Turquía, ante el examen
Darío Menor
Una nueva violación de los derechos fundamentales amenaza con bloquear las negociaciones de ingreso de Turquía en la Unión Europea, iniciadas el pasado mes de octubre. El juicio contra el afamado escritor turco Orhan Pamuk —candidato al Nobel de literatura y traducido a 35 idiomas—, al que se le acusa de «ultrajar la identidad turca», vuelve a poner de manifiesto la falta de respeto del Gobierno turco a la libertad de expresión, un requisito mínimo exigido por Bruselas a la hora de valorar la candidatura de Ankara.
La acusación contra Pamuk nace de unas declaraciones que el escritor realizó al diario suizo Tages Anzeiger en febrero pasado, y en las que habló sobre dos de los episodios más traumáticos de la historia reciente de Turquía: la matanza de entre 600.000 y 1,2 millones de armenios y de decenas de miles de kurdos durante la Primera Guerra Mundial. «30.000 kurdos y un millón de armenios fueron asesinados en este país y nadie, salvo yo, se atreve a hablar de ello. Es por eso que me odian», afirmó el autor de Kar (‘Nieve’) y Benim Adim Kirmizi (‘Me llamo Rojo’).
Las afirmaciones de Pamuk acerca de estos crímenes, ocurridos durante los últimos años del Imperio Otomano y confirmados por los historiadores pero no asumidos por el Estado turco, provocaron una ola de críticas por parte de nacionalistas y conservadores, que tacharon al escritor de «traidor» y de «haber jugado con la Historia y con los sentimientos de los turcos». Ante las amenazas, el autor, galardonado en octubre con el Premio de la Paz que otorgan los libreros alemanes, optó por exiliarse.
«La prohibición de hablar sobre los armenios es contraria a la libertad de expresión»
El escritor refleja en sus obras el amor que profesa a su nación y a su cultura —que ha presentado a miles de lectores en Occidente—aunque también sus ansias por modernizar la sociedad turca y acercarla a Europa, para lo que considera un paso imprescindible asumir la propia Historia: «Lo que sucedió con lo armenios en 1915 fue una acción de enormes proporciones que se ocultó al pueblo turco; pero debemos ser capaces de hablar sobre el pasado. Creo que lo que mancha el ‘honor’ de un país no es la discusión de los puntos negros de su Historia, sino la imposibilidad de discutirlos. Considero que la prohibición de hablar sobre los armenios durante el período otomano supone una prohibición contraria a la libertad de expresión», escribió Pamuk en el semanario estadounidense The New Yorker antes de la primera sesión del juicio, celebrado el pasado 16 de diciembre y por el que podría ser condenado hasta a tres años de cárcel.
9.000 presos políticos
No sería un caso extraño: la persecución de delitos de opinion ha sido una práctica común en Turquía hasta fechas muy recientes y se ha cebado sobre todo con personajes de la izquierda. Un caso paradigmático es el del abogado ciego y también escritor y dramaturgo Esber Yagmurdereli, condenado a muerte en 1978 tras un juicio calificado como ‘farsa’ por Amnistía Internacional. Su sentencia fue conmutada por cadena perpetua; en 1991, una amnistía le permitió abandonar la prisión bajo la condición de no volver a incurrir en delitos cubiertos por la —muy amplia— ley antiterrorista. Tras un discurso público en el que defendía los derechos del pueblo kurdo, fue detenido una vez más y condenado en 1997 a diez meses de prisión. Una nueva amnistía lo liberó en 2001.
Un año antes, Amnistía Internacional cifraba en 9.000 el número de presos políticos e informaba de que 800 de entre ellos estaban en huelga de hambre. Una situación sorprendentemente poco conocida en Europa en estos momentos. La falta de atención internacional tuvo un efecto terrible sobre estas huelgas: muchas terminaban con la muerte del preso ante la indiferencia de las autoridades, algo que contribuyó a debilitar el movimiento izquierdista turco. Gran parte de los detenidos cumplían largas sentencias por delitos irrisorios. Yagmurdereli recuerda que en los años noventa compartió celda con varios estudiantes que habían sido condenados a ocho años de cárcel por haberse manifestado ante el Congreso contra la subida de la matrícula universitaria. Fueron juzgados bajo la ley antiterrorista.
La amnistía de 2001 redujo considerablemente el número de presos políticos. Pero el acoso legal a los defensores de los derechos humanos continúa. Eren Keskin, abogada y vicepresidenta de la Asociación de Derechos Humanos, que también pasó por la cárcel en los años noventa, fue detenida e interrogada en noviembre pasado, acusada de haber «insultado a las Fuerzas Armadas» por criticar el poder de éstas en Turquía. Sigue en libertad, pero si es juzgada, podría ser condenada a tres años de prisión. Al modesto local de la Asociación en Istanbul llegan con frecuencia cartas de amenazas.
El interés de la Unión Europea, que escudriña de cerca el respeto a los derechos humanos en el país candidato, contribuye a frenar los abusos, algo que causa una sensación agridulce entre la izquierda turca: «Como marxista estoy en contra de los bloques capitalistas como la Unión Europea, pero tengo muy claro que sólo el ingreso en la UE puede garantizar que Turquía respete nuestros derechos» explica Natija A., de 27 años.
Natija, profesora de inglés en Diyarbakir, la mayor ciudad kurda, se matriculó este año en la primera academia que enseña kurdo de forma legal para aprender bien su propio idioma, aún vetado en los colegios. Pese a que ya no constituye delito, tuvo que hacer prueba de valor.»Mis padres querían disuadirme, por miedo a que me despidieran de mi trabajo. Todo el que aprende kurdo sigue siendo sospechoso» relata.
«Sólo el ingreso en la UE puede garantizar que Turquía respete nuestros derechos»
Pese a las manifiestas mejoras, Amnistía Internacional sigue denunciando torturas, encarcelamientos y algunas ejecuciones extrajudiciales en el sureste del país, donde la presencia de los grupos armados kurdos sirve de pretexto para muchos abusos policiales. En Istanbul, el clima político es mucho más abierto que en años anteriores. En marzo pasado, una enorme manifestación de grupos de izquierda en el barrio de Ghazi tuvo lugar bajo la atenta mirada de la policía —provista de tanquetas— pero sin incidentes. Pocos días antes, la represión a golpes de la manifestación del Día Mundial de la Mujer había provocado airadas críticas.
«La policía estaba sorprendida por la reacción internacional, ya que habían aplicado las prácticas de siempre, pero por primera vez salió en televisión» comenta Yagmurdereli. «La leyes cambian, pero no las mentalidades: tal vez aquellos agentes acabaran de pegar a su propia esposa en casa y están sorprendidos de que de repente se les pida contención en la calle». Esta vez hubo consecuencias legales: varios agentes fueron acusados ante los tribunales y se enfrentan a posibles condenas.
La entrada en la UE, en juego
Así, el proceso legal abierto contra Orhan Pamuk se ha convertido en una prueba de fuego para determinar el compromiso de Turquía con la libertad de expresión. Está siendo vigilado por un grupo de enviados del Parlamento Europeo, que ha manifestado que el caso puede tener un impacto «enorme y negativo» en las conversaciones con Turquía para negociar su ingreso en la Unión Europea.
«No sólo Orhan Pamuk será juzgado, sino toda Turquía», declaró Olli Rehn, Comisario europeo para la Ampliación. Otra de las advertencias llegó de Denis MacShane, ex ministro para Asuntos Europeos de Reino Unido y miembro del Parlamento británico, que ejerció de observador en el juicio. «Las acusaciones de insultar al Estado es algo que se asocia con los regímenes dictatoriales, no con un Estado europeo moderno. Es un duro golpe para los que apoyan el ingreso de Turquía en la UE», afirmó MacShane. El ‘rapporteur’ (informador) del Parlamento Europeo para Turquía, el eurodiputado Camil Eurlings, también advirtió que «la imagen de Turquía ya ha sido dañada. La responsabilidad la tiene ahora el ministro de Justicia».
Saramago, García Márquez y Grass firman un manifiesto de solidaridad con Pamuk
La presión internacional y un reciente cambio del Código Penal llevaron al juez encargado del proceso a suspender la sesión y pasar la causa al Ministerio de Justicia, que debe decidir si sigue adelante con la acusación. De momento, el juicio se ha pospuesto hasta el próximo 7 de febrero.
Tres premios Nobel de literatura —José Saramago, Gabriel García Márquez y Günter Grass— y otros importantes escritores han suscrito un manifiesto conjunto en el que muestran su solidaridad con su colega turco y señalan que «los comentarios sobre acontecimientos históricos no pueden constituir delito alguno». Ante la avalancha de críticas, Recep Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía, ha acusado a la UE de «colocar al sistema judicial bajo presión». Erdogan, que se considera a sí mismo una víctima de la falta de libertad de expresión (cumplió 4 meses de cárcel en 1999 por recitar un poema considerado «antilaico») parece haber olvidado sus anteriores compromisos. «Las libertades tienen límites. Lo que es sagrado debe respetarse», advirtió recientemente.
El escritor se muestra optimista ante el proceso y afirma que «no creo que acabe en la cárcel». La proyección internacional que ha levantado su caso es una suerte que no comparten otras víctimas de la falta de libertad de expresión. Según informes de diversas ONG, 16 periodistas y 37 autores o editores han sufrido condenas en los últimos 18 meses en virtud del polémico artículo 159 del anterior Código Penal o de su sustituto en el nuevo reglamento, el 301, que regula el agravio a la identidad turca, al Gobierno o a las instituciones del Estado.
Amnistía Internacional considera que este artículo «amenaza directamente la libertad de expresión». Orhan Pamuk ya hizo gala de su postura crítica en 1998 al rechazar un galardón oficial debido a la falta de libertades en su país. Su literatura narra los continuos conflictos de identidad de Turquía y su idiosincrasia híbrida, a caballo entre la tradición y la modernidad y en un pulso constante entre el islam y el régimen laico.
