Gángsters de frontera

Publicado por

Clara Palma Hermann

Publicado el 3 Dic 2013

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 Inmigrantes indocumentados descansan al cruzar de Turquía a Grecia (2013) | © Saleh al Umar
Inmigrantes indocumentados descansan al cruzar de Turquía a Grecia (2013) | © Saleh al Umar

Atenas | Noviembre 2013 

Eran cerca de las seis de la mañana y quedaban apenas 200 metros escasos para llegar a la costa de la isla de Samos. Un barco de la policía griega surgió de la nada y les lanzó una soga para que amarraran la lancha hinchable, demasiado endeble para soportar a las 33 personas que iban a bordo, entre sirios y afganos. Los policías no paraban de hablar por teléfono, pero les dieron agua y galletas para los niños. Al rato llegó un barco más grande, de unos 35 metros de eslora, con la inscripción LS 609. Eran los guardacostas. Con los rostros cubiertos por pasamontañas, arrastraron a bordo a los refugiados, mientras la policía abandonaba el lugar.

“Nos hicieron arrodillarnos con las manos en alto, mientras nos apuntaban con rifles”, rememora un inmigrante sirio

Iyad Al Jayyal, un sirio en la treintena, rememora indignado su primer ‘pushback’, nombre que las organizaciones de derechos humanos dan a las expulsiones de inmigrantes que acaban de cruzar una frontera. Se produjo en los últimos días de septiembre en el mar Egeo, cerca de las cosas turcas.

“Una vez a bordo del barco, nos hicieron arrodillarnos a todos con las manos en alto, mujeres y niños incluidos, mientras nos apuntaban con sus M-16. Uno de ellos hizo el gesto de disparar, como girando una manivela, mientras otro le zarandeaba y le gritaba en inglés “¡Dispara, dispara!”. En ese momento de verdad creí que nos iban a matar. Luego hicieron que los hombres nos tumbáramos en el suelo, y nos caminaron por encima de la espalda, pisoteándonos. Exactamente igual que los soldados del régimen en la ciudad de Al Baida, en un vídeo que se hizo muy famoso al principio de la revuelta en Siria”.

En la penumbra del cuchitril sin electricidad que comparte con otros refugiados en Atenas, Iyad relata atropelladamente cómo después los guardacostas le exigieron a todo el mundo tres cosas: pasaporte, dinero y móvil. A los que trataban de esconder algo, les golpeaban con las culatas de las armas. Iyad llevaba 20.000 euros en efectivo, ganados con su trabajo como juez, antes de pasar por las celdas de los servicios secretos militares sirios.

En total, calcula, el botín de los guardacostas fue de unos 32.000 euros, y por lo menos 5 i-Phones. “Registraron también a las mujeres, sobándoles todo el cuerpo y obligándolas a bajarse los pantalanos”. La madre de Iyad fue la única que se libró y pudo esconder un móvil. A pesar de su avanzada edad, le acompañaba para cuidar de él en sus ataques de histeria, una de las manifestaciones del estrés postraumático que sufre como secuela de cuatro meses de torturas.

“Tras unas 5 horas de registro, cogieron el motor de nuestra lancha y lo tiraron al mar. Luego nos remolcaron de vuelta a las aguas territoriales turcas y nos dejaron allí. Por suerte, con el móvil que tenía mi madre llamamos a los guardacostas turcos, que nos rescataron al cabo de unos 50 minutos”. Tras otra ocasión en la que sufrieron el mismo trato, Iyad y su madre consiguieron llegar a Lesbos el 10 de noviembre, junto con otras 23 personas.

El relato de Iyad no forma parte de los cerca de 90 testimonios recogidos por Pro-Asyl en Grecia, Turquía y Alemania, pero el contenido es idéntico. En un informe hecho público el pasado 7 de septiembre, esta ONG alemana afirma que las expulsiones colectivas por tierra y por mar, prohibidas en el artículo 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, son una práctica sistemática de la policía fronteriza y de la guardia costera griega.

Las expulsiones colectivas por tierra y por mar, prohibidas por UE, son una práctica sistemática en la costa griega

2.000 expulsiones

Tanto ACNUR como Amnistía Internacional denunciaron los ‘pushback’ a principios del verano, pero Pro-Asyl los documenta ahora con detalle: Entre octubre de 2012 y septiembre de 2013, unas 2.000 personas -principalmente sirios, pero también somalíes, afganos y eritreos- habrían sido expulsadas ilegalmente, asegura, lo que les privó de su derecho a pedir asilo.

Según Pro-Asyl, la práctica viola la Convención Europea de Derechos Humanos, y en muchos casos peligran las vidas de los refugiados, abandonados a la deriva en el mar. Al menos 150 personas – es la cifra confirmada – han muerto ahogadas en el mar Egeo desde agosto de 2012, normalmente intentando cruzar de Turquía a las islas griegas.

Por otro lado, asegura la organización, los refugiados expulsados fueron sistemáticamente despojados de sus pertenencias, incluída la documentación -lo que dificulta solicitar asilo- y sometidos a malos tratos, que a veces alcanzaban la categoría de torturas, como en agosto pasado, cuando 9 personas fueron retenidas incomunicadas varios días en la isla militar de Farmacónisi antes de ser expulsadas.

Los refugiados fueron sometidos a malos tratos, que a veces alcanzaban la categoría de torturas

La responsable de prensa de ACNUR Grecia, Ketty Kehayioyloy, corrobora las alegaciones de Pro-Asyl. “Nuestra organización lleva meses documentando los casos y llevándolos a la atención de las autoridades competentes. El número y la envergadura de los incidentes denunciados despiertan serias preocupaciones, ya que la expulsión aumenta el riesgo en el que ya se encuentran los solicitantes de asilo, y los expone a traumas adicionales”, explica. “Las prácticas de malos tratos demandan una investigación exhaustiva y una rápida respuesta por parte de las autoridades griegas. Sin embargo, hasta donde sabemos, no se ha producido aún ninguna reacción oficial al informe”.

Nada que declarar

La guardia costera y la policía griegas no han respondido hasta ahora a preguntas relacionadas con el informe. Pero acorde a anteriores declaraciones, la expulsión de Iyad y de su madre, o de las 2.000 personas contabilizadas por Pro-Asyl, nunca tuvieron lugar. Las autoridades han negado sistemáticamente la posibilidad de que semejantes prácticas puedan producirse en Grecia.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, el ministro de Protección Ciudadana y Orden Público, Nikos Dendias, declaro ya hace meses que “ningún oficial de la policía griega o de Frontex ha informado de ningún incidente de este tipo (…) Para impedir la entrada ilegal de inmigrantes emplean principalmente equipos tecnológicos e informan a las autoridades del país vecino para que actúen de inmediato y los arresten antes de cruzar la frontera”.

No obstante, un portavoz de Frontex declaró en septiembre a la televisión austriaca ORF que desde 2012 la agencia había recibido 8 informes de supuestas expulsiones ilegales. Siguiendo el protocolo, Frontex solicitaba a las autoridades griegas una investigación en profundidad, obteniendo por respuesta en cada caso que ningún incidente semejante había tenido lugar.

En efecto, en la mayor parte de los casos resulta muy complicado probar las alegaciones, porque los inmigrantes no pueden demostrar posteriormente haber estado en territorio griego. Esto ocurre incluso en los casos, en rápido aumento, en los que la expulsión se produce a través de la frontera terrestre entre Grecia y Turquía.

Matrículas tapadas

El primero de noviembre, Saleh Al Umar se encontraba en el interior de una furgoneta de la policía cuando llamó por teléfono a un compañero en Salónica para informar de su situación. Esta periodista pudo constatar que en el momento de la llamada, el móvil receptor mostró las coordenadas exactas desde las que llamaba, 40.8955945, 26.1717692: cerca de la comisaría central de Feres, una ciudad griega próxima a la frontera turca, en el municipio de Alexandrópolis.

Después de caminar durante 11 horas, el grupo de 29 personas al que pertenecía el periodista, que tuvo que abandonar Siria tras ser amenazado por régimen y oposición, logró llegar a territorio griego a eso de las 3 de la mañana. A los 10 minutos, la policía fronteriza griega llegó con focos y procedió a registrarles, pero la novia de Saleh logró esconder un móvil. Los vehículos en los que los encerraron durante dos horas llevaban las matrículas cubiertas, aunque pudieron entrever la de un jeep militar: EBH 3738.ç

Los vehículos en los que los encerraron durante dos horas llevaban las matrículas cubiertas

De Feres, los refugiados fueron transportados de vuelta a la frontera turca. La policía, ésta vez a cara descubierta, les amenazó con armas y porras para hacerles caminar hasta el río Evros, que hace de frontera natural. Mientras esperaban la barca, Saleh se puso gritar, siguiendo las instrucciones que había recibido por móvil, para alertar a la policía turca e imposibilitar la expulsión. “Empecé a decirles a los demás que se rebelaran, que la policía no podía dispararnos ni hacernos nada, pero la gente tenía mucho miedo”, relata. “Un agente me apuntó con el arma a la cabeza, mientras los otros me golpeaban y me amenazaban con tirarme al agua. Después, nos transportaron de diez en diez a la orilla opuesta”. Una semana después, Saleh logró cruzar. Era su séptimo intento de entrar en Grecia.

Mayor repercusión mediática tuvo la “desaparición” el pasado 12 de noviembre de un grupo de 150 sirios, entre ellos la novia de Saleh. Una vez en la localidad griega de Prangí, en el municipio de Didimoticho, lograron comunicarse con ACNUR por teléfono. Después se perdió la conexión. ACNUR llamó a la policía, que afirmó haber encontrado y detenido únicamente a unas 15 personas. Un responsable de la organización se desplazó al lugar, donde los lugareños afirmaron haber visto a la policía llevarse al menos a unas 90 personas. Allí se les perdió la pista.

La prensa griega se ocupó del asunto durante días, sin atreverse a formular acusaciones concretas que explicasen cómo se había esfumado un centenar de personas. Por su parte, Pasjalis Siritudis, el jefe de policía de Orestiada, declaró que en Prangí había tan sólo unos 15 refugiados. El caso estaba siendo investigado, añadió, aunque ponía en duda la veracidad de la versión de la prensa.

La prensa griega evitó formular acusaciones que explicasen cómo se había esfumado un centenar de personas

Sin embargo, tanto la novia de Saleh como A.M., otro sirio de 34 años y padre de dos niños, confirman por Skype desde Estambul que, efectivamente, estuvieron en Prangí. Cuando el grupo trató de resistir la expulsión, relatan, fueron golpeados con culatas y con cables con los extremos pelados. Algunos policías emplearon incluso tásers para darles descargas eléctricas. Todos los agentes llevaban pasamontañas, y hablaban entre ellos en griego, inglés y alemán, aseguran.

¿Frontex cómplice?

No se trata de un detalle menor: los testimonios recogidos por Pro-Asyl a menudo hacen referencia a oficiales de policía hablando en alemán o inglés, o con banderas de diversos países europeos cosidas en sus uniformes. En caso de probarse, esto implicaría que Frontex no solamente calla ante las actuaciones de la policía local, sino que algunos de sus agentes han participado activamente en casos de maltrato y expulsión ilegal.

El propio jefe de Frontex, Ilkka Laitinen, lo admitió en octubre pasado. “Nuestras estadísticas muestran entre cinco y diez casos al año” en los que “hay que investigar una sospecha de un ‘push-back'”, declaró al programa Monitor de la primera cadena de TV alemana. Preguntado por la implicación de agentes del Frontex en 2012, Laitinen respondió: “No puedo negar que estos casos han ocurrido”.

Ya en julio, en respuesta a los informes de Amnistía Internacional, la comisionada de la UE Cecilia Maelström afirmó que la comisión era “muy consciente” y estaba “muy preocupada” por las denuncias de expulsiones ilegales, que, en caso de quedar probadas, conducirían probablemente a la interrupción de la misiones Poseidón Tierra y Poseidón Mar. Por reglamento, Frontex debe cancelar cualquier operación en caso de detectar que las autoridades locales no respetan los derechos humanos.

La defensora del pueblo europea, Emily O’Reilly, ha instado a Frontex a crear un mecanismo para que los afectados denuncien directamente situaciones de abuso. Por el momento, la agencia se niega, puesto que no dispone de jurisdicción para investigar. Sobre el papel son siempre las autoridades nacionales las que asumen la responsabilidad de cada una de las operaciones.

Y éstas, de momento, se mantienen inamovibles en su negación de los hechos, a pesar de que el pasado 19 de noviembre, la Comisión Europea advirtiera públicamente a Grecia que la expulsión de refugiados sirios es ilegal. “Creemos que la violación de las fronteras griegas y europeas es una práctica delictiva”, volvió a responder Dendias, con ocasión del naufragio en la isla de Lefcada en el que perdieron la vida 12 personas que trataban de alcanzar Italia. “No debemos sentirnos culpables por proteger nuestra soberanía nacional y nuestras fronteras. Es nuestro derecho”.

Responsabilidad compartida

Sin embargo, señala Pro-Asyl, las políticas griegas de control de fronteras deben atribuirse en parte a la presión europea: se recrudecieron bruscamente después de que a principios de 2012 planeara sobre Grecia la amenaza de una exclusión del espacio Schengen en el caso de que no lograra controlar la frontera con Turquía.

Las políticas griegas de control de fronteras deben atribuirse en parte a la presión europea,  señala Pro-Asyl

“No se puede dejar que los países europeos con fronteras externas soporten todo el peso de la llegada de refugiados. Todos los países deberían asegurarles un rápido acceso a procedimientos de asilo justos y eficaces”, señala Ketty Kehayoylou. La responsabilidad compartida de la UE se debe demostrar con una mayor movilidad intraeuropea y compartiendo la carga más allá de los mecanismos ya existentes, afirma. “De la protección de las fronteras se debe pasar a la protección de las personas. La introducción de vallas u otros elementos disuasorios lleva a la gente a emprender rutas más peligrosas y la deja más a merced de traficantes,” explica.

En efecto, los precios que cobran los traficantes por sacar a una persona de Grecia y mandarla a un país del norte europeo prácticamente se han duplicado en los últimos meses debido al endurecimiento de los controles. Alcanzan en ocasiones los 7.000 euros. La desesperación crece, y ni el riesgo para la vida ni los malos tratos y humillaciones a manos de la policía consiguen disuadir a los viajeros. “Si me vuelvo a embarcar sé que puedo morir”, afirma, decidido a intentarlo de nuevo, un superviviente del naufragio de Lefcada, que vio ahogarse a dos de sus primos. “Pero si me quedo en Siria, la muerte es segura”.

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