional. El Santander, el BBVA, el Popular y Bankinter -incorporación ésta muy reciente- se encuentran físicamente en suelo luso a través de su red de oficinas, a los que se suman los catalanes CaixaBank y Sabadell, que están presentes en calidad de accionistas de dos de los principales bancos portugueses.
Actualmente se calcula que en torno al 30 % del sector financiero luso está en manos españolas, un porcentaje que podría aumentar si la OPA lanzada en abril por el CaixaBank para controlar totalmente el Banco Portugués de Inversión (BPI) culmina con éxito. Y falta por dilucidar cuál es el futuro del Novo Banco, la tercera mayor entidad del país, heredera del extinto Banco Espírito Santo (BES) y por el que varias firmas españolas están interesadas.
Se calcula que en torno al 30 % del sector financiero luso está en manos españolas
La influencia de España compite con el poder de Angola en su antigua metrópoli, con la inversora Isabel dos Santos -la mujer más rica de África e hija del presidente de su país de origen- como gran protagonista. Luanda es, ahora mismo, el único contrapeso posible para el apetito inversor por la banca procedente de España, lo que suscita recelos en Portugal, que lamenta la ausencia de inversores nacionales con capital (y voluntad, sobre todo voluntad) para entrar en la carrera.
El mejor ejemplo se da en el seno del BPI, donde CaixaBank y Dos Santos mantienen una encarnizada lucha por el control de la entidad, con el jefe del Estado y el Gobierno luso como mediadores, temerosos de que nuevas turbulencias financieras pongan en riesgo la recuperación del país.
Dependencia
Más allá de las históricas suspicacias que despierta en Portugal todo lo que viene del otro lado de la frontera, la discusión que existe estos días en suelo luso refleja un temor que se mantenía latente hasta ahora. ¿En manos de quién o quienes está el país? ¿La dependencia de terceros supone un riesgo?
Durante la pasada legislatura, el Gobierno luso de Pedro Passos Coelho (centro-derecha) implementó, a sugerencias de la troika, un ambicioso programa de privatizaciones. Gradualmente, el Estado se deshizo de casi todas sus participaciones empresariales, sobre todo de las más importantes.
La subasta de empresas públicas dejó en las arcas lusas más de 9.000 millones de euros
El proceso arrancó con la venta de Energías de Portugal (EDP), una de las empresas «banderas» del país, y de Redes Energéticas Nacionales (REN). Ambas fueron compradas por compañías chinas -otra de las nacionalidades que ha hecho negocio con la crisis en suelo luso- por cerca de 3.750 millones de euros.
Después fue el turno de la concesionaria de aeropuertos ANA, adquirida por la francesa Vinci a cambio de otros 3.000 millones. Los Correos (CTT), un pequeño porcentaje en la petrolera Galp, la unidad aseguradora del banco estatal CGD y una división de la empresa Trenes de Portugal completaron una subasta pública que dejó en las arcas lusas más de 9.000 millones de euros, prácticamente el doble de lo esperado inicialmente. Y eso que por el camino quedó la aerolínea TAP, cuya venta fue anulada por el actual Ejecutivo socialista, así como las concesiones del transporte público tanto de Lisboa como de Oporto.
El encaje económico global con estas operaciones, equivalente al 5 % del PIB luso, permitió aumentar los ingresos públicos y evitó la adopción de nuevos y más severos ajustes. Una estrategia aparentemente exitosa que, sin embargo, es contestada por algunos analistas y expertos -la mayoría próximos a las fuerzas de izquierda- por conllevar riesgos a largo plazo. En la próxima crisis, ¿qué le quedará a Portugal para vender?
«Pese a que los decretos de privatización de EDP y REN contienen referencias a la salvaguarda del interés nacional, no fue prevista ninguna cláusula de penalización por su incumplimiento, por lo que en estos dos procesos no fueron tomadas medidas legislativas que vigilasen los intereses estratégicos del Estado». La advertencia procede del Tribunal de Cuentas luso, también preocupado por las consecuencias a largo plazo de esta política.
Por si fuera poco, el rescate financiero pedido por Portugal en 2011 implicaba, como exigencia «sine qua non», que el Estado se desprendiera de la acción de oro -instrumento que le permitía vetar cualquier venta de la compañía- en la gran «joya de la corona»: la operadora Portugal Telecom (PT).
La operadora más importante del país está totalmente controlada por capital extranjero
El caso de PT es paradigmático. En 2013, ya con el Estado sin voz ni voto, fue aprobada su fusión con la brasileña Oi con la esperanza de alumbrar un nuevo «gigante» de las telecomunicaciones a nivel mundial. Aunque la decisión ya hacía menguar el poder de decisión de Lisboa, existía cierta esperanza de formar parte de un gran proyecto internacional.
El optimismo se desvaneció pronto, apenas dos años después, cuando Oi -necesitada de liquidez- aceptó una oferta de 7.400 millones de euros de la francesa Altice por el negocio de PT en Portugal. ¿Conclusión? La operadora más importante del país está totalmente controlada por capital extranjero.
Riesgos
«Vender unas empresas es una cosa. Venderlo todo… No es bueno para el país». Así lo piensa Kristin Adréasson, una vecina lisboeta de origen sueco que trabaja en el sector del turismo. El frenesí de ventas en el que se embarcó Portugal no le sorprendió, asegura, recordando que su país también perdió el control de empresas emblemáticas, como Volvo. «En un mundo globalizado, que vengan empresas de otros países a invertir es normal. Pero en Suecia, en los sectores estratégicos seguimos estando. En telecomunicaciones, energía, agua, banca…», enumera.
Bloque de Izquierda y Partido Comunista insisten en nacionalizar empresas en lugar de malvenderlas
En un contexto de ligera recuperación económica y con un Gobierno socialista sostenido por los partidos de izquierda en el Parlamento, el tema ha ganado fuerza y parece instalado en el debate público. Tanto es así que tanto el Bloque de Izquierda -tercera fuerza del país, hermanada con Podemos y Syriza- como el Partido Comunista insisten en la opción de nacionalizar, y más concretamente, apuntan a los beneficios de que el Estado se haga con el Novo Banco, en vez de malvenderlo. Su posición es defendida incluso por economistas y exbanqueros habitualmente alejados de esas posiciones, lo que ha dado alas a sus reivindicaciones.
A la cabeza de esta “lucha” se encuentra Mariana Mortágua, una joven diputada del Bloque de Izquierda que goza de altas cotas de popularidad gracias a su combativo discurso y que acaba de publicar un libro sobre las privatizaciones en su país. En él, defiende que con esta política “de entregar todo lo que cuenta a quien aparezca para llevárselo (…), el país queda más pequeño, más pobre, con menos poder de decisión, y por eso, menos democrático”.
En una intervención parlamentaria, Mortágua resumió la situación con una frase perentoria: “Vendemos todo. Incluso Portugal”.
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