La cristianísima Europa

Roma | Junio 2006 | Con Ilya U. Topper

Nada impediría, teóricamente, que el Rey de España se declarara ateo o se hiciera budista. Una opción no válida para las cabezas coronadas de buena parte de Europa: «El rey profesará en todo momento la religión evangélica-luterana, la defenderá y la protegerá» reza el artículo 4 de la Constitución de Noruega. No sólo el monarca, también «más de la mitad de los miembros del Consejo de Estado deben pertenecer a la religión oficial» y los habitantes del país escandinavo que profesan esta fe «deben educar a sus hijos en la misma» manda el artículo 2, que establece la Iglesia Evangélica Luterana como religión del Estado, a la vez que garantiza libertad de culto a los ciudadanos. Eso sí, los colegios de enseñanza primaria y secundaria deben «ayudar a dar a los alumnos una educación cristiana y moral» según la ley.

Tampoco el rey de Dinamarca tiene libertad de decidir sus creencias: «Debe ser miembro de la Iglesia Evangélica Luterana» acorde a la Constitución danesa, que define esta congregación como Iglesia oficial de la nación.

Desde el decreto que creó la Santa Inquisición —conocida hasta hoy en inglés como Inquisición Española—, el sur de Europa tiene fama de ser feudo inexpugnable del clero cristiano. En realidad, son precisamente los Estados ribereños del Mediterráneo los que han establecido la división más clara entre Estado y Religión. En el territorio de las iglesias protestantes, el vínculo entre ciudadanía y fe cristiana es a menudo inextricable.

«El Estado debe veneración pública a Dios Todopoderoso, reverenciará Su nombre y respetará la religión»

Ningún país europeo va tan lejos como Noruega en vincular a los ciudadanos a una religión determinada, pero muchos incluyen la condición divina en la Carta Magna. Alemania inicia el préambulo de su Ley Fundamental con las palabras: «Conscientes de su responsabilidad ante Dios y la humanidad…», mientras que la Constitución de la muy católica Polonia de 1997 tiene el cuidado de aclarar que la Nación polaca incluye «tanto a los que creen en Dios como a los que no comparten esta fe».

Irlanda es el Estado católico que más lejos va en su adherencia a la doctrina religiosa: su constitución se promulga «en el nombre de la Santísima Trinidad de la que emana toda autoridad y ante la que, como meta final, toda acción de hombres o estados debe responder» y reconoce «modestamente nuestras obligaciones ante nuestro Divino Señor Jesucristo, que sostuvo a nuestros padres durante siglos de persecución…»

También el artículo 44 reafirma que «el Estado debe veneración pública a Dios Todopoderoso, reverenciará Su nombre y respetará la religión». Eso sí, acto seguido aclara que no respaldará a ninguna religión en concreto; una enmienda introducida en 1972 para eliminar la posición preferente de la Iglesia Católica.

Frente a estos ejemplos, ningún Estado del sur de Europa hace oficialmente caso a Dios. Incluso Italia, donde la influencia de la Iglesia Católica es omnipresente, se declara «independiente de la Iglesia» en el artículo 7 de su Constitución, que señala los Pactos del Letrán de 1929 como base para la relación entre ambas entidades. Ni España ni Portugal hacen referencia a divinidad alguna en sus respectivas cartas magnas, y Francia es el ejemplo del laicismo llevado a su forma más pura.

Diferentes ramas, igual objetivo

La Iglesia Católica no sólo domina la mayor parte de Europa en términos geográficos y de población, también es la única que dispone de un eficaz aparato jerárquico capaz de firmar concordatos con rango de Tratado Internacional (siete países europeos se adhieren a esta modalidad). Frente al Vaticano, las diversas Iglesias protestantes suelen limitar su doctrina al ámbito nacional en el que se encuentran. La Iglesia Luterana es la única reconocida como religión de Estado en Noruega y Dinamarca pero Alemania también tiene firmados tratados equivalentes al concordato con varias congregaciones protestantes.

Similar es el panorama de la Iglesia Ortodoxa, dividida en varias ramas nacionales. A menudo juegan un gran papel en la vertebración de la conciencia nacional. En Grecia, donde el 97% de los ciudadanos pertenece a esta fe, la Iglesia Griego-Ortodoxa se opuso de forma vehemente a la decisión del Gobierno socialista de eliminar la entrada de ‘religión’ del DNI. Una manifestación en junio de 2000 en Atenas congregó a 130.000 personas, aunque las autoridades no se plegaron a la exigencia de «preservar el carácter de la nación».

La Iglesia Ruso-Ortodoxa y sus ramas nacionales en otros países del Este, como Rumanía o Serbia, vive una especie de renacimiento después de medio siglo de ateismo oficial. La influencia de las autoridades eclesiásticas en la esfera pública ha crecido enormemente en la última década.

En Rumanía fue necesaria la intervención del Parlamento Europeo para que el Gobierno retirara una ley, exigida por la Iglesia rumana, que prohibía la homosexualidad. En Rusia, incluso el todopoderoso ‘zar’ Vladímir Putin busca la bendición cristiana. Albania, el único Estado europeo con tradición mayoritariamente islámica, afirma en el preámbulo de su Constitución «la fe en Dios y/o otros valores universales».

Ni siquiera los Estados de Serbia o Montenegro, que buscan su legitimidad histórica en la resistencia de la población cristiana contra el Imperio Otomano, admiten vínculo entre Iglesia y autoridad pública. En el sur de Europa, sólo Malta, nación isleña fundada por los Cruzados, establece la fe católica como religión de Estado.

Estado laico, leyes religiosas

Pero incluso en los países en los que la Constitución es estrictamente laica, la religión se introduce a menudo en la vida pública a través del código legal. El campo preferente es el de la Enseñanza. Así, casi todos los países europeos incluyen la asignatura de la religión en el currículo escolar. En el oeste del continente, Francia —que destierra todo tipo de manifestación religiosa de las aulas— es la excepción; en la parte oriental, muchos Estados ex comunistas, como Ucrania, República Checa o Albania, prescinden de esta materia.

En los países que incluyen la religión como asignatura en los planes educativos, se diferencian dos conceptos: los que ofrecen esta temática como una clase confesional que servirá para educar a los niños en la ‘fe verdadera’ y aquéllos que la consideran como una ciencia que debe hacer entender las religiones sin privilegiar ninguna sobre la otra. La segunda visión se aplica en Gran Bretaña y Escandinavia, mientras que la opción confesional domina en el resto de Europa.

Hay matices: muchos ciudadanos británicos o noruegos dudan de que los profesores, posiblemente devotos cristianos, muestren suficiente imparcialidad, pero no pueden negarse a que sus hijos participen en esta clase, tan obligatoria como las demás.

Por otra parte, los Estados que imponen una asignatura confesional han ido incorporando en las últimas décadas mecanismos para ofrecer a los alumnos no cristianos —o de distinta confesión— asignaturas alternativas, si no establecen directamente la asignatura de religión como una materia adicional, de participación voluntaria, como es el caso de Portugal.

Tanto en España como en Polonia, Austria, Bélgica o Eslovaquia, el alumno puede elegir entre la clase religiosa o un temario de Ética. Pero en la práctica, no siempre hay garantías: el movimiento laicista italiano denuncia que gran parte de los colegios no ofrecen la materia alternativa, por lo que los alumnos o bien deben acudir a materias tuteladas por maestros con tiempo libre o regresar a sus casas, algo que pocos padres pueden compatibilizar con los horarios de trabajo. «La Iglesia se niega a poner todas sus clases a primera hora de la mañana o a última de la tarde para resolver el problema», denuncian los opuestos al catecismo.

Un caso aparte es Alemania, donde la asignatura es obligatoria y evaluable en todo caso, impartida por personas designadas por las Iglesias, ya sea la católica o la protestante (Berlín y algunos ‘länder’ no siguen esta línea). El alumno puede solicitar la exención de la clase en los colegios públicos, una norma que no vale en los privados. En la católica Baviera, los padres pueden decidir sobre la participación de su hijo hasta los 18 años.

Varios países europeos mantienen concordatos —con valor de tratado internacional— con el Vaticano para regular la enseñanza religiosa en los colegios. Así, Austria y Alemania otorgan a la Iglesia la capacidad de dar el visto bueno a los profesores de la materia religiosa en la escuela pública, a revocar la licencia de éstos y a controlar los contenidos de las clases.

También el debate del crucifijo crea polémica en varios ministerios de Educación europeos. Mientras que el defensor del pueblo andaluz, el cura José Chamizo, sostiene que un cruficijo debe retirarse del aula si un sólo alumno lo pide, en Italia todos los políticos, incluidos los de la izquierda, cerraron filas con la Iglesia en su rechazo frontal de las diversas sentencias judiciales contra la confesionalidad de la decoración escolar: oponerse al clero sigue siendo una especie de suicidio político en Italia. Hoy, la decisión de mantener o retirar la cruz pertenece al director de cada centro, sin que las asociaciones de padres tengan control sobre ello.

Más grave aún fue el caso de Baviera: el Tribunal Constitucional alemán decidió en agosto de 1995 que la ley bávara, que obligaba a colocar un crucifijo en cada aula, era anticonstitucional. En respuesta, una manifestación de 30.000 personas, encabezada por las autoridades públicas, criticaba en Munich «la destrucción de los valores fundamentales».

Alemania es, con todo, uno de los Estados europeos con mayor presencia eclesiástica en los asuntos públicos: tanto el clero católico como el protestante sientan, por ley, a sus representantes junto a empresarios y sindicatos en el Consejo de la Radio pública o en el Consejo del Fomento del Cine, para dar dos ejemplos. También copa un tercio de los centros para el conflicto del embarazo, una red de instituciones aprobadas y financiadas por el Estado cuya visita es obligatoria para todas las mujeres que quieren recurrir al aborto. En 2001, el Vaticano ordenó no emitir el certificado que atestiguaba la asistencia para no «dar el visto bueno al homicidio del feto». Un paso lamentado por muchos obispos alemanes, que vieron recortada tras esta decisión tanto su influencia en la sociedad como la financiación pública de sus centros.

Batalla contra la secularización

El debate del aborto subraya también el poder de la Iglesia Católica en Polonia. Tras una durísima campaña de la Conferencia Episcopal, la Corte Constitucional invalidó en 1996 una ley promulgada un año antes, que permitía el aborto por causas sociales y económicas. Hoy sólo se admite la interrupción del embarazo si peligro la salud de la madre, por violación y por malformación fetal. En añadidura, los anticonceptivos sólo se deben vender en farmacias y no se encuentran en todas.

La gran prioridad de las jerarquías de la Iglesia Católica en los últimos decenios ha sido precisamente combatir la progresiva secularización de Europa, iniciada con la Revolución francesa en 1789. La elección de Benedicto XVI en el cónclave y sus primeras jugadas en el tablero vaticano demuestran que el fenómeno preocupa más que nunca. En este sentido, Polonia, Irlanda y Baviera son bastiones de la fe, en las que el Vaticano tiene dominada la situación. La batalla más acuciante —desde hace siglos perdida en Francia— se plantea en Italia, Portugal y sobre todo en España, pese a las apariencias uno de los países más laicos de Europa, en lo que a legislación se refiere.

Publicado en La Clave Nº 272 | 30 Junio 2006