Cansados de tocar fondo

 

Para explicar los grandes vacíos de regulación en el buceo tal vez habría que remontarse dos o tres décadas atrás, cuando el boom de la inversión pública en infraestructuras y la proliferación del tráfico marítimo multiplicaron por cinco el número de buceadores disponibles. La inmensa mayoría de ellos eran y son free-lance, supeditados a empresas que, en un contexto de competencia feroz, fueron brindando presupuestos cada vez más bajos.

Los contratistas principales, por lo general grandes constructoras, entraron en el juego con el añadido de que nadie pediría responsabilidades: ni siquiera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 cambió sustancialmente las condiciones de los buceadores, por una sencilla razón: nadie sabía muy bien qué habría que examinar.

Nadie mira bajo el agua

Ése es, de hecho, otro de los caballos de batalla del SAME: lograr que la Inspección de Trabajo y la Guardia Civil extremen la vigilancia sobre estas actividades. Para ello, han facilitado un checklist o protocolo que contiene todas las condiciones que debería cumplir una empresa de buceo, desde la documentación mínima o los certificados de los equipos a las medidas de seguridad elementales. Como los que tiene la Dirección General de Tráfico para controlar a los infractores. “Siempre han mostrado su disposición a colaborar, pero nos dicen que carecen de efectivos y de medios. Ni tienen inspectores con formación en nuestro ámbito”, lamenta Alfaro.

“Ningún inspector de trabajo se calza el neopreno para sumergirse a 30 metros a las dos de la madrugada”

El vacío de regulación y la crisis han degradado aún más el buceo en los últimos años. Recientemente, un anónimo colgó en foros de buzos, a modo de experimento social, esta oferta de trabajo: 700 euros mensuales por jornadas de ocho horas, de lunes a viernes. No tardó en recibir media docena de currículos. Además de asuntos como irregularidades en la contratación o impago de horas extras, el SAME ha detectado jornadas nocturnas de trabajo de 12 horas pagadas a 120 euros, y de 30 horas seguidas a 200, lo que no deja de suponer un grave riesgo para la salud de los buceadores. “Como cabe imaginar, ningún inspector de trabajo se calza el neopreno para sumergirse a 30 metros a las dos de la madrugada”, explican.

“En alguna ocasión hemos trabajado seis meses en negro, sin ver un contrato ni una nómina”, recuerda Belia. “Pero lo peor es hacerlo con el narguile, una manguera que no permite comunicación con el exterior, salvo a tirones: dos tirones es ‘baja’, tres ‘sube’, uno ‘para’… Yo he llegado a salir tres veces a superficie, estando a 30 metros, porque la manguera había estallado. Aún hay quien trabaja así”. La limpieza de barcos no es mejor: “En las islas suele haber un trabajador a proa y otro a popa. Si uno se desmaya, nadie lo advierte. Te dicen que si al buzo le pasa algo, lleva una llave inglesa y puede dar golpes en el casco. Pero en caso de que no se desvaneciera, ¿quién va a enterarse de un golpe bajo el mar en un buque de 150 metros de eslora?”

La patronal también es consciente de este problema. “Ante la multiplicación de los accidentes, muchos de nosotros nos hemos visto obligados a adoptar medidas de seguridad complementarias a la normativa, sin saber si realmente van en la buena dirección, o no”, afirma McPherson. “La gente sigue muriendo en accidentes de tráfico, pero al menos está más concienciada, ha mejorado la seguridad de los coches, de las carreteras. En el buceo, nadie ha hecho ni un atisbo de modificación de la normativa. Todas las promesas de Fomento han caído en saco roto. No podemos esperar verano tras verano a que se aborde esta cuestión, mientras muere nuestra gente”.

“Trabajar en lo alto de una grúa tiene un coeficiente de jubilación mejor que bucear”

Por último, aunque no menos importante, los buceadores profesionales reclaman para el sector el reconocimiento de su coeficiente reductor, un factor que permite adelantar la edad de jubilación en función de lo cotizado. “Los estibadores, que ahora son noticia, poseen un coeficiente de 0,3. Un conductor de lanchas, de 1,25. Existe un Régimen Especial del Mar en función de la siniestralidad, pero como las autoridades carecían de datos, nosotros no podíamos demostrar que somos los número uno de la lista. Después de cuatro años de lucha, en enero de 2016 se nos asignó un 0,1. Ahora vamos a batirnos por un 0,3”, asevera Alfaro.

“Es una cuestión de lógica”, asiente su compañero de la patronal. “No tiene sentido que quien trabaja en lo alto de una grúa tenga un coeficiente reductor muy superior a quien está allí abajo. Y estamos viendo a buceadores obligados a jubilarse a los 67 años, cuando a partir de los 45 se desaconseja la práctica del buceo profesional. Lo mismo puede decirse de las enfermedades profesionales, que están reconocidas pero cuyas normas solo se aplican después de largas peleas judiciales en las que hay que aportar infinidad de documentación, informes médicos, publicaciones… La gente sigue pensando en Costeau, en que esto consiste en ver pececitos hasta la vejez. Pero la realidad es otra”.

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Acerca del autor

Alejandro Luque

@atoluque

Periodista y escritor (Cádiz, 1974). Vive en Sevilla.
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