Diez embajadores diez

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Ilya U. Topper

@ilyatopper

Periodista (Almería, 1972). Vive en Estambul, donde trabaja para la Agencia Efe.

Publicado el 24 Oct 2021

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“He dado instrucciones al Ministerio de Exteriores de declarar cuanto antes persona non grata a estos diez embajadores”. Rotundo, claro: al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no le temblaba el micrófono cuando anunció, durante una ceremonia de una inauguración de fábrica, el enésimo órdago de Turquía contra el mundo.

Era un golpe inesperado. Por la simple dimensión de la medida: no se sabe cuándo fue la última vez que un país expulsara a diez embajadores a la vez. Si es que ha ocurrido alguna vez en la historia diplomática de la humanidad. Por eso mismo, algunos periodistas renunciamos a hacer noticia del primer anuncio de Erdogan, el jueves 21 de octubre, cuando dijo, literalmente: “Se lo dije a nuestro ministro de Exteriores: no nos podemos permitir el lujo de agasajar a esa gente en nuestro país. ¿Dar a Turquía una lección así está dentro de vuestras competencias?” Creíamos que convertir esta frase en un titular como “Erdogan anuncia la expulsión de diez embajadores” era un periodismo demasiado interpretativo, atizador de tensiones, buscador de clics. Lo pasamos por alto. Erróneamente, vimos después.

Cualquiera se lleva las manos a la cabeza ante los despropósitos jurídicos del caso Kavala

La lección que los diez embajadores habían dado a Turquía se condensaba en un breve comunicado, apenas tres frases, diez líneas en total, emitido el 18 de octubre: “Hoy se marcan cuatro años desde el encarcelamiento de Osman Kavala. Los retrasos continuos en el juicio, incluido por la fusión de diferentes casos y la creación de otros tras una absolución, arrojan una sombra sobre el respeto a la democracia, el Estado de derecho y la transparencia del sistema judicial turco”. “Una resolución justa y rápida del caso debe adecuarse a las obligaciones internacionales de Turquía y sus leyes nacionales”. “Recordando las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia, hacemos un llamamiento a Turquía para garantizar su urgente puesta en libertad”.

Todo jurista turco suscribiría este comunicado: cualquiera que siga el caso del empresario y activista Osman Kavala, detenido en octubre de 2017 y desde entonces en prisión preventiva, se lleva las manos a la cabeza ante los despropósitos jurídicos encadenados en los escritos de acusación. Intento de derrocar el Estado, por organizar y financiar las protestas de Gezi de 2013 y, a la vez, intento de derrocar al Estado mediante el fallido golpe militar de julio de 2016.

Cualquiera que haya estado en Gezi sabe que era un movimiento extremamente espontáneo, impulsado por ideas laicas, izquierdistas y sindicales; sí, pedía la dimisión del Gobierno, pero pedir desde plazas y calles la dimisión del Gobierno es algo que al propio Erdogan le pareció perfectamente legítimo durante la Primavera Árabe un par de años antes. La asonada militar de 2016 la atribuye Ankara a la cofradía islamista del predicador Fethullah Gülen, un movimiento ultraconservador y teocrático que, pese a su barniz elegante que seduce a académicos europeos y americanos, está en las antípodas de Gezi. No se puede ser a la vez organizador del campamento 15M en la Puerta del Sol y propagandista del Opus Dei. Kavala, conocido mecenas de asociaciones culturales y sociales, sí era cercano a Gezi; o al menos lo eran quienes se reunían en centros culturales financiados por él.

Para Erdogan, el comunicado era una intromisión intolerable en la Judicatura turca

Financiar un café cultural en el que se reúnen personas para elaborar manifiestos que luego se leen en plazas públicas —siempre pacíficos: nunca hubo llamamiento a la violencia en Gezi— para pedir la dimisión del Gobierno no es delito en una democracia. Decir que mantener durante cuatro años en prisión preventiva a quien financió el café “arroja una sombra” sobre el sistema jurídico es una formulación extremamente diplomática. Y pedir que se ponga en libertad a Osman Kavala no es más que pedir que se cumpla la legislación turca: Turquía es miembro del Consejo de Europa (desde el año en que se fundó el organismo, 1949) y por lo tanto, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo es la máxima autoridad de la Judicatura turca. Algo que en décadas anteriores, Ankara siempre ha reconocido, aplicando las sentencias de la Corte, fuesen cuales fuesen. Mantener en prisión a Kavala es un desacato al sistema judicial turco.

Erdogan no lo vio así: para él, el comunicado era una intromisión intolerable en la Judicatura turca. Lo dijo exactamente así el jueves: “Cuando hablemos, la respuesta que os daremos será esta: la Judicatura es independiente. Si vosotros tenéis una Judicatura independiente, ¿la nuestra no lo es? Nuestra Judicatura da el mejor ejemplo de independencia”. Salvo, evidentemente, cuando esa Judicatura, en este caso un tribunal de primera instancia de Estambul en febrero de 2020, absuelve a Osman Kavala y otros acusados de intentar “derrocar el Estado” mediante la participación en las protestas de Gezi de 2013. Entonces, así lo dijo el propio Erdogan, se trata de una “maniobra” judicial. Y defender las protestas de Gezi como un movimiento inocente es propio de “enemigos de la nación”. En otras palabras: la Judicatura es independiente cuando condena y manipulada cuando absuelve. Porque ¿cómo se podría absolver a Kavala, si ya sabemos que es culpable, antes de cualquier condena? “Acaso dejáis sueltos a ladrones, asesinos y terroristas en vuestros países?”

Así que expulsión. A diez embajadores, diez. Los de Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos. Sí: seis países de la Unión Europea, siete de la OTAN. En su conjunto un volumen de influencia política y comercio nada desdeñable: juntos compran aproximadamente la cuarta parte de las exportaciones de Turquía. Y no son solo los sospechosos habituales de ponerle palos en las ruedas a Turquía. Hace exactamente una semana, Angela Merkel, aún canciller alemana, se despidió de Erdogan ante las cámaras con sonrisas y un deseo de mantener las buenas relaciones bilaterales en el futuro, pese a las diferencias en materia de derechos humanos.

La expulsión se produce necesariamente tras la formal declaración de persona non grata

Si alguien echa en falta la firma de otros países es porque desde el principio, las embajadas implicadas habían planteado un comunicado de diez. O así lo dijo el Gobierno austríaco, que una vez lanzado el comunicado aseguraba no haber sido consultado, pero apuntando que se solidarizaba con el texto, y así me lo han confirmado fuentes diplomáticas: no hubo intento de implicar a otros.

He dicho expulsión, aunque aún queda por ver si se llega a producir, y aunque yo mismo diferencié el primer día entre expulsar embajadores y declararlas persona non grata, que es la fórmula elegida por Erdogan. En realidad es lo mismo: la expulsión se produce necesariamente después de la formal declaración de persona non grata, acorde al artículo 9 de la Convención de Viena de 1961. Lo que cambia es la intención con la que se anuncia. Por lo general, a un embajador, o con mayor frecuencia a cualquier otro miembro de la legación, se le expulsa por un acto personal inaceptable, por ejemplo un crimen cometido en el país (debido a la inmunidad diplomática no se le puede sentar en el banquillo, haga lo que haga). La respuesta normal del país emisor podría ser retirar a este legado y mandar simplemente otro, sin mayores consecuencias para la relación bilateral. Eso, si el país emisor está de acuerdo en que el diplomático hizo algo que no debía.

En otros muchos casos, y de eso hablamos normalmente cuando hay titulares de prensa con “Expulsión de embajadores”, la medida es un tajante gesto político hacia el país, no hacia la persona del legado, que solo ha mantenido la postura oficial de su Gobierno o a veces ni eso. Serbia expulsó a los legados de Macedonia Norte y Montenegro en 2008 cuando estos países reconocieron la independencia de Kosovo; Turquía expulsó al embajador israelí en 2011 tras fallar todos los intentos de alcanzar un acuerdo por el asalto al buque Mavi Marmara; una decena de países expulsaron al embajador sirio en 2012 tras la masacre de Hula cometida por el régimen de Asad; Egipto expulsó al embajador turco en 2013, al no reconocer Ankara la legitimidad del golpista Abdelfatah Sisi y condenar las masacres de los seguidores del anterior presidente, Mohamed Morsi. En estos casos, el trasfondo político es evidente y nadie piensa en reemplazar al legado, porque se trata de una crisis política bilateral, no personal, por mucho que el procedimiento institucional sea el mismo.

Las formas importan. Al utilizar Erdogan el término “persona non grata”, haciendo hincapié en que “ellos se enterarán de qué es Turquía, lo sabrán, lo comprenderán” y en que “quienes no conocen ni entienden Turquía se irán”, le daba al asunto una dimensión más personal, dejando la puerta abierta a que los diez países afectados simplemente reemplazaran a su máximo representante, achacando la firma del comunicado a una mala fe personal del diplomático.

Dejó la puerta abierta a que los diez países afectados simplemente reemplazaran a su legado

Pero es obvio que esto no es lo que ocurrirá: es totalmente inverosímil que los embajadores actuasen al margen de sus gobiernos. Retirarlos y mandar otros sería reconocer que un embajador no debe hablar de derechos humanos ni pedir respeto a la Justicia. No creo que suceda. ¿Qué sucederá, entonces?

Habrá que esperar primero a que el Ministerio de Exteriores turcos convoque a los embajadores para notificarles su condición de persona no grata; un discurso público de un presidente de Gobierno en una inauguración no es un acto diplomático formal. El martes, los diez ya fueron citados al Ministerio, donde se les afeó su conducta, pero es una medida relativamente frecuente que no suele tener mayores consecuencias. Con el ministro de Exteriores, Mevlüt Çavusoglu, de viaje oficial en Corea desde el jueves, habrá que esperar a lunes en todo caso.

En otros países sería imaginable que un ministro de Exteriores dimitiera antes de dar un paso de esta envergadura; en Turquía lo probable es que rubrique las órdenes. Una vez notificada la retirada del plácet, lo normal es tener que irse en 72 horas. Los diez países afectados pueden decidir entonces si quieren responder de forma recíproca, pero no están obligados a hacerlo. Expulsar al embajador turco sería una manera de sellar una profunda crisis multilateral; no hacerlo sería una forma de presentar la actitud de Turquía como un faux pas diplomático, una reacción no acorde a las circunstancias, una exageración.

De los planes de Erdogan de entrevistarse con Joe Biden en el G-20 en Roma, mejor olvidarse

Aun en ese caso, el daño político está hecho. No necesariamente empeorará el día a día de las relaciones bilaterales: una retirada de embajadores no afecta, de entrada, al trabajo consular ni a los procedimientos administrativos para ciudadanos y empresas de los países en cuestión. De hecho, la expulsión del embajador israelí de Turquía en 2011 no se refleja en absoluto en las estadísticas del comercio bilateral, que mantiene un lento pero continuo crecimiento. Sin embargo, es obvio que una relación sin embajadores sí dificultará o impedirá cualquier paso político destinado a facilitar este comercio. Quizás esto parece poco importante en una situación en la que cunde la sensación de que la UE de todas formas no dará esos pasos. Pero de los planes de Erdogan de entrevistarse por fin personalmente con Joe Biden durante la cumbre del G-20 que se celebrará a finales del mes en Roma, mejor olvidarse.

El gesto parece destinado a ahondar en un orgulloso aislamiento internacional de Turquía. Peleado con Norteamérica y Europa a la vez, con prácticamente todos los países árabes vecinos salvo Qatar, incómodo con Irán desde la guerra de Alto Karabaj… el único aliado de Erdogan parece ser Rusia. Y Rusia será aliada mientras le venga bien utilizar a Turquía como peón para debilitar un poco la Unión Europea. Para Moscú, esta es la función más destacada del vecino meridional. Por lo demás, como se ha visto en Siria y Libia, los intereses geopolíticos de Rusia y Turquía son diametralmente opuestos. Yo, por si acaso, no me fiaría de Putin.

Así el panorama, no falta quien piensa que se trata de un gesto premeditado de Erdogan para agravar una cada vez más severa crisis económica, ahondada por una inflación que con un 20% anual amenaza en convertirse en galopante y una lira que hoy vale la tercera parte de lo que valía hace cinco años. La orden dada al Banco Central —tras decenas de discursos públicos y tres destituciones de gobernador en dos años, nadie duda ya de que Erdogan da las órdenes— de bajar los tipos de interés del 19 al 18 y este mes al 16%, netamente por debajo de la inflación, solo puede acelerar este proceso.

Ahora mismo, tener una cuenta de ahorro en Turquía es perder dinero: es mejor gastar

Con estos datos, ahora mismo, tener una cuenta de ahorro en Turquía es perder dinero: es mejor gastar cuanto antes lo que se tenga. Gastar incentiva el consumo, facilita la circulación de la riqueza, facilita el empleo… y crea una sensación ficticia de la buena marcha de la economía, algo que los políticos consideran bienvenido poco antes de unas elecciones. Pero los próximos comicios legislativos y presidenciales de Turquía son en 2023, y por mucho que se rumorea un adelantamiento, no está nada claro que esa sensación de crecimiento económico, ya ahora frágil, aguante hasta el día de las urnas. Porque un crecimiento únicamente basada en el consumo interno no puede ser duradero en un país con una balanza de pagos negativa, es decir obligada a gastar divisas para importar lo que necesita.

Es cierto que una moneda nacional devaluada incentiva la exportación: todo el mundo querrá comprar productos turcos porque se van abaratando al caer la lira. Pero lo que exporta Turquía son sobre todo productos manufacturados (coches, maquinaria, ropa) para los que hay que importar primero la materia prima, aparte la energía. El margen de ganancias se debe a lo poco que se gasta en salarios. No es una buena noticia para la clase obrera.

¿A qué juega Ankara? se preguntan los economistas de mayor experiencia en Turquía. Y barajan dos explicaciones. Una es que Erdogan efectivamente apuesta por un deterioro tan grande del tejido económico y social del país, una crisis tan profunda, que nadie salvo él podría manejarla. Esto es un juego muy arriesgado. La otra es que ha perdido de vista el tablero. Recuerdo el momento en el que el periodista Andrés Mourenza y yo —la escena está recogido en nuestro libro La democracia es un tranvía— le preguntamos a un antiguo asesor qué opinaba de los rumores de que “hoy Erdoğan tiene pocos asesores que le hablen claro y que algunos tienen incluso miedo a decirle cosas que no le gusta escuchar”. Nos miró con cara casi estupefacta.

“¿Algunos? ¿Les han dicho que solo algunos?”

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© Ilya U. Topper |  Especial para MSur.

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