De la cárcel siria a las mazmorras griegas

Publicado por

Clara Palma Hermann

Publicado el 13 Ago 2013

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Inmigrantes en el centro de detención de Corintio (Enero 2013)  | © Andrés Mourenza
Inmigrantes en el centro de detención de Corintio (Enero 2013) | © Andrés Mourenza

Cientos de personas prenden fuego a los colchones en el centro de detención de inmigrantes. Cuando llegan los policías antidisturbios se desata la pelea. Caen golpes, botes de gas lacrimógeno y granadas de sonido. El saldo: unos 50 detenidos (principalmente procedentes de Pakistán y Bangladesh), un número indeterminado de heridos y diez personas en busca y captura que habrían logrado escapar del lugar aprovechando la confusión.

Era de prever, creen las organizaciones griegas que llevan tiempo condenando la brutalidad policial y las condiciones de vida en el centro: atribuyen la revuelta, por una parte, al anuncio de que el periodo de detención máximo va a extenderse de los 12 a los 18 meses. Y por otra parte, a los cortes de electricidad. Sin aire acondicionado, la temperatura en las barracas llega a alcanzar los 50 grados centígrados.

La revuelta que se produjo en la noche del 10 al 11 de agosto en el “Centro de Hospitalidad Cerrada” en Amigdaleza, en la periferia occidental de Atenas, no es la primera. Probablemente tampoco será la última. Aún así, y aunque las penosas condiciones de vida de los internados en estos centros son vox populi en Grecia, el Ministerio del Interior niega la existencia de cualquier problema. O directamente se niega a hacer declaración alguna, como ha sido el caso al ser consultado para este reportaje.

No deportan a los inmigrantes, pero los mantienen encerrados 18 meses en condiciones terribles

El campo de internamiento de Corinto, algo más al sur, es quizá el más célebre o representativo. Allí, cerca de un millar de personas se hacinan en unas antiguas instalaciones militares gestionadas por la policía. Las vejaciones y abusos, las condiciones insalubres y la falta de atención sanitaria son parte del día a día de los internos -según han denunciado ya numerosas ONGs y reportajes en la prensa, incluido M’Sur -, que pueden permanecer detenidos hasta un año y medio, de acuerdo con las directivas comunitarias.

Azadi llegó a Grecia en agosto de 2012, procedente del Kurdistán sirio. Los ruegos de su padre y la muerte de uno de sus amigos le hicieron decidirse a abandonar la sartén por lo que él mismo después calificaría de infierno. Sin haber podido registrar aún su solicitud de asilo, fue detenido en Atenas por poseer documentación falsa (el pasaporte italiano que le había permitido entrar en el país). Tras dos meses de rebotar por distintas comisarías, fue internado en el famoso centro de Corinto, supuestamente a la espera de su deportación.

En la práctica, ninguno de los detenidos resulta nunca repatriado, debido o bien a la situación de conflicto en la que se encuentran sus países de origen – está prohibido enviar a un inmigrante a un país en el que corre riesgo de muerte o tortura, como es el caso de Siria – o porque es imposible establecer su nacionalidad con certeza.

“Los policías dicen que pertenecen a Amanecer Dorado, el partido de extrema derecha”

“Las condiciones de vida en Corinto son mucho peores que las de cualquier cárcel siria”, cuenta el joven de 21 años que ha obtenido la libertad hace ahora un mes escaso y pide identificarse con el nombre ficticio de Azadi. “Y los policías no dejaban de amenazarnos diciendo que pertenecían a Amanecer Dorado”. Algo que no era baladí: Azadi ya había tenido su encontronazo con los militantes de este partido de extrema derecha, que desde las elecciones de 2012 tiene 18 diputados en el Parlamento. Fue antes de su ingreso en Corinto. Bajo la mirada de la policía, unos jóvenes de una “patrulla” neofascista le abrieron una brecha en la cabeza. A la próxima no sobreviviría, le advirtieron.

Los problemas en el centro de Corinto comenzaron con una trifulca entre detenidos que fue reprimida a golpes por la policía. Uno de los agentes le descubrió grabando con el móvil. “Cuando me atraparon, me retorcieron un brazo y me apretaron el cuello contra la pared, hasta que no pude respirar. “¿Por qué estabas grabando? ¿acaso eres periodista? me decían.” Ante los gritos del resto de detenidos, se lo llevaron a una parte más alejada de las instalaciones, donde entre varios agentes le golpearon y le pegaron patadas en el pecho y en la cara, ordenándole que les pidiera perdón.

“No resistí más; conseguí soltarme y empecé a darme cabezazos contra la pared. Cuando iba a lanzarme contra un espejo consiguieron sujetarme y pararon”, relata Azadi, aún visiblemente afectado por la experiencia, que le ha dejado además lesiones permanentes en un hombro.

Aunque el caso de Azadi fue documentado por Amnistía Internacional en marzo, no ha sido investigado por la Fiscalía. Los agresores desaparecieron del centro durante dos semanas, tras la publicación de un informe de Amnistía Internacional, sólo para reincorporarse después y hacerle la vida imposible. No dejaban pasar a sus visitas (“las amenazaban para que no entrasen, hasta que a las siete de la tarde les decían que se había acabado el horario de visitas”) y le sometían a presiones psicológicas.

Incluso cuando otros sirios detenidos en Corinto comenzaron a ser liberados, conforme a la orden que el Gobierno había dado en febrero, a Azadi se le mantuvo encerrado, pese a haber aportado documentación en regla e incluso pudo acreditar domicilio y oportunidades de empleo. “A ti no te vamos a soltar nunca”, afirma haber escuchado de boca de Vassilios Stavrópulos, el máximo responsable del centro.

La policía no quiere hacer declaraciones sobre su gestión de los centros de inmigrantes

La policía ha declinado ofrecer su versión de los hechos para este reportaje y se ha negado a pronunciarse sobre las numerosas denuncias que pesan sobre su gestión.

Sin médico

El centro de Corinto volvió a saltar a las páginas de la prensa griega el 27 de julio, día de la muerte de Mohamed Hasan. Este refugiado afgano estaba internado allí desde septiembre. A pesar de haber requerido en numerosas ocasiones atención médica para una grave infección respiratoria que precisaba tratamiento urgente, no fue transferido a un hospital hasta principios de julio, gracias a las protestas de sus compañeros. Sin embargo, ya era demasiado tarde.

No se trata de un hecho aislado: según relata Azadi, él mismo no fue atendido por ningún médico después de sufrir la paliza, que le dejó graves contusiones y esguinces, cuyas secuelas sufre aún. A pesar de sus ruegos, ni siquiera le fueron suministrados desinfectantes y vendas para las heridas. En otra ocasión se le formó una piedra en el riñón, debido a la mala calidad del agua, y cuando tras 15 días de quejas fue trasladado al hospital, únicamente recibió un supositorio, con la promesa de más medicamentos que nunca llegarían.

A pesar de que sobre el papel un facultativo de la ONG Médicos del Mundo visita las instalaciones una vez a la semana, en la práctica los internos no reciben asistencia médica de ningún tipo. Otro refugiado sirio, que prefiere identificarse únicamente con la inicia J., asegura que no fue llevado al hospital pese a sufrir una inflamación pulmonar que ponía en peligro su vida y que la policía tampoco dejé que unos amigos le llevaran los antibióticos que necesitaba.

Azadi cree que hubo más de 50 intentos de suicidio en cinco meses en su centro

J. rememora también otros casos, como el de un paquistaní que pasó cuatro noches sin dormir por los dolores que le producía una piedra en el riñón, o el de un afgano que sufrió varias fracturas a causa de los golpes de la policía y que fue abandonado en el patio durante tres horas a la espera de la ambulancia.

A esto se le suman las condiciones insalubres en las que se encuentran estas antiguas instalaciones del ejército, que no gozan de calefacción ni de agua caliente. La mala calidad de la comida ha ocasionado ya varias huelgas de hambre por parte de los internos. Azadi perdió 10 kilos a lo largo de su estancia. “Los trabajadores sociales” afirma, “me dijeron que me alegrara, que la gente fuera paga por hacer dieta”.

También a la orden del día están los intentos de suicidio, como han recogido periódicos como Avyí, Eleftherotipia o Efsyn. Tanto, que las autoridades del campo tuvieron que cortar árboles y quitar tuberías por las que se podía trepar para evitar los internos se lanzaran al vacío, cuentan quienes han estado en el centro. Aunque también sirven las sábanas o cualquier objeto punzante para buscar el fin. Desde marzo, se habrían producido un mínimo de 50 suicidios frustrados, cree Azadi.

La flagrante situación en que se encuentran los internos fue reconocida en enero por un grupo de expertos del Comité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Su informe señala que las instalaciones se encuentran “muy por debajo del estándar internacional de derechos humanos”.

Amnistía Internacional, por su parte, instó en marzo a las autoridades griegas a investigar con urgencia las alegaciones de malos tratos y a establecer mecanismos preventivos, así como a ratificar lo antes posible el Protocolo Opcional de la Convención contra la Tortura (OPCAT). También organizaciones nacionales, como el Consejo Griego para los Refugiados (GCR) y partidos políticos como el izquierdista Syriza han visitado las instalaciones.

Aitima es otra de las organizaciones que tratan de sacar a la luz la situación. Según cuenta Spyros Rizakos, su director, en la actualidad hay un total de unas 5.000 personas detenidas en centros de este tipo, aunque los planes del Gobierno pasan por aumentar la capacidad de las instalaciones a 10.000 a corto plazo.

“Se trata de atormentar a los refugiados para que otros se lo piensen dos veces antes de venir”

¿Cuál es el objetivo de mantener a estas personas encerradas a veces hasta 18 meses, sin que pese contra ellas ningún cargo? “Estas personas no van a ser deportadas” señala Rizakos. “De manera que el propósito es disuasorio. La mentalidad es la de atormentar a la gente para que otros refugiados se lo piensen dos veces antes de venir”.

¿Es efectivo el sistema? En parte, desde luego: pocos inmigrantes tienen ya ganas de rehacer su vida en Grecia, algo que fue una opción para muchos sirios antes de la crisis. Ahora, prácticamente nadie se quiere quedar. Pero el país heleno sigue siendo la puerta de entrada al espacio Schengen, el territorio europeo más fácil de alcanzar cuando se llega desde Asia.

Eso sí, es cada vez más difícil, sobre todo desde, en 2010, se terminó de construir la valla que impide cruzar por la frontera terrestre entre Grecia y Turquía. Ha puesto coto a un paso fronterizo que ya de por sí era era arriesgado: más de medio centenar de inmigrantes perecía cada año en las aguas del río Evros, intentando cruzarlo a nado. Pero ahora, con el río vallado, la única vía es el mar.

Familias enteras, procedentes en su mayoría de países en conflicto como Siria o Afganistán, pagan hasta 2.500 euros por persona para cruzar en precarias embarcaciones el espacio que separa la costa turca de islas griegas como Lesbos o Quíos. Sin embargo, cuando una de estas pateras naufraga, no es raro que la última llamada de uno de sus ocupantes hablara de un mar perfectamente en calma.

La guardia costera griega trata de forzar a las embarcaciones de inmigrantes a regresar a aguas turcas

Porque el verdadero peligro puede que no sean los elementos sino el hombre. Según denuncian ONGs como Amnistía Internacional, en numerosas ocasiones la guardia costera griega trata de forzar a la embarcación a regresar a aguas turcas, lo que se conoce como pushback, o incluso daña intencionadamente el motor para abandonar después a los refugiados en alta mar.

Durante estas operaciones ilegales se han registrado también incidentes de vejaciones y malos tratos. Pero pese a todas las denuncias, las declaraciones de las autoridades griegas no apuntan hacia un cambio de actitud. Según señaló recientemente el ministro de orden público Nikos Dendias en una entrevista a BBC, “los inmigrantes indocumentados son una inmensa carga para nuestra sociedad, y la Unión Europea no nos está ayudando lo suficiente”.

Si por los inmigrantes fuera, la carga se repartiría por todo el continente. Azadi lo tiene claro: ahora que está en libertad, lo único que quiere es salir cuanto antes de “este país de mierda” y alcanzar Alemania u Holanda, para llevar consigo a sus padres y a sus tres hermanas. Pero esto exige una nueva odisea: o bien un permiso de asilo oficial en Grecia, o un pasaporte falso, o la fortuna de conseguir burlar los controles a la entrada del puerto de Patras, del que parte el ferry a Italia, el país más cercano del espacio Schengen. Entretanto, Azadi tiene todas las noches la misma pesadilla: sueña que aún sigue en Corinto.

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